—Lo que voy es por mi plata —dice por teléfono Alexis Cuesta, director de Corpourabá.
—Pero, señor Cuesta, ¿qué tan cierto es que Julián Bedoya tiene mucho poder allá?
—Discúlpeme, discúlpeme…
El director cuelga el teléfono porque está a punto de ingresar a una reunión en Bogotá, muy lejos de Urabá, donde tiene jurisdicción la corporación que dirige. La razón: tanto Corpourabá como Corantioquia —Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con influencia en Antioquia— hoy pujan para que se concrete un jugoso desembolso de $140 mil millones por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
La transferencia carga con el pecado de haber sido aprobada con un aval exprés emitido por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, justo el día en que Olmedo López renunció a la dirección. Entonces, el escándalo por supuesta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira ya tenía a López con una denuncia penal a cuestas y a Carlos Carrillo a punto de convertirse en su relevo.
El giro exprés a Antioquia fue una de las últimas decisiones de Pinilla y una de las primeras denuncias de Carrillo tras su llegada a la Ungrd. Sin embargo, las matrices de colaboración y los señalamientos tempranos de Pinilla y López —quienes prometen prender el ventilador— pusieron primero los reflectores sobre las supuestas coimas pagadas por funcionarios del gobierno a Iván Name y Andrés Calle, presidentes de Senado y Cámara, para mover las reformas en el Congreso.
Aunque las corporaciones en Antioquia alegan que el giro tiene un sustento técnico, varios hechos que revela esta investigación de La Silla Vacía generan indicios de que detrás hay otro caso de posible corrupción. Primero, los giros se aprobaron en solo tres días. Para aprobarlos, Pinilla recibió un poder especial del exdirector Olmedo López, y fue avalado por un abogado de la cuerda de Julián Bedoya dentro de la Ungrd. Las solicitudes de ambas corporaciones están “gemeliadas”, y comparten incluso errores de ortografía. Y las sumas transferidas son atípicamente grandes y dejan en los rines a la subdirección del Riesgo.
Ya en marzo La W había revelado que en Itagüí, fortín del senador Carlos Trujillo, se selló el negocio de los carrotanques e incluso se contrataron sus microperforados con empresas vinculadas al grupo primario de este político, que fue un aliado clave para Petro en Antioquia durante las presidenciales.
El detrás de cámaras de un millonario giro relámpago
El 27 de febrero, a las 4:42 de la tarde, llegaron dos solicitudes a la Ungrd. Provenían de Antioquia, con los membretes de Corpourabá y Corantioquia, y en el asunto reposaba el mismo pedido: “Solicitud de transferencia de recursos”. Corpourabá pedía $43.500 millones y Corantioquia $96.500 millones.
El concepto para justificar el pedido de la transferencia fue el mismo en ambas solicitudes: “Ejecutar acciones para la adaptación, mitigación y corrección de los efectos del cambio climático, la atención de puntos críticos y recuperación de obras y pasos de fauna, además de la ejecución de acciones asociadas a la gestión del riesgo para abastecimiento”.
“Las solicitudes parecían gemeliadas, porque eran idénticas: palabra por palabra, excepto los montos”, dice una fuente de la Ungrd que pide la reserva por no tener vocería. En efecto, en los pedidos solo cambiaban los membretes y las firmas de los respectivos directores. Cuesta en Corpourabá y Liliana Taborda en Corantioquia.
Los argumentos para el pedido de la plata fueron los mismos: trabajar contra los efectos del cambio climático y puntos críticos, con obras de mitigación, protección de taludes y recolección de aguas; así como estudios sobre la capacidad hidrológica de reservorios de agua.
“Parecen hechas por la misma persona”, dice la fuente de la Ungrd, y es que hasta en los errores hay coincidencias entre una y otra solicitud. En el encabezado de los documentos, además de al entonces director López, el pedido se dirige a “DIANA POLA ARIZA (sic)” con la misma falta ortográfica, en referencia a Diana Paola Ariza, quien para entonces fungía como encargada de la subdirección del Riesgo.
Pero eso no es todo.
La Silla Vacía también accedió a las resoluciones 185 y 186 del 29 de febrero, que sirvieron de respaldo técnico y jurídico para la aprobación de esta transferencia a los Fondos de Inversión Colectiva (FiC) habilitados para Corantioquia y Corpourabá. Los documentos suman casi 20 páginas cada uno y aunque tienen variaciones relacionadas con los municipios de influencia, acciones y hasta normas jurídicas, lo cierto es que sí lucen como una plantilla.
Incluso algunos errores evidencian la premura con la que se avaló la solicitud.
“CORPOURABÁ en calidad de Autoridad Ambiental de 80 municipios del Departamento de Antioquia, y en atención a las condiciones excepcionales presentadas… (sic)”, se lee en el documento que autoriza uno de los giros. El error tiene que ver con el alcance de cada corporación. Es Corantioquia la autoridad ambiental a cargo de 80 municipios y no Corpourabá, que tiene 19 localidades a su cargo.
“Esos días se produjeron FICs casi que en serie. Además, en los certificados de disponibilidad presupuestal para estos giros aparece la firma de una persona que dice no haber firmado”, dice la fuente de la Ungrd.
El trámite salió del horno en tiempo récord, con una solicitud que entró en la tarde del 27 de febrero, un soporte de disponibilidad presupuestal del 28 y resoluciones en firme del 29. Y hay una modificación propuesta cuatro días antes, por el exdirector López, que le da asidero a la hipótesis de una aprobación en serie de transferencias en la entidad.
En las resoluciones de Corpourabá y Corantioquia se lee que la resolución 0140 del 23 de febrero de este año modificó una del 14 de febrero. El quid del cambio tuvo que ver con “la delegación de funciones en materia contractual y ordenación del gasto”. En pocas palabras, el ajuste le dio facultades al exsubdirector Pinilla y a los demás subdirectores de la Ungrd para mover plata del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo a financiaciones de proyectos específicos a través de los FIC.
De esa forma, y bajo el concepto de atención de emergencias, el millonario giro directo pudo ser aprobado por Pinilla, a una semana de dejar su despacho.
Un botín anómalo, hecho a la medida de dos CAR
Pero, además de la premura, el tamaño de los desembolsos también es inusual. Eso llevó a que el 4 de mayo pasado el presidente, Gustavo Petro, diera la directriz sobre la salida de esta plata: “Todo giro preestablecido por la Ungrd a Corpourabá, Corantioquia y municipio de Girón quedan suspendidos (sic)”, dijo Petro.
Y es que la subdirección del Riesgo tenía un presupuesto de $165 mil millones para este año y con la aprobación de estas transferencias quedó desfinanciada, con solo $25 mil millones en caja. Y aunque la plata del giro no bajó a las CAR, y hoy está congelada en una especie de fiducia, la subdirección continuará desfinanciada hasta que estas y la Ungrd lleguen al acuerdo de echar para atrás o no los giros.
“Acceder a esos recursos es muy difícil”, dice una fuente conocedora del tejemaneje de las corporaciones ambientales en Antioquia, que pide la reserva para compartir su lectura. “Sonsón, un municipio que tiene que atender unos temas de riesgo en el río San Miguel, la ha tenido muy difícil. Y eso que es más común que les giren a los municipios y gobernaciones”.
Aunque la fuente reconoce que Corpourabá suele recibir transferencias de la Nación, por el ecosistema que protege y las dificultades de caja que afronta, considera que los montos en cuestión son por completo anómalos.
“La ley dice que los municipios son los encargados de liderar estos temas. Las corporaciones se concentran más en áreas relacionadas con el conocimiento del riesgo, aportando con estudios y a veces con cofinanciaciones para mitigaciones”, agrega la fuente.
Lo otro es que las transferencias incluso doblan el presupuesto proyectado para esta vigencia en el caso de Corpourabá, que tiene $20.650 millones, entre ingresos y funcionamiento. Y aunque con Corantioquia no pasa lo mismo, los $96.500 millones del giro representan casi la mitad de los $164 mil millones en ingresos percibidos en 2023.
Desde Corantioquia un portavoz le dijo a La Silla Vacía que el giro es solo una “gestión interinstitucional de apoyo ante el gobierno nacional, así como se solicita en otros frentes, pues la complejidad de los 80 municipios requiere de la inversión desde la cooperación de diferentes entidades locales, nacionales e internacionales”.
Pese a eso, las cuentas no cuadran ni revisando los estados financieros de estas entidades en los últimos tres años. Por concepto de transferencias, entre 2021 y 2023, Corpourabá recibió un total de $10.674 millones; mientras que Corantioquia percibió en el mismo tiempo casi $25.500 millones, cifras muy inferiores a los giros aprobados por Pinilla.
Un dato extra es que Cornare, una de las tres corporaciones ambientales regionales que tiene Antioquia, no ha recibido en los últimos meses recursos por parte de la Ungrd. Lo confirmó la fuente de esa entidad y de esa forma lo expresó una fuente al interior de Cornare, que pidió la reserva por no tener vocería: “En los últimos años, se han recibido unos $3 mil millones”.
Los vasos comunicantes entre la Ungrd, María Eugenia Lopera y Corantioquia
En las resoluciones que autorizan el desembolso para Corpourabá y Corantioquia no solo aparece la firma de Pinilla. La acompaña la de José Fernando Tobón, un contratista que renunció a su cargo justo después de revisar y aprobar estas autorizaciones y cuya hoja de vida ahora aparece publicada en la página de Presidencia para asumir el cargo de subdirector del Sistema de Aportes Parafiscales, del Ministerio de Hacienda.
En una entrevista con El Colombiano, el director Carrillo dijo que Tobón entró a la Ungrd como ingeniero de sistemas y que, aunque ya obtuvo su título de abogado, en los archivos de la entidad no reposa su tarjeta profesional en derecho. La Silla Vacía consultó a Tobón para conocer su versión sobre estos señalamientos, pero no obtuvo respuesta. Lo cierto es que su participación en el trámite le mete más ruido a este caso.
Varios documentos y fotografías confirman que Tobón hace parte del equipo político de la representante liberal María Eugenia Lopera, quien trató de arrojarle un salvavidas con su voto en la Comisión Séptima a la reforma a la salud del gobierno y quien ahora se perfila como clave en el trámite que debe surtir la pensional en Cámara. Además, Lopera hace parte del equipo de liberales comandado por Julián Bedoya.
Tobón, Lopera y Bedoya aparecen juntos en una fotografía de un encuentro con más miembros del equipo político de la Renovación Liberal. “María Eugenia es renovación”, dice un cartel que sostiene Tobón para la instantánea. Además, Tobón y Lopera son oriundos de Entrerríos. Allí militaron en el directorio del Partido Liberal, según documentos oficiales de 2017 y 2020.
Tobón incluso fue concejal en esa localidad y la representante Lopera confirma conocerlo en respuesta a La Silla Vacía. “Efectivamente lo conozco, es de mi pueblo. Es un joven que a su corta edad logró con esfuerzo ser abogado e ingeniero”. Pese a esto, la representante dice que “no tengo ni he tenido cuotas en la Ungrd”.
Pero este no es el único vínculo del círculo de Bedoya con el giro multimillonario. La representante Lopera y Taborda, la directora de Corantioquia, también son amigas. De hecho, son “amigas del alma”, según publicó la representante en una felicitación a Taborda cuando se convirtió en directora de la corporación.
Y aunque la fuente cercana a Corantioquia confirma que la directora tiene todas las medallas técnicas, reconoce que desde que la eligieron este vínculo la persigue como “una sombra, porque aunque fue subdirectora por muchos años y tiene legitimidad en el territorio, en la elección se arrimó al árbol que más sombra le dio”.
“A la doctora Liliana la conozco desde hace más de 10 años, cuando inició en la corporación como prestadora de servicios. Tengo para decir que es una excelente técnica y que deseo que haga una excelente gestión”, dice la representante Lopera.
Desde Corantioquia, aunque precisaron que la directora no se pronunciaría en medios, agregaron sobre esta relación: “La directora es una mujer con conocimientos técnicos de la misionalidad de la CAR, a la cual ha servido durante muchos años desde diferentes escenarios, tiene amplio conocimiento del territorio y de la gestión del riesgo”.
Desde las corporaciones insisten en que no ven nada raro en el proceso exprés con el que la Ungrd por poco les desembolsa $140 mil millones. “Vamos a insistir, es un proceso legítimo después de que una entidad lo encuentra técnica y jurídicamente ajustado”, dice Cuesta desde Bogotá sobre la decisión del presidente de suspender el giro.
Corantioquia, por su parte, afirma que su directora le pidió a Carrillo claridad respecto al futuro de la plata para contar, como expresó luego la corporación en un comunicado, “con los elementos argumentativos para la respuesta por parte de nuestra área jurídica”.
Lo que dice el director Carrillo, luego de una reunión la semana pasada en la que no llegó a acuerdos ni con Cuesta ni con Taborda, es que seguirá a rajatabla la orden del presidente. Sostiene además que la única vía para salir de este enredo, en el que las irregularidades de la entidad parecen encontrar eco en políticos de Antioquia, es deshacer los actos administrativos con los que Pinilla aprobó los giros.
El poder de Bedoya y Trujillo en Corantioquia y Corpourabá
Ambos políticos ajustan ya varios años operando como dupla. Sus últimas juntanzas fueron visibles en la campaña en favor de Petro y en la candidatura de Bedoya a la Gobernación de Antioquia. Y es claro que, con la ayuda del gobierno Petro, influyeron en la elección de la dirección de la Corantioquia el año pasado.
Lo lograron a través de la erosión de un acuerdo informal que definía las planchas que presentarían los alcaldes adscritos a Corantioquia para acceder a sillas en su consejo directivo, que opera como un cuerpo colegiado y elige al director.
Con intermediación del senador liberal John Jairo Roldán, según reseñó entonces El Colombiano, este grupo político logró que los alcaldes de Heliconia, John Fredy Ortiz, y de Cáceres, Juan Carlos Rodríguez, llegaran a ese órgano. Ya después, en conjunto con Presidencia, Minambiente y otros sectores, estos alcaldes (Ortiz ahora es personero de Itagüí, la casa política del senador Trujillo) se montaron en la elección de Taborda.
Cerrada la puja, la esposa de Bedoya, la periodista Pilar Rodríguez, sonó con fuerza para ser la directora de comunicaciones de la entidad. El revuelo fue tal que su nombramiento se cayó, pero la fuente cercana a la corporación confirma que tiene contratos temporales, “con videos para redes y presentación de eventos importantes”.
Otro nombre que cobra un interés particular en Corantioquia es el de Luisa Fernanda Gómez, quien estuvo a punto de ser nombrada en la subdirección del Riesgo de la Ungrd, luego del despido de Alethia Arango. Tanto Gómez como Arango trabajaron en el gobierno de Daniel Quintero en Medellín, a quien el director Carrillo ha señalado de tener burocracia en la entidad.
Sin embargo, una fuente cercana al trujillismo en Itagüí, que pide la reserva para entregar detalles, dice que ambas fueron cercanas a este equipo político antes que a Quintero. “Porque no hay que olvidar que el exalcalde le dio juego burocrático a Trujillo y a Bedoya en su alcaldía”, dice la fuente. Gómez ahora es la subdirectora ambiental de Corantioquia.
Pese a esta precisión, Carrillo ha insistido en medios sobre la cercanía de Quintero con la Ungrd. El director incluso publicó en días pasados un historial de visitas a la entidad en el que aparecen Esteban Restrepo —excandidato de Quintero a la Gobernación—, el representante Alejandro Toro y otros aliados del exalcalde.
En esa visita también se les vio a los alcaldes de Urabá pero no al director de Corpourabá. “No tengo vínculo alguno con el señor Cuesta, él nunca ha estado en las reuniones ni en los acompañamientos que hemos hecho, que han sido para conocer la oferta institucional de estas entidades”, dice el diputado de Independientes, Walter Salas, quien estuvo en la visita pero no encuentra un hilo conductor con el giro a Corpourabá.
Pero es justo por este lado donde la injerencia de Bedoya es más visible.
Aunque en Urabá los Independientes lograron una alcaldía en las pasadas regionales, buena parte de los alcaldes le responden al exsenador liberal. “Cuando él viene a Urabá, atiende reuniones en la casa del alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, y de Jonan Alexis Cerquera, exalcalde de Carepa”, dice una fuente política de Urabá, que pide la reserva por temas de seguridad.
Y es que en la elección de Corpourabá incluso hubo más sorpresas que en la de Corantioquia. El Minambiente pidió suspender el proceso debido a amenazas a la universidad que lo organizaba y ya en diciembre pasado, luego de un cambio de los representantes del gobierno, Cuesta resultó elegido.
“Tanto en Corantioquia como en Corpourabá, el gobierno acompañó la elección de los actuales directores. Solo se distanció en Cornare (CAR que no ha recibido giros de la Ungrd)”, dice la fuente conocedora del tejemaneje en estas corporaciones.
Aunque Cuesta cuelga el teléfono cuando se le pregunta por el poder de Bedoya en la corporación, dos fuentes de la región le dijeron a La Silla Vacía que el exsenador tiene varias subdirecciones en la entidad, pero evitaron precisar nombres. Lo cierto es que los alcaldes de la zona incluso apelan a su nombre para entrar en el radar del presidente Petro.
“Muchas gracias, soy del equipo de Julián Bedoya”, le dijo el alcalde Abuchar al mandatario en su visita a Urabá en marzo pasado.
