A Tomás* le mataron al papá cuando tenía seis años. De ahí en adelante, según su relato, vino una especie de tiempo muerto. “Terminé en el Icbf. Cuando salí, a los 18 años, me fui para los paracos. Pero no me gustó”, cuenta, a las afueras de un auditorio, mientras 150 jóvenes escuchan a una mujer que habla sobre la importancia de tener un proyecto de vida. “Luego me vine para Medellín y me metí a una banda. Ahí vendía bareta y cobraba vacunas. Pero me pidieron matar a alguien, y me volé”.
Tomás es testigo protegido de la Fiscalía y hace parte de Parceros, el programa con el que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, busca arrebatarles jóvenes a las bandas criminales. La iniciativa no es nueva: vio la luz en su primer gobierno (2016-2019) y se estancó con Daniel Quintero. Pero ahora, en su regreso a la Alpujarra, “Fico” —como es conocido— promete expandir exponencialmente el corazón blando de su política de seguridad: atender con este programa a 15 mil niños y jóvenes, 14 mil más que en su primer gobierno.
La apuesta le compite a Jóvenes en Paz, el piloto con el que el presidente, Gustavo Petro, busca atender a la misma población con pagos de un millón de pesos. “Algunos creen que a los jóvenes hay que pagarles para que no maten, nosotros pensamos diferente”, dijo “Fico” sobre la propuesta del gobierno en el relanzamiento de Parceros. Pero las transferencias son un incentivo que los expertos no descartan por la complejidad de estos procesos, y el modelo de “Fico”, enfocado en procesos de terapia y acompañamiento individual, aún tiene el reto de probar su impacto a largo plazo.
Jóvenes en riesgo, el núcleo de la apuesta de “Fico”
Tomás cuenta su historia cerca de un comedor en el que más temprano desayunaron él y 149 jóvenes entre 14 y 28 años, de las comunas Manrique, Doce de Octubre y San Javier. Estos fueron los puntos priorizados por la Alcaldía para la primera cohorte de Parceros.
“Me dijeron que tenía que asesinar a alguien que no había pagado la vacuna, pero yo no quería hacerlo”, recapitula Tomás. “A mí nunca me había tocado eso. Lo máximo era presionar a la gente para que hiciera los pagos”. La historia de Tomás es manejada con cautela por la Alcaldía. Sus antiguos “jefes” desconocen su paradero.
La versión de los funcionarios del programa es la misma: el joven llegó con un arma y una bicicleta repleta de marihuana a uno de los puntos de atención de la Alcaldía. Allí, dijo que quería salirse de una banda pero que estaba en riesgo; que le habían ordenado matar a alguien pero no quiso.
Su testimonio, aunque no es la regla en Parceros, retrata el perfil de los jóvenes atendidos por el programa que relanza “Fico”. “Casi el 97% de los muchachos que están acá consumen alguna sustancia: marihuana, tusi o alcohol”, dice Michael Murillo, psicólogo que lidera la iniciativa en San Javier, una de las comunas priorizadas. “Son víctimas del conflicto, tienen familiares o amigos en combos, algún tipo de antecedente”.
La selección de los participantes (actualmente hay 650 entre 14 y 28 años, y 150 más en edades menores) se da a través de la información referida por Fiscalía, Policía y los equipos territoriales de la Alcaldía. La iniciativa, explica Paulina Patiño, la directora del programa, opera como una especie de “fast track”.
“Hacemos un acompañamiento psicosocial, para luego llevarlos a una formación para el trabajo”, dice Patiño. La mitad de un ciclo de seis meses, que es lo que dura cada cohorte del programa, se concentra en ejercicios de coaching, manejo de emociones y exploración de inteligencias. Luego viene la formación en oficios, la validación del bachillerato (en algunos casos) y el acceso a empleo.
“Este es uno de los proyectos estratégicos para ‘Fico’”, dice Patiño. “La idea es dejarles capacidades instaladas: conocimientos y una nueva forma de pensar para que, en un momento difícil, tomen una decisión diferente. Y formación en artes y oficios, para que esto también sea plata en el bolsillo”.
La meta de la Alcaldía este año es atender a 2.340 jóvenes, con una inversión de $10 mil millones. Y aunque en el Plan de Desarrollo se fija una meta de 5 mil jóvenes atendidos en el cuatrienio, el alcalde ha expresado que el objetivo es impactar a 15 mil. Si esa cifra se cumple, la apuesta multiplicaría en 14 veces el alcance de su primer gobierno, cuando 867, de 1.080 jóvenes atendidos, terminaron con éxito el proceso.
Pero hay una línea roja: que no haya condenas activas. “Entre esos jóvenes, uno sabe que hay muchachos de la esquina, del combo, pero como no hay pruebas no se pueden judicializar”, explica Villa, el secretario de Seguridad.
Parceros 2.0, economía del delito y juego de incentivos
La atención a jóvenes en riesgo de enlistarse en bandas criminales, entre los 10 y los 28 años, es la base del programa de “Fico” que repite en su segunda Alcaldía. Pero la iniciativa regresa con cambios: “La primera versión se enfocó solo en el núcleo. Ahora crecemos en públicos: tendremos Parceritos, Parceros Creadores y Parceras”, explica Patiño, la directora del programa.
Santiago Tobón, director de Seguridad y Justicia del Centro de Valor Público de Eafit, ha estado cerca del diseño de las nuevas líneas, como Parceritos.
“Es un programa para niños de 12 y 14 años que están en una trayectoria de ilegalidad, pero que aún no participan de ella”, dice Tobón. “Encuestamos a 10 mil niños en colegios de Medellín y encontramos un grupo que tiene interés de participar a futuro en algún combo”. Estos últimos fueron priorizados en esta línea.
Parceros Creadores busca atender a los “ninis”, jóvenes que no estudian ni trabajan, y que tienen problemas de salud mental o consumo de drogas. Y Parceras, dice Patiño, se creó por la coyuntura de explotación sexual que vive la ciudad.
Este despliegue, según Villa, el secretario de Seguridad, busca arrebatarles “el talento humano a las empresas criminales”. La premisa no solo muestra el lado blando de “Fico”, un político que ha priorizado la persecución de los bandidos. También pone sobre la mesa su enfoque económico de un sistema criminal compuesto por sublíneas militares, administrativas, culturales, políticas y de talento humano.
“Estas empresas criminales necesitan de la mano de obra, del capital de trabajo. Y esa fuerza laboral son los jóvenes de nuestra ciudad, que terminan siendo reclutados voluntariamente, entre comillas, porque las estructuras logran seducirlos”, dice Villa.
Y agrega: “Es una apuesta por el justo medio: la mano dura se concentra contra los que corresponde, con capturas cualificadas y procesos que terminen en condenas (este año van 9 mil capturas, 13% más que en 2023, según la Secretaría de Seguridad). Y hacemos disuasión con inversión social, porque el Estado no se puede quedar con las manos cruzadas para después salir a perseguirlos”.
Tobón, de Valor Público, ve con buenos ojos esta combinación de incentivos y desincentivos, y más en políticas de seguridad: “Al final se necesita garrote y zanahoria. Castigar fuerte el mal comportamiento para que todo el mundo aprenda la lección, y tener oportunidades como Parceros. Incentivos, por un lado, y castigo, por el otro”.
La puja por el pago de Petro, frente al modelo de “Fico”
El alcalde de Medellín ha dicho en varias ocasiones que discrepa del pago a jóvenes para disuadirlos de delinquir. Incluso ha afirmado que la apuesta del presidente Petro con Jóvenes en Paz, que incluye transferencias mensuales condicionadas al cumplimiento de objetivos de formación, “estigmatiza” a quienes reciben los pagos.
Pero entre los expertos este incentivo no es mal visto.
Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dice que no solo con “autoayuda psicológica se va a resolver el tema”. Para el experto, el éxito de un programa de este tipo radica en una combinación de incentivos, que incluso implica exigirles cierto compromiso a las bandas criminales.
Agrega, en este sentido, que la ausencia de pago hace que la competencia con “el millón y medio que ganan los jóvenes empacando, transportando droga o haciendo vigilancia en los barrios” sea mucho más difícil.
En eso coincide Camila Uribe, directora de la Casa de las Estrategias, una ONG que le hace seguimiento a políticas de seguridad en la ciudad. Si bien sostiene que es difícil hablar de auxilios económicos para poblaciones difíciles de enganchar a ofertas institucionales, “herramientas como pasantías o transferencias condicionadas, que implican deberes con el programa, nos parecen interesantes”.
Por su parte, para Tobón, el pago puede ser funcional en tanto haya una focalización rigurosa de los beneficiarios, pero aún se requieren estudios que determinen si los incentivos económicos son o no determinantes en estos procesos.
“¿Una transferencia condicionada podría evitar que alguien ejerza actividades delincuenciales? Depende”, dice el experto. “Si se trata de alguien que delinque por voluntad económica y no de un asesino en serie, de pronto sí (…). Pero en ciudades con crimen muy organizado, como Medellín, es muy difícil”.
Incluso Villa, el secretario de Seguridad, reconoce la necesidad de que los jóvenes reciban ingresos además de la formación, pero en su enfoque prima la meritocracia: “A estos jóvenes hay que acompañarlos y no pagarles indistintamente, sino generarles condiciones para que tengan ingresos sanos y sostenibles. Nos interesa que a sus manos lleguen unos dineros, pero que sea a través del esfuerzo”.
El otro pero del gobierno de “Fico” con las transferencias, según Villa, tiene que ver con experiencias del pasado que no tuvieron éxito. “La idea es que no pase lo que ya ocurrió en Medellín (durante el gobierno de Alonso Salazar, 2008-2012): que a algunos jóvenes se les pagaba y en poco tiempo volvían a tener la necesidad de entrar a las estructuras, o estas los extorsionaban”.
Pese a esto, José Luis Marín, concejal de oposición por el Pacto Histórico, dice que los programas se complementan en vez de repelerse. Tanto Parceros como Jóvenes en Paz buscan evitar el “reclutamiento voluntario” de las bandas: el de “Fico” desde la atención individual y en alianza con el sector privado; y el de Petro con un enfoque más colectivo y cercano a organizaciones comunitarias.
“Los dos programas se complementan, pese a las diferencias. Y la inconformidad de ellos (el equipo de ‘Fico’ y parte de sus concejales) con el programa de Petro no está necesariamente en el fondo. Quizá si Jóvenes en Paz lo hubiera lanzado el alcalde, lo apoyarían más”, dice el concejal.
Pero si el pago que hace Jóvenes en Paz necesita de evaluaciones para medir su impacto a largo plazo, la misma ruta deberá emprender Parceros en los cuatro años que ya corren. Ese es el principal reto de la iniciativa, según Gil: que se garantice que los jóvenes no delincan mientras participan del programa, y que haya una transformación en el perfil de los egresados.
Hoy la Alcaldía proyecta el diseño de indicadores de evaluación que permitan medir la eficiencia de su modelo para jóvenes en riesgo. Lo que por ahora dice Tobón es que la primera edición de Parceros tuvo resultados positivos: “Si bien esto no es una evaluación de impacto experimental, muy pocos participantes fueron arrestados o murieron víctimas de homicidio. Hay personas que ahora están trabajando en otras cosas”.
Y Tomás, antes de regresar a la sesión con sus compañeros, agrega: “En este tiempo he aprendido que la vida no es un gramo de droga, que la vida se la hace uno mismo. Estoy contento en Parceros. Espero que no me fallen, porque yo estoy dando lo mejor de mí”.
*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.
