“El Consejo Nacional de Juventud fue creado por un sistema eleccionario que no vincula a la generalidad de la juventud”, dijo el presidente Gustavo Petro frente a decenas de sus representantes el sábado pasado. El presidente dejó claro que prefiere a los jóvenes en las marchas más que en los consejos.
Esa visión ha determinado la manera en la que se está armando el programa más ambicioso de este gobierno para jóvenes vulnerables. Jóvenes en Paz, la nueva iniciativa todavía no está funcionando, pero se ha hecho a espaldas de sus representantes electos. En especial, de los Consejos Municipales de Juventud, que se eligieron por voto popular a nivel nacional en 2021.
En Colombia hay 1,2 millones de jóvenes desempleados y casi tres millones que ni estudian ni trabajan. A través de un giro económico condicionado se busca llegar a 100 mil jóvenes vulnerables en las regiones más violentas para mantenerlos en la legalidad y evitar que terminen integrando bandas criminales. Sin embargo, persisten las dudas sobre si terminará en un esfuerzo que financia a una juventud políticamente afín al gobierno.
Lo poco que se sabe de “Jóvenes en Paz”
Con esta nueva iniciativa, tal como sucede en otros proyectos, el gobierno le apuesta a lo “popular” y busca fortalecer organizaciones y movimientos sociales de base. Mientras tanto, se distancia del aparato de participación juvenil elegido en el gobierno pasado, que no ha sido tenido en cuenta en lo que va del gobierno Petro.
Los orígenes de “Jóvenes en Paz” se remontan a la alcaldía de Petro en Bogotá, durante el período 2012 – 2016. La secretaría de Seguridad implementó por primera vez la estrategia que el presidente quiere replicar en las diferentes regiones del país. El programa costó $105 mil millones de pesos y logró llegar a 10 mil jóvenes, pero sus resultados no son claros.
Petro había anunciado que en enero comenzaba a funcionar la estrategia, sin embargo, de acuerdo con la oficina de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Juventud, todavía no se ha lanzado oficialmente ni tiene un documento base. Estos detalles son claves para disipar las dudas de quienes han criticado el programa, con el argumento de que lo que quiere el gobierno es crear una base leal de apoyo político para Petro.
En términos concretos, hasta ahora solo existe un artículo, el 346 del PND. Ahí dice de forma general que se implementará “una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza (…) vinculados a dinámicas de criminalidad”.
“No estamos buscando dar un subsidio asistencialista, ese no es el objetivo. Se está dando ese apoyo económico condicionado porque se reconoce que las bandas delincuenciales seducen a los jóvenes con recursos”, afirmó la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, en una entrevista con el informativo Colombia Hoy.
El programa consta de cuatro componentes: transferencias monetarias condicionadas, apoyo al emprendimiento, acceso al sistema educativo y atención con énfasis en salud mental. Fueron seleccionados 100 municipios del país con base en factores como la tasa de homicidios, el reclutamiento forzado y el embarazo adolescente. La inversión estimada es de alrededor de $1 billón.
Los 100 mil jóvenes beneficiarios recibirán un subsidio mensual cercano al millón de pesos durante un lapso de seis a 18 meses, a cambio de cumplir compromisos de trabajo comunitario y horas de estudio. Las transferencias estarán a cargo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y se espera que sea el futuro Ministerio de la Igualdad el que asuma la coordinación del proyecto.
El pasado 17 de mayo la Consejería para la Juventud se reunió con un equipo del DPS para “consolidar la hoja de ruta”, pero hasta ahora no se conocen más detalles sobre los filtros, la focalización y la implementación de Jóvenes en Paz. La Silla solicitó más información al Icbf, la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio del Interior y el DPS, pero no obtuvo respuesta de ninguna de las carteras.
“Ese programa no sé por qué no anda. Ya van nueve meses que estamos hablando de eso y no hay un contingente de jóvenes que uno pueda decir que es la primera fase, ni uno”, reprochó Petro el pasado sábado, durante su reunión con el Consejo Nacional de Juventudes en San Andrés.
Petro va por los jóvenes “populares”
“Los líderes juveniles están muriendo de hambre, los están amenazando, los están matando y el programa Jóvenes en Paz no tiene un enfoque diferencial para atenderlos”, le dijo a La Silla Sergio Chacón, consejero nacional de Juventud por el Distrito de Medellín. “No nos han dicho absolutamente nada del programa”, agregó.
Chacón es uno de los más de 12 mil jóvenes que integran los Consejos de Juventud, conformados por primera vez a nivel nacional tras las elecciones de 2021. Luego de haber sido creados en la Ley 1622 de 2013 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil, después del paro, y con el afán del gobierno Duque por recuperar legitimidad, se hicieron las elecciones nacionales para elegirlos.
Los consejeros buscaban ser incluidos entre los “Jóvenes en Paz”, ya que actualmente no reciben ningún tipo de pago por su labor, que implica constantes gastos para sesionar y trabajar con las comunidades. “Le faltan algunas cosas que quizás se habrían tenido en cuenta si se hubieran dado a la tarea de consensuar con las juventudes, pero lo formularon desde un escritorio”, opinó al respecto Rossy Pacheco, representante de las juventudes por Chocó.
Sin embargo, el gobierno Petro está planeando un aparato totalmente distinto en su ruta de atención a la juventud. Según la consejera presidencial, Gabriela Posso, el programa está pensado para los “jóvenes populares”, lo que está en sintonía con uno de los principales objetivos del gobierno: fortalecer el “poder popular”.
Petro busca darles a organizaciones comunitarias un rol activo en la administración pública y en la toma de decisiones, por eso planea contratar obras a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC), fortalecer las guardias campesinas y, en este caso, plantea la creación de “Comités Juveniles del Poder Popular”.
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, los Comités estarían articulados con las JAC y tendrían dentro de sus funciones promover iniciativas económicas asociativas. “La juventud tendrá un rol activo en el ordenamiento comunitario del territorio en torno al agua, la naturaleza, en la ejecución de infraestructuras por medio de alianzas público-populares y en la participación de juntas de acción en contextos urbanos y rurales”, dicta el documento.
Con esto se crea una nueva instancia, sin que aún sea claro cuáles son los criterios para escogerlos. Estos comités se sumarían a lo que ya existe: el Consejo Nacional de Juventud —elegido por voto popular— y una Plataforma Nacional de Juventud —designada por las dependencias municipales—. La nueva figura de “comités” entraría a competir con las instancias actuales, con la ventaja de que sí podrían administrar recursos.
Ya son varias veces en que el Consejo Nacional de Juventud se siente excluido de la toma de decisiones. Recientemente, junto a la Comisión de Juventud de la Cámara de Representantes, presentaron una proposición al PND con la que buscaban garantizar estímulos para los consejeros, fortalecer el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y reformar la Política Pública de Juventud. Su petición no fue acogida en el articulado.
“La juventud no puede ser solamente un discurso de balcón, se necesita una actitud de escucha de parte del gobierno a las diferentes representaciones que tiene”, opinó Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y vocera de la Comisión. Pese a sus diferencias con el gobierno, considera que el programa Jóvenes en Paz estaba en mora en el país y tiene un enfoque acertado.
El presidente se reunió con el CNJ el pasado sábado 27 de mayo en San Andrés, pero en lugar de limar asperezas el encuentro las aumentó. Los consejeros leyeron una declaración conjunta en la que abordaron temas como la paz total, la educación, la salud mental y le pidieron al gobierno tomarse en serio el Estatuto de Ciudadanía Juvenil: “Notamos con preocupación el reiterado actuar negligente hacia el Subsistema de Participación. El gobierno del cambio es con las juventudes o no será”, concluye el documento firmado por la mayoría de los miembros del CNJ.
Petro respondió a las exigencias con cuestionamientos. Dijo que ese organismo carece de poder y por eso no vincula a la mayoría de la juventud. “Esto lo creó una clase política tradicional con la idea de que apenas fuera un margen y que fuera un instrumento de su política de viejos”, afirmó. También les reclamó a los líderes por la falta de movilización social y los exhortó a impulsar una reforma al sistema de participación.
El Presidente de la República, @petrogustavo, propuso elaborar un proyecto de ley para modificar los Consejos de Juventud y darles poder a estos órganos de elección popular, con el propósito de que tengan capacidad de decisión en las comunidades.
Conoce todos los detalles…— Presidencia Colombia ???????? (@infopresidencia) May 29, 2023
El “regaño” de Petro cayó mal entre los consejeros y reabrió el debate sobre el actual sistema de participación juvenil. El Consejo Nacional de Juventud ha tenido que lidiar con cuestionamientos a su legitimidad debido a la alta abstención en sus elecciones (90 por ciento) y al contexto en el que fue implementado: como respuesta de Iván Duque al inconformismo del estallido social. Ahora también debe torear a un gobierno alternativo que lo ve como un apéndice de la política tradicional.
“Apenas estamos saliendo del shock” le dijo Susan Cano a La Silla, consejera nacional por Putumayo, dos días después de la reunión en San Andrés. Cano fue una de las voceras en la reunión con Petro, que calificó como “decepcionante”.
“Es muy triste que el presidente nos considere los jóvenes de la clase política tradicional cuando hemos sido nosotros los que nos hemos recorrido las veredas, los corregimientos y los barrios haciendo trabajo con los jóvenes”, afirmó. También criticó que el presidente “se paró y se fue” justo cuando terminó de hablar, por lo que no hubo interlocución.
Para Abel Malaver, consejero nacional por Cundinamarca, el desplante del gobierno hacia los organismos de participación puede responder a que “cree que hacen parte de la herencia de Duque”. Cano coincide, y agrega que para el presidente los Consejos de juventud fueron un “contentillo”: “Si es así y si fuimos engañados por el gobierno pasado, no entiendo por qué este nos revictimiza en lugar de fortalecernos”, opinó.
La distancia también podría deberse a que los Consejos están conformados por un amplio espectro de partidos, organizaciones y movimientos que mantienen su independencia frente a la Casa de Nariño. Por eso, mientras el gobierno se aleja de la institucionalidad, tiende la mano a organizaciones comunitarias con las que sí se siente respaldado.
En las elecciones de 2021, tanto partidos políticos como ONGs y movimientos ciudadanos presentaron candidaturas a los Consejos de Juventud. Sin embargo, los partidos arrastraron a la mayoría de jóvenes y alcanzaron el 56 por ciento de los votos. A la cabeza estuvieron los tradicionales, como el Liberal, Conservador, y Cambio Radical.
“La consejera presidencial para la juventud se ha enfocado en la primera línea y en la ciudad de Cali. Ellos tienen todo el derecho de tener una reivindicación y un acercamiento, pero Colombia tiene más jóvenes”, afirmó Brandon Aragón, consejero por Barranquilla.
Precisamente en los sectores populares de la capital del Valle hay quienes defienden la labor de la Consejería: “Hoy en día la Consejería está haciendo un buen trabajo, se está llegando a territorios”, le dijo a La Silla Andrés López, líder juvenil de la Comuna 20. También aplaudió el objetivo del programa “Jóvenes en Paz”:
“Toda persona que tenga una oportunidad de salir de la delincuencia lo va a hacer, te lo aseguro, porque conocen una estación de policía, conocen un reformatorio, conocen la cárcel y eso para nadie es bueno”.
