La bebé llegó rígida y con las pupilas dilatadas. Era domingo, a las 9 de la mañana. Ese es el reporte de los paramédicos de la ambulancia que está de manera permanente en el Parque Nacional. Es la segunda menor que muere, de varios bebés nacidos en Bogotá de la comunidad embera de alrededor de 589 personas que llevan ocho meses viviendo bajo plásticos y lonas sobre la Carrera Séptima, en el centro de Bogotá.
Pese al hacinamiento y las condiciones cercanas a la indigencia en las que viven, las soluciones a su situación no son claras. Las soluciones involucran a varias entidades, desde la Alcaldía hasta el gobierno nacional, que no tienen la misma visión sobre el retorno hacia los resguardos. Además, se enfrentan al rechazo de los líderes indígenas, que defienden un modelo de mendicidad que se ha instaurado en la comunidad.
Hay varias versiones sobre lo que ocurrió con la niña. El líder embera Elkin Vitucay Cintua dice que la llevaron en tres ocasiones al puesto médico, la noche antes de su muerte. Para protestar contra la falta de atención que recibieron, organizaron hoy un plantón hacia la Secretaría de Salud. Por su parte, otro embera, Demetrio Arias dijo en Noticias Caracol que los padres dejaron a la menor sola para “meter bebida”. Lo que es claro, según el seguimiento que ha hecho la Secretaría de Salud a la familia de la menor, es que desde septiembre del 2023, la madre ya había faltado a varias citas médicas.
La tragedia llama la atención sobre un fallo colectivo del gobierno de Gustavo Petro, la alcaldía de Carlos Fernando Galán y la sociedad bogotana que se refleja en las malas condiciones de vida que tienen los 1.998 indígenas embera que están asentados en la capital. Según las cifras de la Secretaría de Gobierno, en total hay cuatro asentamientos en el Parque, en las Unidades de Protección Integral —casas de la Secretaría de Integración Social— La Rioja, y La Florida, y en la casa de paso Buen Samaritano. Además, hay 30 indígenas que están viviendo en pagadiarios,18 niños bajo el cuidado del Icbf y uno está hospitalizado.
El reto de la articulación
Desde el Distrito, la entidad que encara los asentamientos embera es la Secretaría de Gobierno, que encabeza Gustavo Quintero. El secretario es un viejo conocido en el tema embera en Bogotá, pues en 2018, cuando fue consejero para las Víctimas, Paz y Reconciliación de la alcaldía de Enrique Peñalosa, participó en los retornos de indígenas desde la capital hacia sus resguardos.
Dentro de los límites de Bogotá, la Alcaldía debe encargarse de que los indígenas que están en la ciudad tengan buenas condiciones de vida. Para eso, ha hecho una caracterización de la población, 4.700 intervenciones en materia de salud y ha vinculado a 704 niños a colegios públicos. La inversión para lograrlo, entre septiembre del 2021 y mayo 2024, es mayor a los $18 mil millones.
Pero la solución definitiva depende también de la Nación. Desde el gobierno nacional, la respuesta a los asentamientos ha estado dividida entre la Unidad de Víctimas y uno de los Viceministerios del Interior, con participaciones del Icbf o del DPS.
Esa respuesta fragmentaria no ha conseguido organizar un retorno para los embera. Según dos funcionarios del Distrito, que piden la reserva de sus nombres para no generar tensiones, la respuesta articulada tiene diferencias de visiones sobre los retornos.
La primera entidad nacional que está metida en el tema es la Unidad de Víctimas. Por ahora, su directora es la abogada Patricia Tobón Yagarí, quien también hace parte de la comunidad embera y tiene un historial como defensora de los derechos de las comunidades indígenas y afro en el país.
La Unidad ha estado encargada de articular a las diferentes entidades en la respuesta. “El objetivo es acompañar, en una concertación, a la comunidad embera con las distintas entidades”, le dijo a La Silla la directora Tobón. En ese trabajo, la Unidad lidera la estrategia, desde el gobierno nacional, de intervención integral en el territorio.
“Esto desborda las competencias de la Unidad, porque tenemos la situación de un territorio indígena que tiene problemas que han ido creciendo y una población que está dependiendo alimentariamente de las ayudas del gobierno nacional, porque en esta comunidad, de un resguardo específico (el Alto Andágueda, en Chocó), la mendicidad se convirtió en un sistema de economía familiar”, explica Tobón.
Pese a ese esfuerzo, en el Parque Nacional la Unidad no se percibe, ni por su trabajo, ni por su cercanía étnica con los grupos allí asentados. “Ella es de un grupo embera que vive muy lejos, vive por Jardín, Antioquia, y en este momento ese trabajo de Patricia Tobón no se ve aquí”, dice Elkin Vitucay Cintua, uno de los líderes del Parque.
Según cuenta, en el Parque tienen encuentros con funcionarios de la Unidad o de la Secretaría cuando tienen reuniones. “Pero ellos no le entregan a uno sus contactos, porque necesitamos a veces llamarlos, y solo entregan sus correos electrónicos. Pero, ¿un embera que no tiene datos, que no tiene minutos? ¿Si no tiene internet, no tiene computador, cómo va a hablar con ellos?”, dice Vitucay.
Los dos funcionarios del Distrito cuentan que su trabajo se ha visto obstaculizado por la posibilidad de que Tobón saliera de la Unidad. El 19 de abril, la funcionaria entregó al presidente Petro su carta de renuncia. Para reemplazarla, en la página de Presidencia fue publicado el nombre de Lilia Solano, la actual viceministra para el diálogo social en el MinInterior. Pero el nombramiento no se ha dado.
Solano ha participado en la resolución de los asentamientos embera en la ciudad. Lideró una negociación en marzo, cuando la comunidad hizo un plantón frente al Ministerio de Vivienda, exigiendo mejores condiciones para sus casas en los resguardos. Después de la negociación, Solano anunció un acuerdo con la comunidad, que incluía el retorno de 129 familias de Bogotá hacia sus resguardos, pero estos no se han terminado de materializar.
Para Tobón, su renuncia “no tiene nada que ver con esto. Tenemos, como gobierno nacional, que resolver este problema y hemos venido trabajando. En el caso mío, yo trabajo hasta el último día y no puedo parar los procesos”.
La funcionaria explica que la articulación “es de lo más difícil del mundo”. Entre las razones, dice que no todas las entidades han asignado plata para el tema, que hay diferencia de visiones sobre si el retorno resuelve o no los asentamientos. “La corresponsabilidad de las entidades no ha sido la más oportuna”, admite. Cuenta que para esa articulación son clave los espacios como la Asamblea Embera, que será el 21 y 22 de junio.
Indígenas no quieren un retorno colectivo
Más allá de los retos burocráticos, la medida de retorno es compleja, pues no todos los indígenas que están asentados en la ciudad están de acuerdo con regresar a sus territorios.
Ese regreso se puede hacer en dos modelos distintos. Por un lado, los retornos colectivos son organizados por el trabajo articulado entre Nación y Distrito, para que salga un bus desde la capital y recorra las más de 10 horas de carretera que separan a Bogotá de los resguardos embera, ubicados en los municipios de Bagadó, en el departamento del Chocó, o en Pueblo Rico, Risaralda.
Además de organizar el transporte, el gobierno o el Distrito suele acompañar el retorno colectivo con insumos para construcción, agricultura, u otros para los indígenas en los resguardos. Por ejemplo, en el retorno que acompañó el secretario Quintero en 2018, llevaron una cocina industrial para la escuela del resguardo.
Por otro lado, está el retorno individual, en el que cada familia o un grupo de individuos recibe un dinero de parte de la Nación o del Distrito para hacer el viaje. Este no depende de la logística estatal, sino de lo que organice cada uno de los grupos de indígenas a los que se les entregue el dinero para viajar.
Para el Distrito, el retorno colectivo es la mejor opción. “Nuestra prioridad es desalojar el Parque Nacional, pero el retorno colectivo también ayudaría a aliviar el hacinamiento en La Rioja o en La Florida”, le dijo a La Silla el secretario Quintero.
Sin embargo, entre los indígenas que están asentados en Bogotá, el retorno colectivo al que le apuestan las entidades, es una opción poco atractiva. “Solamente hablan cada día de temas de retorno para presionar hacia el territorio sin garantizar nada, nosotros queremos individual, pero entidades del gobierno nacional y de distrito quieren colectivo, pues por esa razón, la población regresan acá a Bogotá otra vez, como allá no hay nada para nuestras vidas”, dice Leonivar Campo Murillo, uno de los líderes asentados en La Rioja.
Para el líder Vitucay, del Parque Nacional, el retorno colectivo es una forma de “lavarse las manos”. “No nos conviene porque nos llevan sin garantías al territorio, nos dejan allá de manos cruzadas, sin vivienda, sin platas”, dice el líder embera.
Para el retorno, la comunidad pide garantías que van más allá de la seguridad en los resguardos, que es el primer argumento que usan los embera para justificar su llegada a Bogotá. “Necesitamos que se garantice una reparación a los que retornen. Que puede ser en forma de viviendas, producción de programas o unos subsidios, para las familias individuales”, dice el líder Campo Murillo.
Aunque para Bogotá el retorno es clave, para el gobierno nacional esta no es la solución definitiva. “Han encontrado en la mendicidad una salida económica para sus familias, por eso estamos diciéndole a las entidades territoriales que necesitamos trabajar en esto, que no se resuelve pensando que se van a devolver a los territorios”, dice Tobón.
Para el antropólogo Bastien Bosa, de la Universidad del Rosario, este no es un rasgo cultural de esta comunidad, sino una respuesta a un contexto de desplazamiento y violencia, que no les permite tener autonomía. “Las entidades hacen lo que pueden, pero no se ofrece una solución real en donde se den condiciones para ellos tener una vida digna y proyectos propios, de largo plazo. El horizonte no es solamente recibir unas ayudas para permanecer en una situación de dependencia y precariedad”, explica.
“Tenemos dos planes, algunos quieren retornar individualmente, otros se quieren reubicar. El problema es que si en ese proceso lo matan a uno, uno solo es el que responde, el gobierno ahí ya no aparece”, dice el líder, quien le mostró a La Silla la solicitud que le hizo a la UNP para una medida de protección por las amenazas que recibió de la guerrilla antes de salir de su resguardo.
Los embera prefieren ser reubicados
Elkin Vitucay Cintua llegó a Bogotá hace 12 años. Cuenta que salió del resguardo Cascajero, ubicado en el departamento del Chocó, después de que la guerrilla lo amenazara. Hoy vive en el Parque Nacional, pero también ha vivido en el asentamiento de La Rioja, en donde hoy hay cerca de 453 indígenas.
“El que quiere retornar, sufrirá por allá. Porque los embera, cuando llegan a la comunidad necesitan su maíz, su herramienta, un techo, ¿quién le va a construir? Si llevan todas las tablas, pero uno no sabe construir, le toca contratar a alguien para que le haga su casa. Por eso el retorno es muy complicado”, dice el líder Vitucay.
Cuenta que han “hablado bien bonito” con la Unidad de Víctimas sobre su salida del Parque. “Nos dijeron que si no queremos retornar, si queremos reubicar, ellos nos entregan la tierra para que podamos hacerlo. Fuera de Bogotá. Aquí es muy difícil, si queremos vivir aquí, tenemos que hacerlo con nuestra plata, para eso nos tocaría trabajar”, dice.
La reubicación consiste en llevar grupos de emberas a una zona en la que puedan tener una vida digna, pero fuera de su resguardo. El lío es que en Bogotá, no podrían reubicarse, pues como la comunidad no tiene independencia financiera, el Distrito tendría que asumir de manera permanente la alimentación y el sostenimiento de esa comunidad.
Para el secretario Quintero, esa dependencia no es una solución. “Estamos planeando una ruta de integración local, pero son rutas más individuales, para que lleguen por familias a distintos lugares. Si es el caso, entregar algunos auxilios de arrendamiento y que la comunidad se ajuste a las rutas de asistencia social del Distrito”, dice.
Una de las opciones que contempla la comunidad es ser reubicados en Quibdó. Según el líder Vitucay, ya han tenido acercamientos con la comunidad Katío que vive en la capital del Chocó. “Pero todavía no sabemos con quién nos podemos quedar, qué organización va a responder allá. Todo eso nos tocaría por el lado de nosotros resolverlo”, dice.
Por ahora, en lo que va del año, han muerto dos niños embera en el Parque Nacional. Desde que se regresaron el frío y las lluvias a Bogotá, en el asentamiento se oyen los tosidos de niños y adultos que caminan descalzos y se cubren con chaquetas de cualquier talla, color y condición. Por ahora, la ruta de regreso para los embera no es clara, y tampoco se sabe si la terminarán tomando.
