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“La historia de estas estructuras es también la triste historia violenta de nuestro país”, dijo hace unos días Freyner Ramírez, alias “Pesebre”, ante un auditorio repleto en la Universidad de Antioquia, custodiado por un uniformado del Inpec. “Yo mismo soy producto de esa historia”, continuó “Pesebre”, excabecilla de La Oficina, hoy condenado a 36 años por homicidio, y uno de los siete voceros principales de las bandas criminales que negocian la paz urbana en Medellín desde la cárcel de Itagüí.
La intervención tuvo lugar un año después de la instalación de la mesa, en una audiencia pública convocada por el Senado y las organizaciones sociales montadas en el proceso. “Esta audiencia se hace para celebrar ese año, de unos diálogos que han sido complejos pero que hemos sacado adelante (…). Que la paz se hace no solo con los rebeldes, sino con los no rebeldes”, dijo la senadora Isabel Zuleta, representante del gobierno Petro en este proceso en el que están montadas 14 bandas del Valle de Aburrá, incluyendo grupos que han ejercido una violencia extrema, como desmembramientos, desplazamientos y cientos de homicidios, como La Oficina y La Terraza.
Pero la audiencia reiteró lo que hasta ahora era vox populi en Medellín: que esa paz con los “no rebeldes” continúa sin un marco jurídico sólido y sin una agenda aprobada para la negociación. Esto en medio de una ambigüedad entre los delegados de Petro, que reman para mantener vivo el proceso, y el Comisionado de Paz, Otty Patiño, a quien le reprochan su falta de interés. “El cambio de comisionado fue un obstáculo para el avance de este proceso”, sostuvo “Pesebre” en medios este fin de semana.
Pese a eso, y a que la mesa en Medellín parece perder la carrera contra el reloj, los sectores interesados coinciden en que ganan más con una mesa a media máquina, que mantenga la pax mafiosa en la ciudad, que con una ruptura definitiva.
Una mesa que ha sobrevivido a un gobierno ambiguo
La audiencia en la Universidad de Antioquia sirvió para que los voceros de las bandas y algunos grupos de víctimas se escucharan de frente por primera vez. También fue un espacio en el que, pese a sus reparos, hicieron presencia voces de oposición distanciadas del proceso, como el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, y la concejala y exfiscal de Medellín, Claudia Carrasquilla (del mismo partido).
“Estas audiencias son para entender. La presencia nuestra es para decirles que, desde que haya madurez para escuchar, eso será beneficioso”, dijo el senador Guerra. En el espacio, además de otros senadores afines al proceso, hicieron presencia miembros del gobierno Petro. Fue el caso del viceministro del Interior, Diego Cancino; el director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del DNP, David Flórez; y la viceministra de Justicia, Johana Delgado. El comisionado Patiño no asistió.
“Nosotros, como delegación, compartimos el llamado de la sociedad civil, la iglesia católica y las estructuras frente a la desidia del comisionado frente a los procesos de paz urbana”, dice la senadora Zuleta en conversación con La Silla Vacía. Y Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” —uno de los voceros suplentes de La Oficina—, ya había anticipado en la audiencia: “El camino es la mesa, aun cuando ha sido inconstante, porque esto no se resolverá ni con la violencia ilegal ni con la del Estado. De ustedes, de nosotros y del gobierno depende que no sacrifiquemos a más generaciones”.
Pero no solo Zuleta y los voceros de los combos piden más compromiso. Los testimonios de Jorge Mejía y Luis Fernando Quijano, jefe y asesor de la delegación del gobierno, ponen sobre la mesa la ambigüedad que hay en el gobierno.
Por un lado, los representantes del presidente insisten en la necesidad de aprobar una agenda que concrete las negociaciones, mientras el Congreso avanza en una ley que permita el sometimiento de las bandas; y por otro está el comisionado Patiño, quien solo se ha reunido una vez con la mesa en lo que va de este año, y quien no respondió las consultas de La Silla Vacía sobre su visible distanciamiento de la negociación.
Y aunque Mejía, el asesor del gobierno, precisa que no han recibido un “no” por parte del comisionado y que la delegación presidencial no depende de su oficina, afirma: “Hoy, la debilidad del proceso es el gobierno, no las estructuras ni lo social (…). Tres pilares mantienen vivo el proceso (bandas, civiles y gobierno), pero este último renguea porque el comisionado se ha tomado el tiempo para entender la complejidad de la paz urbana”.
El pedido del comisionado, según Mejía, fue territorializar la discusión con las bandas: sacarla de la cárcel de Itagüí e involucrar a la ciudadanía. Pese a que eso se ha logrado, dice Quijano, no es claro “si uno ve interés del presidente, por qué hay menos por parte del comisionado. Le falta ímpetu y valorar más el espacio del Valle de Aburrá. Debería estudiar más la historia de las guerras urbanas: cuántos desaparecidos, cuántas víctimas deja esto”.
La mecánica de la mesa evidencia que el proceso marchó a un ritmo con Danilo Rueda, el excomisionado, y hoy va a otro, con Patiño. Según una fuente cercana al proceso, que pidió la reserva para entregar detalles, en los tiempos de Rueda se adelantaban hasta tres encuentros semanales en la cárcel de Itagüí. Ahora, se hacen cada 15 o 20 días.
“Cuando se siente ese abandono nacional, todo mundo empieza a escuchar muchas voces y eso es malo: otro viene y conquista”, dice la fuente. Y es que aunque la mesa tiene una agenda de conversación estructurada (con líneas gruesas sobre reparación a víctimas, trabajo con jóvenes, entrega de negocios y desarticulación de las bandas), el comisionado Patiño no ha dado su aval para avanzar a esa etapa.
Otra aprobación pendiente tiene que ver con un protocolo de participación ciudadana que ya está en la oficina del comisionado, según Diego Herrera, vocero de las organizaciones sociales que impulsan el proceso. Además, “la institucionalidad se ha debilitado: la delegación del gobierno en Itagüí, porque han salido asesores; y la oficina del comisionado, porque no tiene un equipo para el proceso: hoy no sabríamos con quién hablar”.
Aún con la mesa estancada, todos ganan (incluso “Fico”)
Los voceros cercanos al gobierno coinciden en que es mejor una mesa a media máquina que nada. De hecho, Quijano resalta que la ciudad ya cultiva frutos por los acercamientos adelantados en la cárcel de Itagüí.
“Esta etapa ha contribuido a la reducción de homicidios. En 18 meses, entre el año pasado y este, llevamos 144 días (no consecutivos) sin homicidios”, dice el asesor, quien también resalta que las muertes violentas están a la baja en comunas como Manrique y Aranjuez, zonas que tuvieron una escalada violenta el año pasado.
Esto muestra, pese a las celebraciones de la administración de Federico Gutiérrez por una baja del 20% en los homicidios tras su regreso a la Alpujarra, que la ciudad aún sigue pacificada por el beneplácito de los combos. La famosa pax mafiosa, que también le sirvió al exalcalde Daniel Quintero en su reducción de homicidios (el logro más visible de su administración).
Por estas bajas saca pecho “Pesebre”, el vocero de las bandas, en su conversación con El Colombiano. Afirma que, desde 2022, los muertos por guerra han caído 68% en la ciudad. También le atribuye a los combos que representa una lucha contra el fentanilo (porque parte de sus integrantes están cayendo en esa droga), el cese de homicidios como “regalo de madres” en mayo pasado, y la baja en el expendio de tucibi en algunos barrios.
Aunque este balance —y la buena fe de los combos— es respaldado por la delegación del gobierno y las organizaciones sociales, hay voces que matizan los frutos que la mesa le ha traído a la ciudad. Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostiene que Medellín perdería poco en caso de que la mesa fracase debido a su escaso avance.
Además, reitera que los acercamientos con estos grupos comenzaron en tiempos de paz y no de guerra, como ocurrió en Quibdó y Buenaventura, las otras dos ciudades con mesas de paz urbana en el país. “No creo que se dé una guerra si se rompe la mesa, porque no hubo una guerra para llegar a negociar (…). Es una oportunidad perdida, pero al final del día no hay avance”. La FIP incluso publicó un informe en el que desvirtúa que la tregua entre las bandas haya tenido un efecto visible en la baja de homicidios en Medellín.
Pero si los beneficios para la ciudad son hasta ahora discutibles, por el lado de los combos lucen más claros. Con el proceso, parte de los capos de bandas como La Oficina, Los Pachelly, Los Mesa, La Terraza y Los Triana fueron trasladados a la cárcel de Itagüí. Esta, para expertos como Preciado, fue la primera ganancia. La segunda tiene que ver con la tribuna mediática que han ganado.
No hay que ir lejos. En la audiencia en la Universidad de Antioquia, tanto “Pesebre” como “Lindolfo” compartieron sus puntos de vista sobre el proceso e incluso sobre el camino que debe emprender la ciudad para conseguir la paz. Pero lo más riesgoso y que aún está en discusión, dice Preciado, es la búsqueda de un estatus político por parte de los combos.
“El diálogo instalado en Itagüí no es uno entre el gobierno con unas estructuras de crimen organizado”, dijo “Pesebre” ante los senadores, miembros del gobierno y víctimas que participaron de la audiencia pública. “Es más bien un diálogo entre el Estado y una parte de los actores del conflicto armado en Colombia; actores que ejercen un poder social, político y económico (en los barrios), donde son hijos, parientes y amigos de sus vecinos”.
Hasta hoy, dice Preciado, los combos de Medellín no se habían considerado como actores del conflicto armado interno. Y la vitrina mediática que hoy cultivan, sumada a la falta de claridad del gobierno frente a su posición respecto a este estatus, les ha abierto la puerta a “un premio muy gordo”.
Incluso Carrasquilla, la concejala del Centro Democrático, afirma que el interés soterrado de los combos sería expandir sus rentas en las comunas mientras están sentados en la mesa. “Esas pueden ser sus pretensiones ocultas. Si miramos la administración anterior y lo que va de este año, las autoridades no han hecho una captura representativa”, dice la exfiscal.
Y el gobierno Petro se lleva por ahora el punto de mantener una mesa que no avanza pero que tampoco fracasa. La cuestión es que esta medalla es insuficiente ante un reloj en contra. “Lo fundamental es que el proceso sigue vivo, a la espera de un impulso del comisionado”, dice Mejía, de la delegación del gobierno. Si eso ocurre, “podríamos terminar este año con unas decisiones importantes que nos permitan ejecutar en 2025”.
La proyección es más que positiva para un proceso que luce “engavetado”, dice Preciado. Este no solo tiene en contra el tiempo y la falta de acción del comisionado Patiño, sino dos gobiernos locales con políticas opuestas: el de “Fico”, quien combatió en su primera alcaldía a los combos que hoy negocian desde Itagüí, y el del gobernador Andrés Julián Rendón, quien rechazó esta semana una invitación del comisionado para dialogar en Yarumal con el Estado Mayor Central, proceso que ha priorizado.
