En la final de la Copa América, el pasado domingo 14 de julio, se perdió el partido contra la selección de Argentina y se produjeron unos hechos extremadamente vergonzosos para el país por cuenta de las acciones vandálicas de varios hinchas colombianos que intentaron entrar al lugar sin haber adquirido boletas. Causaron destrozos, se enfrentaron con la policía y provocaron un verdadero caos. Más tarde pudimos ver, en el nivel más alto del indecoroso incidente, al mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún y a su hijo Ramón Jamil Jesurún, gritando, pateando y agrediendo al personal de seguridad del estadio. Pero el novelón no termino allí, después de que fueron detenidos, la FCF publicó un comunicado justificando los hechos, ciertamente delictivos, del directivo y su familia. De este modo, la FCF, en acto de solidaridad nacionalista, puso su sistema disciplinario al servicio de la exculpación de la responsabilidad de un padre de familia iracundo. ¡Qué indignidad!

Realmente fue penosa y vergonzosa toda esta situación, pero es importante plantear que lo que sucedió no es expresión de una actitud violenta por naturaleza de los colombianos, como lo dijeron muchos columnistas y políticos del autoproclamado gremio de “los buenos somos más”. Los seres humanos no somos violentos por naturaleza, y los colombianos tampoco lo somos. La violencia es el resultado de la configuración de las relaciones sociales y el poder, de ciertas condiciones y contextos que influyen en los comportamientos humanos. 

Desafortunadamente, hemos vivido durante muchos años pensando que la violencia es la única vía para resolver los conflictos. Pero es aquí donde es necesario establecer una relación entre fenómenos como el vandalismo, la descivilización, la lumpenización y la educación.

La educación debe servir, entre otras cosas, para hacer que los individuos, determinados por su naturaleza —instintos, pasiones, deseos, anhelos y fantasías— puedan superar su condición de seres naturales y pasar así por un proceso formativo que les permita, como ciudadanos, participar en la creación de un orden estatal democrático, pacificado, en el cual puedan actuar de manera autónoma, y reconocer libremente las razones por las que se debe respetar a los demás, al derecho y la libertad de los otros.

El estudiante debe ser moldeado, cultivado, por medio de prácticas, disciplinas, artes que desarrollen su sensibilidad, emociones solidarias y empatía por los otros, de manera que pueda compartir con la sociedad humana un mundo común de sentimientos e ideales. En este sentido, ha sido afirmado por filósofos como Kant, Rousseau, Nussbaum y Honneth, que hay una relación sistemática entre educación y democracia. Por esto se requiere que haya una buena educación para todos los miembros de una comunidad política, pues si esta se consigue se podrá alcanzar un orden estatal democrático, igualitario y justo en la mayoría de los casos.

Entonces, cuando estamos frente a hechos de vandalismo, violencia o descivilización, no estamos ante colombianos, “violentos por naturaleza”, que nos producen pena ajena y vergüenza. Estamos frente al hecho y las consecuencias de la carencia de una “buena educación” para todos los ciudadanos y una adecuada integración en la sociedad. En Colombia no se ha podido articular la relación sistemática entre educación y democracia, porque este proyecto del liberalismo social no ha estado nunca en el interés de nuestros dirigentes políticos.

En nuestro país, ha sido ampliamente diagnosticado, que tenemos un sistema de apartheid educativo, en el que cada clase social estudia por aparte y los ricos reciben una educación de mejor calidad, lo cual determina que todos los jóvenes permanezcan en el estrato social en el que nacieron. Este apartheid educativo le cierra el paso a los jóvenes de los sectores más pobres para que desarrollen sus capacidades creativas, cognitivas, artísticas, deportivas y políticas, generando así inmovilidad social. 

En el núcleo del proyecto de ley estatutaria de educación se planteó cómo articular la relación sistemática entre educación y democracia. El proyecto pretendía una transformación radical del sistema educativo imperante y se buscaba garantizar el acceso universal y equitativo a la educación, la gratuidad, la superación de las inequidades; promocionar la calidad educativa, fortalecer la participación de todos los actores en el proceso educativo. Pero esta propuesta fracasó tras hundirse en el Congreso por la oposición cerril y sectaria del Centro Democrático y sus aliados.

Y triunfó la visión economicista y neoliberal, que desde hace décadas ha concebido la educación en el marco de los estándares de un capitalismo académico, en el cual se piensa la enseñanza en función del desarrollo de capacidades aprovechables desde el punto de vista puramente económico. Para los defensores de esta visión, el fin de la educación debe ser exclusivamente contribuir a la generación del crecimiento económico, dejando de lado la distribución y la igualdad social, las condiciones educativas de la democracia, y aspectos centrales como la calidad de la vida de un ser humano, la salud y la educación.De este modo, se puede afirmar que cuando la relación sistemática entre educación y democracia no se puede desarrollar en una determinada sociedad aparecen entonces patologías sociales. La sociedad entra en la senda de la descivilización, en la cual se dan en los espacios públicos formas de furia descontrolada; el odio se expresa abiertamente; sentimientos peligrosos, fantasías de violencia e incluso el deseo de matar son expresados de manera frívola tanto por jóvenes desaforados como por dirigentes deportivos.

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En Colombia debemos –por razones éticas, políticas, jurídicas y pragmáticas– continuar buscando la paz.

Éticas porque nuestro país, con más de 50 años de conflicto armado, debe poder alcanzar el momento en el cual se consiga la suspensión más o menos duradera de la violencia. Esta ha producido un mundo injusto en el que la dignidad de muchos hombres, mujeres y niños ha sido pisoteada, y grandes grupos de la población han sido humillados, ofendidos, excluidos, asesinados y desaparecidos. 

Según el informe de la Comisión de la Verdad, existen registros de 450.664 homicidios y 121.785 desapariciones forzadas entre 1985 y 2016. Se incluyen los 6.402 “falsos positivos” cometidos entre 2002 y 2008 por miembros del Ejército. Además, han sido civiles en su mayoría las 50.770 personas secuestradas entre 1990 y 2018, por las Farc (40 %), los paramilitares (24 %), el ELN (19 %). 

Políticas porque Colombia debe salir de aquella condición que Hobbes denominó estado de naturaleza –un estado de guerra universal y perpetua– son para buscar la paz y así superar una realidad dominada por la violencia y la venganza, y entrar al mundo de la sociedad civil, el respeto, la solidaridad y la decencia. 

El Acuerdo de Paz, pactado con las Farc, fue un paso fundamental porque permitió convertir a la más poderosa guerrilla en Colombia en toda su historia en una organización política que busca, mediante la argumentación, la ampliación de la democracia. Aún, a pesar de todos los incumplimientos del Estado y de la violencia que se sigue dando contra los exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo. Desde 2016, se han registrado 406 firmantes de paz asesinados.

Jurídicas porque hacer la paz significa no solo poner punto final a las hostilidades, sino también instaurar un Estado jurídicamente regulado que tienda a tener una cierta estabilidad. El derecho es un orden para promover la paz. Tiene por objeto que quienes viven en una determinada sociedad puedan solucionar sus conflictos de una manera pacífica, sin recurrir a la violencia.

Pragmáticas que tienen que ver con el hecho de que la sociedad colombiana como cualquier otra debe luchar para sobrevivir frente a las demás sociedades que compiten para mantenerse en la lucha por el poder. El poder se basa en recursos, dinero, capital social, conocimientos; una sociedad que debe concentrar una gran parte de su poder para enfrentar un conflicto armado interno e invertir en ella una gran parte de sus recursos, quedará rezagada frente a las demás.

Además de estas razones en favor de la paz, es importante insistir en que el conflicto armado fue resultado de causas sociales y políticas. La violencia, afirman muchos estudiosos de nuestra historia, tuvo un origen social, en la pobreza, el abandono y la desigualdad. 

La superación de las causas históricas del conflicto armado —y la paz— pasa por señalar la responsabilidad individual y colectiva de todos aquellos actores involucrados en los graves crímenes perpetrados en una guerra larga y degradada de más de 50 años, y su respectiva imputación penal o restaurativa. Estos responsables son las guerrillas, el Ejército, los paramilitares, las bandas criminales, los narcotraficantes y los terceros civiles.

Alcanzar la paz, partiendo del proceso con las Farc, no ha sido una tarea fácil, pues no basta con deponer las armas o no hacer más la guerra, sino que es necesario instaurar un orden jurídico  –la JEP, la Comisión de la Verdad, la política de tierras, etc.– que tramite satisfactoriamente las consecuencias de la guerra. Estos son procesos de media o larga duración, frente a los cuales es conveniente tener paciencia histórica. 

En el caso de la Paz Total con grupos tan disímiles como el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, con tanto ego histórico atravesado, está siendo todo realmente más complicado. Esto explica de alguna manera el aumento del escepticismo de una buena parte de la sociedad frente a la paz.

Sin embargo, es complicado que esta posición escéptica de sectores del centro político y de una buena parte de sus intelectuales, se articule con la posición negacionista del conflicto armado y la memoria histórica, que ha representado la derecha. Sabemos que, en una coyuntura como esta, la derecha arrastra al centro. Así, escépticos y negacionistas terminan unidos para actuar contra la paz a partir de un diagnóstico común que se puede resumir de la siguiente forma.

Los negacionistas parten de considerar que en Colombia no ha habido en los últimos 50 años una guerra o un conflicto armado, sino que el Estado desplegó sus instrumentos coercitivos de violencia contra grupos insurgentes y/o grupos terroristas que se levantaron en armas, los cuales fueron casi reducidos bajo la política de seguridad democrática y por esto tendrían que ser juzgados como delincuentes por la justicia ordinaria del Estado y no por la justicia transicional, que es, afirman, una justicia “política”.

De esto deducen que es necesario suspender toda la parafernalia de la paz –la JEP, la Comisión de la Verdad, la Paz Total– y preparar a la sociedad y a sus fuerzas armadas para una confrontación militar del Estado con las bandas criminales y terroristas, para que, con el apoyo de la población, se pueda vencer al enemigo y someterlo a la “justicia de los vencedores”. Ya retumban los tambores de guerra en los discursos de los próximos candidatos y candidatas presidenciales.

Se trata con esto de una nueva versión de una vieja práctica: juzgar solamente a los vencidos en la guerra, dejando por fuera de toda imputación a los autores de crímenes atroces relacionados con las autoridades estatales, fuerzas armadas y terceros civiles. Esto ha sido denominado en otros lares la “paz de los sepulcros”, frente a la cual hay que seguir insistiendo en la paz negativa del Acuerdo Final que pone el énfasis en la ausencia de guerra, de violencia directa y busca poner fin al conflicto armado. Pero esta paz negativa debe ir acompañada de una paz positiva que es una paz con justicia social, como se lee en la encíclica Gaudium et spes (alegría y esperanza).

“La paz no es la simple ausencia de guerra, sino que se define con toda exactitud así: obra de la justicia, opus iustitiae, pax”, dice Norberto Bobbio.

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En Colombia se han dado grandes ciclos de la violencia: el de las guerras civiles durante el siglo XIX, la violencia a mitad del siglo XX, las insurgencias desde los años 60, la violencia paramilitar de los 80 y, en los últimos años, el ciclo de lo que se puede llamar del dominio de la criminalidad mafiosa. Este nuevo ciclo, posterior al Acuerdo Final de Paz con las Farc, es consecuencia de que no se han tramitado de manera satisfactoria los compromisos que allí se acordaron, en relación con la seguridad de los exguerrilleros que se involucraron en el proceso de paz (406 firmantes de paz asesinados), las transformaciones en el campo relacionadas con la adjudicación de tierras para los campesinos pobres, la implementación de políticas sociales sobre educación, salud, trabajo, y las críticas de los exjefes de las Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la lentitud en los procesos penales y restaurativos y por el tratamiento de la amnistía. 

La muy lenta o casi ninguna reacción del Estado a estos y a muchos otros puntos del Acuerdo la está pagando la sociedad colombiana en la forma de un nuevo estallido del conflicto violento. De este modo, el descenso de la violencia armada que se produjo tras la firma del Acuerdo, se está transformando, ocho años después de su firma, en un nuevo conflicto violento con una cantidad de actores motivados básicamente por la riqueza y el poder que genera el narcotráfico —muchos de ellos, pertenecientes a organizaciones criminales sin ningún interés político o altruista—

A pesar del retroceso político producido por el resurgimiento de la violencia en varias regiones del país no podemos perder de vista que en Colombia se planteó como alternativa para superar el conflicto armado una vía que articulaba la política y el derecho como mecanismos para construir un futuro donde la paz pudiera ser una realidad estable. Para ponerle fin a las Farc como aparato de violencia, la más poderosa guerrilla en Colombia en toda su historia, fue necesario que se pudiera actuar con el derecho. 

Esta perspectiva, “la paz por medio del derecho” —aunque se den nuevamente salidas violentas, y aunque el ELN instrumentalice la mesa de negociaciones a fin de esperar el momento revolucionario para hacer una insurrección armada— es la más indicada hoy para desarrollar procesos de negociación con aquellos grupos guerrilleros vinculados con un ideal político, como el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC).

Para poder dar respuesta a los millones de víctimas de los diferentes actores de la guerra, a los que perdieron a sus familiares, tierras y pertenencias, que sufrieron el secuestro, el asesinato, la violación sexual de las mujeres y la desaparición de sus hijos —falsos positivos— se establecieron en el Acuerdo dos mecanismos: un sistema judicial para determinar las responsabilidades, y así juzgar a los culpables, de acuerdo con una concepción simultáneamente restaurativa y retributiva de la justicia penal, y una Comisión de la Verdad (CV), que analizó las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario cometidas durante el conflicto armado.

En el modelo de justicia transicional desarrollado para y con las Farc, se buscó que la contradicción entre las demandas de justicia y las exigencias de paz, fueran ponderadas de forma tal que los imperativos de justicia no hicieran imposible la negociación del fin del conflicto. Este equilibrio se consiguió mediante un cierto sacrificio de la justicia, que consistió en tratar las graves violaciones de derechos humanos, mediante una visión de justicia restaurativa que comprendió, entre otras cosas, unas sanciones “propias” y “alternativas” que son, en términos retributivos, menores que las previstas en la justicia ordinaria.

Sin embargo, hay sectores de la sociedad y la política que, independientemente de lo que ha significado desarticular el aparato militar de las Farc para que dejara de ser un factor de violencia en el país, cuestionan por razones políticas e ideológicas la totalidad del proceso, a la JEP, la CV, la política de tierras, etc. Han disminuido la intensidad del ataque contra la CV y su Informe y ahora están enfocados en la JEP.

Es falso decir que la JEP perdió su norte, que favorece y escoge a un tipo particular de víctima, a la cual revictimiza. Es falso porque la JEP mediante los procesos judiciales debe posibilitar precisamente que los responsables reconozcan el daño que le hicieron a las víctimas y que asuman su responsabilidad. 

Es totalmente incorrecto aseverar que las penas son demasiado light para la gravedad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las penas restaurativas no son un invento de la JEP, son parte esencial del éxito de la negociación para llegar al Acuerdo. Comparar a la JEP con Justicia y Paz en relación con el número de personas para señalar un apetito burocrático de los magistrados de la JEP, no tiene proporción. Son instituciones de naturaleza muy diferente, con una población objeto de procesos judiciales muy grande, con funciones y una organización administrativa muy distinta.

De otro lado, las Farc han criticado fuertemente a la JEP en los últimos meses, alegando la demora en las amnistías, y el temor a que no haya una sola resolución de conclusiones. Frente a lo primero, la JEP afirmó que alrededor del 85% de las personas que se desmovilizaron ya tienen su amnistía resuelta y que por tanto ellos puedan ejercer ya sus derechos de ciudadanía. Faltan algunas amnistías que están en proceso. Sobre lo segundo, se debe entender que los procesos de la JEP son muchos y muy complejos. 

Según la última actualización de sus informes públicos, la JEP presentó los siguientes resultados: 14.170 personas sometidas a la JEP; 340.832 víctimas acreditadas en los once macro casos abiertos; 42.710 decisiones judiciales adoptadas; 2.185 amnistías no concedidas y 374 concedidas. 

Pienso, finalmente, que podemos imaginarnos toda esta historia como el proceso de evolución de una sociedad que estructura la paz a partir del desarrollo natural del derecho, por medio del cual se busca el fin de la guerra, de la violencia directa y poner fin al conflicto armado. Como Kant y Kelsen lo plantearon, el progreso de la historia humana parece depender del desarrollo de la sociedad jurídica. Por tanto, es necesario que un programa de prevención comprensiva de la violencia originada en conflictos, convierta en materia de derecho toda zona de conflicto. Una imagen pues de progreso jurídico, que evoca la filosofía kantiana, con las sucesivas salidas del estado de naturaleza. “Una paz duradera”, aseveró Kant, “no es una idea vacía, sino una tarea que, resolviéndose poco a poco, se acerca permanentemente a su fin”.

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La defensa de la democracia liberal no puede basarse solamente en la defensa de unos valores que han sido incorporados en una determinada constitución, ni puede fundamentarse en la pertenencia histórica de nuestro país a una tradición que se ha definido a sí misma como liberal, pacífica, abierta y cosmopolita, ni tampoco reducirse a la frase formal “una democracia digna de ese nombre solo existe entonces si se garantizan los derechos fundamentales”, como lo afirma Rodrigo Uprimny.

Los derechos individuales, civiles y políticos pueden ser entendidos como esencias constitucionales, como lo hizo John Rawls, pero ellos deben cumplir aquello que el liberalismo igualitario estableció: la libertad real no es solamente un formalismo vacío, requiere que las personas tengan los poderes, las oportunidades, y los recursos que les permiten actuar como libremente lo elijan. En nuestro país no es posible aceptar la broma de Anatole France “de que en Francia todos son iguales y son libres, pues tanto el rico como el pobre tienen la libertad de dormir bajo los puentes”.

Para comprender y pensar los problemas de la democracia actual es necesario salir de una pura reflexión normativa, abstracta, basada en modelos de democracias exitosas del primer mundo que se proyectan a los demás países, como lo hicieron Daron Acemoglu y James Robinson en “Por qué fracasan las naciones”, y entrar a un análisis situado, como lo propone Laura Quintana.

Así, lo primero a lo que hay que referirse es a los hechos. La democracia vive un profundo retroceso a nivel global. El índice de democracia de The Economist del 2023, que analiza el estado de la democracia en 165 países, refleja que menos de la mitad de la población del planeta, cerca del 46%, vive en algún tipo de democracia, aunque solo un 8% lo hace en alguna de las 24 democracias plenas. Existen 59 regímenes autoritarios que aglutinan a más de un 39% de la población mundial, debido principalmente a la situación que vive China y sus cerca de 1.400 millones de habitantes.

Y aunque los Estados europeos –especialmente los nórdicos– son los que lideran el indicador de democracia, Europa vive una profunda crisis como resultado del ascenso de las fuerzas políticas de ultraderecha en las últimas elecciones europeas, especialmente en Francia y Alemania, que abogan por destruir el modelo actual de la Unión Europea. La extrema derecha busca el debilitamiento de todas las estructuras democráticas, empezando por una reestructuración del Estado de bienestar, con ataques al poder judicial independiente y a los medios de comunicación críticos. 

Lo que está causando esta situación en Europa y en los Estados Unidos es cómo contener la migración. En Estados Unidos el número de migrantes en 2020 era de 50.6 millones, en Alemania 15.8, en Francia 8.5, en Arabia Saudí 13.5. La solución que se está implementando en estos países —la reacción extrema— es el retorno de un nacionalismo atávico, políticas de rechazo, legislaciones severamente restrictivas, abandono de gente que busca refugio, muros, alambradas, vallas electrificadas.

El segundo hecho que debemos analizar para entender el problema del retroceso de la democracia en América Latina y África es la relación entre el rechazo a la migración y las causas que la producen. Es decir, las migraciones son el resultado del fracaso de la economía en los países del sur global, que también se producen por la guerra, la explotación, la miseria, la falta de oportunidades, la inseguridad, la falta de trabajo. Las migraciones son la consecuencia de la forma como se han articulado las relaciones de poder en el sistema económico y político global. Estas situaciones las generó, en gran parte, el capitalismo —aunque hay también causas internas— que desde la época colonial hasta el presente ha dominado y ejercido un control total mediante la extracción de los recursos naturales de sus colonias y la explotación de los sujetos colonizados.

Estas relaciones de dominación y explotación se han extendido y mantenido hasta el presente y afectan profundamente la formación de las estructuras políticas democráticas en los países del sur global. Las condiciones económicas que ha impuesto el capitalismo en su etapa neoliberal impiden que la ciudadanía pueda participar activamente en la vida política y reducen el estatus de ciudadanía, se podría decir, a un nivel de aseguramiento de libertades económicas que, sin embargo, solo pueden ser aprovechadas por unos pocos, entonces como ahora.

Muchos de los países de América Latina y África, han sido obligados a lo largo de los siglos XX y XXI a aceptar las condiciones de intercambio económico que han impuesto los países más ricos y se les ha impedido construir formas más amplias de democracia. “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”, escribió Eduardo Galeano. 

En América Latina —Nicaragua, Venezuela, Perú, Argentina y El Salvador— la democracia vive también un profundo retroceso. El modelo de Nayib Bukele ha permitido frenar la inseguridad y la violencia, pero a un coste altísimo en violaciones de los derechos humanos. Este modelo de conservadurismo radical o neofascismo se extiende con mucha fuerza por América Latina como lo estamos viendo con Javier Milei y con los cambios propuestos por el legislativo peruano que ha introducido una norma para limitar la aplicación de la justicia interna en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Perú antes del año 2002, promoviendo así la impunidad para los responsables de crímenes atroces.

Una excepción a estos retrocesos lo representan los gobiernos de orientación izquierdista de México, Chile, Brasil, Guatemala y Colombia, que avanzan, con muchas insuficiencias y problemas, pero también con algunos logros concretos, en el proceso de construir un Estado social. Sus presidentes —López Obrador y Petro— se han centrado en la consolidación de grandes programas sociales —reformas a la salud, pensiones, laboral, tributaria— aumentando el salario mínimo, entregando tierras y fertilizantes gratis a los campesinos, poniéndole fin a la subcontratación, introduciendo reformas laborales que han mejorado la situación de los sectores populares, y han entregado también apoyos significativos para millones de ancianos, que permiten que salgan de la miseria. 

El triunfo arrollador en las elecciones en México de Claudia Sheinbaum indica que si se avanza en la consolidación de una política social, los gobiernos de izquierda pueden fortalecer la democracia, avanzar en la igualdad y evitar el retorno de la política de la aniquilación del enemigo. Pero hay que trabajar.

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A menos de dos meses de haber asumido el cargo como rector de la Universidad de Antioquia (UdeA), Jairo Arboleda anunció a los profesores, por medio de la Vicerrectoría de Administración, que el pago de la nómina del periodo nueve de 2024 se postergaría debido a problemas del estado de liquidez actual de la universidad, derivado de la insuficiencia de los pagos y transferencias que recibe periódicamente la institución. Posteriormente en una asamblea general de profesores, el vicerrector general, Elmer Gaviria, presentó los datos sobre la situación financiera de la UdeA, que, aunque no son nuevos, son realmente preocupantes, debido a que las cifras del desfinanciamiento de la universidad —el faltante de recursos de la Ley 30/92 que la UdeA ha tenido que aportar para poder funcionar— para el año 2023 ascendieron a $348.095 millones. 

El desfinanciamiento estructural de las universidades públicas es, según el informe del Sistema de Universidades Estatales (SUE) en 2021, de $17,6 billones al año 2018. Este se ha generado, según este informe, por el impacto económico de diferentes leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, producidas en el período de 1992 a 2011 en materia prestacional y salarial, que crearon nuevas obligaciones a las universidades sin un aporte presupuestal de la Nación para su efectivo cumplimiento. Estas obligaciones han tenido que financiarse con los recursos propios de las universidades públicas ante la insuficiencia de las transferencias de la Ley 30 derivadas de los artículos 86 y 87 que, en promedio, solamente han cubierto cerca del 50% de sus presupuestos. 

La Ley 30 de 1992 congeló los aportes asignados por la Nación a las universidades, determinando que su presupuesto crezca anualmente al mismo ritmo del IPC, es decir no ha habido incremento real, puesto que los gastos han crecido muy por encima de la inflación, producto de nuevas obligaciones legales que han tenido que asumir las universidades públicas: la expansión de cobertura, la cualificación docente, el aumento de la investigación y los compromisos con la calidad.

Como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles y profesorales en el año 2018, las universidades públicas recibieron unos recursos adicionales, resultado del acuerdo de diciembre de 2018 entre el gobierno del presidente Iván Duque y los actores universitarios —$3,03 billones de los cuales el 45,9% fueron recursos a la base presupuestal de las universidades, el 26,4% a los planes de fomento a la calidad, el 16,5% al saneamiento de pasivos y el 7,3% al bienestar—. Esta suma fue insuficiente para superar el acumulado histórico de la desfinanciación. 

Ahora bien, la insuficiencia de recursos no se convirtió en un impedimento para que la UdeA, así como las demás universidades públicas, asumiera un crecimiento de la cobertura educativa y del mejoramiento continuo de la calidad. El número de estudiantes matriculados en las universidades públicas pasó de 159.218 en 1993 a 638.221 estudiantes en 2021. En la UdeA, pasó de 17.687 estudiantes en 1994 a 39.872 en 2024.

Este crecimiento de la cobertura vino acompañado de otros cambios como la cualificación docente, el aumento de la investigación, ampliación de infraestructura, la internacionalización, el bilingüismo, la movilidad de estudiantes entre regiones del país y a nivel internacional, la diversificación y especialización en la oferta de posgrados, los requisitos de acreditación y condiciones de alta calidad para el sector de educación superior, y la ampliación del bienestar, entre otros. 

Todo esto ha sido hecho con los recursos propios generados por las mismas universidades públicas sin el aporte presupuestal de la Nación, lo cual ha terminado produciendo, lo que ha sido denominado un crecimiento misional desbordado.

Esta crisis —resultado del acumulado histórico de desfinanciación y del crecimiento misional desbordado— se ha manifestado de forma dramática en la UdeA con el anuncio de la postergación del pago de la nómina de los profesores. Una situación que puede ser coyuntural pero que puede convertirse en estructural. A la caja para gastos de funcionamiento no llegaron para esta quincena los recursos para cubrir la primera obligación que tiene la universidad, los salarios de sus trabajadores. “La caja que tienen las instituciones universitarias para atender sus gastos de funcionamiento, sobre todo los pagos de nómina, cada vez es más limitada”, escribió Ramón Javier Mesa Callejas. 

Lo que aquí se manifiesta como un síntoma, dramático para los profesores que vemos amenazada la seguridad material de nuestras condiciones de vida, es la expresión de un serio problema estructural, que puede agravarse en la UdeA y que tarde o temprano puede extenderse a las demás universidades públicas, que proviene, como ya lo he dicho, de cómo se estableció su financiación desde la Ley 30 de 1992. 

El problema de la postergación del pago de la nómina, el anuncio de una cifra muy elevada de desfinanciación en la UdeA ($348.095 millones), la utilización de los recursos de los fondos patrimoniales como medida para solventar la falta de liquidez y el diagnóstico de un crecimiento misional desbordado, se ciernen entonces como amenazas para el equilibrio presupuestal de la institución y para su estabilidad política, y puede afectar de manera grave el proyecto educativo que representa la UdeA en la región y el país, porque toda esta situación genera una inseguridad total no solo para los profesores y sus familias, los estudiantes se verán afectados, los profesores y estudiantes están en asamblea permanente, no hay actividades académicas, y así muchas personas que dependen directa e indirectamente de la universidad, podrían resultar perjudicadas.

¿Cómo enfrentar esta situación? Hay varias propuestas. La desfinanciación es un problema estructural que se mantiene y por esto su solución demanda reformar la Ley 30, asunto que fue propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en el proyecto de la nueva Ley Estatutaria de la Educación, que sin embargo, avanza muy lentamente en el Congreso. 

Hay grupos de profesores que proponen modificar el sistema de estímulos para la producción académica por uno de bonificaciones. Un grupo de rectores ha propuesto que las universidades generen recursos propios para financiarse. Hay propuestas de austeridad para revertir el ritmo de crecimiento de los gastos que actualmente es superior al crecimiento de los ingresos. Está diagnosticado que hay un consumo desbordado de tiquetes y viáticos; se invierte en gastos no misionales; se utiliza la figura de contrato de cátedra para actividades administrativas; en muchas facultades los planes de trabajo no comprenden docencia directa; hay profesores que abusan del sistema de asignación de puntaje por publicaciones mediante figuras como la falsa coautoría y la endogamia de los comités de puntajes.

Es necesario, por estas razones, hacer correcciones radicales en la gestión administrativa y financiera, empezando por la rectoría y las vicerrectorías hasta cada una de las decanaturas y direcciones, y volver a pensar el crecimiento que ha tenido la universidad en los últimos años dándole valor a lo que debe ser fundamental y estratégico en la universidad, en cada facultad, escuela e instituto.

Otra situación problemática de la Ley 30 es la limitación a la participación democrática. En el sistema político y administrativo que tenemos, las decisiones sobre el financiamiento de la universidad son tomadas sin contar con la participación de los profesores y estudiantes en aquellos ámbitos donde pueden influir eficazmente en el proceso político y administrativo de la universidad. 

No se trata de defender una idea de democracia directa, sino la de una posible participación de todos, como concernidos, en los procesos de formación de la opinión acerca de las normas o políticas importantes que en cada momento requiere la universidad y en la designación de los directivos.

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La resolución del ministro de Educación encargado, Juan David Correa, –nombrado para ejercer la inspección y vigilancia sobre la Universidad Nacional (Unal)– dice que el Consejo Superior (CSU) debe nombrar un rector o una rectora en encargo, mientras se aclara jurídicamente la legalidad de la designación del profesor Ismael Peña como rector y su muy problemática posesión notarial. Esto ha producido un gran escándalo y un importante debate sobre la autonomía de la universidad.

De un lado están quienes controvierten el proceso de designación del profesor Ismael Peña —los profesores Leopoldo Múnera, Alberto Yepes y Rodrigo Uprimny— que presentaron una demanda ante el Consejo de Estado, en la que denuncian los problemas de legitimidad en el mencionado proceso de designación del profesor Ismael Peña y afirman también que se produjo una violación de los estatutos y reglamentos de la Unal. 

Defienden, además, por razones pragmáticas, la resolución del ministro de Educación encargado para que el CSU nombre un rector o una rectora en encargo, mientras las autoridades judiciales toman una decisión respecto a la legalidad de la designación y posesión notarial del profesor Peña. Sostienen además que la intervención del Ministerio de Educación no constituye una violación o destrucción de la autonomía universitaria. 

De otro lado, hay otro grupo de profesores, Ismael Peña, Moisés Wasserman, Ignacio Mantilla, Diego Torres y Sara Jiménez, que han señalado que con esta acción el gobierno está rompiendo con la autonomía universitaria. “Expreso mi profunda preocupación sobre las acciones que quebrantan la autonomía universitaria”, señaló Ismael Peña. 

Estos profesores afirman que, el hecho de que se produzca cualquier tipo de intervención por parte del Estado en la regulación normativa de las universidades implica una violación flagrante del principio de autonomía universitaria, y que desconocer los procedimientos y los resultados de un determinado proceso de designación de las autoridades universitarias también niega esta garantía constitucional. 

En suma, la discusión radica en si la intervención del gobierno en esta situación particular por la que atraviesa la Unal, destruye o no la autonomía universitaria. 

Desde muy temprano en la modernidad se definió la relación entre el Estado y la universidad. Wilhem von Humboldt consideró que la ciencia y las instituciones dedicadas a su cultivo constituyen una esfera autónoma que requiere libertad para su propio desarrollo. También afirmó que solo el Estado puede institucionalizar esta libertad y garantizar la autonomía de la universidad, e insistió en que la política educativa del Estado debe partir del reconocimiento de que la vida científica descansa en sí misma y solo en esa forma debe ser potenciada por el Estado.

Kant en la “Contienda entre las Facultades” define la autonomía como el espacio de libertad que el Estado le otorga a la universidad para que desarrolle todo tipo de investigación sin interferencia de ninguna clase. De esto se obtuvo que la universidad debe cumplir con su fin fundamental que es la producción del conocimiento científico, tecnológico y social de calidad, y el Estado debe garantizar las condiciones financieras para que la universidad funcione, sin intervenir en sus asuntos académicos o investigativos. Esta idea de la autonomía universitaria ha determinado las relaciones entre la universidad y el Estado desde la temprana modernidad hasta hoy.

Kant rescató para la persona humana la autonomía moral, y afirmó que el sujeto autónomo se somete a las normas por él consentidas como partícipe del procedimiento de su formulación y es libre porque actúa en concordancia con ellas. La autonomía está íntimamente vinculada con la dignidad humana. Y si pensamos la universidad, no podemos pensarla sino de la misma manera. Si el fin fundamental de la universidad es la producción del conocimiento científico y social de calidad, el compromiso de la universidad es con los valores humanísticos, tal y como fueron planteados desde el comienzo de la era moderna.

En Colombia, la idea de autonomía universitaria se plasmó en el artículo 69 de la Constitución de 1991: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Esto quiere decir que las universidades, en ejercicio de su autonomía, tienen libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos, definir su régimen interno, establecer los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores, entre otros. 

Pero el constituyente no concibió la autonomía de forma absoluta y en la Ley 30 de 1992, el Congreso estableció precisamente el marco general que determina los límites que restringen la autonomía universitaria, que son: el orden público y los principios y valores del Estado de derecho, el respeto a los derechos fundamentales, el interés general y las exigencias provenientes del mandato constitucional de inspección y vigilancia que tienen a cargo los diferentes entes gubernamentales de control. La Corte Constitucional en la sentencia T-515 de 1995, sostuvo: “La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. El límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional”.

En este punto chocan quienes sostienen una idea absoluta de la autonomía universitaria, como el exrector Wasserman y sus seguidores. Una cosa es proponer la ficción metafísica del concepto de autonomía universitaria, en la cual la autonomía implica ser “torre de marfil” y otra desconocer el entramado constitucional y jurídico en el que este concepto se despliega en la sociedad.

El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior quiere decir que la autonomía de la universidad está limitada por el Estado que la inspecciona, vigila y exige que cumpla con sus fines de formación, investigación y cultura. En este sentido, la autonomía se relaciona con la responsabilidad, pues no hay autonomía sin responsabilidad ni individual ni colectivamente. La responsabilidad de la universidad como un agente colectivo se establece a través de los fines que debe alcanzar. Esta designa la posibilidad que tiene la universidad de hacerse responsable por sus fines y las acciones conducentes a estos, y de admitir la coacción —inspección y vigilancia— que surge de aceptar esos fines. En este caso, admitir el procedimiento para nombrar un rector encargado. ¿En qué radica entonces la violación o destrucción de la autonomía universitaria?

De este límite a la autonomía universitaria derivan una serie de prácticas institucionales que circunscriben el campo de acción de lo que entendemos como autonomía universitaria y que podemos enumerar así:

• La universidad requiere un sistema de inspección y vigilancia que debe hacerse sobre las acciones de los directivos, demás funcionarios públicos, profesores, etc. 
• El orden público en la universidad y los principios y valores del Estado de derecho son afectados cuando hay actos violentos dentro de la universidad, realizados por estudiantes o personas ajenas a la universidad. El bloqueo de un edificio de la universidad, la interrupción coactiva de las clases, el desplazamiento forzado de estudiantes y profesores de sus clases, la destrucción de la infraestructura de la universidad, son prácticas que limitan la lógica académica y la autonomía universitaria. Cuando estos actos pueden afectar los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria como consecuencia de comportamientos lesivos atribuibles a estudiantes o personas ajenas a la universidad, las directivas universitarias deben apelar a las autoridades gubernamentales para que autoricen la intervención de la fuerza pública con el fin de enfrentar esta situación. La autonomía debe ser limitada.

Con estos argumentos he querido aplicar de manera simétrica el principio de defensa de la autonomía universitaria invocándolo no solamente frente a quienes defienden una concepción de universidad desde un punto de vista de “torre de marfil”, también frente a quienes defienden una visión más pragmática de la autonomía, y afirmándolo frente a los actos de violencia y de intimidación que buscan someter el espacio académico a las lógicas de la violencia.

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“En Colombia todo es permitido, menos el populismo, esto desde hace muchas décadas”, escribió el sociólogo y colombianista francés, Daniel Pécaut. ¿Todo qué? El narcotráfico, la lucha armada, la corrupción, el asesinato de inocentes para ascender en la jerarquía militar, han sido aceptados por las élites económicas y políticas en el poder en la medida en que les han servido para detener el avance de movilizaciones populistas. 

En el siglo pasado fue impedida la movilización populista liderada por Jorge Eliécer Gaitán mediante su asesinato y la violencia que siguió. Fue obstaculizado el proyecto populista que lideraron Gustavo Rojas Pinilla y la Alianza Nacional Popular (Anapo), mediante un escandaloso fraude electoral. En el 2021 fue reprimida de forma brutal la movilización popular que reclamaba una ampliación y profundización de la democracia y la justicia social. 

Según el historiador Marco Palacios, exrector de la Universidad Nacional, el sistema político de oligarquías en Colombia ha buscado frenar siempre cualquier tipo de populismo en el poder. Colombia, escribe Palacios, por no haber tenido un Estado populista como en Brasil, Argentina, México, no pudo integrar el pueblo a la nación y fortalecer al Estado y no pudo desarrollar formas de negociación e inclusión para limitar la violencia. 

El populismo ha sido considerado por nuestras élites políticas y económicas como la verdadera amenaza a los valores democráticos y por esto ha sido contenido usando todas las formas de lucha, incluida la violencia militar y paramilitar. Esta posición la han mantenido de forma muy clara nuestras oligarquías, salvo frente al único populismo que les pareció exitoso y adecuado, a saber, el populismo de derecha que lideró Álvaro Uribe con su embeleco del “estado de opinión”.

Es cierto que el populismo es un concepto nebuloso e indeterminado y que su estatus teórico es precario, lo que ha llevado con frecuencia a utilizarlo de una forma típicamente intuitiva. En Colombia, en el contexto de una banalización y trivialización de lo político, el término populista es usado por muchos columnistas e intelectuales, para denigrar del actual presidente y para calificar sus políticas que son consideradas negativas porque son populistas, como lo hace Héctor Abad Faciolince.

Mauricio García Villegas cuestiona la utilización del concepto de pueblo del populismo, al afirmar que en “Colombia no hay dos pueblos sino uno solo, el cual no tiene un interés único ni tampoco una voluntad claramente definida”. Pero, el populismo impulsa políticas basadas en la articulación de varios temores y resentimientos, y por medio de un discurso popular construye una oposición radical entre el pueblo y el poder. El problema reside en el modo en que se construye este “pueblo”, que puede ser de derecha si es racista, negacionista, defensor de los intereses de las élites, o de izquierda si pone en la base las demandas sociales de justicia e igualdad.

Rodrigo Uprimny sostiene una posición clásica del liberalismo cuando piensa la tensión entre el poder constituyente democrático y los poderes constituidos en las instituciones constitucionales del Estado de derecho. Aunque considera los llamados ‘momentos constituyentes’, en los que el pueblo irrumpe como un poder constituyente que reclama un nuevo pacto social, piensa que esta vía es riesgosa y en muchos casos no beneficiosa, como sucedió recientemente en Chile. 

La alternativa que García y Uprimny consideran es la más adecuada en las condiciones actuales, es la que han seguido las democracias más desarrolladas. Pero, el problema de nuestra democracia (una democracia débil y desdemocratizada) es que precisamente ha fallado en ampliar la participación ciudadana, proteger los derechos fundamentales, garantizar para todos los derechos sociales e impedir las acciones arbitrarias de las autoridades, como sucedió en el estallido social de 2021. 

Frente a esto, la salida que propone el populismo es la radicalización de la democracia, es decir, profundizar el momento democrático de la ideología liberal hasta el punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo. De esta forma, el pueblo pueda irrumpir —en las calles, los barrios populares, el campo, con la energía de la revuelta— como un poder constituyente para transformar radicalmente las estructuras del poder.

Para el populismo es urgente mejorar la capacidad de control democrático de todos los ciudadanos y aumentar su capacidad de participar en procedimientos de toma de decisiones que influyan efectivamente en los diferentes procesos políticos. Esto podría hacerse en el marco de la actual Constitución, no es necesaria otra. 

Transformar las actuales estructuras de poder es la alternativa que propone una buena parte de la izquierda en Colombia ante lo que podemos denominar una crisis política del grupo hegemónico que apuntaló la dominación política durante las últimas décadas, como indiqué al inicio. 

Esa crisis puede entenderse como una crisis de hegemonía, en el sentido que Gramsci la planteó, generada porque millones de personas han perdido la confianza en la buena fe de las élites políticas y económicas tradicionales, debido a su involucramiento en la corrupción, la violencia y el mantenimiento de unas estructuras de poder que excluyen a las mayorías del disfrute de los bienes sociales básicos y de la participación política. Para enfrentar este poder hegemónico es necesario, afirma el populismo, construir un bloque contra hegemónico.

En “Hegemonía y estrategia socialista”, afirman Chantal Mouffe y Ernesto Laclau que el pueblo que resulta de la articulación de demandas insatisfechas o de las diferentes luchas —contra las reformas neoliberales, la violencia, el racismo, la violencia de género— constituye un contrapoder, que se opone y niega el poder negativo –al orden neoliberal. La hegemonía se produce en virtud de una lógica política de absolutos: hay un poder absoluto –el orden neoliberal como actor político excluyente– que solo puede ser enfrentado por otro poder absoluto –la totalidad del pueblo.

De este modo, el populismo de izquierda es el candidato más probable para crear un bloque contra hegemónico y así construir las condiciones para realizar una redistribución igualitaria de los bienes sociales y profundizar la participación democrática en la toma de las decisiones políticas.

La conclusión radical del populismo es que para que todo esto sea posible un líder tiene que controlar el poder del pueblo, a saber, el líder carismático. ¿Implica la figura de un líder popular un ataque populista a los ideales e instituciones tradicionales de la democracia, como lo sugieren García y Uprimny?

Realmente el problema no está solamente entre la soberanía popular y el Estado de derecho o entre la democracia callejera y la Constitución. El problema es también cómo garantizar los derechos de participación a la riqueza socialmente producida, cómo construir un Estado social que concrete la lucha de los que no poseen nada contra los que todo lo tienen. El populismo responde a esto de mejor manera a como lo hacen el neoliberalismo y el liberalismo. 

La sociedad colombiana se encuentra en una encrucijada, en la que busca articular la lógica del capitalismo con la lógica de la democracia, pero con un problema que hace muy difícil este proceso: la inmensa resistencia de los privilegiados a todo cambio. Conocemos que este proceso es ser rechazado por el poder hegemónico en crisis: la negación es la ignorancia absoluta y el desconocimiento de las trágicas realidades de la pobreza y la exclusión; es también la afirmación bruta de la superioridad de las clases dominantes y de su idea neoliberal de los derechos fundamentales.

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El 300 aniversario del nacimiento de Kant es una oportunidad para examinar su filosofía sobre la paz y los problemas actuales relacionados con la guerra. En muchas universidades se han organizado este año importantes simposios y congresos en los que se discute sobre los múltiples aspectos de la obra de Kant. Destaco el coloquio “300 años de Kant”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); la versión “La guerra y la paz. En homenaje a Kant” de La Noche de la Filosofía, un espacio de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y “Perspectivas globales sobre Kant”, en la Universidad de Bonn, Alemania.

La paz y la guerra son algunos de los temas importantes que se pensaron desde el inicio de la modernidad por Grocio, el Abbé de Saint-Pierre, Hobbes, Rousseau y Kant. Una tesis central desarrollada por Hobbes y Kant —hipotética no histórica— sostiene que, de no existir la figura del Estado, lo que habría sería un mundo sin ley, la guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza. Salir de esta situación insoportable supone poder establecer un sistema de leyes coactivas, que debe garantizar una coexistencia pacífica de los seres humanos. 

A partir del pensamiento filosófico de estoa autores se estructuró en la Europa moderna una perspectiva jurídica que fue determinante en la conformación de los Estados a lo largo de la modernidad, la cual Hans Kelsen denominó “la paz por medio del derecho”. Fue Kant el primero que estableció los contornos de este paradigma jurídico cosmopolita para definir las relaciones de los seres humanos al interior del Estado y las relaciones entre los Estados. 

Kant establece una analogía entre los individuos que abandonan el estado de naturaleza para crear un Estado y los Estados que deberían dejar el estado de naturaleza en el orden internacional para formar una federación de Estados. El problema de esta analogía, es que mientras concede a los individuos la autoridad para, por medio de coacción mutua, entrar en un estado organizado jurídicamente, niega este derecho a los Estados y aboga por el establecimiento de una liga voluntaria de Estados sin poder coercitivo. Esta es definida como la forma más adecuada de superar el estado de naturaleza que reina en el ámbito internacional. Los Estados exhiben, dice Kant, la misma insociabilidad que los individuos; experimentan precisamente los males que presionaron al individuo a salir de la situación sin ley para mediante un contrato político establecer un Estado.

Kant formuló la analogía de diferentes maneras en sus escritos, lo que ha hecho posible el desarrollo de muy distintas interpretaciones y también confusiones. En el ensayo de 1784, “Idea para una historia universal desde un punto de vista cosmopolita”, planteó el paradigma de un Estado mundial con el poder de coaccionar a los miembros desobedientes; posteriormente propuso una liga voluntaria sin poderes coercitivos y también propuso un Estado despótico que puede transformarse en uno republicano.

Finalmente, en 1795, publicó “La paz perpetua”, que es la expresión más madura de su teoría política cosmopolita. Aquí concibe una federación internacional de Estados, que es la base normativa con la que se desarrollará en el siglo XX la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas. 

La función de la federación de Estados libres, que es el modelo de constitución que Kant favorece, consiste solamente “en mantener y asegurar la libertad de un Estado en sí mismo, y también la de los demás Estados federados”. Los miembros de esta federación deben ser repúblicas, es decir, Estados en cuya constitución estén asegurados los principios de libertad, independencia e igualdad. Kant busca en “La paz perpetua” desarrollar el programa político de una federación de repúblicas, que renuncia no a la soberanía de los Estados, pero sí al derecho a la guerra, cuando postula que el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. 

Ahora bien, la gran limitación del cosmopolitismo político de Kant es que no se puede establecer ninguna estructura supraestatal que imponga el derecho y que sea restrictiva de la soberanía si los Estados mantienen su independencia y dejan intacta su soberanía. Kant no puede concebir una obligación jurídica para su proyecto de derecho cosmopolita, porque su federación de Estados libres no está pensada como un ordenamiento jurídico internacional que disponga de medios normativos de coacción. Por ello, mientras no se llegue a instaurar dicha federación supraestatal con un poder de coacción efectivo, el derecho de gentes no pasa de ser un ideal al que la humanidad debía tender, pero es un ideal con pocas consecuencias prácticas. 

La propuesta kantiana de superación del estado de naturaleza entre los Estados solo se podrá realizar, como lo mostró Kelsen, cuando los Estados renuncien a su derecho soberano a declarar la guerra a otro Estado y se sometan a una autoridad supraestatal que tenga como función imponer sanciones de acuerdo con las violaciones de las normas internacionales. 

Sin embargo, el orden internacional ha tomado en las últimas décadas una dirección muy diferente a la que había propuesto el cosmopolitismo kantiano-kelnesiano. El objetivo fundamental de eliminar la guerra en las relaciones entre los Estados ha fracasado; las guerras de Rusia contra Ucrania y de Israel contra Palestina permiten ver cómo está imponiéndose este cambio radical en el orden internacional de los Estados. 

Este nuevo orden está centrado en una lucha permanente por las esferas de influencia espacialmente limitadas por los intereses hegemónicos de cada una de las grandes potencias —Estados Unidos, China, Rusia, Europa. La decisión de Putin de atacar a Ucrania es un grave desafío al orden internacional liberal y cosmopolita. Este orden ha sido pateado por segunda vez por Netanyahu al transformar la inicial respuesta al ataque contra Israel en una guerra de retribución y venganza sin más propósito que la aniquilación del adversario.

¿Podrá emerger nuevamente una política de paz del sueño dogmático que impone la guerra? Pero regresemos a Kant. En su última gran obra sistemática, “La Metafísica de las Costumbres”, articula en el imaginario tratado de paz perpetua la relación sistemática entre tres órdenes de derecho. Trata el derecho político interno; el derecho de gentes; y el derecho cosmopolita. Así culmina el sistema general del derecho y en la conclusión escribe que la razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable: “no debe haber guerra; ni guerra entre tú y yo en el estado de naturaleza, ni guerra entre nosotros como Estados que, aunque se encuentren internamente en un estado legal, sin embargo, exteriormente (en su relación mutua) se encuentran en un estado sin ley”. Estamos por esto obligados a acabar con la terrible guerra, que es algo a lo que todos los Estados y los ciudadanos del mundo deben orientarse.

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El modelo de organización de la representación en las universidades públicas ha sido cuestionado muchas veces por profesores y estudiantes, utilizando diferentes mecanismos de crítica, protesta y resistencia civil. En los últimos años se ha ido planteando la idea de un proceso constituyente universitario que busca cuestionar el modelo neoliberal de universidad para proponer una universidad que reconozca la educación como un derecho fundamental que permita avanzar en transformaciones que fortalezcan el carácter público de la universidad. 

En la propuesta de una constituyente universitaria, que es antecedida por las movilizaciones estudiantiles de los últimos años como la de la Mane en 2011, Mesa de Diálogos del 2018, Estallido Social del 2021, Metco UN de 2023, se busca avanzar en el estudio teórico y el análisis práctico sobre como transformar la ley de educación en general y la forma de gobierno universitario imperante.

La universidad debe organizar de otra manera su sistema de representación, no solamente para ampliar la participación, sino para regular todas las formas en que esta se debe producir. Representación sin regulación convierte a la democracia universitaria en un sistema antidemocrático, inequitativo e injusto.

La no regulación, o una regulación imprecisa, o usada de forma instrumental hace posible que, como sucedió recientemente en la Universidad Nacional (UN) en el reciente proceso de designación de rector, los miembros del Consejo Superior (CS), alteren sustancialmente el procedimiento para imponer el candidato de sus preferencias. 

Estas y otras formas de alteración, de base clientelista y algunas con corrupción, se han dado en los últimos años en otras universidades pertenecientes al sistema estatal. En la de Antioquia, donde el gobernador —Andrés Julián Rendón—, como miembro del Consejo Superior, estigmatizó a un rector para perfilar una determinada candidata, mediante un escándalo mediático. También allí, un miembro del CS —Jaime Restrepo Cuartas— ante la derrota de su candidata, decidió atacar en los medios y redes sociales, mediante señalamientos y falsedades, al designado rector, a los profesores y a su propia alma mater. En la Universidad del Valle se impusieron las fuerzas políticas cercanas a Roy Barreras, la gobernadora Dilian Francisca Toro y al patriarcado agroindustrial valluno, que designaron, siguiendo las prácticas del más refinado clientelismo valluno, a su candidato Guillermo Murillo, impidiendo otra posible alternativa.

Según el espíritu de la Ley 30 de 1992 y de los reglamentos internos de cada universidad del Sistema Universitario Estatal, el proceso para designar al rector debe orientarse por valores meritocráticos relacionados con las capacidades académicas, los planes y programas presentados por los aspirantes, el análisis y valoración de sus calidades. No por expectativas relacionadas con el poder político o económico, o con los intereses de actores externos a la universidad, o con intereses de grupos particulares definidos en función del género, la raza, o de unas mayorías en una consulta. 

En la normativa vigente de la UN y de las demás universidades públicas del país está establecido que la consulta no es una elección, ni es un proceso de democracia directa, por lo cual sus resultados no son vinculantes en el proceso de decisión por parte del CS. Pero está establecido también que aunque el CS goza de discrecionalidad para escoger entre los candidatos, la selección que hagan debe producirse manteniendo un equilibrio entre el elemento meritocrático, los planes y programas presentados por los aspirantes y el resultado de la consulta. Lo que se ha dado en estos últimos años es que estos presupuestos normativos han sido desconocidos por los consejos superiores de las universidades del Valle, Tecnológica de Pereira y Nacional. 

El caso más escandaloso es el que se ha dado en la UN, donde el equilibrio entre los elementos que debían ser ponderados en el proceso de designación del rector —meritocracia, programas de los aspirantes y consulta— no se respetó. Claramente se desconoció la consulta con los estamentos y ha sido demostrado que se procedió de forma ilegal, puesto que se violaron las normas establecidas en la UN para determinar el proceso de designación del rector, como lo mostraron Rodrigo Uprimny y la Revista Raya.

El problema fundamental que determina que el proceso sea ilegal se dio en el momento en que el CS decidió no continuar usando el principio de mayoría absoluta establecido por el Estatuto General de la UN y adoptó otro método de decisión —el método Borda— “que no respeta la regla de mayoría absoluta establecida para elegir rector por el Estatuto General, que implica, además, una votación directa” (Uprimny), sin comunicar previamente a todos los miembros de la corporación de este cambio. La representante estudiantil denunció que en la sesión del 21 de marzo se adoptó, sin envío de documentación previa, un método que nunca había sido empleado. Este hecho permite señalar que la falta de conocimiento por parte de algunos miembros del CS, al no haber recibido con antelación a la sesión, la información sobre el cambio de método de decisión, afecta de forma grave todo el procedimiento.

El nuevo rector, Ismael Peña, designado en la mencionada sesión, inicia su periodo con una sombra muy grande en la legitimidad y legalidad de su designación, la cual probablemente será demandada. Estamos frente a un caso de ilegitimidad e ilegalidad, que determina además su injusticia y es democráticamente injustificable, y que como miembros de la comunidad universitaria (soy egresado de UN) debemos impugnar política y jurídicamente esta designación.

Según la Ley 30 y otras normas estatutarias de cada una de las universidades públicas, el mecanismo de la consulta no debe ser considerado un asunto secundario y trivial, como ha sucedido repetidas veces en procesos de designación del rector en varias universidades del país en los veinte últimos años, y como se ha dado de forma totalmente antidemocrática en la actual designación del rector de la UN. Verlo como algo subsidiario es reflejo del menosprecio por la democracia que han tenido muchos de los miembros de los consejos superiores de nuestras universidades. 

Frente a esto y al consiguiente malestar democrático que hoy se da en la universidad pública —la democracia representativa no funciona—, la alternativa que queda es incrementar la capacidad deliberativa de los profesores y estudiantes, y fortalecer las instituciones para que el poder democrático que radica en nosotros los ciudadanos no quede infelizmente sitiado por personas y grupos sin vínculos con la universidad.

En relación con la idea de una constituyente universitaria, quiero presentar finalmente unas breves consideraciones sobre este concepto central del derecho constitucional y político para no mezclar un cambio legislativo con otras reformas. Una situación constituyente es una situación original, que no es producida por actos jurídicos y, por tanto, carece de normas superiores a ella; es la expresión de un poder constituyente que, en la democracia, es el pueblo. El poder constituyente es atribuido a los sujetos naturales que conforman el pueblo como titular de la soberanía. Estos sujetos no pueden ser los estudiantes ni los profesores, sino solamente los ciudadanos de una comunidad política, cuando se agrupan en un momento fundacional. Ni la universidad ni ninguna institución del Estado pueden ser objeto de fundación por vía de una acción colectiva análoga a la de una asamblea constituyente en relación con la fundación del Estado. Si esto fuera posible, se disgregaría el Estado. 

En la institución estatal que es la universidad pública, actos políticos como la creación de los estatutos y normas, la definición del régimen interno, la elección de sus directivos y administradores, no pueden ser concebidos como actos jurídicos o políticos del constituyente primario “universitario”, que es un organismo que jurídica y políticamente no existe. Tal vez podría existir, pero a partir de la emergencia de un poder constituyente del pueblo, que aún tampoco existe, aunque haya sido anunciado. Hay que instituirlo. “El derecho, la constitución siguen al poder constituyente”, escribe Negri.

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Con el triunfo electoral de la izquierda en Colombia del año 2022 se generaron expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. En Colombia, hay que decirlo una vez más, la incidencia de la pobreza llegó en 2020 a 42,5%, es decir 21.021.564 personas; y de estas 7.420.265 personas (15,1% de la población) están ubicadas en la categoría de pobreza absoluta (Dane 2021).

El gobierno del presidente Petro propuso al Congreso un programa de justicia social y equidad, complejo y ambicioso, que tiene como uno de sus fines fundamentales revertir esta situación en un mediano plazo buscando sacar adelante grandes proyectos sociales como la reforma laboral, pensional, de salud, educación, agraria y una ambiciosa reforma tributaria.

Pero este programa de justicia social está siendo saboteado en el Congreso mediante la ausencia del quórum en momentos en que lo han decidido las bancadas. Este bloqueo se ha dado con el apoyo de la gran prensa, los gremios, mediante una alianza de diferentes fuerzas políticas del liberalismo, el centro y la derecha, quienes pretenden conducir a Petro y a la izquierda a un fracaso e inmovilidad política. 

Los miembros más poderosos de la cultura mayoritaria del país, que han preservado por décadas el poder político en manos de unos pocos, no quieren permitir que se den cambios sustanciales para asegurar los derechos constitucionales para todos. Resulta desacertado seguir defendiendo la vía constitucional, que expande en cada reforma la lista de derechos individuales, sin modificar de manera acorde la organización del poder, que finalmente es la que queda a cargo de activar o dar vida a las libertades individuales y a los derechos sociales.https://www.lasillavacia.com/opinion/a-defender-la-constitucion/

Por estas razones, quienes reclaman sus derechos mediante la lucha política —las grandes centrales obreras, víctimas del conflicto armado, organizaciones campesinas, de indígenas, afros, mujeres y estudiantes— están hoy en una posición vulnerable. Quienes no tienen derechos están socialmente marginados y desempoderados políticamente. En estas condiciones desesperadas, proponer a las minorías vulnerables que luchen por sus derechos en el marco de la Constitución es ingenuo, si no se plantean a la vez cambios en la organización del poder. Son estos cambios los que permitirían dar vida a los derechos constitucionales con esta o con una nueva Constitución. Esto no lo puede entender

un analista como Alberto Carrasquilla. https://www.lasillavacia.com/opinion/pretension-prematura/

El gobierno de Petro está bloqueado políticamente, la legitimidad de la Constitución de 1991 está siendo cuestionada, la sociedad está polarizada, la inseguridad en campos y ciudades ha aumentado de forma impresionante, la paz con los grupos guerrilleros y bandas criminales ha resultado inviable y la JEP está siendo controvertida por las mismas ex-FARC. Uno no puede ser tan ingenuo, como aquellos que afirman que no estamos bloqueados y que la Constitución ha demostrado que sirve para construir un país más justo, incluyente, democrático, moderno y pacífico que el que existía antes de su vigencia. ¿Dónde está ese país más justo?

Entonces, ¿cuál es la salida? Si no es posible llegar a un acuerdo razonable con los adversarios en el que los derechos sean concedidos para todos de forma igualitaria, como lo plantea la Constitución, queda como única alternativa tomarse los derechos. Esta es la posibilidad que se ha abierto con la convocatoria a una asamblea constituyente para que haga una nueva constitución. Es un camino riesgoso, ambiguo, peligroso, incierto, que resulta, hay que decirlo con todas las letras, no de un asalto petrista a la democracia, sino del hecho de que los miembros más poderosos de la élite económica y política del país no quieren permitir que se den cambios sustanciales a través del Congreso y las demás instituciones del Estado. Pero más que proponer una nueva constitución se trataría de cambiar la organización del poder.

La filosofía política, desde el inicio de la modernidad, ha pensado el problema de la creación de una constitución a partir de diferentes situaciones: una profunda insatisfacción ciudadana frente a un retroceso democrático sin precedentes (Colombia, 1991), una comunidad política que busca afirmar su autogobierno constituyéndose en un Estado (Estados Unidos, 1787), o cuando un régimen político es cuestionado y se exige una nueva forma de organización política y económica (Revolución francesa, 1789). La pregunta común a estos procesos es:  ¿Cómo hace el pueblo para darse una constitución? 

El teórico por excelencia del concepto de poder constituyente fue el sacerdote de origen burgués, Emmanuel Sieyès, quien a finales de 1789 escribió el panfleto titulado  ¿Qué es el Tercer Estado?. El problema que se daba en Francia en 1789 era si la convocatoria de los Estados Generales, hecha por el rey para intentar superar la profunda crisis política y social, se hacía siguiendo la fórmula de 1614 —convocatoria de los estados generales con tres estados, Nobleza, Clero y Tercer Estado, con el voto por estamento— o se buscaba otra manera para hacerla. 

Para Sieyès aquí radicaba el punto débil por excelencia del Antiguo Régimen. El Tercer Estado era una “nación completa” (27 millones de habitantes) y en la realidad política no contaba para nada. De esta situación de exclusión partió un reclamo absoluto que justificaba la constitución de un orden nuevo. “¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo” (Sieyès).

La Constitución francesa de 1791 fue considerada formalmente como una ley superior, y así se expresa, al requerir la aprobación del pueblo, en quien se reconoce el poder constituyente de la nación soberana. 

La idea de la soberanía popular de Rousseau y la que nace de ella, que formuló claramente Sieyès, a saber: que el poder constituyente reside siempre en el pueblo, en tanto que los otros poderes, como poderes constituidos, necesitan derivar su existencia y competencia del poder cons­tituyente, y la necesidad de organizar claramente este orden de relaciones, tuvieron una parte esencial en la creación de la primera Constitución francesa.

Pero tras aprobar una nueva constitución pueden surgir posiciones conservadoras que busquen detener los procesos constituyentes. La Constitución de 1991 ha sido reformada 56 veces sin atender los intereses del pueblo y en la mayoría de los casos no para profundizar la democracia y la justicia social. Ante estas situaciones se plantea la necesidad de mantener el proceso constituyente abierto, más allá de la aprobación de la propia constitución. Así lo plantea el filósofo italiano Antonio Negri, “El derecho, la constitución siguen al poder constituyente; es el poder constituyente el que da racionalidad y figura al derecho. El proceso movido por el poder constituyente no se detiene. No se trata de limitar el poder constituyente, sino de hacerlo ilimitado”. (1994, 45).

La incapacidad política del establecimiento para hacer viables  cambios estructurales que conduzcan al aseguramiento de unas condiciones de vida dignas para todos, lleva, como sucedió en la Francia revolucionaria del siglo XVIII, en Estados Unidos en 1787 o en la República de Weimar, a una última salida: la constitución de un orden nuevo, mediante un poder constituyente siempre activo. 

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