Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Este 20 de julio arranca la tercera legislatura del Congreso. De momento, el balance para el gobierno es agridulce. La reforma a la salud fue archivada y la reforma a la educación se cayó en segundo debate, pero la jurisdicción agraria y la reforma pensional sí lograron ver la luz (esta última ya fue sancionada por Petro).
La Silla Vacía les preguntó a varios expertos cuáles deben ser las prioridades del Congreso para este nuevo periodo sobre seis temas clave: educación, servicios públicos, laboral, temas agrarios, paz y salud. Estas son sus respuestas.
Educación
“El gobierno debería concentrarse en preparar una verdadera reforma educativa. Esto no se logra en un par de semanas o meses”.
Edna Bonilla
Profesora asociada a la Universidad Nacional de Colombia, exsecretaria de Educación de Bogotá
Hay que trabajar en tres grandes temas: la Ley Estatutaria de Educación, la Ley de Educación Superior y la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Para los tres, es necesario la decisión política y un presupuesto que retome los trabajos y acuerdos logrados y la participación de la comunidad y los expertos. En eso debería concentrarse el gobierno nacional: en preparar una verdadera reforma educativa que involucre estos tres grandes ejes. Esto no se logra en un par de semanas o meses.
Seguramente, el gobierno nacional presentará la reforma a la ley que organiza la educación superior pública (Ley 30 de 1992) y se concentrará en los artículos sobre la financiación (el 86 y el 87). Este proyecto resultaría incompleto si no se obtienen los recursos necesarios y se deja de lado la discusión sobre calidad y nuevas perspectivas en educación posmedia. El panorama fiscal del país no es el más alentador para destinar nuevos recursos, por lo que, nuevamente, se generarían expectativas que no se lograrán cumplir. Eso sería un error.
En últimas, lo que el país necesita de manera prioritaria, es una reforma del SGP que incluya además una revisión de las competencias de los territorios en educación. Paralelamente, deberían trabajarse los asuntos de fondo en la calidad de la educación, tanto en inicial, básica, media y posmedia.
“No se debe añadir al debate una dicotomía entre lo público y lo privado. Esto ignoraría la naturaleza del sistema mixto colombiano”.
María Victoria Angulo
Exministra de Educación.
Es crucial que el sistema se enfoque en temas sustanciales como cumplir las metas del Plan de Desarrollo, mejorar la atención en salud de los maestros, avanzar en infraestructura educativa y trabajar conjuntamente con las entidades territoriales. También es importante proponer desarrollos normativos al Congreso que permitan innovar en la carrera docente, la evaluación y el desarrollo profesional de los profesores, y que combatan las inequidades de aprendizajes en lenguaje, matemáticas y competencias ciudadanas para estudiantes, especialmente en zonas rurales.
Es necesario reformar el Sistema General de Participaciones para asegurar recursos suficientes para la primera infancia, la alimentación escolar, la infraestructura y la calidad educativa. Es crucial definir fuentes adicionales de financiamiento para cumplir con las metas de cobertura y calidad en todos los niveles. Las propuestas financieras deben ser viables y no exceder las capacidades del Estado, por lo que no se debe añadir al debate una dicotomía entre lo público y lo privado. Esto ignoraría la naturaleza y la riqueza del sistema mixto colombiano. Además, cualquier reforma que se haga debe respetar la calidad de la educación, la autonomía y la posibilidad de elegir un sistema educativo mixto, valorando sus logros y avances.
“Es clave para resolver los problemas de desfinanciación de la educación básica y media”.
Andrés Felipe Mora
Exdirector de Fomento del Viceministerio de Educación Superior y vicerrector de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
Para esta legislatura hay dos leyes fundamentales que el Congreso debería priorizar. Primero, los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que fijan todo el régimen de financiación de las universidades públicas del país. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno quedaron como un elemento crucial de reforma.
El segundo elemento tiene que ver con los cambios al Sistema General de Participaciones (SGP), que es clave para resolver los problemas de desfinanciación de la educación básica y media. Este es más complejo porque requiere un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional.
Ambas iniciativas cobran especial relevancia porque una de las grandes críticas que se le hizo al proyecto de Ley Estatutaria que se intentó pasar en el Congreso fue que no tenía una base presupuestal que permitiera su materialización.
Hay varios elementos positivos en el proyecto de Ley Estatutaria de educación que podrían ser impulsados mediante acciones de política pública y no ser únicamente pensados desde una reforma. Por ejemplo, aspectos asociados a la educación para personas privadas de la libertad o en procesos de reincorporación, medidas especiales para personas en condición de discapacidad o un plan de educación rural.
Servicios públicos
“Los subsidios excesivos no van a hacer que un servicio público sea viable o eficiente”.
Alberto Uribe Jongbloed
Consultor de servicios públicos, sistemas de tratamiento y gestión en el sector de saneamiento básico.
La meta principal de los servicios públicos es brindar cobertura y calidad, ya sea directamente por el ente territorial o por un tercero privado remunerado. Una de las condiciones que se deben mantener en los servicios públicos es que la prestación debe ser financieramente viable, pues si no es así es imposible prestar el servicio. Los subsidios excesivos no van a hacer que un servicio público sea viable o que se preste de manera eficiente.
El Congreso también debe tener presente que las comisiones de regulación no deben convertirse en entidades politizadas. Deben fortalecerse como entes técnicos cuya misión sea la de estudiar y preservar los modelos económicos que hacen que los servicios públicos sean viables a la hora de estructurar las tarifas. La intención y el modelo de la libre competencia se deben mantener tanto para los públicos como para los privados y las asociaciones público-privadas, ya que es la mejor manera de asegurar que se consiga el mejor resultado al mejor precio.
Si bien puede modificarse la Ley de Servicios Públicos, ya existe un conjunto importante de reglas de cómo prestar el servicio que cada vez se han aplicado mejor. Obviamente, hay cosas que se demoran, pero ese acervo de reglamento existente hay que mantenerlo y mejorarlo a través de la ley. La estabilidad reglamentaria que hemos obtenido en los últimos años es muy útil y cambiar las reglas de manera abrupta por alguna decisión de tipo político, no es una buena idea para la prestación de servicios públicos.
“Necesitamos información en tiempo real para tomar mejores decisiones”.
César Piñeros
Consultor y asesor energético, especialista en tecnologías de generación de energía disruptiva.
Es fundamental entender que si queremos tener acceso a nuevas energías y a nuevos modelos más eficientes, tenemos que hacer cambios en la información, la infraestructura y las decisiones que se toman.
Así como la tecnología va a la vanguardia, así deben ser los servicios públicos. Eso quiere decir que la tecnología debe brindar información que permita tomar las mejores decisiones para cualquiera de los agentes de las cadenas de los servicios públicos. Como bien decía la Superintendencia de Servicios Públicos: se requiere información para tener un control preventivo y no un control sancionatorio. Y eso se hace con información en tiempo real. Es importante que esas tecnologías sean beneficiosas para todos, es decir, si una empresa tiene menor costo, eso se debe reflejar en la tarifa y, por ende, en el usuario final.
Tenemos que acostumbrarnos a innovar para el beneficio de todos y para esto es necesario el apoyo de la tecnología y de la información –que hoy en día no tenemos. Tanto el regulador, como el planeador, el usuario y la empresa deberían tener la misma información y en tiempo real para mejorar el servicio y las decisiones que se toman.
Laboral
“Toca analizar las implicaciones de los costos adicionales para los empleadores, porque podrían llevar a despidos o a aumentar la informalidad”.
Adriana Camacho
Profesora y directora de la maestría en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario.
La propuesta de reforma laboral ha sido criticada por no abordar los problemas estructurales del mercado laboral como el desempleo y la informalidad. Es fundamental priorizar la reducción de la informalidad y apoyar medidas que fomenten esa formalización del empleo. Es crucial enfocarse en iniciativas que impulsen la productividad laboral y estén respaldadas por acuerdos sociales entre todas las partes involucradas.
La propuesta incluye disposiciones sobre empleabilidad de madres comunitarias sustitutas, trabajadores de cuidado, trabajo doméstico, empleo en plataformas digitales y contratos agropecuarios, entre otros. Aunque estas medidas buscan formalizar grupos que mejorarán sus condiciones laborales y contribuirán al sistema de seguridad social, lo cual es meritorio, es necesario analizar también las posibles implicaciones de los costos adicionales que trae la propuesta para la gran masa de empleadores. Podría resultar en despidos o en la búsqueda de alternativas laborales no reguladas.
“Cualquier tipo de reforma laboral debería fijarse en que los salarios y la productividad crezcan”.
Mauricio Salazar
Profesor de la Facultad de Economía y miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El mercado laboral requiere que se aborde de forma profunda y amplia cómo hacer para que sea más formal. En la medida en la que tengamos más trabajadores en la formalidad, se va a reducir la necesidad fiscal de darles más subsidios a las personas y de garantizar mejores medios durante el trámite laboral y en la vejez. Un foco debe ser comprender qué es lo que está pasando con los trabajadores informales y la economía popular para que sea posible atraer a esas personas a la formalidad.
El Congreso y el país, en general, también deben tener en mente cómo hacer para aumentar la productividad de los salarios. El salario promedio, como proporción del mínimo, no ha subido en los últimos diez años, es decir, que como país dependemos mucho del salario mínimo. Además, encontramos que el salario mínimo hoy en día lo ganan más trabajadores de lo que lo ganaban en 2013. Esto no es porque más personas que ganaban menos de un mínimo ahora ganen un mínimo sino, al contrario, hay menos personas que ganan más del mínimo. Cualquier tipo de decreto o reforma laboral debería fijarse en que los salarios y la productividad crezcan.
Temas agrarios
“Es un error que el Congreso caiga en ese juego: la reforma agraria no necesita ‘expropiación exprés’”.
Santiago Flórez Gómez
Consultor en competitividad agropecuaria para organismos multilaterales del sector público y sector privado.
Asumo que el gobierno de Gustavo Petro va a jugar a pasar un proyecto de ley para acelerar la compra de tierras (a lo que se han referido algunos medios como “expropiación exprés”). Yo creo que es un error que el Congreso caiga en ese juego, caiga en ese debate, porque la reforma agraria no necesita esta “expropiación exprés”. Ya hay una voluntad grande de los terratenientes de vender las tierras. Entonces, si hay voluntad de vender para qué se necesita la expropiación. Se hace expropiación cuando el dueño de la tierra no quiere venderla y hay un bien común más grande. Por eso el Estado expropia. Por ejemplo, cuando Vargas Lleras hizo las 4G, él fue uno de los grandes expropiadores porque mucha gente no quería vender.
En este caso, el gobierno va a jugar a eso cuando en verdad no hay necesidad. ¿O dónde están los datos de los terratenientes que no quieren vender las tierras? No hay, no hay los datos. Hace unos días, en Hora 20, Margarita Barón, conocedora del tema, le hizo esa pregunta tres o cuatro veces a Gerardo Vega y él no tuvo cómo contestar. Yo creo que el gobierno le apuesta a decir es: “Yo traté de hacer, pero no me dejaron”, cuando en verdad podía hacerlo.
“Hay que procurar la continuidad de proyectos que ya están en marcha, como la recientemente aprobada jurisdicción agraria”.
Carlos Duarte
Coordinador en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales en la Universidad Javeriana de Cali.
Hay que estar pendientes de tres temas. Primero, los proyectos de ley que busquen facilitar y profundizar la reforma agraria, es decir, todo lo relacionado con la reforma agraria integral, la reforma agraria integral popular y lo que el presidente adelantó en las Naciones Unidas sobre la compra exprés de tierras.
Segundo, vale la pena mirar las iniciativas que buscan desarrollar la reforma al artículo 64 de la Constitución, en torno a los derechos especiales del campesinado. Estos son el proyecto de ley de economía campesina, de transición agroecológica y de apoyo diferencial a jóvenes y mujeres campesinas.
Por último, hay que procurar la continuidad de proyectos que ya están en marcha, como la recientemente aprobada jurisdicción agraria que comienza a funcionar el otro año, la actualización de la ley que busca favorecer a las mujeres rurales para mejorar su calidad de vida y su igualdad con los hombres, la trazabilidad ganadera para evitar la deforestación, entre otros.
Paz
“Es importante que se les dé un empujón a los procesos de paz urbana”.
Francisco Daza
Coordinador de la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Ahora la agenda legislativa está centrada en otras reformas, por lo que de alguna forma la paz está engavetada en el Congreso.
Por los tiempos es difícil que haya una ley de sometimiento a la justicia. Pero evocando el espíritu de los cambios ministeriales –y que Juan Fernando Cristo le da dinamismo al Ministerio del Interior– hay una ventana de oportunidad para que se adelanten acciones rápidas que revitalicen los procesos de paz urbana.
Cristo también ha señalado la importancia de los fast-track para avanzar en las reformas. Un camino posible sería utilizar este mecanismo para construir un marco jurídico de sometimiento colectivo que les dé una base sólida a los procesos que se han adelantado con los grupos delictivos en áreas urbanas como el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura y garantizar su sostenibilidad.
Aunque hay tres procesos activos que se están llevando todos los focos –con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM)–, para equilibrar la balanza es importante que se les dé un empujón a los procesos de paz urbana.
“El fast-track que propone Petro puede retrasar el trámite de las normas en las que sí es posible avanzar”.
María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En la legislatura que empieza los esfuerzos sobre paz no deberían estar enfocados en el fast-track. Más bien deberían centrarse en, uno, las normas que son compromiso explícito en el Acuerdo y que no han sido tramitadas aún. Y dos, los proyectos sobre la implementación que continúan en trámite e, incluso, en los que se archivaron.
El empujón legislativo a la paz también está en la cancha del presidente, ya que puede priorizar la sanción de cuatro normas que están pendientes. Entre ellas, la reforma a la Ley de Víctimas y la creación de la Comisión Legal de Paz. Por su parte, la Corte Constitucional puede agilizar la revisión de cuatro normas que tienen implicación en la implementación del Acuerdo como la reforma al Código Electoral.
No hay que perder de vista que el fast-track que propone Petro puede retrasar el trámite de las normas en las que sí es posible avanzar, pues para implementarlo el Congreso debe aprobar un acto legislativo que desgastaría su capital político. Se suma, que las normas que está priorizando el presidente desviarían la atención de aquellas que se pactaron en el Acuerdo y que tienen el potencial de generar transformaciones para avanzar en la construcción de paz.
Salud
“La discusión y la agenda del Congreso en el tema de salud serán un “déjà vu” de la reforma en la legislatura pasada”.
Claudia Vaca
Profesora e investigadora del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.
Lamentablemente, la discusión y la agenda del Congreso en el tema de salud serán un “déjà vu” de la reforma en la legislatura pasada: una discusión circular. Sin embargo, es muy importante que al menos tres asuntos sean discutidos y movilizados en el Congreso, bien sea desde el control político o mediante propuestas normativas:
Las condiciones de protección de la atención de los afiliados a las EPS intervenidas, lo que implica el presupuesto de funcionamiento y un plan claro de hasta cuándo durarán las intervenciones.
Los mecanismos de transformación de las EPS a futuro, dado que el sistema ya se transformó con las intervenciones en marcha y las solicitadas por las mismas EPS.
Los procesos de asignación de presupuestos territoriales y centrales en el funcionamiento del sistema de salud. Esto implica discutir la política de medicamentos (la compra y la dispensación en las zonas rurales), la necesaria transformación del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos.
“El sistema como está necesita un cambio, porque sus instituciones se están desmoronando por las decisiones del gobierno”.
Paul Rodríguez Lesmes
Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, especialista en Salud.
El tema salud es una de las situaciones más complicadas que tiene que abordar el Congreso. En este momento tenemos un sistema quebrado, con dinero que al parecer no alcanzará todo el año.
El sistema como está necesita un cambio, porque sus instituciones se están desmoronando y están fracturadas por las decisiones del gobierno. Aquí uno de los temas a discutir es cuál es el rol de las empresas que tengan la función de intermediarios entre usuario y sistema, ya sean gestoras, Entidades Promotoras de Salud (EPS) o Centro de Atención Primaria en Salud (Caps). Además, cualquier cambio que se haga debe basarse en las instituciones que ya están. El ejemplo del magisterio nos mostró que inventarse todo de cero termina muy mal.
Otro gran tema que el Congreso tiene que tratar es el alcance del plan de beneficios. La interpretación actual de la Ley Estatutaria de Salud es súper garantista, es decir, que hace que el sistema tenga que pagar todos los tratamientos y medicamentos posibles. Incluso, el gobierno recientemente intentó incluir todas las tecnologías en el plan. Pero hemos visto que esto no funciona, ya que desborda el sistema financieramente.
Se ha intentado de muchas formas solucionar los problemas de financiamiento con recobros y presupuestos máximos, pero se tiene que solucionar. Cuál va a ser el límite del plan de beneficios es una de las cosas bien peliagudas de esta legislatura, porque a nadie le gusta decir que le va a poner límites a los derechos de los demás pero, en la práctica, tiene que hacerse o si no lo podrán algún gestor administrativo en algún punto.
