Llegamos cansados a la final: los jugadores, que llevaban un mes compitiendo cada cuatro días y terminaron enfriándose en el camerino a la espera del pitazo inicial; y nosotros, los hinchas, que hicimos una previa larguísima, ansiosos y rebosantes de optimismo, viviendo un carnaval que nunca llegó. Pasadas las once de la noche, el domingo se hizo yunque y la resaca sin fiesta se materializó. 

La antesala del partido no pudo ser peor. Cientos o miles de personas –la mayoría colombianos o, al menos, con camiseta de la Selección– irrumpieron sin boleta en el estadio Hard Rock de Miami, se saltaron las rejas y hasta se metieron por los ductos de aire. Las autoridades gringas, que hacen eventos similares al día por docenas, sellaron alianza de incompetencia con la Conmebol, renunciaron a la logística y reinó el descontrol. 

Afuera, las cámaras mostraban arrestos y amagues de estampidas, como si la gente intentara pasar la frontera ilegal del río Bravo y no el torniquete de un coliseo. Adentro, Maluma bailaba indiferente en un palco acompañado por el lateral Daniel Muñoz, una de las figuras del equipo y ausente obligado en la final. En mi relato fantástico, el codazo que le costó la roja ante Uruguay había sido el aleteo de la mariposa para llegar al título en medio de la épica. En la realidad, fue una herida abierta durante todo el partido y una de las variables de la derrota.

“A nosotros desde el vestuario y ya calentando nos avisan que se va a demorar media hora, creo que se demoró una hora, ¿no?… una hora y quince, imaginate” –dijo el técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa–. “Desde el vestuario estábamos tratando de comunicarnos con los familiares, con los amigos, a ver si estaban en problemas o no. Enrareció un poco todo, fue caótico. Tratamos de mantener la calma del equipo, pero había una ansiedad, imaginate”. 

El himno nacional en la voz de Karol G fue la banda sonora del desmadre que protagonizó la gallada colombiana y que retrasó el comienzo del juego. El show de medio tiempo de Shakira fue la capa de pintura de un espectáculo convertido en noticia de orden público; 25 largos minutos que le quitaron ritmo a la buena Selección del primer tiempo. Y los alaridos de Maluma, en fuego cruzado de insultos con los aficionados argentinos, fue el acto de clausura de la frustración criolla. La redundancia de nuestra farándula también pesó en la cancha. 

En el frenesí anterior al partido, cuando cabalgábamos en la mística del fútbol arrollador de Colombia, asomaron en redes sociales las voces amargas para recordarnos que en realidad somos solo pan y circo, sobreactuados irremediables de aguardiente, machete y camiseta. Quienes esperábamos una refutación del destino –la vuelta olímpica y una fiesta en paz– tuvimos que doblar la bandera y masticar la tusa en la cama. 

El lunes fue día cívico sin carro de bomberos. Los argentinos terminaron su noche burlándose en el camerino del reggaetón de Ryan Castro; los comentaristas deportivos amanecieron debatiendo si nos pasamos de rosca con el favoritismo, y ahora nos enteramos de que el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue arrestado por darse trompadas con un oficial en el estadio. Aterrizamos en la realidad sin anestesia. 

La Selección Colombia salió a jugar con el saboteo de sus compatriotas a cuestas; con la negligencia de la Conmebol, que los puso a hacer una maratón de fútbol sobre parches de pasto natural y sintético, y en contra de la privilegiada Argentina, que estuvo de turista hasta antes de enfrentarnos; la campeona de América y del Mundo, que mostró charreteras y excelentes relaciones diplomáticas con la sala del VAR. 

Aún así, el equipo colombiano llevó la definición hasta tiempo extra, cuando la contienda se había hecho larguísima para todos y una tanda de penaltis equivalía a una tortura. Honró su favoritismo, demostró una ética del esfuerzo y del trabajo colectivo, y compitió a pesar del ruido creciente que lo rodeaba. Hace menos de dos años vimos el Mundial por televisión maldiciendo no estar presentes; el domingo perdimos una final continental. 

Pensé que ganábamos la Copa. Me parecía el desenlace inevitable de esta historia. Pero el fútbol son momentos, dicen, y el nuestro no funcionó. En la cancha, por desbalances deportivos que siempre están en las cuentas del juego; afuera, por la estridencia propia que jamás nos abandona. No son todos, pero siempre son suficientes. Fin de la temporada, mami. Apague la radio y olvide la tele.

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Dos días después, el Presidente finalmente habló. O mejor, escribió. No iba a aclarar nada porque cuando decide responder a las especulaciones, nos entrega siempre una celebración de sus virtudes combinada con anotaciones espontáneas –acaso paráfrasis de observaciones previas– sobre su extensa doctrina. La mayéutica de Gustavo Petro consiste en eso: no despejar dudas sino dejar nuevos interrogantes. Un método loable en el salón de clase, pero artificioso en el ejercicio del poder.

“Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera”, comentó el Presidente en Twitter haciendo alusión al video donde él –o alguien muy parecido a él– camina por el Casco Antiguo de Panamá tomado de la mano de una mujer desconocida. Por supuesto, ahí no paró: condenó la transfobia y la esclavitud, reivindicó su heterosexualidad, invitó a la emancipación física y mental, y aterrizó en los nazis.

Petro no escogió alguna pregunta directa o el material en cuestión para referirse al alboroto que copaba las redes sociales. Eso habría sido demasiado directo y poco dramático para su gusto. Optó, más bien, por responder un comentario lo suficientemente ofensivo y de doble sentido que le permitiera exhibir su probidad, cambiar la conversación y esconderse a plena luz del día.

Hasta entonces, los medios de comunicación colombianos y gran parte de la oposición se habían aproximado al escándalo en ciernes con cautela. El lunes festivo en la noche, apenas unas horas después de que el video se convirtiera en tendencia, Noticias Uno lo registró sin tener confirmación. Poco después, Infobae se enfocó en los ataques políticos por cuenta de la pieza, que calificó como “falsa”. Y el martes se sumó El Colombiano con la pregunta de si era o no era a manera de noticia y afirmó: “Todo indica que sí es el Presidente de Colombia. Desde la Casa de Nariño no responden”.

A esos registros iniciales se sumaron algunas reacciones del círculo petrista, como la de la superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque, quien también tomó posesión del cargo paralelo de auditora de la prensa nacional: “Cada día caen más bajo, pero si caen tan bajo es porque de ilegal no tienen nada que endilgarle.” Más allá de eso, la escasa atención de la prensa y el silencio de las estrellas del micrófono resultó llamativo. Aunque las palabras de Petro dieron paso a uno que otro registro noticioso y algún comentario adicional –”el Presidente cometió un error porque valida el chisme con ese tuit”, dijo Néstor Morales–, en general el episodio se quedó en el grado de tormenta tropical de Twitter y TikTok.

Una parte del periodismo nacional quiso mostrarse ético: la vida íntima del Presidente es una línea roja que no vamos a cruzar. O sea, podemos ser mentirosos, sesgados y agrandados, pero jamás aves carroñeras de alcoba. Otros medios y periodistas –algunos parapetados en esa careta de virtuosidad– simplemente estaban escépticos. “No se descarta que se trate de una manera de distraer y ridiculizar a la prensa”, escribió Luis Carlos Vélez.

La suspicacia es apenas obvia. El desenfado con el que una persona idéntica a Gustavo Petro se pasea románticamente por las calles de Ciudad de Panamá adornado por su esquema de seguridad, y la facilidad con la que queda grabado desde varios ángulos, invita a la incredulidad. ¿Es una puesta en escena? ¿Es la estrategia controlada para anticipar una crisis o disipar otra? ¿O así de alucinado está nuestro Presidente que decidió notificar al país sus lances poliamorosos de forma casual?

La tensión entre información e intimidad siempre será un dilema importante para el periodismo. Y, en este caso, todas las variables son concluyentes: el sujeto en cuestión es el Presidente; el momento es un viaje diplomático a un país vecino, y el lugar no es una habitación de hotel sino el centro histórico de una ciudad. Además, el contexto es clave: reiteradamente –en Colombia, en París o en el Amazonas– Gustavo Petro desaparece del ojo público sin explicación alguna. El síndrome de agenda privada es de interés público.

Mientras termino de escribir este texto, La Silla Vacía intenta confirmar de una vez por todas si la persona del video es el Presidente. Parece un pato, hace como pato y camina –literalmente– como pato. ¿Es un pato? Las fuentes locales no están dispuestas a hablar. Está descartado que sea un contenido de Inteligencia Artificial y parece imposible que se trate de un actor o de un hombre duplicado con la misma pinta que tenía Petro el domingo por la tarde. En Panamá la prensa de la farándula lo da por hecho y un restaurante de mariscos en Valledupar lo volvió parodia de promoción comercial.

Que en últimas sea cierto no va a tener mayor impacto entre seguidores y detractores del Presidente. Cada cual ya sacó su conclusión. Sin embargo, decirlo con veracidad y contundencia –sin arandelas moralistas ni ataques– servirá para arrebatarle la especulación a la licuadora digital. Y, sobre todo, ayudará a combatir, así sea en una dosis efímera, la ambigüedad y secrecía constante de Petro y su Casa de Nariño.

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En el primer semestre de la universidad descubrí el don de la narrativa en boca de un compañero –hoy en día, uno de mis grandes amigos–. “Échese un cuento”, le decía siempre alguien, y él contaba una historia que nos llevaba al borde del delirio. Solían ocurrir en un bus ejecutivo Germania, del cual él era pasajero frecuente durante el largo recorrido entre la séptima con 19 y Cedritos. La trama podía ser de terror urbano con un ñero, de coqueteo frustrado o simplemente sobre las intensas ganas de orinar después de tomarse seis cervezas y estar atrapado en un trancón.

En medio del asombro y las carcajadas de todos, yo me quedaba con la misma pregunta clavada como espina, que minutos después le hacía mientras caminábamos para clase: “Pero eso no pasó, ¿cierto, Felo?”. Y él siempre me respondía lo mismo: “Eso no importa, Charli”. Solo pude abandonar mi duda metódica cuando, como coprotagonista de algún cuento, verifiqué sus generosas licencias literarias. El único que estaba preocupado por el género de la conversación era yo.

Por estos días, que terminé de hacer una serie de charlas sobre economía de la atención y periodismo, las sabias palabras de Felipe han estado en mi cabeza. ¿Cuál es, al final de cuentas, el rol de la verdad –o de la veracidad, si queremos un término más operativo– en la discusión pública? ¿Dónde debe estar el foco de atención frente a la mentira y la manipulación? ¿Qué parte del problema fue configurado por las redes sociales?

En distintas versiones, estos interrogantes vienen dando vueltas desde las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. La sociedad civil y el periodismo emprendieron la causa de la verificación de la información, los gobiernos prometieron regulaciones que llegan a cuentagotas y las plataformas en línea asumieron la tarea imposible de arbitrar el debate.

Con algo de evidencia y la experiencia de casi una década, algunas respuestas se asoman sin resolver del todo ninguno de los dilemas. No obstante, tenemos mayor perspectiva; desde distintas disciplinas hay aportes para entender mejor el rol de la tecnología en este dilema social y, sobre todo, para abandonar cualquier pretensión de soluciones deterministas.

Para empezar, resulta fundamental recordar la relación inherente del ser humano con las historias. Nos relacionamos y abstraemos la realidad –tanto la de los demás como la propia– desde formulaciones y relatos. No aprehendemos el presente de manera aséptica, no existe un manantial de sentido del que bebemos para ser diáfanos. Interpretamos y juzgamos en un ambiente que construimos y nos construye.

En ‘El viejo malestar del Nuevo Mundo’, que comentamos durante la entrevista, el sociólogo Mauricio García Villegas describe la falta de relatos unificadores para que América Latina hubiera hecho un tránsito menos doloroso de colonias a repúblicas: “Confucio decía que la sociedad no podía vivir sin creer en algo y sin tener ritos para celebrarlo. Estudiar esos ritos no refleja nada sobre la veracidad de los mitos, pero sí dice mucho sobre la efectividad de la cohesión social”.

Sin tomar sus palabras como certeza, el análisis de García abre ventanas para observar, por ejemplo, el caudillismo de nuestros líderes políticos y el guion redentor que se recicla a lo largo del continente, que consumimos de forma recargada y votamos con vehemencia en las urnas. Las formulaciones del “ellos contra nosotros”, la amenaza existencial o el enemigo externo –que aborda el estratega en comunicaciones Juan Fernando Giraldo en la charla de cierre– es a la vez nuestra historia y el apetito que tenemos por esas historias.

Nos conectamos con cuentos de héroes y villanos porque nos sirve también para tomar atajos en la interpretación de lo que sucede. La simplificación es una estrategia de supervivencia que se acentúa a mayor complejidad y más cambios. Tener reglas generales o estrategias prácticas basadas en experiencias previas, intuiciones o conocimiento –las heurísticas–, se vuelve condición necesaria para decidir. Pero también para equivocarnos.

Como explicó el científico del comportamiento Andrés Casas en Cali, ante varias narrativas que compiten, solemos elegir a partir de creencias; enfrentados a grandes eventos, nos seduce la explicación de una gran causa; y estamos inclinados a prestarle mayor atención a las amenazas y malas noticias que a lo habitual o positivo –en lo cual el periodismo se vuelve un cómplice inevitable–.

“El cerebro es una máquina de predicción, y uno de los mecanismos de predicción más fuerte son nuestras emociones”, afirma Casas. Los modelos de elección racional han sido ampliamente revaluados para incorporar esas respuestas físicas y sicológicas que produce el cerebro. Las emociones influyen en los sesgos, en los afectos y en las creencias, y tienen un rol fundamental en el comportamiento a la hora de identificar –casi como un reflejo– riesgos, beneficios y placeres.

La dopamina, esa sustancia química que hace las veces de mensajero en el sistema nervioso, juega un papel fundamental en la pulsión hedonista de nuestra especie. Según la doctora Anna Lembke, “La dopamina puede tener un papel más importante en la motivación para obtener una recompensa que en el placer de la recompensa en sí mismo. Más deseo que gusto”. Es decir: una motivación cardinal de nuestro cerebro es la expectativa del premio, una meta que se va corriendo a medida que desarrollamos hábitos adictivos.

La economía de la atención en el entorno digital se entiende como un modelo productivo basado en la captura y comercialización de la atención. En 1971, décadas antes de la llegada de internet, el economista Hebert Simon puso entre alfileres la dinámica en la que hoy estamos inmersos: “Una riqueza de información crea una pobreza de atención y una necesidad de asignar esa atención de manera eficiente entre la sobreabundancia de fuentes de información que podrían consumirla.”

El mecanismo eficiente lo conocemos bien. A imagen y semejanza de las máquinas tragamonedas, las redes sociales ofrecen premios, expectativas de recompensa y ofrecimientos de repetición para canalizar y monetizar nuestra atención. Con un botín disperso en juego, no hay tiempo ni espacio para matices o pausas. La espera se digitaliza. Tampoco es que estemos alambrados para masticar sin afán. La adhesión social a esta tecnología ha estimulado nuestras debilidades e impulsos. “Dime los incentivos y te mostraré los resultados”, advierte Tristan Harris, director del Centro para la Tecnología Humana.

Entender el lugar de las redes sociales en esta ecuación permite analizar mejor las aproximaciones frente a la desinformación y la manipulación. Tenemos un problema tecnológico y social. O mejor: cualquier problema tecnológico es también social. La retórica de las élites –políticas, comerciales y sociales–, el cubrimiento periodístico, la influencia descentralizada y la reafirmación de las comunidades de confianza, entre otros, influyen en las convicciones de la gente y en su relación con la verdad. Algunos de estos fenómenos se acentúan en espacios digitales, como el tribalismo y las políticas identitarias. Pero ninguno existe aislado de la realidad analógica.

La emergencia de las ‘noticias falsas’ presionó una reacción desproporcionada de las plataformas digitales, que en el rol de separar la paja del trigo no solo fracasaron –como quedó claro durante la pandemia– sino que terminan reafirmando el escepticismo de los paranoicos y entregándole munición a los conspiradores. Hoy la evidencia indica que las intervenciones deben estar más enfocadas en la amplificación de los grandes megáfonos de la manipulación y en las estrategias de coordinación que emplean.

Como ciudadanos de internet tenemos una incidencia nula en los grandes debates regulatorios de las plataformas, pero como humanos podemos lograr cambios individuales y colectivos. La economista Beatriz Vallejo ofreció una hoja de ruta: entender nuestras vulnerabilidades cognitivas, cultivar un escepticismo sano y ampliar las fuentes de información. Yo agregaría una: implementar hábitos de desconexión. Si de algo podemos estar seguros es que de esta crisis de sentido no vamos a salir con los ojos clavados en la pantalla.

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A comienzos de mes, la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli) anunció que los 27 colegios de la asociación restringirán el uso de celulares, tabletas y relojes inteligentes durante la jornada escolar: “Creemos firmemente en la importancia de ofrecer a nuestros estudiantes un descanso de los dispositivos digitales, proporcionándoles la oportunidad de vivir al menos 8 horas al día libres de las influencias negativas de estos aparatos”.

El reloj inteligente de mis tiempos de colegio era una calculadora diminuta, y computadores solo había en la clase de sistemas de Patricia –donde nos enseñaban a programar en lenguaje DOS–. El primer aparato móvil que tuve, hace casi tres décadas, fue un bíper Motorola. Tenía 15 años y sentía que surfeaba la ola del futuro.

Recibía mensajes predecibles de mis papás –”repórtate”, “te esperamos para comer”, “suerte en el examen”–; alguna propuesta de plan de mis amigos y una que otra escaramuza epistolar de una chica o de una breve novia. Que esto último sucediera durante las horas que pasaba en el colegio –una experiencia carcelaria ilustrada exclusiva para hombres– rompía los planos del tiempo y el espacio. Me sudaban las manos y me sentía exultante.

Recibir mensajes que se leían mientras el texto se desplazaba en una cajita negra era tan emocionante como mandarlos. Así que, en mis momentos más avezados, entregaba el bíper para que ella me leyera a mí. En recreo o durante un cambio de clase, corría al teléfono público de la entrada del colegio para despacharme en poesía dictando un texto pensado hasta la última sílaba.

La vergüenza de abrirle mi corazón a la operadora del servicio se superaba rápido, y la práctica funcionaba tanto para el enamoramiento automático de entonces como para la tusa que le seguía. Nada que no se pudiera ahogar con una estrofa de Los Diablitos entonada por el gran Ómar Geles –recientemente fallecido–. Si este deporte extremo me ponía nervioso, no imagino el efecto en mi psiquis juvenil de haber existido los chulos azules del Whatsapp sin respuesta o el “escribiendo…” interrumpido en medio de algún drama. Tal vez el casete de Geles me habría rescatado: “Hoy te alejas y me toca vivir / la experiencia mas amarga quizás”.

Por la misma vía de los colegios Uncoli, la Secretaría de Educación de Bogotá habló hace unos días de lineamientos para el uso de celulares en colegios públicos de la ciudad. Siguiendo el camino de otros países, algunas instituciones vienen experimentando por su propia cuenta. Por su parte, el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, recordó que “normativamente, antes de los 14 años no debemos darle, de manera permanente, un teléfono celular a un niño o a una niña”. Añadió que si bien en algunos colegios tiene sentido la medida, en escuelas rurales el celular puede ser la única oportunidad de conectividad.

Después del bíper tuve un Nokia 2160. En realidad, la panela era de mi papá, pero la usufructué como propia. Menos aerodinámico que mi cajita negra y aún sin la promesa de masificar la palabra escrita –en la que siempre cifré mis esperanzas en el mercado de los sentimientos–, este celular me parecía una máquina extraterrestre. Recuerdo observar anonadado la contundencia del diseño: los pixeles que marcaban la señal, la antena retráctil, los botones negros.

De ahí en adelante vino la sucesión de teléfonos: los objetos perdidos, los raponazos y la obsolescencia programada. De la lista interminable de esos años salió la popular ‘flecha‘, un celular básico pero invencible, de señal a pruebas de cataclismos y batería eterna. Allí se buscaban récords jugando culebra y se texteaba oprimiendo números como tics en busca de letras.

De un tiempo para acá, las ‘flechas’ intentan una remontada histórica. La empresa suiza Punkt , por ejemplo, mercadea estos teléfonos en busca del nicho de los minimalistas digitales. Quizá sea una excentricidad y un mal negocio; quizá una herejía al canon de las aplicaciones y el video vertical. O, tal vez, estamos viviendo los albores de un cambio que la humanidad comienza a anhelar: la infraestructura de la desconexión. Una revolución más social que tecnológica cuyos primeros pasos se enfocan en los niños, niñas y adolescentes.

Según Uncoli, las investigaciones sobre los efectos adversos del uso de dispositivos móviles en la salud mental de las y los jóvenes “son contundentes”. La verdad es que los estudios no son del todo concluyentes. Correlación no es causación, advierten. Las muestras son pequeñas y las metodologías limitadas, hay diversas variables sin control y las conclusiones no permiten una generalización. El acceso a los datos de las plataformas de redes sociales es, para empezar, una gran restricción.

Hace un año, el Cirujano General de Estados Unidos –un portavoz en temas de salud pública en el nivel federal– divulgó un documento sobre redes sociales y salud mental juvenil. Sintetizó la evidencia sobre el riesgo de las redes sociales digitales y concluyó que había un potencial significativo de daño. El informe no deja de reconocer los beneficios que los espacios en línea pueden tener para muchos jóvenes –salir del closet, encontrar apoyo frente al matoneo, conectarse con comunidades distantes en medio del aislamiento físico–, pero le da la vuelta al asunto del impacto: “No tenemos pruebas satisfactorias para concluir que son lo suficientemente seguras para ellos”.

Más allá de eso, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. A estas alturas de la era digital, cualquier persona sabe lo adictiva que puede ser una pantalla y la forma como nos puede enajenar. Cualquier adulto entiende, también, lo vulnerables que son los niños y las niñas, y el impacto que las horas largas frente un dispositivo tienen en su bienestar. ¿Qué deja de hacer un niño por estar pasando absorto una sucesión de videos y videos cortos de Haaland y Mbappé? ¿Cómo alivia una niña la comparación constante con las vacaciones y la moda de sus amigas si la conversación del recreo la sigue hasta la intimidad de su habitación?

En algún momento de la selva adolescente que atravesé, mi cotización en la manada subió por haber conquistado a la guapa del colegio de chicas. Mi toque secreto había sido una ingente cantidad de cartas de amor, escritas con tinta aguamarina, inevitablemente desteñida en algunos renglones por mi mano izquierda –mi obstinación de escribir con pluma, una causa perdida–. Fragmentos de Fito Páez, alusiones astrológicas, citas de Cortázar y metáforas futbolísticas del todo inconducentes. Mi tradición sincrética no conocía límites.

Una tarde después de clase, los machos alfa del curso de arriba estuvieron en la casa de mi levante para visitar a su hermana. Nunca sabré si fue delación o allanamiento, pero mi colección perfumada de pergaminos cayó en sus manos. No se hicieron al botín, pero sí las leyeron. Suficiente expediente para cualquier panel de expertos sobre mi cursilería. Durante recreos interminables y cambios de clase, fui la tendencia de todos los chistes y burlas, destinatario de apodos basados en mis propias palabras. Pero no había cámaras de celulares ni Twitter.

Con su libro ‘La generación ansiosa‘, publicado en marzo pasado, el sicólogo norteamericano Jonathan Haidt asumió la causa de desconectar del celular a las nuevas generaciones. Acusado por algunos de promover un pánico moral, Haidt advierte de una emergencia de saluda pública: desde 2010, las cifras de jóvenes con diagnósticos de ansiedad y depresión en países desarrollados, así como las tasas de suicidio, vienen en constante aumento. ¿Qué cambió? “Es lo que yo llamo la gran reconfiguración de la infancia, que ocurrió en dos fases”, explicó en una entrevista: “el fin de la infancia basada en el juego y luego el nacimiento de la infancia basada en el teléfono”.

Haidt lo define como un problema de acción colectiva: aunque todos los integrantes de la comunidad podrían beneficiarse con un cambio, los incentivos y hábitos individuales dificultan un avance en esa dirección. ¿Cómo voy a desconectar a mi hijo si todos sus amigos están ahí? Haidt propone entonces cuatro medidas: ningún papá o mamá le da un teléfono inteligente a su hijo antes del bachillerato; nada de redes sociales hasta antes de los 16; colegios sin teléfonos, y más independencia y juego. En sus palabras: “Hemos sobreprotegido a nuestra niñez en el mundo real y la hemos desprotegido en el virtual”.

Las medidas que están adoptando los colegios privados en Bogotá siguen una tendencia que avanza firme en Estados Unidos y Europa. Si bien desde la década pasada muchas instituciones educativas prohíben el uso de celulares, la regulación más decisiva ha venido en los años posteriores a la pandemia, enfocada en el acceso mismo de los menores de edad a entornos digitales. Según Unesco, uno de cada cuatro países tiene algún tipo de restricción. Cerca de diez estados en EE.UU. han pasado leyes en la materia, y hay más de veinte proyectos en discusión. Una iniciativa nacional –el ‘Kids Online Safety Act‘– cuenta con apoyo bipartidista en el Congreso y podría acabar con la inmunidad de las plataformas y restringir su libertad en el diseño de aplicaciones.

Para los críticos, algunas de estas normas constituyen censura, desconocen la privacidad y comprometen el anonimato en internet. Y, más complicado aún, en el esfuerzo de proteger a la infancia, fortalecen la recolección desproporcionada de datos por parte de los intermediarios, lo cual abre también una grieta para la arbitrariedad oficial. En cualquier contexto latinoamericano, leyes semejantes crean riesgos para medios de comunicación, activistas y políticos de oposición.

La pregunta por el impacto de la prohibición de dispositivos móviles en entornos educativos es tan relevante como la del efecto del uso de redes sociales en jóvenes. De momento, la evidencia es igualmente ambigua: en algunos casos la prohibición no parece reducir el matoneo en línea; en otros sí y aumentó el rendimiento académico; y en unos más, las medidas beneficiaron a las niñas, pero no a los niños. Un interrogante mayor –como planteó el viceministro Sánchez– es cómo afecta esto a los jóvenes en zonas con poca penetración digital. La revolución de la desconexión incluye una gran paradoja: apagar el celular es un lujo que no todos se pueden dar.

El resultado de estos cambios no es fácil de medir e implica períodos de observación extensos. Nuevamente, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El principio de precaución que propone Haidt es elocuente y razonable, pero que se convierta en el motor de una ola regulatoria desordenada y de un prohibicionismo irreflexivo puede ser a la postre un fracaso planeado. Si buscamos una solución colectiva para este dilema social, avances como el anuncio de Uncoli tiene que ser sobre todo un llamado de atención para las familias.

Hace un par de semanas, TikTok* e ICMEC presentaron en Bogotá una guía para madres, padres y tutores con el propósito de que se conozcan las funciones y herramientas que tiene la plataforma para que los niños, niñas y adolescentes tengan una experiencia segura en la plataforma. Los mensajes directos restringidos, la sincronización familiar, los límites de tiempo y los controles de privacidad, entre otros, permiten un uso más acotado y responsable. Pero implica que los papitos y mamitas entiendan en qué espacios digitales están sus hijos si deciden que así sea. No se trata de pasarles la tableta durante el almuerzo para quejarse después porque parecen zombis.

Estos avances autorregulatorios de las plataformas no las excusa de un debate regulatorio del que son protagonistas y que finalmente empezamos a transitar. La inminencia de las medidas, de hecho, ha puesto presión para que algunos de estos cambios se den. El punto es asumir el rol de ciudadanos digitales y no el de rehenes de la economía de la atención. Que unas mamás en Estados Unidos, por ejemplo, hayan decidido monetizar a sus hijas menores de edad hasta convertirlas en carnadas de pedófilos en Instagram, desborda las ambiciones de Mark Zuckerberg.

A pesar de que lo pedí religiosamente durante varios cumpleaños, jamás tuve Nintendo, Sega o Nichiman. Mi papá se transó siempre por un computador de escritorio, confiado en que sería una herramienta de educación. Y sí que lo fue. Ataviado con semejante juguete, más poderoso que las cafeteras de la profesora Patricia, conquisté el planeta del DOS y Windows y accedí al mercado negro de los juegos en disquete. Prince of Persia, Maniac Mansion, SimCity, Terminator, Fifa y Larry.

Instalaba parches y extensiones, cambiaba directorios, buscaba grutas para correr los esquivos archivos de ejecución. Todo a punta de referencias habladas y notas en cuadernos. Accedí al naciente universo digital, pero también a los virus despiadados que borraban el disco duro en un pestañeo. Para mi familia, que usaba el computador estrictamente por necesidad, siempre fue un misterio que la máquina se enfermara tanto. Encogido de hombros, yo decía: “Es que esa tecnología no se la han terminado de inventar”.

* Hago parte del consejo asesor en seguridad y confianza de TikTok en América Latina, un órgano consultor de la sociedad civil.

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Al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, le dieron la exclusiva de su salida durante una entrevista en Noticias Caracol. Como le pasó hace un mes a la entonces gerente de RTVC, a quien le tocó con campaña de expectativa incluida, cuando al aire en El Espectador le preguntaron por el rumor que corría en Whatsapp y confirmaría un par de horas después el Ministro de las TIC. 

A los funcionarios del gobierno Petro no los echan, sino que les cuentan que los echaron. No está lejos el día que alguno se entere gracias al portero de su edificio.

En esta ocasión el libreto de la casa de cartas criolla tuvo un giro de humor negro: el viernes por la mañana, desde la Casa de Nariño, Idárraga le pidió públicamente a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, que renunciara para ponerle la cara a las acusaciones por el escándalo de la UNGRD. Y, por la tarde, el mismo periodista al que Idárraga le dio esa declaración le contó –en vivo, siempre en vivo– que, última hora, él se iba también.

La decisión de Petro de sacar a sus funcionarios, o el comentario sobre su propia decisión –vaya uno a saber, porque él anuncia cosas en los discursos o da un discurso sobre algo que anunció– la tomó en Neiva, ataviado de un sombrero en vez de la cachucha que cubre el secreto de Estado de su pelo: “Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque ahí si me dirían dictador, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones”.

El momento evoca otro similar de la temporada pasada, cuando desde la escuela militar en Bogotá el Presidente confirmó la noticia, que horas antes había contado con pelos y señales Daniel Coronell, de que Laura Sarabia y Armando Benedetti se iban: “Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros le corresponden a las autoridades”.

Se fueron ambos y volvieron ambos, con ascenso cosmopolita de Caracas a Roma y la banda sonora de los audios del embajador, una colección costumbrista de ramplonería y política de puñal con la reciente aparición estelar de Aida Merlano. Decir que las palabras de Petro en la escuela militar envejecieron mal no le hace suficiente justicia a esta acrobacia.

Petro exhorta a las autoridades a que investiguen, pero se queja de que lo hagan. Razones no le faltan: la procuradora Margarita Cabello, uno de los últimos bastiones del poder uribista que DJ Duque dejó, no tiene ningún recato en desbordar sus funciones y abrir investigaciones, hacer allanamientos y ordenar suspensiones. Y aunque pesque con dinamita, la Procuraduría exhibe la chambonada de la tecnocracia petrista sin demasiado esfuerzo.

Como cuando durante una diligencia de inspección, el procurador de turno le pidió al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, el acta o la grabación de la intervención a Sanitas –una actuación donde Leal oficia como juez– y la respuesta fue: “tenemos el esqueleto”. Alusión a un documento de notas cualquiera y poética elección inconsciente de la palabra. El esqueleto guardado en el clóset.

Al Presidente no le gustan las investigaciones de la Procuraduría ni las de la Contraloría. A finales de enero, con los incendios y las inundaciones de arranque de año, dijo en tono de reproche: “Hay una crisis climática y la entidad que debe dirigir eso es la UNGRD, ¿y dónde está el director? Suspendido”. Es que no dejan gobernar. Hoy queda claro que tampoco es que el entonces director del riesgo, Olmedo López, tuviera tiempo para atender emergencias. El funcionario estaba ocupado en la gestión de aumentar su patrimonio, actividad de poco peligro en el país.

El caso de corrupción en la UNGRD se expande como una mancha de petróleo. Primero era el emprendimiento unipersonal del negociado de los carrotanques –47 mil millones con una coladera de coimas– y ahora se asoma como la caja menor para aceitar las reformas del gobierno en el Congreso. Desfilan nombres: una consejera presidencial, los presidentes de Senado y Cámara, una lista de congresistas y políticos locales, e incluso el ministro del Interior. Faltan muchos hilos por desenredar y el ventilador que se prendió, el exdirectivo de la UNGRD Sneyder Pinilla, tiene en juego su propio cuero.

En la saga del riesgo también se ponen a secar los cueros del petrismo intestino. El nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, asumió la causa de ser la conciencia del gobierno del cambio y hace su retiro espiritual en un acuario con víboras y tarántulas. Con su larga barba y la calva que acentúan un aura apostólica, Carrillo es el escolta moral del Presidente y lo defiende de sus propios aliados. En un round de boxeo radial el viernes, acusó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de tener cuotas en la entidad y de ser un impostor asilado en la izquierda en busca de un trampolín electoral –como en efecto lo es–. “Yo sí soy mamerto de verdad”, le espetó el monje.

Quintero estuvo en la marcha del miércoles, pero no en Medellín sino en Bogotá, donde aún puede vender su verso y la alucinación de la base petrista alcanza para que un espontáneo –supone uno, pero vaya usted a saber si es planeado– haga arengas a su favor: “¡Estamos observando al futuro Presidente de Colombia!”.

El Presidente de verdad caminó en medio de esa misma multitud, perdido en el mar de escoltas antes de llegar a la tarima. Habló ante una plaza repleta, con aire en la camiseta por los avances de la reforma pensional y la revancha inminente de la de salud, aupado por la multitud que sale a la calle sin falta todos los primeros de mayo. El primer derrotado fue Néstor Morales, que el día anterior había apostado con el presidente de la CUT, Fabio Arias, que saldría menos gente que el domingo 21. Y ahí estaba Arias, parado al lado de Petro saboreando una victoria contra el ponderado periodismo colombiano.

Sin que hayamos alcanzado siquiera el medio tiempo del Petroverso, el país ya está metido en el 2026. Desde el periodismo nacional no solo se hace oposición, sino que también se cocina una candidatura presidencial sin que el gremio rechiste. De hacer titulares fletados y entrevistas con agenda deletreada, Vicky Dávila pasó sin despelucarse a hacer videos de campaña con una estrategia obvia: machacar a Petro y meter a Claudia López –una eventual rival– en ese mismo costal. No importa que al final sea un devaneo y no haya candidatura. Le sirve a Dávila para acumular más influencia y poder, y a Gabriel Gilinski, el dueño del megáfono, para su jugada de billar de tener una revista visceral y cada tanto sentarse a manteles con el Presidente.

“Funcionario que se robe un peso, funcionario que ponga ‘carlanchines’ a recibir coimas con la contratación pública, ¡se va del gobierno del cambio con el rabo entre las piernas!”, gritó Petro el miércoles. Para poder irse del gobierno del cambio primero hay que llegar. Como llegó Olmedo López, que elevó el proyecto bandera del Presidente –llevar agua a La Guajira– al bestiario de la corrupción nacional. En la tarima, la cruzada del Presidente en defensa del erario nacional se ve incólume. En la práctica, él no parece tener el control.

Sabido es que Petro no habla con su gabinete; no coordina ni gerencia. Manda órdenes como razones y gobierna con alocuciones. El Presidente tiene celular para defender a Palestina, para decir que nos está liberando nuevamente de los españoles y para estigmatizar a quienes lo critican. Tiene celular para defender sus reformas y poner fotos de sus abrazos con el pueblo, pero no para llamar a alguien. A un ministro o a un director, por ejemplo.

Nota. Pásense por mi canal y vean la serie sobre economía de la atención y periodismo.

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Durante años examiné con obsesión el teatro de Julio Sánchez Cristo en La W: las lapidaciones de la mesa de trabajo, los homenajes patrocinados, la condescendencia planeada y las indignaciones rentables. Dejé de hacerlo como se abandona un mal hábito. Pero en estos días oí un segmento que me recordó –por si se me estaba olvidando– ese periodismo precursor alquilado al poder que otras tribunas heredaron. Y quién mejor para ese ejercicio que un patricio de la casa: el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

El miércoles pasado La W entrevistó a la abogada chilena Antonio Urrejola, experta internacional designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para “detectar y verificar” los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016. En particular, el Consejo de la ONU le pidió a Urrejola que hiciera seguimiento a la denuncia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) según la cual hubo posibles acciones y omisiones de servidores de la Fiscalía General de la Nación durante el episodio de ‘Jesús Santrich’.

En la dinámica habitual de La W, el preámbulo de la entrevista fue un comentario del anfitrión que selló el destino de la invitada. Alea iacta est. Sánchez Cristo sigue alternando entre entrevistador y transeúnte; entre quien debería saber de qué habla y un ciudadano ignoto que pasa por el vecindario y descubre que hay gato encerrado en el atraco que acaba de presenciar.

Uno podría suponer que Sánchez Cristo no leyó el informe ni tampoco entiende el problema de las pruebas y la diferencia entre el rol de la Fiscalía y el deber de la JEP de mantener las garantías judiciales de los firmantes del acuerdo. O uno podría pensar que sí, que estudió el tema y conoce los antecedentes, y que precisamente por eso necesita embarrar la cancha para que sus oyentes solo puedan quedarse con la confusión que él ya sembró.

En seguida otro integrante del equipo de La W, Lucas Pombo, le preguntó a Urrejola si su informe había encontrado que hubo un entrampamiento de la Fiscalía contra ‘Santrich’, como han repetido el gobierno y los exintegrantes de las FARC. “Yo no soy una entidad investigadora, yo no determino responsabilidades individuales y aquí no hubo una investigación criminal”, respondió.

El informe de Urrejola –que, en razón a su mandato, solo plantea conclusiones y recomendaciones– sugiere lo que ya sabemos todos, pero que jamás veremos en una sentencia judicial: la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez torpedeó a la JEP durante el proceso de extradición de ‘Santrich’. El informe lo dice con tacto y precaución: “habría existido una obstaculización del procedimiento de esta jurisdicción” que tuvo “consecuencias negativas en la confianza en el acuerdo y en la justicia transicional, no solo por parte de las personas firmantes sino también de la sociedad en general”.

Urrejola le reiteró estos mismos puntos al periodista, pero cayó fácilmente en el error de sus propias generalizaciones y en las literalidades del interrogador. De cualquier forma, Sánchez Cristo no necesitaba que le explicaran nada; solo estaba buscando abrir una ventana por la cual meter a su compadre en la conversación:

Ya había pasado antes, estaba pasando de nuevo y volverá a pasar. La convocaron a una entrevista, pero el plan es un paredón:

Martínez dice que lo invitaron a hablar. Sánchez Cristo dirá lo contrario:

Aunque a ambos les faltó tiempo para acordar una coartada, ninguno pareció demasiado preocupado por las apariencias de la llamada. De tiempo atrás sabemos que en la ortografía del periodismo nacional, Martínez se escribe con W:

“Doña Antonia”, es decir, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exministra de relaciones exteriores de Chile, abandona la llamada. Sánchez Cristo le deja el camino despejado a Martínez:

Me pregunto si Sánchez Cristo y Martínez se habrán detenido después a revisar la opereta lánguida de la línea abierta, el truco flagrante de timadores cansados. Me pregunto si tendrán claro que cualquier persona que los oyó con algo de atención entendió perfectamente cuál era el plan.

Hacía mucho tiempo no oía las famosas Soluciones W. Un desempleado consigue trabajo, un enfermo hace vaca para comprar una droga y un exfiscal llama a un amigo para pedirle que le ayude con un buen titular. Durante los seis minutos restantes, Martínez tergiversó las palabras de Urrejola y las convirtió en una absolución. Fue interrumpido sólo en dos ocasiones. Por su propia tos.

Nota. Hablé con Javier Mejía, economista de la Universidad de Antioquia, investigador posdoctoral y docente en la Universidad de Stanford, sobre Constitución Política y rebelión; tecnología y colapso social. Pásense por mi canal.

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Como si fueran destellos de vida en otra galaxia, cada tanto llega a la indignación masiva algo que sucedió en el internet de los ‘streamers’. Nos enteramos de un ruido que produjeron y que los medios de comunicación explotan buscando una fracción de la atención que a esos extraterrestres les sobra: denuncias de abusos y estafas, peleas internas, intimidaciones y opiniones discriminatorias y abiertamente violentas. Y cada tanto, detrás de la prensa y de nosotros, aparece algún juez que intenta aplicar las leyes de la gravedad de nuestro planeta.

En pocas palabras, los ‘streamers’ son influenciadores que hacen largas transmisiones en vivo. El ‘streamer’ originario viene de los videojuegos, criado en la soledad de acumular horas frente a un computador, absorto de su entorno físico pero conectado con una comunidad de avatares. El ‘streamer’ fue alguna vez ese fanático que ahora recibe en su canal; ese fanático para quien la pantalla y los audífonos son la pausa de un mundo analógico precario y desigual.

Westcol es uno de esos ‘streamers’, pero no cualquiera. Estuvo en el top 3 de América Latina 2023 y bordea los cuatro millones de seguidores en redes sociales. Su nombre de pila es Luis Fernando Villa, tiene 23 años y nació en Medellín. El relato que vive y recrea como influenciador se resume en una publicación reciente en TikTok. Sentado en una camioneta negra con la puerta abierta, ataviado de collares y con un fajo de billetes, Westcol canta una canción de trap de Blessd (en cuyo video oficial él sale): “Luché por el sueño pa’que todo se dé / pa’que algún día se compre un Mercedes Benz / y llegue al barrio donde los parceritos y les diga / sí yo pude ustedes también mis socitos”.

Antes no tenía nada y ahora tiene todo. Pasó de transmitir sus aventuras en Minecraft a conversar con James Rodríguez, llenar el Movistar Arena para comentar peleas de boxeo entre creadores de contenido, y presidir un equipo de fútbol siete con el reguetonero Arcángel en la Kings League Américas –el formato espectáculo que se inventó Gerard Piqué para robarle audiencia a las ligas tradicionales–. Westcol habla de comprar una moto durante una transmisión como si tuviera antojo de pizza y parquea media docena de carros al frente de su casa. En cada uno de ellos sale a pasear con su novia, Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista condenada por compra de votos que protagonizó la célebre ‘Rappi-fuga’.

Según sus propias cuentas, en un mes Westcol llegó a facturar 500 millones de pesos entre monetizaciones de las plataformas, patrocinios y negocios como barberías y bares. Los influenciadores lo tienen cada vez más claro: los ‘likes’ y la acumulación de seguidores no sirven de nada si no se canjean por efectivo. En palabras de la académica norteamericana Emily Hund, que lleva años estudiando esta industria, “aquellos que aprenden a construir y explotar el lenguaje y la estética siempre cambiantes de la ‘autenticidad’ en línea poseen una influencia comercial, política e ideológica inmensa”.

La autenticidad de Westcol es la repetición de un molde común entre ‘streamers’ exitosos en Colombia, inmersos en la cultura popular y la farándula deportiva y musical. Allí las redes sociales juegan un papel fundamental, no sólo en términos económicos, sino también como vitrina de una narrativa cuidadosa de éxito forjado a pulso, de opulencia por merecimiento. “K’bron yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje, ahora tengo dinero y no entienden mi lenguaje”, escribe Westcol en una publicación en Instagram de hace un año, parafraseando la letra de una canción de Arcángel con Bizarrap. Aparece sentado en el techo de su auto deportivo rojo. Al lado, al fondo, detrás y a lo largo de toda la calle, una fanaticada colapsa el tráfico para salir en la foto.

En la historia de supervivencia de personajes como Westcol, la violencia es a la vez un fantasma del que fue testigo en el pasado y un subtexto del presente. Es tema de conversación y banda sonora: el tiroteo que alguna vez vimos, el amigo que no vivió para contarlo, la bendición de una madre angustiada. De las anécdotas que comparten los parceros, las metáforas de los chistes y el lenguaje cargado de groserías, cada tanto se desprenden lances intimidatorios. Westcol fue noticia hace un mes, precisamente, por esto.

Después de haber sido acusado de ser un “maltratador de animales” por una publicación en redes sociales (que, según él explicaría después, era un meme y no una foto de su autoría), durante una de sus transmisiones Westcol llamó a un periodista que había cubierto el hecho. “Mucho cuidado, papi, hábleme claro, ¿usted por qué hizo eso?… ¿usted sí sabe de dónde vengo yo?”. Ante el “no” escueto del periodista, agregó: “Bueno, va a saberlo si no elimina ese titular”. En seguida, soltó una risa silenciosa y colgó la llamada.

Como explicó Circuito (un proyecto de Linterna Verde, organización que dirijo), este tipo de conductas están prohibidas por las plataformas. Según la política de discursos de odio de Kick, donde Westcol hace sus ‘streamings’, las amenazas de muerte o de daño a otros son sancionables, así sean en broma. Westcol, además, reveló en vivo el número de teléfono del periodista, lo cual ocasionó que éste recibiera mensajes intimidatorios poco después. Las normas de Kick prohíben “participar en ciberacoso o doxxing”.

Kick no entra en detalles alrededor de las sanciones que implican este tipo de comportamientos. Esa laxitud no es un defecto sino una función. Kick nació en 2023 para competir con Twitch, la plataforma en que el ‘streaming’ se consolidó y que Amazon compró hace diez años. A diferencia de Twitch, Kick ofrece reglas de monetización más favorables para los creadores y es menos estricto en la moderación de contenido polémico y semierótico. En abril del año pasado, con bombos y platillos y un contrato bajo el brazo, Westcol anunció que dejaba Twitch y se trasteaba a Kick.

Si el formato consiste en hablar en vivo sin libreto ni filtro, el riesgo del formato es cualquier cosa de la que se hable. Los ‘streamers’ comentan mientras juegan, toman cerveza y parlamentan con invitados, reciben llamadas impromptu de sus seguidores o reaccionan sobre la marcha a un evento en desarrollo. Los directos se convierten en el ocio extendido de las cosas que se escriben sin pensar en Twitter, con el agravante de que en las transmisiones la fanaticada celebra e incentiva en tiempo real las salidas más provocadoras del anfitrión.

A finales de 2022, Westcol generó una oleada de críticas en redes sociales por comentarios contra la población LGBTIQ+. “¿¡Ahora me van a criticar porque no quiero que mi hijo me salga trans?!… Ahora, si mi hijo me sale trans ya muy diferente cuál sería mi reacción. Obviamente mi reacción va a ser apoyarlo, ¡apoyarlo contra una pared y meterle un palo por el culo para que vea que eso no es bueno!”, dijo en una de las transmisiones, con su cachucha tradicional tapándole los ojos. En otra, en similares términos y a punta de insultos, aclaró que no era homofóbico, pero que si le traían a un ‘man’ de esos, “lo fulmino a balazos… ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mierda?”.

Pocos meses después, pidió perdón por haber hecho un “chiste pesado” sobre algo que no entendía: “obviamente yo soy una persona que tras de que se volvió famosa de la nada, no mide sus palabras”. Sus palabras, sin embargo, ya las estaba midiendo un expediente de tutela que llegaría hasta la Corte Constitucional. En el fallo que se conoció el viernes, una sala de tres magistrados le ordena hablar en sus redes sociales sobre “los impactos negativos que tienen las publicaciones de discursos discriminatorios en la vida de las personas contra las que se dirigen”, y participar en un curso sobre derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

La Corte Constitucional también le llama la atención a Youtube, propiedad de Google y donde se había publicado el contenido, por no haber tramitado oportunamente las quejas de los usuarios frente a los comentarios del ‘streamer’, que claramente violaban las normas comunitarias sobre discursos de odio. Para cuando la Corte estudió el caso, Youtube y Twitch ya habían eliminado el video que motivó la acción de tutela. Estuvo casi un año al aire.

Westcol nunca participó en el proceso ante los jueces y la Corte. El viernes dijo que no sabía nada sobre la decisión, que los medios hablan mucha “mierda” de él y que hace rato había “arreglado” eso pidiendo perdón. Ese video de excusas del año pasado oscila entre la contrición, la justificación y la irritación hacia la prensa: “Esto ni siquiera es un problema mío; esto es un problema de la sociedad y en este momento yo soy la cara del problema”.

La cara del problema es ahora él, como en otros momentos ha sido la La Liendra, Yeferson Cossio o La Tremenda. Influenciadores que participan en pirámides, que son acusados de plagio, que se pelean y amenazan entre sí, o que confiesan al aire un episodio de abuso sexual. Esta vez, con buen criterio pero a paso de tortuga, la Corte Constitucional puso entre alfileres el caso de Luis Fernando Villa. Tal vez parezca inútil, como el meme de quien trapea el mar o barre un charco de agua. Sin embargo, es un precedente. Un mensaje para la galaxia de los ‘streamers’, donde lo que acá interpretamos como ruido allá es código y práctica. No es un defecto sino una función.

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El jueves fue un día intenso, sobre todo para Vicky Dávila. La Corte Suprema se reunía para elegir al reemplazo del fiscal saliente, Barbosita, el consorte de la casa editorial. Afuera del Palacio de Justicia la gente se juntaba para protestar; adentro no había humo blanco. El trabajo de Semana de muchos meses, la campaña de expectativa del medio estafeta, se jugaba en un par de horas. Con todos los ingredientes servidos, Dávila desplegaría durante la jornada su alquimia periodística de convertir la llovizna en tormenta. Y en la noche, triunfante y sonriente, recibiría una recompensa inesperada pero muy especial.

“Ver banderas del M-19 frente a la Corte Suprema de Justicia es doloroso y estremecedor. Solo trae recuerdos de sangre y muerte”, escribió Dávila en Twitter (X) a las 11:04 de la mañana, cuando aún no se sabía nada de las votaciones y los manifestantes se agrupaban mansamente en la calle. “Señores magistrados, hoy millones de colombianos estamos con ustedes y con lo que representan, la majestad de la justicia. Colombia no permitirá otro HOLOCAUSTO”, añadió.

Como quedaría claro después, la alusión al episodio del Palacio de Justicia no fue gratuita. Era el preámbulo de las nubes grises que la prestidigitadora juntaba sobre el cielo del centro de Bogotá. Decirlo en ese momento, cuando las banderas del grupo guerrillero responsable de la toma de 1985 se ondeaban en medio de una manifestación lánguida, era una desproporción. Se puede criticar la obvia torpeza de los seguidores del Presidente con ese gesto; otra cosa es usarlo para activar entre la ciudadanía el recuerdo del holocausto nacional. Hacer eso, a esa hora y en esas condiciones, no era más que un artificio, una hipérbole de la marca registrada Semana.

En el otro lugar principal de la concentración, los integrantes de Fecode protestaban frente al búnker de la Fiscalía por el reciente allanamiento a su sede en el marco de la investigación por la posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente. Al mando de esa actuación oficial está el fiscal Gabriel Jaimes, el adlátere de Barbosita que después de fracasar en la misión de enterrar el proceso contra el expresidente Uribe fue encomendado con la tarea de mostrarle los colmillos al sindicato de profesores.

A las 11:37 de la mañana, Dávila dio la noticia que el tándem Semana-Fiscalía anhelaba desde el día en que el presidente Petro mandó la terna, hace más de seis meses: “Urgente: la Corte Suprema de Justicia no se dejó presionar, votó y ninguna de las tres candidatas obtuvo los votos para ser fiscal general.” En términos prácticos eso significa que, además de las placas conmemorativas que exaltan su nombre y la obra de once tomos sobre sí mismo, Barbosita dejará otro legado: el encargo de la cuestionada Martha Mancera como fiscal general hasta que la Corte elige a una en propiedad.

El resultado de la Sala Plena tardó unos minutos en bajar a la calle. Pasadas las doce, con megáfonos y carteles en mano, los manifestantes empezaron a gritar: “¡¡Resistencia!! ¡¡Resistencia!!”. Hacia la una de la tarde, frente a la entrada de los parqueaderos del Palacio de Justicia, en la carrera octava, la temperatura subía. Ahora las proclamas eran contra la fiscal encargada: “¡¡Afuera, Mancera!! ¡¡Afuera, Mancera!!”. Un puñado de personas intentaron forzar las mallas metálicas de una de las entradas, pero fueron disuadidos por la propia multitud.

A las dos de la tarde el reportero de La Silla Vacía describió la situación: “Muchas personas arengando contra los magistrados. Ningún signo de violencia. Adentro, agentes de la Policía y los antimotines. Los gestores de convivencia acompañan.” La escena sobre la calle 12 era algo más complicada: algunos manifestantes habían bloqueado las salidas de los parqueaderos, al igual que en la calle 11. En este último frente había unos pocos indignados. La mayor parte de la gente seguía apostada en la carrera octava, y las armas que ostentaban eran megáfonos, banderas y vuvuzelas. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde.

Para entonces Vicky Dávila ya había prendido la alarma de incendios y Semana titulaba: “Urgente: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están sitiados, manifestantes bloquearon los accesos y no los dejan salir. La situación es grave.” Antes de las tres de la tarde, Dávila advirtió que la democracia estaba en riesgo “con este ataque aleve a la Corte”. Y menos de una hora después, Semana ponía en letras de molde las palabras del exmagistrado Jaime Arrubla, actor de reparto habitual en el medio: “Estamos ante un secuestro colectivo”. El artículo incluyó una declaración artera de Arrubla sincronizada con el guion de Dávila: “Sería muy bueno que el presidente aproveche su experiencia en tomas de palacios para ponerla en favor de lo que está pasando”.

Mientras avanzaba la película de acción de Semana, el director de la Policía, general William Salamanca, llegaba al lugar de los hechos –caminando y sin esquema de seguridad, según él mismo explicó después– y dio una declaración de trámite: “Me dispongo a ingresar al Palacio de Justicia para hablar con los magistrados. No he tenido información donde haya violencia o una expresión desmedida de inseguridad”. Para Dávila, en cambio, la reunión era casi un operativo del Gaula: “El propio director de la Policía está dirigiendo personalmente la liberación de los magistrados”.

Minutos antes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había dado un parte de tranquilidad. El director de Presidencia, Carlos Ramón González, se había asomado para hablar con los manifestantes. Y, desde su oficina en Twitter, el presidente Petro le había ordenado a la Policía, “actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quiénes se trata”.

A pesar de que no le había compartido ninguna preocupación al general Salamanca ni al ministro de Defensa, el Presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, se sumó al show. La Corte rechazaba el “asedio” y consideraba “en grave riesgo la vida e integridad física” de los magistrados y funcionarios. La Corte que en la mañana había pasado de largo con la elección de la fiscal, posaba de víctima en la tarde. Lo cierto es que el honorable tribunal no desaprovechó el telón teatral de Semana para tapar sus propias costuras. El único riesgo que corrió Chaverra fue oír el ruido de las arengas y las trompetas desde su ventana. La única amenaza a su integridad física fue haberse quedado sin almuerzo.

La tarde terminó con una dispersión rápida de los bloqueos, con disturbios menores, piedras y palos, entre algunos manifestantes y el nuevo Esmad de la Policía. Minutos antes los funcionarios salieron caminando del Palacio –”evacuados”, según BluRadio– y poco después salieron los magistrados –”fuertemente custodiados”, en palabras del mismo medio–. Es decir, salieron como siempre: en sus camionetas blindadas, viendo la realidad a través de vidrios polarizados.

El día en la oficina de Vicky Dávila había terminado, pero faltaba la mejor parte. Justo esa noche el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) entregó sus premios. “La noche de los mejores”, dice el eslogan. “El premio de los periodistas para los periodistas”, exclamó Juan Roberto Vargas, uno de los maestros de ceremonias. Ante un auditorio lleno, la presidenta del jurado, Juanita León (directora del medio en el que publico estas líneas), leyó el acta: “Este jurado quiso premiar más el resultado que el proceso (…) optamos por premiar las piezas por su valor periodístico intrínseco y su impacto, sin reparar en el trabajo de los medios como un todo (…) Premiamos los trabajos que nos parecieron los mejores”.

Unos minutos después, dos presentadoras anunciaron a la ganadora en la categoría de prensa: “¡Vicky Dávila y el equipo periodístico de Semana, por el trabajo ‘Financiación irregular de la campaña Petro Presidente’!”. Dávila pasó emocionada a la tarima y llamó a su gente para que la acompañara. Después dio las gracias y pronunció un breve discurso:

“Hoy, más que nunca, creo que los periodistas deberíamos estar unidos para defender la democracia y la verdad. No importa, no tenemos que pensar igual, pero tenemos que cumplirle a esa gente que nos ve todos los días, que nos oye, que nos escucha, que nos lee, que espera mucho de nosotros. Hoy fue un día triste en Colombia; acaba de ocurrir lo que ustedes ya saben en la Corte Suprema de Justicia y tenemos la obligación moral de defender la democracia y de hacer respetar nuestro trabajo. Que viva la libertad de prensa y la libertad de expresión. Buenas noches”.

La presidenta del jurado –en el que estuvieron reconocidos colegas como Juan Lozano, Hernando Paniagua, Andrés Mompotes y Amparo Pérez– me aclaró que Dávila ganó por sus entrevistas a Nicolás Petro y Days Vásquez (sobre ese par de piezas periodísticas escribí hace unos meses). No ganó por todo lo demás. Ni por sus constantes exclusivas de la Fiscalía y el Fiscal, ni por la denuncia de las cinco maletas con tres mil millones que se llevó el viento, ni por los audios editados de Armando Benedetti. Mucho menos ganó por su cubrimiento especial de este jueves. Para concursar con ese trabajo tendrá que volverse a postular.

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Los frailejones quemados no posaron para la foto. Nunca supieron que eran famosos ni que el fuego que los consumió es noticia. Los dos que aparecen en primer plano ahora son tendencia. Siguen erguidos, pero están muertos. “El ‘Gobierno del Cambio en una imagen’”, escribió el exconcejal de Bogotá cuando la compartió. El cementerio de los frailejones está arriba y él está abajo. Su tuit tiene 1,6 millones de reproducciones. Arriba hay llamas. Abajo, su indignación acartonada se prende como pólvora.

“A pesar de las advertencias, el país no estaba preparado”, dice la portada de Semana, que se regodea por tener, esta vez sí, una noticia literalmente explosiva. Aparecen los Cerros Orientales de Bogotá incendiados en medio de la noche, debajo de la luna llena. Las advertencias a las que se refiere el artículo no son más que papeles: oficios y memorandos, planes y resoluciones. Los mismos papeles que se llevó el viento durante la avalancha en Mocoa en tiempos de Santos, en el huracán que arrasó San Andrés cuando estaba Duque, o en el deslizamiento de la vía Quibdó-Medellín hace unos días.

“El Gobierno Petro, cuya bandera es el cambio climático, ha mostrado serias falencias en atender la emergencia”, concluye Semana. No es la única. Periodistas, políticos de oposición y analistas hacen lo mismo. Entierran las miradas en sus teclados o declaman frente a la cámara su diagnóstico. Aún no se extinguen las llamas y las cabezas parlantes ya resolvieron el entuerto de un planeta combustible, de bosques que se prenden con el sol después de meses de lluvia, de ramas y chamizos secos como fósforos. El país no estaba preparado. Ellos tampoco.

Con los bosques ardiendo, las palabras del Presidente sofocan aún más el ambiente. Él también posa como experto: “Se advirtió a alcaldes salientes y entrantes la gravedad del fenómeno del niño que el IDEAM marcaba”, escribió en una de sus primeras reacciones. Punto seguido, y para no perder la costumbre, celebró su propia pericia como si le hubiera revelado al mundo un misterio: “La predicción ha sido casi exacta”.

Al día siguiente, Petro señaló a los mandatarios locales con condescendencia: “Los alcaldes en sus desesperos, son alcaldes que llevan apenas estos días del mes de enero, algunos conocen los procedimientos, otros los desconocen, están acudiendo desordenadamente a diversas instituciones del gobierno nacional, y produce una falta de planificación y descoordinación en el mismo gobierno”.

El truco del Presidente es cada vez más obvio. A toda crisis que enfrenta le da la vuelta, gira el tablero, hace una maroma y cambia la dirección de la flecha. “No nos dejan gobernar”, repite. A mano tendrá siempre algún salvavidas de la oposición, como el que le tiró la Procuradora con la decisión arbitraria de suspender al Canciller. No obstante, con el paso de las semanas y los meses la grieta entre la teoría y la práctica del gobierno, se vuelve abismo.

A la par con los incendios brotan las denuncias sobre la emergencia: es que le quitaron recursos a los bomberos, es que el avión de la Fuerza Aérea no estaba listo, es que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungr) es cuota política. Culpa de Petro, concluyen. Después nos enteramos de que en realidad los bomberos no ejecutaron el presupuesto, que el avión está varado en el taller desde 2019 y que debajo de cualquier piedra de una entidad estatal está el amigo de alguien.

Con ninguna de esas denuncias se apaga una fogata, ninguna contratación escandalosa que se descubre sirve para que caiga más agua. A los congresistas y concejales de la oposición no les interesa que esto se resuelva, como en su momento a los que hoy están al mando les tenía sin cuidado que el gobierno anterior pudiera sortear una emergencia. Más allá de lo que haga o deje de hacer, que a Petro le vaya bien en esto es una derrota para la orilla contraria. Así fuera una buena noticia para todos.

Como los frailejones carbonizados, nadie se mueve de su sitio. En el juego de suma cero en el que estamos, cada cosa que pasa es una oportunidad para librar otro round e intentar liquidar al enemigo. Sin importar que implique una disociación burda de las ideas propias; así sea igual de útil que echar un discurso durante un terremoto.

El detective del Secop convertido en concejal hurga en los contratos de la Ungr para salpicar a Nicolás Petro; la senadora de derecha María Fernanda Cabal, negacionista de la crisis climática, aprovecha para enrostrarle a la izquierda la Primera Línea; el senador del Pacto Wilson Arias alimenta la teoría de la conspiración según la cual los incendios están siendo orquestados por la oposición, antes que tener alguna relación con el problema que expone reiteradamente Petro en foros internacionales; y el sistema de medios públicos, al servicio de la propaganda oficial, informa que las tanquetas de la Policía que se usaban para reprimir ahora combaten el fuego. ¿Sí sirven esos camiones pesados con sus mangueras a chorro para extinguir las llamaradas? Nadie sabe y no importa. Al Presidente le sirve para encajarle un golpe a su antecesor y eso es más que suficiente.

Debajo de esa nube gris que nos ahoga está lo importante: el esfuerzo de funcionarios y voluntarios invisibles, los proyectos ciudadanos sobre reforestación y calidad del aire, las políticas públicas e iniciativas comunitarias que debemos impulsar antes de que nos cubra el agua y nos derrita el sol. Allá tendremos que llegar –nosotros o los que vengan–, en algo de eso ya estamos a pesar de todo.

Se calcinan los bosques en Colombia mientras debatimos con antorchas. En realidad, no debatimos. Sólo somos la continuidad del humo, del ruido de los helicópteros y del olor a chamuscado que nos entra por los ojos. No hay espacio colectivo para vivir esta tragedia, para mirar hacia la montaña en silencio, para darle un sentido a nuestra huella como especie y, sobre todo, para tener alguna dimensión de lo que enfrentamos.

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“Había una carpeta para cada persona”, explicó en Caracol Radio Carolina Valencia, su exsecretaria cuando era concejal de Bogotá. La misión era monitorear las publicaciones en redes sociales y crear campañas de desprestigio: ataques, memes y fragmentos sacados de contexto. “Conozco las acciones de Hollman Morris a la perfección”, añadió con voz distorsionada otro de sus antiguos colaboradores.

Tal vez sea la acusación menos grave de todas las que tiene, pero no está aislada de las demás. Al subgerente del sistema de medios públicos, hombre de confianza del Presidente y mentor de la secretaria de prensa de Palacio, se le señala ahora de presunto maltrato laboral en RTVC. Dos trabajadoras de la entidad enviaron la denuncia a la gerente Nórida Rodríguez, que la hizo llegar a la Procuraduría y con quien Morris mantiene una pugna de poder.

Las entrevistas que divulgó la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio –apenas una muestra de varias, dice ella– dan cuenta de los tiempos de Morris como concejal de Bogotá, entre 2016 y 2019. Para ese último año, el hoy subgerente de RTVC enfrentaba una denuncia por violencia intrafamiliar de su exesposa Patricia Casas y otra por abuso sexual de la periodista María Antonia García. Por ninguna de ellas ha sido condenado judicialmente.

Estos hechos generaron una ruptura en el Movimiento Progresistas –que después se convertiría en la Colombia Humana–. Álvaro Moisés Ninco, actual embajador de nuestro país en México y para entonces integrante de la UTL del senador Gustavo Bolívar, criticó a Morris en Twitter y este último lo denunció penalmente. Por su parte, feministas como Sara Tufano y Juana Afanador le exigían a Gustavo Petro un gesto político claro en rechazo a la violencia de género.

Con su decisión de escoger a Hollman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2019, Petro despejó cualquier duda de dónde estaban sus afectos y qué tanto le importaban los reparos de las mujeres del movimiento. “¿Cómo podría Morris reivindicar la perspectiva de género o el feminismo de clase después de las acusaciones que se le han hecho?”, escribió Tufano en ese momento.

Había un antecedente aún más elocuente: Ángela María Robledo, la fórmula presidencial de Petro en las presidenciales de 2018, prefirió luchar por su curul en el Congreso –anulada por una supuesta doble militancia– en vez de buscar la Alcaldía en representación del petrismo. La relación entre los dos después de la campaña, además, no había quedado en los mejores términos.

Las acusaciones del feminismo contra Morris y las críticas a Petro por sostenerlo desataron una oleada sostenida de ataques, descalificaciones e intimidaciones en redes sociales hacia las mujeres visibles de este debate. Esta “violencia política”, como la calificó Robledo, nunca fue desautorizada de manera enfática por Petro, se mantiene con menor intensidad y, sobre todo, hace parte del ADN con el que los defensores del Presidente responden en Twitter las críticas a su líder.

Según le explicó Carolina Valencia a Vanessa de la Torre, en sus tiempos de concejal y mientras capoteaba la tormenta, Morris tenía un grupo de “chicos” para desprestigiar a sus críticos. Es decir, contaba con su propia bodega: cuentas –identificadas y anónimas– que monitoreaban contradictores, incluyendo a la exesposa de él, y desplegaban ataques como respuesta. La otra fuente, un hombre que prefirió hablar con un filtro para no ser identificado, era uno de ellos. Valencia acepta su propio rol en esa tarea y afirma que María Paula Fonseca, la hoy secretaria de prensa de Presidencia, “también hacía parte de la persecución y del acoso contra las feministas”.

Es un hecho claro que los partidos políticos y gobiernos usan esta estrategia de desinformación y ataque para defenderse. Se conoce como acciones coordinadas y los ejemplos abundan en toda América Latina. Un informe reciente de Linterna Verde (organización de la que hago parte) hizo un inventario de varias investigaciones en América Latina sobre el particular. Estos trabajos, “exponen evidencia suficiente que sugiere la participación de partidos políticos y agencias de publicidad en estas tácticas engañosas, así como el uso de tecnología para influir en la discusión pública”.

Para no ir lejos, durante el gobierno de Iván Duque un grupo de funcionarios de Palacio lideraba un grupo de Whatsapp donde el uribismo coordinaba ataques contra críticos y opositores. En las alcaldías y gobernaciones de toda Colombia abundan ejemplos similares. Los mercenarios digitales vienen en todos los colores y sabores, y es el dinero de nuestros impuestos el que aceita esas máquinas de manipulación.

Que los testimonios contra Morris confirmen una práctica habitual no le resta importancia a que conozcamos con nombre propio a uno de los posibles directores de las acciones coordinadas del petrismo. ¿Cómo estará usando su ‘know-how’ ahora que tiene la chequera y los megáfonos de RTVC y Palacio? ¿Cómo se articulan ahí los influenciadores y las cuentas anónimas que destilan veneno al por mayor en Twitter?

“Este es un relato recurrente que se ha usado en diferentes espacios de gobierno”, escribió en Twitter María Paula Fonseca sobre la denuncia reciente contra su mentor por maltrato laboral. Y añade: “¿Vamos a hacerle el juego a quienes lo utilizan para impedir el cambio?”. Veremos qué responde la bodega.

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