Por primera vez desde que se tiene registro en Medellín hubo siete días sin homicidios. Ocurrió entre el 22 y el 29 de agosto. Al anunciar la noticia, el alcalde Daniel Quintero expresó que “es un síntoma de lo que viene pasando en la ciudad”, aludiendo a las estrategias implementadas para disminuir los homicidios. Sin embargo, también es un síntoma de algo más: las bandas criminales que tienen presencia en la capital de Antioquia pactaron una pax mafiosa.
Según le dijeron múltiples fuentes a La Silla Vacía –entre académicos, analistas que hacen seguimiento a las dinámicas de seguridad en Medellín, líderes en terreno e, incluso, un integrante de La Oficina–, se trata de un acuerdo frágil entre los protagonistas del crimen paisa, incluyendo a la Oficina de Envigado y los Pachelly, las dos organizaciones principales. Un acuerdo de no agresión que viene desde 2019 y que se ha intensificado tras el ofrecimiento del Gobierno de Gustavo Petro de abrirles la puerta a una negociación de paz, en el marco de la Paz Total.
El acuerdo mafioso, además de explicar la caída reciente en la tasa de homicidios de la que fue la ciudad más violenta de Colombia, ayuda a entender el éxito en seguridad que ha tenido el alcalde Quintero. Según le dijo una persona que tiene un alto rango en La Oficina: “un homicidio nos agrava la situación. Los jefes saben que complica. Es una cuestión de estrategia”.
Pax mafiosa y Paz Total
No es la primera vez que pasa en Medellín. Los primeros registros de estos acuerdos de no agresión entre grupos al margen de la ley en la ciudad datan de mediados de la década de los 90, y uno de los momentos más recordados ocurrió en 2013.
Pero ahora hay un ingrediente nuevo en la receta: la Paz Total que ha planteado el presidente Gustavo Petro desde que se posesionó.
Esta historia comienza con dos cartas. La primera, de La Oficina, la banda que quedó del extinto Cartel de Medellín, se conoció el 6 de agosto. Y la segunda, de Los Pachelly –que aunque son de Bello tienen influencia en el resto del Valle de Aburrá– el 28 de agosto, cuando se completaban 6 días consecutivos sin homicidios en Medellín. Ambos grupos manifestaron la misma intención: sumarse a la Paz Total.
A ese acuerdo se han unido, de manera silenciosa, otras organizaciones. Según Luis Fernando Quijano, director de Corpades, se trata de organizaciones como La Terraza, Los Pesebreros, Los Mesa, Los Chata, Los de Soto e, incluso, el Clan del Golfo.
Las dos cartas de la Oficina y los Pachelly fueron dadas a conocer por Sinergia, un movimiento que reúne a varias organizaciones de base que, desde los años 90, busca impulsar la paz en Medellín. Henry Holguín, un líder que pertenece a dicho movimiento, aseguró que “en estos momentos hay un clima de esperanza en todos estos grupos”.
Y, ante esa esperanza, no solo manifestaron su interés en sumarse a la Paz Total, dice Holguín. También, “han llegado al acuerdo de aumentar más esa voluntad de buscar solución a los conflictos para evitar problemas. En este momento se han afianzado los pactos de respeto a la vida y no agresión que han existido en la ciudad”.
En una casa en un barrio de clase media en Medellín, el integrante de La Oficina que accedió a hablar con La Silla Vacía a condición de no ser identificado confirma lo que dice Holguín. Asegura que pactaron no agredirse para “llamar la atención del Gobierno, para que vea que La Oficina es capaz de cumplir la palabra de no homicidio, no hurto”.
Sobre cómo actuarán las autoridades locales respecto a estas manifestaciones de organizaciones criminales para estar en la Paz Total, la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad declinó referirse al respecto. Lo cierto es que esos pactos han permitido, como lo dijo Quintero el 29 de agosto, que haya una reducción del 43 por ciento de los homicidios en comparación con el mismo periodo en 2019, y del 6 por ciento en comparación con 2021.
Pero esa pax mafiosa no empezó en agosto. “Lo que ha sucedido es que los actores armados en esta ciudad juegan políticamente, porque tienen incidencia. Por eso no es raro que hayan apostado a una propuesta de paz. Y hay un compromiso silencioso de que no haya homicidios”, dice Carlos Alberto Arcila, quien fue subsecretario de Derechos Humanos durante la alcaldía de Federico Gutiérrez.
Y una fuente que trabajó en esa administración dijo que, en 2019, cuando aún Fico era alcalde, ya se había llegado a esos acuerdos, con el conocimiento de las autoridades locales.
Sobre estos pactos, que se dan en reuniones entre emisarios de las cabecillas de cada grupo, el integrante de La Oficina asegura que, en efecto, empezaron en 2019, pero que se intensificaron hace cerca de cinco meses, cuando aún Petro estaba en campaña. En cuanto a las autoridades, asegura que “son sabedores de los acuerdos, pero no partícipes”.
“La agenda de paz y de guerra la dan las estructuras que mandan acá”, dice Quijano, quien se ha dedicado al estudio de las dinámicas del conflicto urbano en Medellín. En ese sentido, explica que “esos siete días sin homicidio podrían interpretarse como un mensaje de que están dispuestos a la Paz Total. Pero ahora que se inicia la posibilidad de un diálogo regional, entonces los días sin homicidios tendrían que ser permanentes”.
Holguín, que conoce de primera mano las dinámicas de estos grupos, señala que “cuando enviaron los comunicados, el Gobierno pidió que se hicieran gestos de paz. Y no podemos afirmar que los siete días sin homicidios sean solo producto de la voluntad de los grupos armados, pero sí afirmamos que los líderes de los diferentes grupos están dispuestos a disminuir las violencias”.
Esa disposición, asegura el integrante de La Oficina, existe, sin embargo, viene con ciertas dudas. “Los jefes tienen mucha voluntad, un anhelo. Pero la Paz Total que quiere Petro es un momento de brillo, un momento de gracia, que es bueno, pero quién va a llenar los espacios que dejemos. Acá ya hay gente del Tren de Aragua”. Y pregunta el hombre, que tiene a su cargo alrededor de 120 personas, “qué va a pasar con los pelaos”.
Un acuerdo de no agresión frágil
Sin embargo, esos acuerdos están sostenidos sobre hielo fino. A comienzos de esta semana, el cuerpo de Javier Ventura Marín Álvarez, alias Tatú, cabecilla del grupo armado organizado Robledo o Los Pesebreros, fue encontrado en una calle en El Poblado. Ese grupo tiene presencia en la comuna 8, una de las que junto con la 13 y Belén, según Carlos Arcila, están en “riesgo de que se prendan. Hay una paz frágil”.
Quijano, en esa misma línea, señala que hay fracturas internas en una de las dos líneas militares de la Oficina, a su vez que ha ocurrido “algo muy extraño: la aparición de la Nueva Oficina de Occidente”, una disidencia que por ahora no se ha enfrentado a la estructura principal.
Sin embargo, el analista también dice que “hay una representación horizontal de todos los grupos que están controlando la violencia. Hay una ‘mesa’, una ‘junta directiva’ que resuelve esas temáticas que tengan que ver con enfrentamientos, asesinatos y demás. Ahí está La Oficina, también estarían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Todo esto para mantener ese mensaje de que es posible ir a la Paz Total”.
Pero la lectura que hace Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías en Medellín hasta 2020 y que se quemó al lanzarse con Cambio Radical al Senado este año, es distinta.
“Están aprovechando la coyuntura para que sean tenidos en cuenta, pero no pueden ofrecer una paz ni una disminución a la delincuencia, porque no tienen alternativas para la renta criminal”, señala. Y agrega sobre los pactos entre esas organizaciones “solo transmiten una falsa tranquilidad”.
Dice que, “desde que Quintero llegó a la alcaldía”, en varias comunas se registraron acuerdos entre los grupos respecto a las fronteras imaginarias. Y ahora “quienes transgreden esas líneas, tienen que pagar una multa”. Antes esos cruces podían resultar en homicidios.
Sin embargo, insiste en que “las estructuras no tienen un control interno. Por ejemplo, no se sabe quién ordenó el asesinato de Tatú, si fue Carlos Pesebre u otra organización criminal. No se puede hablar de una cohesión y coherencia para evitar que haya violencia. No tienen el control ni el poder suficiente. Douglas (una de las actuales cabecillas de La Oficina) no puede decir que es un Don Berna que sí tenía el manejo de las estructuras”.
Contraria es la postura del integrante de La Oficina, que dice que “la jerarquía no se pierde. La última palabra es de los jefes y ellos dieron la orden de un acuerdo de no agresión. Se hace lo que ellos digan”.
Pero hay otro motivo. En el balance de la Alcaldía de Medellín de seguridad semestral, se informó que durante los primeros seis meses de 2022 se realizaron 159 capturas de integrantes de estructuras criminales. Por eso, continúa el integrante de La Oficina, también han pactado no agredirse y disminuir crímenes como el homicidio: para evitar mayor visibilidad ante las autoridades.
Arcila recoge la preocupación de Carrasquilla y señala que la disminución que ha habido en los asesinatos se contradice con el aumento en otros delitos. “El homicidio es más visible que las desapariciones, por eso bajan, porque quieren evitar llamar la atención de las autoridades”, sentencia. Durante 2020, según la Alcaldía de Medellín, se reportaron 171 casos. Pero entre 2021 hasta junio de 2022 aumentaron a 493.
Así, en Medellín grupos como La Oficina están a la espera de que el Gobierno Nacional defina cuáles serán las líneas dentro de la estrategia de la Paz Total para que estos grupos se sumen. Y mientras esperan, mantienen una pax mafiosa que pende de un hilo.
