La Silla Vacía tuvo acceso a la ponencia completa con la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, le formularon cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos.
En el documento de 314 páginas se detalla que en total fueron ocultados de las cuentas oficiales de la aspiración presidencial $6.011 millones. De ese monto, la campaña se voló los topes de gasto en $5.355 millones sumadas la dos vueltas.
La carga probatoria de los magistrados es poderosa en varios puntos. Hay documentos que muestran ocultamiento y alteración de información, triangulación de recursos, e incluso se establece que se usó plata para pagar testigos electorales cuyo origen es desconocido.
Esa ponencia deberá ser debatida por el pleno del CNE donde no hay una mayoría clara. El órgano lo integran 9 magistrados, la oposición tiene 4 votos y el gobierno 3. Hay 2 indecisos.
Estas son las claves del pliego de cargos contra la campaña Petro:
1. Los magistrados se arriesgan al acusar directamente al presidente Petro
La formulación de cargos recae sobre el presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial. Además, incluye al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, en calidad de gerente de la campaña, y a los auditores. También incluye a la Colombia Humana, partido del presidente, y la Unión Patriótica, porque era sobre la que recaía la responsabilidad de auditar las cuentas.
Que Petro aparezca en la formulación de cargos con nombre propio, aún cuando está en “calidad de candidato”, acaparó el debate sobre el pliego de cargos porque el presidente tiene fuero y su único investigador es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Apenas conoció la decisión de que su campaña sería investigada, el presidente Petro trinó diciendo que “ha comenzado el golpe blando” y calificó la decisión de “arbitraria” porque el CNE le formuló cargos a él directamente. “Es una abierta ruptura constitucional”, dijo en su cuenta de X.
El debate está abierto, pero dos abogados explicaron a La Silla que como la investigación recae principalmente sobre la campaña, el CNE sí podría hacerla, lo que no podría es sancionar al presidente.
“En esa circunstancia creería que el CNE puede llegar hasta la investigación, pero en lo que tiene que ver sanciones es de competencia de la Comisión de Acusaciones”, explicó exregistrador delegado en lo electoral, Alfonso Portela.
El analista y abogado Héctor Riveros tuvo la misma interpretación y agregó que su lectura se basa en que “lo que dice la ley es que los responsables por las cuentas de las campañas son, además del partido, el candidato y el gerente. Por eso el CNE podría investigar, pero si encuentra violaciones deberá compulsar copias a la Comisión de Acusaciones en lo que tiene que ver con el presidente”.
En todo caso, que exista la discusión le da munición a Petro para enmarcar la investigación sobre la financiación de su campaña en una pugna política y no probatoria.
Por ejemplo, ayer en la tarde Petro llamó “vagabundos de la politiquería” a los magistrados del CNE. Ese órgano le respondió que sus declaraciones “quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático”.
Al ruido político se suma que uno de los dos ponentes, el magistrado Prada, es uribista. Justamente la Corte Suprema de Justicia ayer lo llamó a juicio por el caso de la manipulación de testigos que también tiene respondiendo al expresidente Álvaro Uribe.
2. La donación de Fecode sí se invirtió en la campaña
La ponencia concluye que los $500 millones que giró el sindicato de educadores, Fecode, revelados por La Silla Vacía, sí fueron usados para pagar gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Concretamente, la plata fue invertida en pagarle a Ingenial Media, la empresa que se encargó de toda la estrategia de datos electorales de la campaña del presidente Petro.
Según las pruebas que hay en el expediente, el pago por $480 millones a Ingenial Media ocurrió el 24 de mayo de 2022 por el contrato firmado el 20 de mayo para la “Implementación del esquema de integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones”
La ponencia destaca que “este pago se efectuó durante el periodo de la campaña de primera vuelta” y que las actividades “se encontraban previstas como emolumento previo al día de las elecciones”.
De esa manera los magistrados concluyen que esos recursos sí “eran objeto de registro contable en el marco de la campaña como una ayuda en especie valorada a su precio comercial y/o donación”.
De hecho, la ponencia dice que la manera en la que manejó la donación de Fecode “se deduce una posible triangulación de recursos con el fin de soslayar los deberes previstos en el ordenamiento jurídico.”
En el documento, además, se explica que la labor de Ingenial Media fue la “coordinación de los testigos electorales y no el pago de los mismos”. Eso es clave porque parte de la defensa de la campaña estaba cimentada en que la plata de Fecode se fue a pagar testigos electorales a través de Ingenial Media.
La defensa de la campaña también había argumentado que existía una escritura pública de septiembre de 2022 en la que se hacía claridad que la donación de Fecode fue “para el partido político, más no para la campaña presidencial. Sin embargo, en la ponencia se determina que ese fue un intento de “preconstituir” una prueba para salvar eventuales responsabilidades porque “la fecha de la escritura pública dista de las circunstancias de tiempo y modo que motivaron la donación”.
“Lo que permite colegir, además de la omisión en el informe de ingresos y gastos de la campaña objeto de análisis, la presunta manipulación irregular de la información”, detalla el documento en manos de la sala plena del CNE.
3. Hubo pagos a 35 mil testigos electorales y se desconoce de dónde salió la plata
En la ponencia hay pruebas de que hubo giros por $931.290.000 en primera vuelta y por $177.680.000 en segunda vuelta para pagar a testigos electorales a través de las plataformas Supergiros y Su Red. La Silla Vacía reveló que esa operación fue ocultada en las cuentas oficiales de la campaña del presidente Gustavo Petro.
Según la trazabilidad que establecieron los magistrados investigadores el 15 de febrero de 2022 la empresa Ingenial Media suscribió un contrato con Su Red para “prestar el servicio postal de pago y/o dispersión de giros”. Ese contrato tenía vigencia de 6 meses e iría hasta agosto de 2022.
De acuerdo con el contrato, Ingenial Media le pasaba la plata a Su Red, para que este, a su vez, hiciera los pagos a los testigos electorales.
Tras cruzar las bases de datos de la empresa de giros con la de testigos electorales registrados por el Pacto Histórico en la Registraduría, quedó en evidencia que en total se hicieron pagos a 30.256 testigos electorales en todo el país así:
Para segunda vuelta también se registraron pagos a 5.328 testigos electorales a través de Su Red así:
Sin embargo, no hay registro de dónde salió esa plata, porque se probó con la información entregada por la Dian que los contratos que firmó Ingenial Media con la campaña, y que incluso se pagaron en parte con la plata que donó Fecode (ver punto 1), no fueron usados para pagar los testigos electorales.
“Desconoce esta Corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite entrever un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos en la que hipotéticamente pudieran estar inmersas las empresas de giros”, dice la ponencia.
Adicionalmente, la campaña omitió reportar como donación $530 millones de la Colombia Humana que fueron invertidos en transporte, alimentación y logística para los testigos electorales.
4. Ocultaron un crédito del Polo Democrático y pago de propaganda electoral
La ponencia detalla que hubo un préstamo por parte del Polo Democrático por $500 millones que fue borrado de las cuentas finales de la campaña presidencial, porque de haberse incluido volaba los topes.
La maroma financiera ocurrió luego de que en la revisión inicial de las cuentas, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas advirtiera que en las cuentas no estaba registrado el pago de propaganda electoral a Caracol Televisión por $367 millones.
Según la ponencia, para poder registrar esos $367 millones sin volarse los topes de gasto, la campaña borró el crédito que le hizo el Polo Democrático. Si lo hubiera incluido, las cuentas hubieran sido de $28.884 millones, cuado el tope de gasto era $28.536 millones.
“Se determina un ocultamiento final en los hechos económicos inherentes al desarrollo de la campaña”, señala la ponencia.
Además, los magistrados ponentes determinaron que también hubo ocultamiento de los gastos de propaganda electoral pagados a Caracol Televisión porque fueron registrados en las cuentas de segunda vuelta, cuando en realidad ocurrieron para la primera vuelta.
5. La campaña Petro usó recursos de la campaña al Congreso para pagar sus gastos
El pago de $202 millones para temas relacionados con servicios, equipos, capacitación y la plataforma de Whatsapp de la campaña presidencial, según detalla la ponencia, habría salido de plata de la campaña al Senado del Pacto Histórico.
Según las pruebas en el expediente, entre el 9 y 23 de mayo se hicieron pagos a la empresa Ingenial Media por esos conceptos, cuando para entonces la campaña presidencial no había girado plata a la empresa.
El primer giro de la campaña a Ingenial ocurrió cinco días después —el 27 de mayo—, y en los reportes de ese giro no hay registro de pago por equipos, capacitación o Whatsapp.
Lo que concluyen los magistrados es que esos pagos solo pudieron haber salido de plata no utilizada en la campaña al Congreso, a la que Ingenial Media también le prestó servicios.
Esa plata no fue reportada como ingreso a la campaña presidencial y por eso se cuestiona una “omisión en el informe” financiero.
6. Ocultaron pagos de transporte aéreo a Sadi SAS.
En la ponencia se detalla que hay indicios de manipulación en el pago por servicios de transporte aéreo de la campaña presidencial a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS, que es la misma que está envuelta en el escándalo de la estafa masiva de criptomonedas con Dayli Cop.
Según miembros de Daily Cop que hoy están colaborando con la Fiscalía, se habría acordado con el gerente de la campaña, Ricardo Roa, la donación en especie de $2.000 millones. Esa plata se vio reflejada en el uso de un avión privado, a través de Sadi, del que hay pruebas que Petro usó.
Según la trazabilidad, en primera y segunda vuelta se emitieron facturas que posteriormente fueron anuladas.
En primera vuelta la trazabilidad fue así:
- El 28 de mayo Sadi emitió factura por $4.014 millones y luego la anuló.
- El 29 de mayo Sadi emitió factura por $2.270 millones y luego la anuló.
- El 30 de mayo Sadi emitió factura por $2.770 millones. Esta fue la que presentó oficialmente la campaña.
En segunda vuelta la trazabilidad fue así:
- El 10 de junio Sadi emitió factura por $605 millones y luego la anuló.
- El 16 de junio Sadi emitió factura por $1.157 millones y luego la anuló.
- El 17 de junio Sadi emitió factura por $799 millones. Esta fue la que presentó oficialmente la campaña.
En la ponencia se dice que esas modificaciones evidencian “una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados” y se concluye que “esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos”.
El reporte de la información de Sadi además difiere del que reposa en la Aeronáutica Civil.
Para la primera vuelta, según la empresa contratada por la campaña Petro, se tramitaron 73 permisos aéreos, pero la autoridad aérea señala que en realidad fueron 88. En la segunda vuelta la empresa solo reportó 14 permisos, pero la Aeronáutica detalló que fueron 28.
“Por lo que la incongruencia de la información previamente citada permite entrever un presunto ocultamiento de servicios prestados y no reportados por la campaña”, señala el documento.
7. La donación de la USO tampoco se reportó
La Unión Sindical Obrera, USO, aprobó el 8 y 9 de junio de 2022 la donación de $600 millones para sufragar gastos de la campaña presidencial.
Además, hay reportes de gastos de la USO que prueban que hubo 32 pagos en primera vuelta por $121 millones para actividades de logística y transporte realizados. Y que en segunda vuelta existieron 78 pagos por $379 millones para los mismos fines.
En las cuentas del sindicato también hay reportes de pagos a testigos electorales por $18 millones en primera vuelta, y por $42 millones en segunda vuelta.
La ponencia concluye que todos esos gastos fueron omitidos en las cuentas de la campaña. Y que, en todo caso, la USO no podía donar plata a la campaña presidencial porque está prohibido por ley que personas jurídicas aporten.
8. No cuadran los pagos por el alquiler del Movistar Arena para la celebración
Las facturas del pago del auditorio en el que el presidente Gustavo Petro celebró su victoria también tienen inconsistencias.
Según la ponencia, la empresa que lo alquiló, llamada TBL Live, emitió dos facturas: una por $150 millones y otra por $100 millones el 16 de junio de 2022, tres días antes de las votaciones. En el reporte de gastos de la campaña solo se incluyó la primera factura.
Roa explicó que eso se debía a que el evento solo había costado $150 millones. Sin embargo, el cruce de información con la Dian arrojó que la factura de $100 millones jamás se anuló y que, de hecho, TBL Live reportó lo correspondiente al IVA de esa factura también.
Por lo que la ponencia concluye que en realidad el evento costó $250 millones, de los cuales $100 millones fueron ocultados de la contabilidad de la campaña.
