El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso. La declaración de López ante la Corte Suprema de Justicia, publicada por Noticias Caracol, apunta a senadores y representantes aliados del gobierno y de la oposición que tienen una cosa en común: han jugado un rol muy cercano a la gestión de Bonilla y los temas económicos.
“Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos”, dijo López en la confesión que lo autoincrimina en actos graves de corrupción.
Luego se conocieron chats de WhatsApp entre Sneyder Pinilla, subdirector de Gestión del Riesgo; Jaime Ramírez, enlace del gobierno con el Congreso, y el ministro Bonilla, que mostrarían que el jefe de la cartera económica ordenó el direccionamiento de contratos a aliados de congresistas para lograr votaciones a favor del gobierno.
El listado de Olmedo incluye a los representantes Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. Además de pertenecer a las comisiones Tercera, donde se tramitan los presupuestos, las reformas tributarias y las adiciones, los seis tienen en común que pertenecen a la Comisión de Crédito Público, poco visible pero de suma importancia para la gestión de Bonilla. (Consulte acá nuestro especial de Quién es Quién del Congreso)
Esa Comisión es la que le da luz verde al Ministerio de Hacienda para conseguir plata prestada a nivel internacional y autoriza invertir los préstamos para financiar proyectos estratégicos del gobierno. Con Bonilla en el Ministerio, esa Comisión sesionó seis veces y aprobó 13 operaciones de crédito que ascienden a más de 3.500 millones de dólares. Las filtraciones publicadas hasta ahora aportan pruebas comprometedoras de que el gobierno entregó proyectos, mermelada, a cambio de esas aprobaciones.
La Comisión de la plata prestada que debe aceitar un MinHacienda
La Comisión de Crédito Público la integran ocho congresistas. Cinco representantes a la Cámara (transitoriamente dos curules de paz) y tres senadores. Deben pertenecer a las comisiones Tercera, que son los que manejan los proyectos económicos.
En esa Comisión también están el representante Jhon Freddy Núñez, de la curul de paz, y la senadora Imelda Daza, de Comunes. Ellos no están señalados en las declaraciones de Olmedo.
Esa Comisión es poco mediática porque solo se reúne cuando el gobierno presenta solicitudes para acceder a créditos, de acuerdo a la disponibilidad que hay en los cupos de endeudamiento. Entre agosto y diciembre de 2023 esa comisión sesionó seis veces para debatir y tramitar 13 peticiones que presentó el Ministerio de Hacienda.
La primera reunión fue el 30 de agosto y en esa sesión fue viabilizada una solicitud para conseguir prestados 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El Ministerio señaló que esa plata se iba a usar para financiar el presupuesto nacional.
Luego, en la segunda reunión, del 9 de noviembre, la Comisión no hizo ninguna autorización, como consta en el documento que revela La Silla. Según una fuente enterada, que pidió no revelar su nombre, en esa reunión varios congresistas empezaron a dar largas con las aprobaciones para presionar al gobierno. El director de Crédito Público del MinHacienda, José Roberto Acosta, les reclamó a los congresistas la táctica dilatoria.
Después de esa reunión, el ministro Bonilla asumió directamente la representación del ministerio en la Comisión y Acosta dejó de ser invitado. Esa versión la confirmó una fuente dentro del gobierno. Acosta no respondió preguntas de La Silla Vacía.
La siguiente sesión fue del 23 de noviembre y ahí fueron avalados tres créditos por 900 millones de dólares con la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo), la Corporación Andina de Fomento y el BID. Su destino fue fondear programas estratégicos del gobierno como la transición energética.
De esa línea de transición energética salió, por ejemplo, la plata que se envió al Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, que se ha convertido en un fortín de contratos, entregados con irregularidades como denunció La Silla Vacía, para la malla empresaria de Euclides Torres, presunto financiador de la campaña de Petro Presidente.
Las sesiones de la Comisión de Crédito siguieron el 6 de diciembre con la luz verde a un pedido para hacer un crédito de 150 millones de euros con el Banco de Desarrollo de Alemania. Plata, según Hacienda, dirigida a la política de igualdad de género dentro del presupuesto nacional.
El 12 de diciembre fue el día más productivo en esa comisión. Ese día fueron aprobados cinco conceptos para hacer créditos por 585 millones de dólares con el Banco de Alemania, la Caf y banca comercial.
Una de esas cinco operaciones fue para Gecelca, una empresa del sector eléctrico del país que es propiedad del gobierno a través del Ministerio de Hacienda. La plata que se autorizó fue para el pago de proveedores y el mantenimiento de las generadoras.
El 14 de diciembre aparece un chat entre Jaime Ramírez, enlace de Casa de Nariño en el Congreso, y Sneyder Pinilla, subdirector de Gestión, en el que se habla de la necesidad de sacar adelante unos proyectos a favor de unos congresistas, que son los del Crédito Público.
“Lo entendemos, de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso la urgencia”, dice Ramírez. Se refiere a un cuadro con tres proyectos que se debían priorizar en Córdoba, Bolívar y Arauca para, según Olmedo, favorecer a los seis congresistas de la Comisión de Crédito. Eran contratos por 92 mil millones de pesos.
Ese mismo día, es decir, el 14 de diciembre, también registran chats del ministro Bonilla con Pinilla preguntando por el avance de los proyectos.
Después, Bonilla deja el tema en manos de María Alejandra Benavides, su asesora de despacho. Ella, según los chats, le envía los contactos de los tres enlaces con las alcaldías de los municipios donde debe llegar la plata.
El último movimiento que la Comisión de Crédito le avaló al Ministerio fue el 15 de diciembre. Se sometió un pedido para que Findeter asumiera un crédito por 150 millones de dólares para financiar un programa de desarrollo urbano.
Findeter es una entidad burocrática del partido Liberal, especialmente de la bancada de mujeres de la Cámara de Representantes, pero también ligada al senador Juan Pablo Gallo, un liberal opositor al gobierno Petro. Él reconoció que tiene un familiar con grado consanguinidad que trabaja ahí.
Todas esas operaciones terminaron siendo aprobadas por las mayorías de esa comisión. Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y la senadora Liliana Bitar, firmaron un informe que detalla esa gestión durante el semestre anterior. Ellos son los mismos, más Juan Pablo Gallo, que Olmedo López dice se iban a beneficiar con contratos direccionados por el ministro de Hacienda.
Operaciones Crédito público by La Silla Vacía
Esas operaciones de la Comisión también coinciden con un dato que entregó Olmedo. Que hubo una reunión el 27 de noviembre de 2023 en Casa de Nariño donde se habrían dado instrucciones para entregar contratos a esos congresistas.
Los que firmaron la adición a Gestión del Riesgo
Algunos de los señalados por Olmedo también fueron claves en una movida que favoreció presupuestalmente a la Unidad de Gestión del Riesgo, desde donde se alcanzaron a repartir contratos a congresistas, como han confesado López y Sneyder Pinilla, el subdirector quien también ha confesado haber participado en el entramado de corrupción.
Como reveló La Silla, el 14 de junio de 2023, el Congreso tramitó un proyecto de adición presupuestal de 16.9 billones de pesos de la reforma tributaria. En el proyecto de ponencia avalado por el Ministerio de Hacienda y la mayoría de los congresistas de las comisiones económicas, estaba establecida una adición de 300 mil millones de pesos para el presupuesto de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian.
Pero en medio del debate, el senador liberal Juan Diego Echavarría presentó una proposición para quitarle 200 mil millones a la Dian y en su lugar pasarlos a la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, Ungrd.
La carta de Echavarría tuvo la firma de unos 20 congresistas más de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y de la Alianza Verde. Entre ellos, Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, y el representante Manzur, tres de los señalados por Olmedo.
Ese día sorprendió que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dio la bendición a esa propuesta. Como se trata de un ajuste presupuestal, cualquier modificación necesita sí o sí el aval del gobierno. Fue la única proposición de las 23 proposiciones presentadas para hacer cambios que el ministro Bonilla aceptó, y que dentro del gobierno se convirtió en una fuente de roces tempranos con el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes.
Según el testimonio de Olmedo revelado por Caracol, esa movida de plata fue pensada para direccionar recursos de la Unidad a favor de los congresistas escogidos por Bonilla y el gobierno.
Los representantes Juan Diego Muñoz y Julián Peinado, también señalados por Olmedo, fueron coordinadores ponentes de ese proyecto de adición. Y votaron por su aprobación.
