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El reciente fallo de la Corte Constitucional avaló la visión que inspira la paz total, pero le puso un tatequieto al método del excomisionado de paz, Danilo Rueda. Esto le imprime a la política más importante del gobierno un orden del que ha carecido hasta el momento aunque también le hace más difícil la tarea.
Con una coponencia de Natalia Ángel y Antonio José Lizarazo y una amplia mayoría de 8-1 en la mayoría de los puntos, la Corte logró dejar tranquilos tanto a los petristas como al Fiscal General que se le ha opuesto al gobierno, como a miembros del equipo negociador de Santos con las Farc en la Habana, tradicionalmente críticos de esta política pública del gobierno. No era fácil.
Los puntos de partida eran distantes. En una antípoda estaban quienes pensaban que no era posible bajo la actual Constitución asimilar un proceso de paz con un grupo rebelde como fueron las Farc con uno de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. De hecho, la posición inicial del magistrado coponente Lizarazo era esa. Y en la otra estaba la posición del magistrado Juan Carlos Cortés, elegido bajo la era Petro, que proponía salvar la ley en su integridad.
Sin embargo, dada la importancia de este tema para el país, en la Corte había una intención deliberada de lograr un fallo de consenso y el vasto conocimiento de varios de los magistrados en temas de paz —Cristina Pardo, Natalia Ángel, Antonio Lizarazo y Alejandro Linares, para mencionar algunos— les permitió encontrar fórmulas que los dejaran a todos tranquilos, incluida la magistrada Paola Meneses, nominada por Iván Duque. El magistrado Ibáñez se quedó solo salvando el voto en la mayoría de los puntos.
Salvan la esencia de la paz total
El núcleo del fallo avala la idea central de la paz total: que las fronteras entre el carácter político y delincuencial de los grupos que participan en la guerra se han desdibujado. Y es que en Colombia el ELN es una guerrilla de 60 años metida hasta el cuello en el negocio de las drogas. Ni hablar de las disidencias de las Farc. Por otro lado, muchos grupos delincuenciales como el Clan del Golfo están articulados con políticos locales.
Y que se debe, entonces, negociar con todos, y de manera simultánea para evitar que el espacio que deje un grupo cuando se desmovilice, lo ocupe otro.
Consecuente con eso, la Corte determinó que el presidente puede entablar negociaciones tanto con los grupos más políticos como el ELN como con los más estrictamente criminales como el Clan del Golfo.
Esta es una idea que han rechazado muchas personas, incluido el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo. La Corte la avaló con una mayoría de 8-1 y le dio así luz verde a una política pública central de este gobierno.
“Es una muy buena noticia para la búsqueda de la paz en Colombia”, fue la reacción al fallo del senador Iván Cepeda, uno de los cerebros de la paz total. “Tenemos una base sólida para avanzar en la búsqueda de la paz”.
La base quedó avalada. El método no.
El método Danilo
Como quedó en evidencia durante la audiencia que celebró la Corte mientras estudiaba la constitucionalidad de esta ley, el entonces comisionado de paz Danilo Rueda creía que el derecho a la paz era prevalente sobre todos los demás y que en aras de lograrla, el ejecutivo podría ir tan lejos como necesitara.
Bajo esta lógica, Rueda invirtió largas horas en las cárceles del país convenciendo a líderes de las disidencias y de bandas criminales como las de Medellín y otras que se metieran a la paz total y redujeran su confrontación con otros grupos a cambio de sacarlos de la cárcel. El destino final de esas negociaciones nunca fue claro para la opinión pública pues, como dijo al inicio del gobierno el canciller Leyva, el método de negociación de la paz total se parecería más al jazz, con una alta dosis de improvisación, que a una partitura de música clásica.
El objetivo central de las conversaciones de Danilo era producir un alivio humanitario para las comunidades. Y si bien en algunos lugares bajó la confrontación con la Fuerza Pública y entre grupos rivales, los secuestros, la extorsión y el confinamiento de comunidades no amainó; en muchos lugares incluso se disparó, como muestran las mismas cifras del Ministerio de Defensa.
“El método de Danilo era dar y no pedir nada a cambio”, dice el analista del conflicto Carlos Franco. “Dio que no hay operaciones ofensivas de los militares, pero los otros no dan un cese de hostilidades.”
Danilo creía que podía negociar con cada grupo su propia fórmula de sometimiento y que, en realidad, no era necesaria la ley que se hundió en el Congreso a principios de año. Por eso, cuando el ministro de Justicia mencionó en la audiencia en la Corte la necesidad de pasar esta ley, Danilo lo contradijo.
El fallo de la Corte le dio la estocada a esa aproximación que, en todo caso, era difícil de sostener tras la abrupta salida de Rueda del cargo hace unas semanas.
La Corte fija límites a la paz total
Nuevamente con una mayoría de 8-1, como explica Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, la “Corte determinó que esa decisión de con quién negocia o quién no, es del gobierno. Pero lo que no puede hacer es fijar las reglas de investigación, juzgamiento y sanción como quiera.”
La Corte decidió que los términos de ese sometimiento deben ser definidos por el Congreso a través de una ley de sometimiento y se aplicarán a todos los grupos por igual. Y que tampoco es totalmente discrecional del gobierno la excarcelación de los voceros de los grupos armados.
Si bien la Corte avaló la posibilidad de suspender órdenes de captura de los delegados de los grupos criminales con los que se quiere negociar, el gobierno tiene que justificar ante los jueces la medida. Con lo que hace explícito que la facultad de suspender las órdenes de captura sigue estando en cabeza de la rama judicial y no del gobierno.
Esto, en la práctica, puede ser complicado pues le da poder de veto a los jueces. Pero también es un contrapeso que obliga al gobierno a no entregar la libertad a los criminales a cambio de nada. Ahora tiene que convencer al juez de su propósito.
“Ya se había creado el incentivo de que la oferta de sometimiento era negociable. Con la ley de sometimiento el actor principal es la Fiscalía”, explica María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Queda todavía otra decisión pendiente, que saldrá en los próximos días con una coponencia nuevamente de Lizarazo y Ángel: la que decide si aquellos que traicionaron el Acuerdo de Paz con las Farc pueden acceder nuevamente a los beneficios de una negociación política. Si tumba esta posibilidad, como se prevé, la paz total quedará con unos nuevos límites que seguramente reducirán los ‘tableros’ de negociación de Danilo hasta que el gobierno logre sacar una ley de sometimiento. Algo que difícilmente logrará el gobierno antes de un año.
“Esta decisión y la que está por venir, obligan al gobierno a tener otro encuadre, mejorar sus capacidades y atender el mayor reto para que la paz total avance: un diálogo serio y estructurado con el Clan del Golfo, que si no se atiende, seguirá siendo el gran spoiler de la Paz Total del Presidente Petro”, dice Gerson Arias, investigador de la FIP y USIP, y quien jugó un papel importante en el acuerdo con las Farc.
En cierta medida, a la paz total de Petro le ha pasado lo mismo que le sucedió a Álvaro Uribe con su proceso de negociación con los paramilitares: el presidente se enfrenta a los contrapesos propios de una democracia y el nuevo comisionado de paz, Otty Patiño, tiene que arrancar de nuevo la negociación con un menor margen de maniobra que su antecesor pero con mayores garantías de que los criminales no sean quienes tienen el sartén por el mango.
