Este domingo, México elegirá por primera vez una mujer como presidente. En una contienda electoral que ya sería histórica porque en un país con una larga tradición machista se enfrentan dos mujeres —Claudia Sheinbaum, una física científica climática, y Xóchitl Gálvez, una ingeniera y exitosa empresaria que construyó los primeros edificios inteligentes de Ciudad de México— también será recordada por la violencia política que ha marcado las elecciones.
Es una tragedia que refleja la violencia estructural asociada al narcotráfico, pero también el creciente control territorial que la política de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel Obrador les ha facilitado a las organizaciones criminales de ese país.
Dadas las similitudes en la aproximación a la seguridad del presidente mexicano de izquierda y el de Gustavo Petro, este proceso electoral deja varias lecciones para Colombia.
¿Qué ocurrió en México?
En lo que va de 2024, 26 candidatos y precandidatos fueron asesinados, 24 más sufrieron atentados y 9 fueron secuestrados por organizaciones criminales. El año pasado, otros 17 candidatos y 102 funcionarios de elección popular fueron acribillados. Cientos se retiraron de la contienda para evitar correr la misma suerte.
Desde 2006, el crimen organizado viene atacando a candidatos y funcionarios locales de primer nivel en México. Estos atentados se concentraban en territorios en pugna entre grupos criminales, así como en aquellos donde distintos partidos gobernaban en los diferentes niveles de gobierno y los pactos con la criminalidad eran inestables.
Pero en estas elecciones, la violencia se extendió a funcionarios de segundo nivel en áreas de economía y finanzas —tesorerías, catastros, registro de propiedad, desarrollo social, obras públicas y pavimentación, entre otras— en las que el crimen organizado ve la oportunidad de capturar nuevas rentas y monopolizar ellos mismos la oferta de los servicios públicos a la comunidad.
Sobre todo, porque la llegada del fentanilo ha reducido el precio de la amapola en dos terceras partes y ha provocado que los narcos busquen rentas complementarias.
En este periodo, los atentados a los candidatos se duplicaron y el miedo de los candidatos a puestos locales es palpable en lugares como Morelos. “Sufrimos violencia todos los días. Nos meten miedo, nos meten amenazas, nos intimidan”, dice Gabriela Gorostieta, una candidata de 25 años del Partido Acción Nacional (PAN) en ese estado.
La Silla la conoció en un viaje organizado en abril por la KAS para periodistas internacionales, justo tres días después de que hubiesen acribillado a su tío mientras ponía carteles de su campaña. A las afueras de la sede de su partido (el PAN, de oposición) militares fuertemente armados la custodiaban.
Ese mismo día, el delegado del equivalente al Consejo Nacional Electoral de México en ese mismo estado, contó que llevaba poco en el cargo. A su antecesor lo habían abaleado unas semanas antes saliendo de ese edificio.
La sensación en Morelos, como en otros estados, era que la gobernanza criminal se había afianzado durante los seis años de gobierno de Obrador como resultado de su política de seguridad.
“La política de abrazos, y no balazos” es un eslogan, es una frase que le sirve al presidente para explicar su política, aunque nadie acepta que eso haya sido la política, dice el analista político experto en seguridad, Carlos Pérez Ricart. “AMLO ha querido vender como su política de seguridad, su política social, atender las causas de la violencia, dar programas de empleo a jóvenes. Esa es su política de abrazos. El error ha sido pensar que una política social es una política de seguridad, cuando se necesitan ambas cosas”.
Pérez Ricart, quien es cercano a la campaña de Sheinbaum, dice que la política de seguridad del presidente ha sido apoyarse en la Guardia Nacional (una policía militarizada que reemplazó a la policía federal) para reducir el homicidio, pero que ha carecido de una verdadera política criminal.
Para reducir el homicidio, coincidieron con él varios expertos consultados por La Silla, el gobierno forjó acuerdos con ciertas mafias que se comprometieron a no matar a cambio de que el gobierno se hiciera la vista gorda frente a otros delitos como la extorsión, que se disparó en estos años fortaleciendo su poder local y su control sobre las actividades económicas de lugares como Sinaloa.
“Si no tienes capacidad de investigación, si no inviertes en entender patrones del crimen, en fortalecer la Fiscalía, tienes esto como resultado, que matar es regalado”, dice el experto, autor de un reconocido libro sobre la DEA en México.
¿Qué lecciones deja para Colombia?
Como López Obrador, el gobierno Petro se adhiere a la teoría de las causas objetivas de la violencia. Su aproximación inicial en el tema de seguridad ha sido a través de programas como Jóvenes en Paz (que el presidente explicó como “pagarles a jóvenes por no matar”) y vía mesas simultáneas de negociación con todos los grupos pactando de entrada ceses bilaterales poco verificados.
Durante estos casi dos años, en el que las capacidades de inteligencia del Estado se han debilitado y en que la política de seguridad se ha supeditado a la paz total, las organizaciones criminales han ganado poder territorial como lo hicieron en México. Así lo demostró este informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz. La disparada de la extorsión incluso en barrios de grandes ciudades es una señal de ello.
Ya en las pasadas elecciones locales, la MOE alertó sobre un incremento en la violencia contra candidatos. Hay dos años para incorporar la lección que ofrece México.
