Más del 70% de lo que se llevan los inodoros de Bogotá se va sin tratamiento. Baja por una tubería, pasa por debajo de las casas, y los desechos de más de un millón de familias terminan en el río Bogotá. De ahí perfuman toda la cuenca del Tequendama y desembocan en el río Magdalena, que recorre medio Colombia hasta Barranquilla.
La principal apuesta para reducir este atentando ambiental es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Canoas, un proyecto que lleva 20 años en los planes de Bogotá. Limpiará ese 70%, y todas las aguas negras de Soacha, con lo que todas las aguas negras de la capital serían tratadas (el otro 30% lo procesa la Ptar Salitre).
Pese a contar con el visto bueno del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el gobierno nacional le tiene congelada la ejecución de la Ptar Canoas a la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Al proyecto le falta una firma del Ministerio de Hacienda que respalde los créditos que necesita de la banca multilateral.
La nueva estrategia de la alcaldía de Galán para destrabar la obra es ser más pragmático con el aval de la Nación, reduciendo el monto del crédito que le entrega la banca multilateral (que requiere garantía soberana, es decir, del gobierno nacional), para así esquivar los altísimos requisitos que le exige el gobierno de Gustavo Petro, y acercarse a otros organismos internacionales que pueden financiar el proyecto. La inversión total es de casi $6 billones de pesos.
El plan de Galán para destrabar la financiación
La limpieza del río Bogotá es central para el futuro hidrológico del país y de la ciudad, que, por primera vez desde 1984, se enfrenta a un racionamiento de agua. Aunque el tema ambiental no hizo parte del corazón de la campaña de Galán, el cambio climático afectará a los páramos como fuente de agua potable para la ciudad, con lo cual la cuenca del Río Bogotá —que la Ptar plantea descontaminar— se vuelve relevante.
La que más plata pone para construir la Ptar es la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, el 65%, le sigue el Acueducto con el 20% y el Distrito con 14%. La Gobernación aporta el 1% del valor. Pero el responsable de la obra, la entidad que licita y adelanta el proyecto es la Empresa de Acueducto.
La idea de la Ptar es que reciba las aguas negras —conocidas como aguas servidas —de los ríos Fucha, Tunjuelo, Tintal y del casco urbano de Soacha. El agua se limpia a través de un proceso que primero le saca los residuos sólidos, después la materia orgánica y contaminante. Para al final devolverle oxígeno al agua y que pueda regresar descontaminada a los ríos.
El avance más notorio del proyecto es la estación elevadora. Está compuesta por dos huecos circulares gigantes, conectados entre sí por un sistema por el que sube el agua. En el primer hueco se cuelan los residuos sólidos grandes y el segundo tiene un sistema de bombeo, con el que el agua saldrá más oxigenada.
La obra de la estación elevadora tiene una ejecución del 86%, pese a que el año pasado el gerente del Acueducto, Noel Valencia, le dijo al Concejo de la ciudad que esperaban entregar la obra en abril de este año. El avance ha sido lento, en junio del 2022 la obra estaba en un 64%, y solo en febrero del 2023 llegó al 80%. Según reportó el veedor John de VIDJCB, que hace sobrevuelos en dron de las principales obras de la ciudad, en diciembre del año pasado había pocos trabajadores y maquinaria en el proyecto, además de tener sobrecostos de más de alrededor de $100 mil millones.
El primer viaje al extranjero de Galán fue una visita a Washington por invitación del Banco Mundial, en la que la Ptar Canoas era uno de los principales temas de discusión.
Según le contó a La Silla una fuente que conoce de cerca la banca multilateral, el alcalde optará por una solución más pragmática para destrabar el proyecto. La idea es reducir el monto del préstamo multilateral —que hoy ronda los 600 millones de dólares, unos 2,3 billones de pesos— que les pide al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial.
Para completar el monto necesario para el proyecto, el Distrito pedirá un préstamo a la Corporación Financiera Internacional (IFC), el ala del Banco Mundial que le presta al sector privado, pero “por razones estratégicas quiere ahora prestar a municipios”, dice la fuente, que pide no ser identificada para adelantar detalles que aún no son públicos. Así, la alcaldía bajaría la temperatura del requisito de las garantías y contragarantías que necesita de la Nación para que el proyecto avance, y de paso su dependencia política del gobierno Petro.
La Silla no obtuvo respuesta de la Alcaldía sobre el tema.
Las trabas del proyecto
La Ptar está trabada desde el 2022 por una firma que falta del Ministerio de Hacienda para recibir los préstamos de la banca multilateral. El documento se conoce como contragarantías, es un compromiso que hace el Distrito con la Nación, que debe darle el espaldarazo a un proyecto subnacional frente al préstamo de la banca que lo financia.
Para que el gobierno nacional apruebe las contragarantías, el Distrito debe demostrar que tiene un monto como compensación a ese apoyo que recibe de la Nación, conocido como garantías. Aunque el Acueducto ha hecho cinco propuestas de las garantías que pone el Distrito, la última en abril de este año, ninguna ha sido exitosa por razones tanto técnicas como políticas. Durante la alcaldía de Claudia López, el tema fue fuente de agrias disputas con el gobierno Petro.
La principal razón es que el gobierno nacional está exigiendo una garantía que cubra hasta el 130% del valor de la garantía que pone el Estado. Es decir, está exigiendo que el Distrito tenga el soporte en recursos 1,3 veces el valor que está pidiendo como préstamo a la banca.
La discusión entre Nación y Distrito llegó a estrados judiciales. En diciembre del 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio entregar el aval para avanzar al proceso de contratación. Esa cartera, sin embargo, interpuso un recurso ante el Consejo de Estado.
A la pelea también se metió la CAR de Cundinamarca, el mayor responsable económico del proyecto. En febrero del 2023, la Corporación le pidió al tribunal una audiencia, alegando que el Distrito había cambiado los parámetros de la obra, que ya estaban definidos en el convenio de 2019 en el que se comprometió la financiación.
Entre las quejas de la CAR estaba el tiempo de la obra, que pasó de acabar en 5 a 7,5 años. La extensión en la entrega se debe a que, según esa entidad, el Acueducto busca construir la Ptar en una sola fase, no en dos como se tenía planteado. Para el Tribunal, el lío es que esas demoras terminarían retrasando la descontaminación del Río Bogotá, que en 2014, el Consejo de Estado ordenó que fuera inmediata en una sentencia
La idea de hacerlo en dos etapas busca que la planta empiece a descontaminar el Río Bogotá más rápido. Primero, se pone en funcionamiento la estación elevadora, para empezar a limpiar los residuos sólidos del agua, y unos años después la planta de tratamiento llega a terminar de limpiar el líquido.
Por eso, en julio del 2023, el Tribunal le ordenó al MinHacienda dar el aval solamente cuando el Acueducto reestructurara el proyecto para hacerlo en dos fases. Así, les dio un espaldarazo a las peticiones de la CAR y a la Gobernación de Cundinamarca.
En enero de este año, la excéntrica magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal, volvió a entrar en la pelotera. En un nuevo auto, ese tribunal les dio seis meses al Distrito y el Acueducto para reestructurar el proyecto y que quedé según el convenio de 2019. Si no se cumple en ese plazo, la alcaldía corre el riesgo que se le abra un proceso de desacato del fallo judicial.
Para compensar por las demoras en el proyecto, la empresa dice que se han planteado alternativas “que permitan generar disminución en la contaminación del río mediante acciones puntuales al interior de la ciudad mientras se concluye la construcción de la Ptar Canoas”, dicen de la empresa frente a la urgencia del Tribunal.
El tiempo corre para Galán
Según le dijeron desde el Acueducto a La Silla, la empresa “evaluó los impactos que ocasiona la reestructuración citada” por el Tribunal. Sin embargo, a menos de un mes para que se cumpla el periodo que les puso el Tribunal, no dieron detalles sobre la reestructuración planteada.
Si la estrategia de Galán para soltar su dependencia del gobierno Petro para la financiación de la Ptar Canoas funciona, tiene que empezar el proceso de contratación. En abril de este año, el Acueducto anunció que cuatro consorcios de empresas se presentaron a la licitación para la construcción y operación de la planta.
Para escoger entre los cuatro consorcios, la Empresa de Acueducto debería darles el visto bueno a finales de mayo, tras asegurarse de que cumplen con los requisitos. Después de esa precalificación, los seleccionados tendrán que presentar propuestas para completar el proceso.
La esperanza es que para 2029 o 2030, la Ptar esté funcionando, tras cinco años de construcción y un año de cierre financiero de las empresas que la construyan. Por ahora, avanza la licitación sin tener aún el visto bueno del gobierno nacional para que al proyecto llegue la financiación que necesita. Los consorcios que entraron a la licitación son:
- Promotora del Desarrollo de América Latina SA de CV, una empresa mexicana que trabaja principalmente en el sector de la infraestructura.
- Apca Unión Ptar de la Sabana, compuesta por Acciona Agua Colombia y Sacyr Concesiones Colombia Participadas. Las dos empresas son españolas y también están participando juntas en la licitación para la segunda línea del metro.
- Apca Ptar Canoas, compuesta por la empresa francesa Veolia Holding Colombia, y Mitsui & Co. Infrastructure Solutions SA de CV, de origen mexicano.
- Apca Aguas Canoas, compuesto por las empresas chinas, Beijing Enterprises Water Group, Shanghai Chengtou Sewage Treatment, China Harbour Engineering Sucursal Colombia. Esta última es una de las empresas chinas que construyen la primera línea del metro de Bogotá y están en la lista corta para hacer la segunda.
El consorcio Apca Aguas Canoas tiene una particularidad. A diferencia de la licitación de la segunda línea del metro, todas las empresas chinas se lanzaron bajo un solo consorcio, para así evitarse los ruidos por conflictos de interés al ser supervisadas por la misma entidad asiática.
Según supo La Silla por una fuente al interior del consorcio, quien pide la reserva de su nombre porque tiene un acuerdo de confidencialidad en su contrato, la empresa China Harbour Engineering Sucursal Colombia (Chec) estaba intentando participar en la licitación de la Ptar desde el año pasado. Su cercanía con la empresa portuguesa Mota Engil, que hace parte del consorcio que hace la estación elevadora de la Ptar, le motivó a prepararse para esta licitación, explicó la fuente.
Para esta licitación, la experiencia requerida para el tratamiento del agua era muy específica. Incluía tecnología para desinfección y la última etapa de limpieza, que usa bacterias anaeróbicas para terminar de limpiar el agua. Por eso, la china se acercó, originalmente, a la empresa griega Aktor, que tiene tecnología y experiencia en tratamiento de aguas. Pero no se consolidó esa alianza.
