“Paz” y “pobreza” fueron las palabras que más utilizó el presidente Gustavo Petro en su discurso ante el Congreso, pero la que más resonó fue “perdón”. 

En la instalación de la tercera legislatura del Congreso 2022-2024, el presidente lanzó un discurso conciliador. Reconoció y pidió perdón por la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), e insistió en un acuerdo político. Aunque no leyó un discurso, hizo un recuento más tradicional y estructurado de sus logros, a diferencia de lo que había hecho hace un año, y mostró un dominio amplio de las cifras y los temas. 

Este 20 de julio, Petro asumió la cara de la mano abierta y democrática del gobierno, que se intercala con el puño cerrado de sus publicaciones en redes sociales y la agitación populista de sus bases en busca de mecanismos de reforma extraordinarios. Tanto había subido la tensión, que en la oposición hubo dudas de que Petro instalara la legislatura, lo que terminó siendo un ruido sin fundamento. Con esa estrategia el gobierno ha logrado avanzar su agenda reformista en los pasados dos años, y en la instalación del Congreso Petro fue la cara del demócrata de izquierda en un mundo que se encamina a una derecha autoritaria, como él lo sostiene.

Pero la recepción en el Congreso no fue cálida. Los partidos en oposición e independencia se repartieron los discursos de réplica entre seis congresistas. Fue un mosaico de los sectores con los que el gobierno busca hacer ese acuerdo nacional, y ni siquera en los sectores más cercanos, que han votado con el gobierno en varias ocasiones, hubo señas de apertura. 

El Congreso, según esas réplicas, hizo evidente que tenía memoria. Hace un año, Petro habló de hacer un acuerdo político, que nunca avanzó más allá de la retórica, y, en cambio, se confundió entre denuncias de golpes de Estado y propuestas de constituyentes. 

Estas fueron las claves de los discursos del 20 de julio de 2024:  

1. El pedido de perdón de Petro por la corrupción de Olmedo 

“Quiero comenzar estas palabras, básicamente, pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la Ungrd”, dijo Petro sin ambages. 

Sin una sentencia judicial que obligue, el perdón es una palabra que rara vez han pronunciado los presidentes de Colombia. Sobre todo los hechos de corrupción dentro de los gobiernos suelen pasar por las “espaldas”, como con Samper, o los “me acabo de enterar”, como Santos. 

El perdón de Petro con el caso de corrupción más grande de su gobierno, que involucra la entrega de contratos y supuestos pagos en efectivo a congresistas a cambio de sus votos, además no vino con excusas: “El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente”. El presidente asumió la “responsabilidad política”, aunque fue muy específico en señalar a un solo responsable, López, cuando varios miembros de su gabinete están siendo investigados, incluyendo su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. 

El tono y las palabras marcaron un giro drástico frente a cómo venía asumiendo el caso de la Ungrd. Un día antes, en un largo trino, afirmó que la filtración de la evidencia que involucra a Olmedo con Bonilla, “busca aislar el gobierno del congreso para que no se aprueben las reformas sociales en favor del pueblo y para que el presidente pueda ser arrinconado y abrir el golpe de Estado blando”.      

Pero ante el Congreso Petro no solo asumió su error al nombrar a López, a quien reconoció como un militante de izquierda, sino que le pidió perdón a los congresistas que durante todo el año había acusado de corrupción y obstruccionismo.

2. Actitud dialogante e incredulidad del Congreso

El acuerdo nacional, como en el anterior discurso, volvió a ser parte importante del discurso y del tono del presidente. “¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, de la democracia y de la justicia social? Es lo que les propongo. (…) Tienen un presidente que fue parlamentario y que sabe qué es el Congreso de Colombia”, dijo Petro.

La invitación llegó con una omisión importante. Nunca habló de la constituyente ni del “poder constituyente”, aunque mencionó que sería un diálogo amplio que incluía al “pueblo”. Sí mencionó el fast-track, un mecanismo que ya utilizó el Congreso para aprobar varios proyectos del Acuerdo de Paz con la Farc. Sin embargo, en sus palabras Petro fue cuidadosamente considerado e incluyente con el Congreso, hasta el punto de identificarse como uno de ellos. Un equilibrio en el que buscó hacer obvio que no se lo quiere saltar. 

Pero la recepción en los discursos de oposición no fue cálida, y la memoria del Congreso no es tan corta. 

Daniel Carvalho, el representante de Antioquia independiente, que ha votado varias reformas del gobierno, le reclamó eso mismo: “Nos dice paracos por no estar de acuerdo con usted. Como líder nos ha maltratado a quienes nos hemos atrevido a criticar a su gobierno. Y acá vienen a decirnos que hagamos un gran pacto nacional”, le reclamó el congresista progresista con pelo enrastado. Fue el más amable de los seis que hablaron.

David Luna, de Cambio Radical, Miguel Uribe, del Centro Democrático, Marelen Castillo de la Liga Anticorrupcion, y Miguel Polo Polo, de la curul afro, rechazaron de tajo la constituyente y el fast-track. 

Se tratan de voces de sectores que tendrían que hacer parte de ese acuerdo. Y todos, con tonos más y menos altisonantes, reclamaron más acciones y menos discursos. “Gobernar no es solo tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene. Gobernar es cumplir la palabra. Y hace un año usted nos invitó a un acuerdo nacional. Pero esas invitaciones quedaron en palabras”, afirmó Luna, el opositor que mostró mayor altura. De ahí para abajo, le recordaron a Petro su falta de disciplina, sus llegadas tarde, y su displicencia frente a las formas del poder.  

3. Pobreza y agro: los logros que Petro se apuntó  

“Lo hemos logrado”. El presidente dijo que su gobierno es el responsable de los buenos números del sector agro y de la reducción de la pobreza monetaria. Fue un reconocimiento poco frecuente del presidente de que efectivamente ha logrado hacer cambios, en medio de sus constantes denuncias de obstruccionismo y bloqueo institucional. 

En ninguno de los dos sectores es fácil atribuir totalmente la mano del gobierno Petro. Sin embargo, Petro dedicó más de la mitad de su discurso a esos temas. Según un análisis de Dapper, una firma de datos y asuntos públicos que hizo un análisis temático con inteligencia artificial del discurso, los temas de actividad económica, entre ellos pobreza y agro, ocuparon el 65% del discurso. Paz, muchas veces mencionada, en cambio, fue del 13%. 

Sobre el agro, Petro dijo que sus políticas de crédito a través de instituciones como Finagro y el Banco Agrario eran las responsables de que la agricultura sea uno de los grandes jalonadores del PIB. También aseguró que eso ha permitido contener la inflación de los alimentos, una de las claves, según su visión, de que la pobreza monetaria esté cayendo.

“El gobierno ha sido eficiente”, dijo Petro, desatando risas en el recinto, sobre la disminución del 3% en las cifras de pobreza monetaria entre 2022 y 2023, según datos del Dane. Lo atribuyó al aumento del salario mínimo impulsado por su gobierno, una relación que no es clara y que no toma en cuenta el buen crecimiento económico hacia el final del gobierno Duque, o la ampliación de los subsidios por parte de Prosperidad Social heredada de la pandemia.

Petro, en cambio, no mencionó alguno de los logros perdurables de su gobierno, como la aprobación de una histórica reforma pensional, que sacará de la pobreza extrema a cientos de miles de adultos mayores, o la reducción de los subsidios a los combustibles, una política impopular, pero crucial para sanear las finanzas del Estado.

Se trata de una elección de logros que corre el riesgo de envejecer mal. Sobre todo con un desempleo ya en aumento y una inflación estancada que hará más difícil la bajada de tasas de interés, un asunto en el que volvió a insistirle al Banco de la República. Eso, sumado a la posibilidad de un fenómeno de La Niña, la caída de la pobreza y el repunte del agro pueden no ser sostenibles.  

4. En el discurso de Petro se sintió la bendición de Cristo

Petro hizo énfasis en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, y anunció un paquete legislativo para acelerarla. Dijo que va a impulsarlo con el fast-track, la estrategia legislativa que impulsó durante el gobierno Santos su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

“No nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese acuerdo, que es declaración unilateral de Estado”, dijo el presidente, quien antes de la llegada de Cristo era un crítico del acuerdo y sostenía que las instituciones creadas para aterrizarlo lo condenaban a su fracaso porque eran “raquíticas” y estaban “desfinanciadas”.

Pero el fast-track no sólo le servirá a Petro para sacar más rápido el paquete sobre el acuerdo. También dijo que con esta herramienta impulsará el paquete de reactivación económica, que incluyen las llamadas inversiones forzosas de la banca privada hacia el agro, el turismo y la industria. 

Es decir, bajo la justificación de implementar el Acuerdo, Petro intentará impulsar su agenda de reformas con menos deliberación en el Congreso y con el liderazgo de Cristo.

El sello de Cristo también se vio en la idea de Petro de modificar las normas sobre las transferencias del gobierno nacional para que los departamentos y los municipios tengan más plata. 

En Marcha, el movimiento de Cristo, es uno los grandes abanderados de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), de donde sale la plata a las regiones, y puede convertirse en un punto de encuentro con los políticos regionales en el Congreso, que ya empiezan a pensar en su reelección en el 2026.

5. Petro vuelve con reformas ambiciosas con las tarifas de energía como bandera 

La reforma a la ley de servicios públicos domiciliarios se anticipa como el gran pulso del gobierno Petro con el Congreso. Como en todas sus grandes reformas, Petro la enmarcó como una superación del modelo neoliberal que, según su narrativa, se impuso en Colombia a principio de los noventa. 

Son grandes los intereses económicos que el gobierno puede tocar con esta reforma. Entre ellos, los del Grupo Energía de Bogotá, el grupo Argos o ISA, la gigante estatal de transmisión eléctrica.

Petro dijo que las ganancias de los privados en el mercado eléctrico eran “transferencias que van de la industria, la agricultura y las familias colombianas en forma de renta a los propietarios de estas grandes generadoras eléctricas”. También sostuvo que las reglas para nombrar comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la entidad que fija las reglas del mercado eléctrico, están pensadas para favorecer al sector privado, encareciendo los precios de la energía para las personas. 

Petro ha intentado asumir directamente las funciones de la Creg y el Consejo de Estado le tumbó recientemente un comisionado porque no cumplía con los requisitos de experiencia profesional, ahora cuestionados por Petro.

Petro también anunció una reforma agraria. Lo hizo luego de cuestionar una decisión de la Corte Constitucional que tumbó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo para acelerar la compra de tierras. Sin embargo, acá no es clara cuál es la agenda del gobierno. Más allá de esos artículos, y la discusión sobre la norma de “expropiación express” dentro del PND, el gobierno no ha planteado una agenda legislativa clara relacionada con la reforma agraria. 

El presidente también mencionó una nueva reforma a la salud “altamente consensuada”, que, por ahora, no se sabe cómo llegará con una concertación amplia luego de las intervenciones de la Superintendencia de Salud y los retiros voluntarios anunciados por grandes EPS. 

Y habló de dos grandes paquetes legislativos. Uno, de reactivación económica, creando inversiones forzosas de la banca privada hacia la vivienda, el agro y el turismo. Y otro, para acelerar la implementación del acuerdo de paz. El nuevo intento de hacer una reforma a la educación no fue mencionado.

6. La seguridad fue la bandera común de las réplicas de la oposición 

Petro fue recibido por la oposición en el Congreso con carteles de “SOS Cauca”, en referencia a la violencia que vive ese departamento. 

La oposición recibirá a @petrogustavo con carteles con la consigna "S.O.S. Cauca".

En esa línea, Cambio Radical designó como vocero de la Cámara a @1oscarcampo que es de ese departamento. pic.twitter.com/wJLfvDfAF3

— La Silla Vacía (@lasillavacia) July 20, 2024

Para reforzar el mensaje, la oposición eligió al representante por el Cauca, Óscar Ocampo, de Cambio Radical, quien fue gobernador de su departamento. “Hoy, día de la independencia, denle libertad a los que están esclavizados por el miedo”, dijo Ocampo. 

Por la misma línea, el senador Luna mencionó la violencia en contra de líderes sociales y firmantes de paz, que se ha venido agudizando. Uribe, Carvalho, Castillo también destacaron el deterioro de la seguridad en sus réplicas a Petro.

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I. Doctor Jekyll y Míster Hyde

En el Londres novelado del final del siglo XIX, una serie de sucesos macabros de crueldad gratuita son protagonizados por un hombre grueso, brusco y opaco: el misterioso Mr. Hyde. La evidencia que deja el criminal conduce, con sinuosa particularidad, al entorno del señor Jekyll, un amable y reputado doctor de la sociedad victoriana que goza de alto reconocimiento por la madurez de sus investigaciones como científico, su encanto social y su generoso apoyo a causas de caridad. A medida que Hyde se hace más visible en su deriva de maldad, Jekyll se recluye y se incomunica en su laboratorio. ¿Cuál es la causa del retraimiento del médico? ¿Qué oscura relación existe entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde?

En El extraño caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde la sorpresa del final se fatiga para el lector de hoy por la fama que precede a esta novela gótica: Jekyll y Hyde son la misma persona, todos lo sabemos. Con el artilugio literario de un bebedizo, Robert Louis Stevenson, en su pulsión por explorar la ambigüedad moral, muestra la incontrolable transformación de un doctor magnánimo gente de bien en un míster calavera gente de mal.

Tal vez Stevenson se dio cuenta de que en el novelón mediático del día a día de cualquier época se opta por atribuir casi todos los males a los Míster Hyde, sin señalar que podrían ser los Doctor Jekyll quiénes en la inhibición de su travestismo propician maldades y perversiones sociales bajo un sistema macabro de experimentación ilustrada salido de control: Míster Hyde es malo en sí, pero es el voluntarioso Doctor Jekyll quien le ha abierto la puerta al mal.

Al final de la novela, en una carta confesional, el científico explica cómo en público se atenía a estrictas normas morales, pero en su vida privada luchaba contra la vergüenza y confiesa que solo en la transformación encontró la posibilidad de satisfacer deseos instintivos que crecieron y se deformaron: Míster Hyde no es el mal puro, el Doctor Jekyll no es el bien puro, pero el Doctor Jekyll devenido en Hyde es un ser fracturado, escindido por esa exigencia moral que obliga a parecer intachables.

II. Vorágine

Hace unas semanas, en Colombia, Vorágine, un medio independiente de comunicación, reveló una investigación que mostró la relación entre dos colombianos de renombre —por su trayectoria y cualidades intelectuales— y una empresa macabra: Chiquita Brands. Esa empresa, que ahora tiene un bonito logo y un tierno nombre en diminutivo, es la reencarnación de la inmensa e históricamente infame United Fruit Company, la misma de la Masacre de las bananeras (1928), reportada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad y por Álvaro Cepeda en La Casa Grande. En un futuro cercano vaya uno a saber qué nuevos alias y asociaciones usen sus dueños para transformarse en lo jurídico y perpetuar así el eterno retorno de esta deriva criminal centenaria por todas las banana republic de América Latina.

“Los crímenes de Chiquita Brands tienen más de un siglo de impunidad”, afirmó el periodista Ignacio Gómez, que ha reportado sobre las movidas de la empresa bananera en Colombia durante más de dos décadas, y recordó, por ejemplo, como “los 3.500 fusiles AK47 que recibió [el paramilitar] Carlos Castaño en Urabá, por el puerto privado que manejaba Chiquita Brands, fueron utilizados para matar gente prácticamente en todo el país”.

Según Vorágine, el proceder deliberado de acción y omisión de estos dos colombianos ilustres destaca porque fueron aliados de esa empresa en el juicio reciente que se le sigue a Chiquita Brands en Estados Unidos, por apoyo económico y logístico a grupos paramilitares en Colombia. El periodista Nicolás Sánchez Arévalo de Vorágine comenzaba así su acucioso informe periodístico:

“La bananera Chiquita Brands sufrió uno de los reveses judiciales más grandes de su historia. Un jurado federal en Estados Unidos condenó a la multinacional a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares luego de comprobar que esa empresa financió, por lo menos, durante siete años a ese grupo criminal. En Colombia, exejecutivos de esa compañía y de Banacol, empresa antioqueña, afrontan un juicio por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. En medio de ese proceso, los exdirectivos han encontrado aliados para su defensa que han rendido informes confidenciales con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol”.

Uno de los fieles aliados de Chiquita Brands es el académico Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) de la Universidad Javeriana de Bogotá, “experto” destacado de la empresa Metódica Consulting y columnista de Portafolio, el periódico empresarial de la Casa Editorial El Tiempo.

El otro es Yohir Akerman, periodista de Revista Cambio en Colombia, columnista del diario La República y presidente en Miami para Latinoamérica de la empresa Guidepost Solutions.

Para evitar el pago de indemnizaciones a cientos de personas, comunidades y familias en Colombia —víctimas del concierto delictivo con ejércitos paramilitares—, Chiquita Brands, y su socio local, Banacol, han invertido cientos de millones de dólares, por décadas, en su defensa para armar un entramado jurídico con varias y destacadas firmas de abogados, empresas de asesoría y consultoría.

La pata colombiana de este costoso y complejo sistema de defensa relaciona a estos dos colombianos y, más importante aún, expone el reverso del decorado de actividades periodísticas y académicas a favor de una larga, discreta, pero decidida serie de movidas empresariales en concierto con empresas criminales. Esto puede parecer algo menor, un pequeño incidente en la hoja de vida de un periodista y un académico, pero su magnitud la describe bien uno de los abogados demandantes en el juicio a Chiquita Brands: “no es lo mismo echar una botella de agua al mar que echar una botella de gasolina a un fuego latente”.

III. El doctor Restrepo

La misión del académico Jorge Restrepo consistió, en sus palabras, en demostrar que “los recursos que obtuvieron los grupos de autodefensa o los grupos paramilitares de una fuente en particular no necesariamente causan o generan un tipo particular de violencia o inciden en los niveles de esa violencia en el tiempo”.

Un recuento del último juicio que tuvo lugar este año en Miami lo hacen Tatiana Devia y Daniel Marín López para el boletín de la Liga contra el Silencio:

“Por el lado de Chiquita se acercaron al estrado ejecutivos del área contable de la empresa (a propósito, de dónde salen los pagos y las actas), dos exgenerales del ejército colombiano y, para sorpresa del público, el profesor Jorge Restrepo, director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), una de las instituciones que le hace seguimiento al proceso de paz.”

“Los exgenerales y el profesor Restrepo fueron contratados hace varios años por Chiquita para construir su defensa. Restrepo explicó que, de acuerdo a su análisis estadístico, los datos muestran que la violencia paramilitar disminuyó en las regiones bananeras entre 1997 y 2004 y sostuvo que no hay correlación entre el momento de los pagos de Chiquita a las AUC y la dinámica de la violencia en las regiones bananeras durante el conflicto armado. También testificó que no hay apoyo estadístico para concluir que las AUC mataron a ninguna víctima en particular”.

Devia y López destacan así el impacto que tuvieron las palabras del académico Restrepo en las personas que figuran como víctimas en el juicio:

“Por momentos, como cuando el reputado profesor Restrepo presentó su testimonio, parecía imposible que las víctimas lograran ganar el juicio. Hubo tensión puesto que el hecho de que un profesor como Restrepo desmintiera, a través de la sangre fría de la inferencia estadística la posibilidad de que las víctimas no hubiesen sido asesinadas por las AUC, cayó como un baldado de agua fría. También surgía ese miedo de que las víctimas no pudieran ganar el juicio cuando generales en retiro llegaban a exclamar que una amenaza narcoterrorista era lo que había en esas regiones y que por otro lado, los ejecutivos de la empresa dijeran que Chiquita era el agente estabilizador de esas regiones con empleo y producción. Igual que hace 100 años, la empresa repetía lo mismo, el mismo guion”.

IV. El doctor Akerman (y el doctor Otero)

La misión del periodista Yohir Akerman fue consentir desde hace más de cuatro años, como presidente en Miami para Latinoamérica de la empresa Guidepost Solutions, el desarrollo de esa investigación encomendada a su paisano y subordinado en la empresa, Andrés Otero.

Akerman presidente declaró impedido a Akerman periodista para la fabricación de esa investigación dadas las columnas de opinión que Akerman periodista había hecho y continúa publicando sobre paramilitarismo, política y criminalidad en Colombia.

Otero, su colaborador en Guidepost Solutions, y socio de Akerman en la empresa anterior que fundaron ambos antes de ser comprados por la multinacional, planteó en una entrevista, hace cinco años, una cuestión ética sobre el proceder de su sociedad mercantil con Akerman:

“cuando la investigación indica que las acusaciones corresponden a la realidad y que la empresa sí estuvo involucrada en una situación irregular, se presta la asesoría sobre cómo enfrentar la negociación para la respectiva reparación”.

Esta es una solución ética que, al parecer, ya no practican Akerman y Otero en sus roles como asalariados de Guidepost Solutions y que se refuerza cuando se sabe que, recientemente, Otero se prestó para ser incluido como testigo de la defensa de Chiquita Brands en el último juicio en Miami, pero fue rechazado por el juez al considerar que, más allá del papel, el empleado de Guidepost Solutions carecía de interacciones personales con los actores de los hechos relatados de violencia paramilitar.

La misión del informe de 2020 hecho por Guidepost como aliado de Chiquita Brands se centró, según lo cuenta Voragine, “en sugerir que los empresarios desconocían los vínculos de las Convivir con los paramilitares”.

V. El silencio del periodismo sobre el periodismo

En el informe periodístico de Vorágine no solo se mencionaban los nombres de los doctores Restrepo y Akerman y sus actuaciones, sino que se escogen y contrastan partes enteras de las declaraciones del académico y del informe confidencial de Guidepost Solutions que desarrolló Otero y que ha reposado en estos últimos cuatro años bajo candado en la presidencia para América Latina de Akerman.

Vorágine contrasta esos dos informes y ahora, en lo público, por fuera del blindaje de su confidencialidad y la supuesta experticia sobre el país, que esos documentos afirman representar, se exponen a la luz de una múltiple variedad de fuentes, hechos y cronología que hacen evidentes las omisiones y contradicciones en que incurren para favorecer al cliente que los contrata.

Las contorsiones en el ejercicio privado de sus profesiones hacen que ambos, el periodista Akerman y el académico Restrepo, muestren tal nivel de flexibilidad moral que ahora sufren ante la opinión informada de una hernia grotesca e inocultable en la zona ética.

El periodismo de Vorágine, como ejercicio de investigación, caja de resonancia y contrapoder, revela la radiografía de unas prácticas académicas y periodísticas ocultas ante la opinión pública y que se podrían extender a muchos otros matrimonios por conveniencia ante los que la academia y el periodismo deberían usar todas sus herramientas críticas para purgar sus propios demonios y amar de verdad la verdad.

La noticia del informe de Vorágine tuvo eco en algunos de los medios aliados a la Liga contra el Silencio: una alianza joven de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de calidad, unidos por la causa de romper los silencios y la censura en Colombia. El episodio también recibió severos, lúcidos y memoriosos análisis en dos capítulos enteros en Presunto Podcast y en el canal de Youtube de La Píldora de Karol Ann Figueroa, y obtuvo dos breves menciones en La Silla Vacía.

Durante el desarrollo del proceso judicial fue pobre el cubrimiento del tema, con contadas y notables excepciones como El Espectador y Noticias Uno, y solo, con el fallo del juez, la noticia fue noticia en la parrilla del día en el carrusel informativo de los grandes medios que la cubrieron para, en efecto, cubrirla, taparla, sepultarla bajo un nuevo periodo diario de extras desinformativos.

Más allá del ruido en redes sociales, el informe de Vorágine sobre periodismo y academia no fue de interés para las grandes y renombradas casas periodísticas; o siquiera para sus columnistas; pero varios colegas del periodista Akerman mostraron un solidario espíritu de cuerpo al retrinar en redes sociales la columna de Akerman de respuesta a Vorágine y endosarle su apoyo con brevísimas, conmovedoras y calculadas frases de amistad.

Sin embargo, en lo periodístico, dejaron solo al doctor Akerman: nadie se detuvo y dedicó su espacio de opinión para apoyar a su colega periodista, al contrario, siguieron de largo con su labor legítima de criticar al presidente Petro por sus excesos al criticar al periodismo, en criticar un estado de corrupción y bancarrota que, para muchos desmemoriados, se inicia o agudiza con este gobierno.

Ninguno quiso asomarse a la autocrítica que permiten casos como los de Akerman y Restrepo.

VI. El silencio de la academia sobre la academia

En las universidades y medios académicos no se han hecho pronunciamientos públicos o destacados sobre el académico Restrepo, más allá de lo que se puede haber dicho en las conversaciones de corredor universitario entre la planta que ha querido enterarse del caso (una única excepción puede ser este acertado texto de Sergio Anzola, profesor de Ética Profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, sobre el ejercicio del Derecho en Herrera Ruiz y Baker & McKenzie, la firma de abogados que asesoró a Chiquita Brands en 1997).

La Universidad Javeriana no se ha pronunciado y la página de su blog en la unidad que dirige el académico Restrepo, el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, dejó de ser un centro de recursos para el análisis del conflicto del académico Restrepo: desde el 10 de julio se anuncia que su acceso público “está suspendido”.

Hasta el momento no se sabe si el académico Restrepo, como profesor asociado, reportó su actividad de años como asesor de Chiquita Brands, si esto le fue bonificado o si la investigación del académico la avala el Comité de Ética universitario. Nada se sabe.

Silencio.

VII. Nueva transformación del Doctor Jekyll en Míster Hyde

Una semana después de publicado el informe de Vorágine, el periodista Akerman se sumó al debate público y respondió en su columna en Cambio: aclaró algunas cosas, oscureció otras, pero a pesar de que afirmó al comienzo que “nunca he mezclado mi labor como columnista de opinión con el trabajo que hago como consultor en temas de investigación e inteligencia corporativa”, su mezcolanza y transformación de periodista devenido en asesor es visible a medida que se lee su columna.

La metamorfosis del doctor Akerman en Míster Akerman, presidente en Miami para Latinoamérica de la empresa Guidepost Solutions, es evidente en este párrafo de su respuesta al informe de Vorágine en formato de columna dominical:

“Esta semana leí el reporte de Guidepost Solutions y me reafirmo en la calidad profesional del equipo que lo elaboró. Es un informe técnico en el que se buscan hechos documentados, evidencia y análisis. Totalmente ajeno a posiciones políticas e ideológicas. El reporte, desde su introducción, deja claro el papel del consultor en un proceso de defensa y apoyo en litigio de estas características. Es un peritaje técnico que se puede contrastar en una corte con otro examen pericial”.

Por fortuna y para fortuna del relato de vida de las ocho personas colombianas que la justicia estadounidense definió como víctimas, ese “peritaje técnico”, “ajeno a posiciones políticas e ideológicas”, que fabricó Guidepost Solutions, por esta vez, no fue una solución a la medida del interés corporativo. En Miami, a unos kilómetros de las oficinas de Guidepost Solutions, un jurado federado de una corte de Estados Unidos condenó a la escurridiza empresa Chiquita Brands a indemnizar a las víctimas colombianas.

El académico Restrepo permanece en silencio y limitó su participación a un trino astuto en Twitter en el que incurre en un hábil error: acusa a la franquicia criminal de la guerrilla del ELN de amenazar la actividad del centro de investigación que él preside en la Universidad Javeriana y acusa a Vorágine de originar ese ataque:

“A raíz de una publicación reciente en Internet de @VoragineCo el jefe de la guerrilla del ELN decidió hostigar a @CERAC y a quienes hacemos parte de ella. Lamentable toda esta situación y que el jefe del ELN haya decidido usar el texto referido para ello”.

José Guarnizo, director de Vorágine, respondió a Restrepo en esa misma red social, va un fragmento:

“Como ciudadano y director de @VoragineCo rechazaré cualquier tipo de hostigamiento en contra del señor Restrepo y los miembros del Cerac. Eso no me impide al mismo tiempo pedirle que no estigmatice nuestro oficio por muy incómodo que le parezca. La investigación de @VoragineCo puso en conocimiento público las falsedades y omisiones encontradas en un informe que Restrepo, a nombre propio, hizo por encargo para la defensa de Chiquita Brands en un juicio que tendrá consecuencias para las víctimas del paramilitarismo en Urabá”.

El trino temerario de Restrepo fue borrado semanas luego de la respuesta de Guarnizo.

Guarnizo también respondió a la respuesta del Akerman periodista y presidente en Miami para Latinoamérica de la empresa Guidepost Solution, y en un largo editorial responde a varias de las críticas de Akerman y sustenta su argumentación con enlaces a varias fuentes, documentos y cronología que, en el tablero de ajedrez público, mantienen en jaque al periodista y le imposibilitan el enroque a la posición de “consultor en temas de investigación e inteligencia corporativa” que pretendió usar como defensa.

VIII. Money wins

El periodista Daniel Coronell, en un informe que hace en su canal de Youtube llamado “El abogado que se vendió a Chiquita Brands”, expone los caminos del dinero que la empresa bananera tendría que pagar a las personas en Colombia que fueron víctimas de su proceder criminal.

El periodista señala que si todas esas personas “recibieran una reparación similar a la del grupo de víctimas amparadas por el reciente fallo de un tribunal de West Palm Beach, la compensación sumaría más de 16 mil millones de dólares, lo que tendría tres efectos. Primero, sacaría a miles de personas de la pobreza. Segundo, constituiría una enorme inyección económica para esta región de Colombia. Y tercero, pondría a Chiquita en una situación complicada”.

Coronell también expone el plan que presentó el 21 de junio Chiquita Brands junto al abogado Paul Wolf para una posible resolución de 2500 demandas contra Chiquita. Dice Coronell:

“El señor Wolf hizo esta aparición en su sección hace varios años y logró que más de 2000 personas firmaran poderes. Con esos poderes, no buscaba la mejor reparación para los afectados, sino una negociación con la bananera para reducir la compensación a las víctimas a $1,374.74 por cada persona muerta, algo más de 5.5 millones de pesos. Los 5 millones para los muertos deben dividirse entre todos los familiares que terminarán recibiendo eso y no tendrán la oportunidad de reclamar una compensación justa”.

Coronell concluye:

“Chiquita Brands gana, se ahorra miles de millones de dólares, y el abogado Paul Wolf gana. Ese abogado que llegó al acuerdo, o la presentación de un acuerdo tan conveniente para la multinacional bananera, se meterá en el bolsillo 4,224,000 dólares, sin importar cuántos acuerdos con las víctimas se realicen realmente. Quiero decirlo claramente aquí y en el ejercicio del derecho a la opinión. El abogado Wolf se vendió a Chiquita. Las 2500 víctimas representadas por él apenas recibirán monedas después de tanto sufrimiento. Es importante destacar que este acuerdo solo afecta a las personas representadas por el abogado Wolf. Miles de otras víctimas seguirán reclamando una reparación justa como lo reconoció un jurado de Florida la semana pasada. Hay reclamaciones pendientes bajo las jurisdicciones de ese mismo estado de Florida, Washington D. C. y Ohio, donde opera la oficina central de Chiquita”.

Es una lástima que Coronell no haya tenido tiempo o interés en extender su análisis a las transacciones de los doctores Restrepo, Akerman, Otero y otros con Chiquita Brands.

IX. Complicidad

La periodista Andrea Aldana, exiliada en España desde 2021 por las amenazas recibidas por su trabajo periodístico en medios como El Espectador y Universo Centro, señala así la hipocresía de la discusión pública en Colombia sobre la relación entre empresas, criminalidad y violencia:

“Somos doble moralistas, queremos perseguir el narcotráfico, queremos perseguir la guerra, pero no tocamos las finanzas. Así que nos quedamos en el agricultor que cultiva las hojas de coca, en el raspador que quita las hojas de la hoja de coca, perseguimos la cadena del crimen, llevándonos hasta el eslabón más débil de la cadena, pero el contenedor que llega con 11 toneladas de plátanos aquí en Europa, cargado de cocaína, y los bananeros y ganaderos de mi país, no todos, pero saben quiénes son, vienen aquí con contenedores completos de vacas, de plátanos, llenos de cocaína. […] Toda la cocaína viene de cierta zona de Colombia. No quiero nombrarla porque me meto en más problemas. Pero todos vienen de los contenedores de la misma empresa, que es la cuarta bananera del mundo. No estoy hablando de algo local, estoy hablando de monopolios empresariales. Entonces, ¿dónde está la hipocresía? Queremos poner fin a una guerra, pero no tocamos a quien obtiene beneficios de ella. Entonces, ¿dónde está la hipocresía? Queremos acabar con una guerra, pero no tocamos a quien saca provecho de ella”.

El estudio “Entre coacción y colaboración”, publicado en 2018 por el centro de pensamiento colombiano Dejusticia, expone de manera pormenorizada 439 casos de “complicidad empresarial” en la comisión de violaciones de derechos humanos cometidos por grupos paramilitares entre 1970 y 2015. En el informe final de la Comisión de la verdad entregado en 2022 figura el Caso 79 que trata de la “compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María” y que muestra como “funcionarios del alto gobierno, agentes comunitarios, una serie de empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales, agentes del Estado territorial, asesores e intermediarios, sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra”.

“¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”, preguntó hace unas semanas el presidente Gustavo Petro. La impotencia judicial colombiana que cuestiona el mandatario, se extiende al rol apocado del periodismo y la academia nacional para investigar más sobre el accionar delictivo entre el sector empresarial y la criminalidad.

X. La información es un bien público

Lo que no parece querer entender una gran parte del gremio periodístico y del sector académico en Colombia es que el proceder en estos dos informes, uno rendido por un académico y el otro cobijado y justificado por un periodista, fabricados con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol, se extiende ahora a toda persona del periodismo y la academia que pretenda indagar sobre la verdad de los hechos con las personas que son víctimas de la violencia:

¿Con qué confianza alguien, una persona, comunidad y colectivo, en condición de víctima, le va a confiar su información al periodismo o a la academia si es claro que esos datos y contactos pueden ser usados y vendidos por esos mismos periodistas y académicos, en millonarias transacciones privadas, para la defensa jurídica de las mismas corporaciones y empresas criminales de los victimarios?

Es aquí donde doctores como Akerman y Restrepo podrían actuar y ser responsables: ofrecer disculpas, dar más elementos de juicio de su colaboración contractual con Chiquita Brands y ofrecer garantía de evitar la repetición de este tipo de proceder. Un acto así los mostraría más humanos, más enteros y a la altura de las virtudes que pueden haber alcanzado en muchos de sus buenos oficios en el periodismo y la academia.

La información es un bien público: cuanto más conocimiento sobre las sociedades y cómo se gobiernan exista, mejor podrán funcionar los sistemas democráticos. Pervertir la información pública, es socavar el acceso a la realidad y a la verdad, que es el lenguaje. La información, como bien público, es un multiplicador de otros derechos,y no lo contrario: un obstaculizador de esos derechos.

El periodismo y la academia, al contar con falsedades y omisiones una historia, fragmentan su integridad y la receptividad se quiebra. La información no solo informa: da forma a nuestra comprensión de lo real.

Algunos periodistas y académicos podrán usar la información para hacerse a un capital reputacional y posicionarse como recatados intelectuales y privilegiados doctores de la moral en lo público, pero en lo privado son serviciales amanuenses de un lenguaje amañado que comparte cobijas, ingresos e intereses con místeres de otra clase, en deleznables borracheras de poder.

El Doctor Jekyll, en su devenir de Míster Hyde, describe así su lenta transición hacia el lado oculto del poder:

“Estaba perdiendo poco a poco el control de mi yo original y mejor, e incorporándome lentamente a mi segundo y peor yo. […] Había algo extraño en mis sensaciones, indescriptiblemente nuevo e increíblemente dulce. Me sabía, en el primer aliento de esta nueva vida, diez veces más perversa y el pensamiento me deleitaba como el vino”.

XI. Las ilusiones perdidas

En esta historia es llamativo que el medio que investiga y publica la investigación sobre el extraño caso del periodista Akerman y el académico Restrepo sea Vorágine, un medio independiente, de creación reciente, joven en su trayectoria, y dirigido por un periodista que fue despedido de Revista Semana, bajo el eufemismo de un recorte financiero, luego de trabajar ahí como editor por más seis años.

Este periodista y muchas otras personas y medios que agrupa la Liga contra el silencio, y otras tantas asociaciones de periodismo independiente a lo largo de Colombia, se niegan a ser ninguneadas por un periodismo centralista de divas y patriarcas que, desde su posición privilegiada, pretende devorar la novedad y el presente de nuevas generaciones de comunicadores, muchos de ellos en riesgo por el ejercicio valiente de su oficio en zonas distantes a la capital del país (en la estadística reciente, luego de Palestina y Ucrania, Colombia figura entre los países más mortíferos para ejercer el periodismo)

Si el periodismo es el primer borrador de la Historia, la literatura, en manos de Balzac, en la novela Las Ilusiones perdidas, nos cuenta las reglas del juego mercantil de lo periodístico y, por extensión y en diferido, de lo académico. En un aparte de esa novela, Vernou, un escribidor a sueldo que actúa como si fuera el director de un gran medio periodístico, le inocula la inercia del arribismo a Lucien, un joven de provincia que apenas se inicia en el oficio y en los entramados del poder de la vida cosmopolita:

“¿Entonces, siente verdaderamente lo que escribe? —le preguntó Vernou con aire zumbón—. En realidad, somos mercaderes de frases y vivimos de nuestro comercio. Cuando desee escribir una gran obra, un libro, puede plasmar en él sus pensamientos, su alma, dedicarse a él y defenderlo; pero los artículos, que hoy se escriben y mañana se olvidan, a mi juicio no valen más que el dinero que por ellos se paga. Si da importancia a semejantes estupideces, hará el signo de la cruz e invocará al Espíritu Santo para escribir un prospecto. Todos parecieron asombrados de encontrar escrúpulos en Lucien y acabaron por hacer jirones su toga pretexta y endosarle la toga viril de los periodistas”.

En una entrevista reciente, Omar Rincón, escritor, profesor y analista de medios, decía: “Si uno lo plantea bien, ante este panorama, el problema no es el periodismo, somos los periodistas y los medios. Tal vez debamos defender al periodismo de nosotros mismos […] Desafortunadamente dejamos de ser informadores para ser opinadores. […] Ahora, las universidades continúan haciendo su labor, aunque más débilmente, y las salas de redacción dejaron de enseñar. Allí se llega solo a producir. No exagero si digo que, hoy por hoy, las salas de redacción dejaron de enseñar. Los reporteros no tienen maestros”.

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Uno de los cubrimientos insignia de La Silla Vacía durante sus quince años es la relación entre políticos regionales con votos y curules en el Congreso y el gobierno de turno, a través de la famosa mermelada. Así pudimos revelar cómo Juan Manuel Santos duplicó su votación en el Caribe para asegurar la reelección.

Y pusimos el foco sobre las movidas de poder de clanes regionales como los Char en el Caribe y los Aguilar en los Santanderes; el poder de varones electorales como Dilian Francisca Toro en el Pacífico; los González Villa en el Sur; y Carlos Trujillo o Julián Bedoya en Antioquia. También, a través del cubrimiento de las maquinarias regionales, pudimos revelar la que tal vez es la única foto que evidencia la compra de votos. 

Como parte del especial de los 15 años de La Silla Vacía, cada tercer domingo de cada mes hasta noviembre hablamos en este videocast de las transformaciones políticas, tecnológicas y periodísticas del país y nos aventuramos a proyectar cómo será cubrir y hacer política electoral en los próximos 15 años.

En el segundo episodio (el primero lo puede ver acá) hablamos con Laura Ardila, fundadora de La Silla Caribe y autora de La Costa Nostra; y Hernán Andrade, exsenador y expresidente del Congreso, quien nos cuenta la tras escena de cómo fue el crecimiento de la mermelada, que va más allá de Santos. “Desde que yo pisé el congreso, en la época de Andrés Pastrana, ya había mermelada”, sentencia.

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“Estos son los últimos cuatro años”, le ha dicho varias veces Sonia Tarud a su esposo Efraín “Fincho” Cepeda, el nuevo presidente del Congreso. Nunca se ha cumplido, la tentación de la política siempre gana el pulso. Cepeda es un barranquillero de 74 años con ocho periodos en el Congreso. Es la cabeza del Partido Conservador y quienes lo conocen lo describen como “un político profesional”. 

La frase hace referencia a sus 33 años en el Congreso, a las diversas coyunturas políticas que ha vivido como protagonista, al manejo de burocracia en varios gobiernos, a su habilidad para moverse en las comisiones económicas, a la maquinaria política que ha mantenido en el Atlántico y a su cálculo para tejer alianzas y conseguir votos. 

Cepeda asume uno de los retos más grandes que ha tenido enfrente: ser presidente del Congreso sin ser aliado del gobierno. Su poder en la presidencia del Senado le puede servir para que el Partido Conservador sea un muro de contención al programa de reformas de Gustavo Petro, o un político funcional a su agenda a cambio de recompensas burocráticas que impulsen su posición en 2026. 

Hasta ahora Cepeda ha llevado a un sector del partido a una independencia crítica, pero su rol en una nueva posición de poder está por verse. Estas semanas no ha dado entrevistas en la prensa. Su portavoz le dijo a La Silla que Cepeda no daría declaraciones hasta plasmar sus posturas en el discurso del 20 de julio. “En mí el Congreso va a encontrar una persona que brinde garantías, pero con firmeza en lo que creemos”, dijo brevemente hace dos semanas en Canal 1. Finalmente, en su discurso del 20 de julio, dijo lo mismo “toda iniciativa tendrá el mismo trato“.

El mando conservador con Cepeda

La vida de Cepeda gira alrededor de la política. “El senador hoy está en Nariño, mañana va a estar en Bucaramanga, ayer estaba en Barranquilla. Eso es una tarea de todos los días, de hacer partido. En campaña visitó, como presidente del partido, 25 departamentos. Y ahí están los resultados”, dijo el representante Armando Zabaraín, su fórmula en el Congreso en tres periodos. 

En febrero del año pasado, Cepeda lideró una jugada ágil para quitarle la presidencia del Partido Conservador al senador Carlos Trujillo, cercano al gobierno Petro. Esa fue la primera movida para que el partido pasara de ser de gobierno a la independencia crítica.

Con Cepeda a la cabeza los conservadores se opusieron a las principales reformas del gobierno: la pensional y la de salud. “No cedimos ante presiones y demostramos que defendemos los intereses de los colombianos, una vez más le cumplimos al país”, celebró Cepeda cuando se hundió la reforma a la salud, donde fueron clave dos conservadores de la Comisión Séptima de Senado. 

Por eso, en la bancada conservadora dan por descontado que Cepeda mantendrá la independencia crítica contra Petro. Sin embargo, varios políticos y analistas dudan de eso por el apetito burocrático de los azules y por las habilidades de Cepeda para negociar.

De hecho, los representantes azules tienen cuotas con la ministra del Deporte, Luz Cristina López, y el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez. Y dos congresistas conservadores, el representante Wadith Manzur y la senadora Liliana Bitar, están salpicados como parte del entramado de votos por contratos en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).

Con la burocracia de por medio, los conservadores de la Cámara fueron clave para aprobar la reforma pensional. 

Por otro lado, Cepeda ha mostrado cordialidad y habilidades para conciliar con distintos sectores. Cuando fue presidente del Senado en el último periodo de Juan Manuel Santos, fue clave para consolidar la reglamentación del acuerdo de paz. Al mismo tiempo, su labor también fue elogiada por Álvaro Uribe, entonces senador opositor. 

Ahora con Petro, pese a que se ha puesto a las reformas estructurales, también ha votado proyectos del gobierno positivos, como el aumento del cupo de endeudamiento en junio.

En su nueva presidencia de Senado está en juego la aprobación o no de las reformas del gobierno y la supervivencia de la bancada conservadora para 2026, la segunda más grande del Senado, con 15 parlamentarios. 

La tentación de la burocracia

El Partido Conservador está dividido entre quienes se acercan al gobierno en busca de burocracia y los que se resisten y hacen oposición. En la Cámara un bloque amplio se mueve por la burocracia. En Senado el pulso lo ganó Efraín Cepeda. 12 senadores, en el papel, están alineados con él. Y solo tres hacen parte del bloque más cercano a Petro, encabezado por Carlos Trujillo.

Cepeda ha sido crítico del gobierno y, en febrero, renunció a la presidencia del partido luego de que nombraran cuota de congresistas conservadores a la ministra de Deporte, Luz Cristina López, cercana al representante Ape Cuello. El directorio no le aceptó la renuncia y Cuello conservó su cuota sin mayor oposición de Cepeda. 

Con su llegada a la presidencia del Congreso, las tentaciones burocráticas para Cepeda y el partido podrían aumentar a cambio de moverse en línea con las reformas de Petro. La burocracia es importante para aceitar las maquinarias de los congresistas conservadores, clave de cara a las elecciones legislativas del 2026. 

“Este periodo tiene mucho que ver con la manera como se negocia el presupuesto, y el impacto que eso tiene durante el 2025, que es el año en el que ellos inician campaña política y donde tienen que asegurar mayores apoyos de las bases”, dice Gonzalo Araújo, codirector de Orza, una consultora en relacionamiento estratégico experta en el Congreso. “No creo que esté nadie dispuesto a quemarse dentro del conservatismo”. 

En Barranquilla Cepeda es visto como un político de maneras sutiles, que esconde con discreción alianzas y prácticas de la política tradicional. La Silla fue testigo de cómo un concejal conservador en Barranquilla reunió a líderes para coordinar el amarre de votos para Cepeda en las elecciones legislativas de 2022 y a Álex Char en la consulta presidencial.

Cepeda también ha sido hábil negociando burocracia para él mismo. En el primer gobierno de Santos hizo parte del grupo de godos que se quedaron con entidades del campo: el director del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) era cuota de Cepeda.

En el gobierno Petro, el exconcejal y alfil de Cepeda, Roger Carrillo, tuvo un fugaz paso por Coljuegos. Petro le pidió la renuncia cuando los conservadores no estaban apoyando la reforma a la salud.

“Tristemente, Efraín Cepeda dejó de representar los principios y valores con los cuales entró a la política”, dijo el expresidente Andrés Pastrana, hace varios años de quien fue su pupilo político.

Hernán Andrade, compañero de Cepeda en cuatro periodos y expresidente del Conservador, dice que no quiere estar en el pellejo de su excompañero. “Los cantos de sirenas y los ofrecimientos, que creo que ya los ha habido, son muy fuertes. Y las presiones que tenemos los políticos por parte de nuestros electores son muy grandes para aceptar esos cantos de sirena”.

Sin embargo, Andrade cree que si se alinean con el gobierno Petro las bases conservadoras también se lo cobrarán en el 2026: “Si el partido aparece volteándose a Petro, apoyando la constituyente o un tema de esos, la gente se va a emberracar”. 

En el cepedismo y en la bancada de Senado del Partido Conservador creen que el dilema no existe y que mantendrán una posición de independencia crítica frente al gobierno.

La expectativa conservadora 

El representante conservador Armando Zabaraín, coequipero de Cepeda, dice que no van a cambiar la independencia del partido por burocracia porque en juego está el país: “Nosotros estamos preocupados por el país. Los ejemplos que tenemos son claros con la izquierda en los países vecinos. Nosotros tenemos preocupación: nosotros no vamos a vender el país. Aquí es la defensa del país”.

Su hijo y presidente del Comité Intergremial del Atlántico (que agrupa importantes empresas privadas), Efraín Cepeda Tarud, tampoco lo ve cambiando de posición: “Él ha asumido una posición y no la va a cambiar por una promesa de puestos (…) El rol que debe jugar es el de recuperar la confianza en el país, tanto del empresariado como de los colombianos en general”. 

Y en la bancada de Senado dicen que lo eligieron para que mantenga la postura crítica ante el gobierno Petro. El senador antioqueño Germán Blanco le dijo a La Silla: “Aspiro a que en estos dos años restantes el Partido Conservador no tenga que acercarse al gobierno para hacer componendas de tipo burocrático. Se lo hice saber (al senador Cepeda) desde el primer momento en que impulsamos su candidatura”.

“Estamos absolutamente convencidos de que el partido debe permanecer en la independencia y en la oposición”, dice el senador Nicolás Echeverry. 

El papel que asuma marcará su larga historia legislativa: si se vuelve un muro de contención o si gradúa su imagen de clientelista, que busca el status quo para mantenerse en el Congreso.

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Jaime Raúl Salamanca Torres nació el 15 de diciembre de 1979 en Sotaquirá, Boyacá. Es representante por Boyacá de Alianza Verde y hace parte de la Comisión Sexta. Fue elegido como presidente de la Cámara para la tercera legislatura del periodo 2022-2024.

Es contador público de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás y en Gestión Regional de Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Inició su camino en la política como líder estudiantil de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, en la que fue representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. Después, en 2011, fue elegido como diputado de Boyacá con 8 mil votos. En ese periodo, Salamanca fue el único opositor en la Asamblea del gobernador Juan Carlos Granados, quien fue elegido con el respaldo de los partidos tradicionales.

En 2015 fue reelegido como diputado, su campaña fue financiada por él mismo, su pareja y su hermano, reportando un gasto de 68 millones de pesos. Lideró la coalición de gobierno del recién electo gobernador Carlos Amaya. Salamanca hace parte de su grupo político. 

En las regionales de 2019 fue precandidato a la Gobernación, pero finalmente el aval verde se lo llevó Ramiro Barragán, quien también hace parte del grupo de Amaya. Salamanca fue el jefe de debate del candidato y luego, cuando este ganó con casi 400 mil votos, fue nombrado como secretario de Educación Departamental. A ese cargo renunció en 2021 para lanzarse a la Cámara de Representantes.

Salamanca fue elegido con 28 mil votos, para su campaña a la Cámara reportó gastos cercanos a los 300 millones de pesos, de los cuales más de 200 millones de pesos fueron donaciones de particulares, el restante fue un crédito del partido Alianza Verde. Es uno de los congresistas de la bancada verde que ha respaldado al gobierno Petro. 

Fue el presidente de la Comisión Sexta en el periodo 2022-2023, por su comisión han pasado proyectos de alto impacto mediático como la prohibición de corridas de toros, proyecto que apoyó en varias ocasiones, también fue proponente de una reforma parcial a la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de educación superior, pero fue archivado después del primer debate.

Fue uno de los cuatro congresistas verdes que aspiró a presidir la Cámara durante el periodo legislativo 2024-2025. Finalmente, fue elegido por su partido, pero tuvo que hacer campaña en la Plenaria en un cabeza a cabeza con la representante Verde, Katherine Miranda. Salamanca ganó con 114 votos, frente a 69 de Miranda. En la elección, Salamanca hizo campaña como el candidato más cercano al gobierno de Gustavo Petro.

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Aunque todos los senadores y representantes tienen la obligación de declarar y actualizar anualmente el registro de conflicto de intereses, la regla es ignorada en el Congreso. De los 292 legisladores, solo 71 han cumplido con esa ley que se implementó desde 2019 y han actualizado el registro todos los años. Es decir, que tres de cada cuatro congresistas les ocultan a los ciudadanos información que es crucial para el debate público.

Más allá de la opacidad, es una constante que familiares de congresistas se beneficien del Estado, incluso dentro del mismo Congreso, además, la mayoría de legisladores tuvieron financiadores que luego ganaron contratos públicos. Por ejemplo, desde el 20 de julio de 2022 los hijos de un representante de Comunes han ganado 11 contratos, y el hijo de Iván Name suma más de 400 millones de pesos en trabajos simultáneos con el Estado.  

Las declaraciones de conflictos de interés les muestran a los ciudadanos el origen de los ingresos de los legisladores, quiénes financiaron sus campañas y cuáles son los intereses económicos suyos y de sus familiares. Eso es importante porque cada vez que tramitan o proponen una modificación en una ley, los ciudadanos deben saber si el congresista tiene un posible conflicto de interés, y si con su voto puede sacar un beneficio personal, para sus familiares o financiadores. (Consulte acá Quién es Quién en el Congreso)

En alianza con el proyecto “Joining the Dots” de Directorio Legislativo, una organización argentina que trabaja en temas anticorrupción, transparencia, parlamento abierto y acceso a la información pública en América Latina (ver blog), La Silla Vacía analizó las declaraciones de los congresistas y las cruzó con el sistema de contratación estatal y el registro único empresarial. La información fue recogida desde el 20 de julio de 2022, día en el que los actuales congresistas asumieron sus curules, hasta junio de 2024. 

Estas son las principales conclusiones.

1. El Pacto Histórico es el que más incumple con las declaraciones de conflicto de intereses

De las siete bancadas más poderosas, porque sumadas tienen 235 congresistas, la que más incumplimientos tiene es la del Pacto Histórico. Solo el 5 por ciento de sus militantes declaran sus conflictos. Le siguen de cerca el Centro Democrático y el Partido Conservador.

Los incumplimientos son más recurrentes en el Senado que en la Cámara. Uno de cada tres senadores no ha presentado ni siquiera la primera declaración de sus conflictos de interés, pese a que en teoría ese es un requisito para posesionarse. Incumplir les puede acarrear sanciones disciplinarias a los congresistas.

2. Los congresistas facturan con el Estado, y sus familiares también 

Uno de cada cuatro congresistas, es decir, 72 de los 292, tiene al menos un familiar que firmó un contrato con el Estado después del 20 de julio de 2022, fecha en la que asumieron la curul.

48 congresistas tienen un familiar, 16 congresistas tienen dos familiares, y  8 tienen 3 o más familiares cobrando honorarios en diferentes entidades del Estado. 

Este es el detalle de los 8 congresistas con más familiares con contratos con el Estado.

Hay varios casos destacados en ese ranking: 

• Fahid Name, el sobrino del saliente presidente del Senado, Iván Name, ha firmado 9 contratos por más de 400 millones de pesos en dos años, varios de los cuales han sido ejecutados simultáneamente. 
• Juan Jacobo Albán y Raúl Ernesto Albán, hijos del representante de Comunes, Luis Alberto Albán, han suscrito 11 contratos por 194 millones de pesos.
• Martha Milena Camacho, esposa del representante de las curules de paz, Juan Carlos Vargas, estuvo en el Ministerio de Salud. Vargas está en la comisión séptima que es la que debate temas de salud.

Además, hay 10 congresistas que desde julio de 2022 tienen o han tenido al menos un familiar trabajando en el Congreso. 

Por ejemplo, Sor Berenice Bedoya, senadora de la ASI, tiene a sus dos hijos trabajando en comisiones especiales del Congreso. La senadora conservadora Nadya Blel tiene a su primo, Yamil Berrío, en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Ángela Vergara. Y el saliente presidente del Congreso, Iván Name, tenía a su hermana Janeth y su hijo Iván en Unidades de Trabajo Legislativo de otros congresistas verdes (Vea aquí el detalle). 

3. Los que suenan para las mesas directivas tienen financiadores contratistas

202 de los 292 congresistas tuvieron financiadores de campaña que obtuvieron contratos públicos. De ese universo, La Silla revisó en detalle a los senadores y representantes a la Cámara que muy seguramente llegarán a las mesas directivas de las plenarias y las 14 comisiones para el periodo 2024-2025.

Los financiadores de la representante Ana Paola García, de La U, fueron los más afortunados. Ella es la más firme candidata para ser presidenta de la Comisión Primera, clave para las reformas constitucionales. Cinco financiadores que le pusieron, cada uno, más de 10 millones de pesos, se han ganado 16 contratos públicos desde el 2022. 

Un caso llamativo es el de su hermano, Guillermo León García Soto, quien le aportó 12 millones de pesos y se ha ganado tres contratos por 169 millones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de la Información, MinTic, que está en manos de Mauricio Lizcano, cercano a ese partido. 

El senador Juan Diego Echavarría, firme aspirante a la presidencia de la Comisión Tercera del Senado, aliado de Julián Bedoya y crucial para las reformas tributaria y la aprobación del presupuesto, tuvo dos financiadores que se han fortalecido en La Estrella, su municipio fortín político. Uno es Diego Edinson Grajales, quien le donó 160 millones de pesos, y desde 2022 se ha ganado cuatro contratos con la Alcaldía y el Concejo de La Estrella para organizar eventos  que suman 65 millones de pesos. 

A Echavarría también le figuran 15 millones de pesos de aportes de su hijo Juan Sebastián, quien desde 2022 ha ganado contratos en la Alcaldía de La Estrella, la Institución Pascual Bravo, y la Comisión Séptima de la Cámara, donde está la representante María Eugenia Lopera, fórmula del senador.  Actualmente, el abogado Juan Sebastián es el personero de La Estrella. 

4. Contratistas del Icbf ponen plata en campañas

Hay 56 congresistas que recibieron aportes en campaña de personas que son socios o dueños de empresas que durante los últimos años han ganado contratos públicos en la zona de influencia de esos congresistas. 

De esos hay cuatro casos particulares por los montos de los contratos obtenidos y el objeto social de las empresas. Uno de ellos es el de la representante Ana Rogelia Monsalve, elegida por la circunscripción afro, quien recibió 145 millones de pesos de Amparo de Jesús Álvarez Díaz, quien maneja la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Integral de la Familia, Fucidf.

Ficidf es un frecuente contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para la operación de hogares comunitarios. Esa organización lleva operando desde el 2012 en Atlántico, y desde que Monsalve es congresista se ha ganado tres contratos que suman unos 360 millones de pesos. Antes había tenido contratos por hasta 1.900 millones de pesos. 

El senador Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, también recibió plata de un socio de otra fundación que contrata con el Icbf. Se trata de Luis Javier García, quien le donó 45 millones de pesos, y es socio de Corporación Comunitaria para el Apoyo Nutricional de Niños y Niñas, Cocrecer. 

Cocrecer también opera desde el 2012 ganándose contratos en Bolívar y Magdalena, zona de influencia de Farelo. 

En el top de congresistas financiados por socios de empresas contratistas también aparece el senador conservador Germán Blanco. Al antioqueño le donó 45 millones de pesos Olga Lucía Velásquez, socia de Soluciones Empresariales PV. 

Soluciones Empresariales se ganó un contrato directo arrancando el 2023 con la Alcaldía de Itagüí de Diego León Torres, quien en campaña tuvo el apoyo del senador Blanco. 

El representante a la Cámara de Chocó, Johnny Fernando Palacios, completa el grupo. Recibió 40 millones de pesos de Carlos Mosquera, socio de la empresa Comas Construcciones. Desde que Palacios resultó elegido, Camos se ha ganado seis contratos de obra en los municipios de San Juan y Sipí. También en la Asociación de Municipios de Urabá – Darien Caribe, Asomudacar. 

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Este 20 de julio arranca la tercera legislatura del Congreso. De momento, el balance para el gobierno es agridulce. La reforma a la salud fue archivada y la reforma a la educación se cayó en segundo debate, pero la jurisdicción agraria y la reforma pensional sí lograron ver la luz (esta última ya fue sancionada por Petro). 

La Silla Vacía les preguntó a varios expertos cuáles deben ser las prioridades del Congreso para este nuevo periodo sobre seis temas clave: educación, servicios públicos, laboral, temas agrarios, paz y salud. Estas son sus respuestas. 

Educación

“El gobierno debería concentrarse en preparar una verdadera reforma educativa. Esto no se logra en un par de semanas o meses”.

Edna Bonilla

Profesora asociada a la Universidad Nacional de Colombia, exsecretaria de Educación de Bogotá

Hay que trabajar en tres grandes temas: la Ley Estatutaria de Educación, la Ley de Educación Superior y la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Para los tres, es necesario la decisión política y un presupuesto que retome los trabajos y acuerdos logrados y la participación de la comunidad y los expertos. En eso debería concentrarse el gobierno nacional: en preparar una verdadera reforma educativa que involucre estos tres grandes ejes. Esto no se logra en un par de semanas o meses. 

Seguramente, el gobierno nacional presentará la reforma a la ley que organiza la educación superior pública (Ley 30 de 1992) y se concentrará en los artículos sobre la financiación (el 86 y el 87). Este proyecto resultaría incompleto si no se obtienen los recursos necesarios y se deja de lado la discusión sobre calidad y nuevas perspectivas en educación posmedia. El panorama fiscal del país no es el más alentador para destinar nuevos recursos, por lo que, nuevamente, se generarían expectativas que no se lograrán cumplir. Eso sería un error. 

En últimas, lo que el país necesita de manera prioritaria, es una reforma del SGP que incluya además una revisión de las competencias de los territorios en educación. Paralelamente, deberían trabajarse los asuntos de fondo en la calidad de la educación, tanto en inicial, básica, media y posmedia. 

“No se debe añadir al debate una dicotomía entre lo público y lo privado. Esto ignoraría la naturaleza del sistema mixto colombiano”.

María Victoria Angulo

Exministra de Educación.

Es crucial que el sistema se enfoque en temas sustanciales como cumplir las metas del Plan de Desarrollo, mejorar la atención en salud de los maestros, avanzar en infraestructura educativa y trabajar conjuntamente con las entidades territoriales. También es importante proponer desarrollos normativos al Congreso que permitan innovar en la carrera docente, la evaluación y el desarrollo profesional de los profesores, y que combatan las inequidades de aprendizajes en lenguaje, matemáticas y competencias ciudadanas para estudiantes, especialmente en zonas rurales.

Es necesario reformar el Sistema General de Participaciones para asegurar recursos suficientes para la primera infancia, la alimentación escolar, la infraestructura y la calidad educativa. Es crucial definir fuentes adicionales de financiamiento para cumplir con las metas de cobertura y calidad en todos los niveles. Las propuestas financieras deben ser viables y no exceder las capacidades del Estado, por lo que no se debe añadir al debate una dicotomía entre lo público y lo privado. Esto ignoraría la naturaleza y la riqueza del sistema mixto colombiano. Además, cualquier reforma que se haga debe respetar la calidad de la educación, la autonomía y la posibilidad de elegir un sistema educativo mixto, valorando sus logros y avances.

“Es clave para resolver los problemas de desfinanciación de la educación básica y media”.

Andrés Felipe Mora

Exdirector de Fomento del Viceministerio de Educación Superior y vicerrector de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

Para esta legislatura hay dos leyes fundamentales que el Congreso debería priorizar. Primero, los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que fijan todo el régimen de financiación de las universidades públicas del país. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno quedaron como un elemento crucial de reforma. 

El segundo elemento tiene que ver con los cambios al Sistema General de Participaciones (SGP), que es clave para resolver los problemas de desfinanciación de la educación básica y media. Este es más complejo porque requiere un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional.

Ambas iniciativas cobran especial relevancia porque una de las grandes críticas que se le hizo al proyecto de Ley Estatutaria que se intentó pasar en el Congreso fue que no tenía una base presupuestal que permitiera su materialización.

Hay varios elementos positivos en el proyecto de Ley Estatutaria de educación que podrían ser impulsados mediante acciones de política pública y no ser únicamente pensados desde una reforma. Por ejemplo, aspectos asociados a la educación para personas privadas de la libertad o en procesos de reincorporación, medidas especiales para personas en condición de discapacidad o un plan de educación rural.

Servicios públicos

“Los subsidios excesivos no van a hacer que un servicio público sea viable o eficiente”. 

Alberto Uribe Jongbloed

Consultor de servicios públicos, sistemas de tratamiento y gestión en el sector de saneamiento básico.

La meta principal de los servicios públicos es brindar cobertura y calidad, ya sea directamente por el ente territorial o por un tercero privado remunerado. Una de las condiciones que se deben mantener en los servicios públicos es que la prestación debe ser financieramente viable, pues si no es así es imposible prestar el servicio. Los subsidios excesivos no van a hacer que un servicio público sea viable o que se preste de manera eficiente. 

El Congreso también debe tener presente que las comisiones de regulación no deben convertirse en entidades politizadas. Deben fortalecerse como entes técnicos cuya misión sea la de estudiar y preservar los modelos económicos que hacen que los servicios públicos sean viables a la hora de estructurar las tarifas. La intención y el modelo de la libre competencia se deben mantener tanto para los públicos como para los privados y las asociaciones público-privadas, ya que es la mejor manera de asegurar que se consiga el mejor resultado al mejor precio.

Si bien puede modificarse la Ley de Servicios Públicos, ya existe un conjunto importante de reglas de cómo prestar el servicio que cada vez se han aplicado mejor. Obviamente, hay cosas que se demoran, pero ese acervo de reglamento existente hay que mantenerlo y mejorarlo a través de la ley. La estabilidad reglamentaria que hemos obtenido en los últimos años es muy útil y cambiar las reglas de manera abrupta por alguna decisión de tipo político, no es una buena idea para la prestación de servicios públicos.

“Necesitamos información en tiempo real para tomar mejores decisiones”.

César Piñeros

Consultor y asesor energético, especialista en tecnologías de generación de energía disruptiva.

Es fundamental entender que si queremos tener acceso a nuevas energías y a nuevos modelos más eficientes, tenemos que hacer cambios en la información, la infraestructura y las decisiones que se toman.

Así como la tecnología va a la vanguardia, así deben ser los servicios públicos. Eso quiere decir que la tecnología debe brindar información que permita tomar las mejores decisiones para cualquiera de los agentes de las cadenas de los servicios públicos. Como bien decía la Superintendencia de Servicios Públicos: se requiere información para tener un control preventivo y no un control sancionatorio. Y eso se hace con información en tiempo real. Es importante que esas tecnologías sean beneficiosas para todos, es decir, si una empresa tiene menor costo, eso se debe reflejar en la tarifa y, por ende, en el usuario final. 

Tenemos que acostumbrarnos a innovar para el beneficio de todos y para esto es necesario el apoyo de la tecnología y de la información –que hoy en día no tenemos. Tanto el regulador, como el planeador, el usuario y la empresa deberían tener la misma información y en tiempo real para mejorar el servicio y las decisiones que se toman.

Laboral

“Toca analizar las implicaciones de los costos adicionales para los empleadores, porque podrían llevar a despidos o a aumentar la informalidad”.

Adriana Camacho

Profesora y directora de la maestría en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario.

La propuesta de reforma laboral ha sido criticada por no abordar los problemas estructurales del mercado laboral como el desempleo y la informalidad. Es fundamental priorizar la reducción de la informalidad y apoyar medidas que fomenten esa formalización del empleo. Es crucial enfocarse en iniciativas que impulsen la productividad laboral y estén respaldadas por acuerdos sociales entre todas las partes involucradas.

La propuesta incluye disposiciones sobre empleabilidad de madres comunitarias sustitutas, trabajadores de cuidado, trabajo doméstico, empleo en plataformas digitales y contratos agropecuarios, entre otros. Aunque estas medidas buscan formalizar grupos que mejorarán sus condiciones laborales y contribuirán al sistema de seguridad social, lo cual es meritorio, es necesario analizar también las posibles implicaciones de los costos adicionales que trae la propuesta para la gran masa de empleadores. Podría resultar en despidos o en la búsqueda de alternativas laborales no reguladas. 

“Cualquier tipo de reforma laboral debería fijarse en que los salarios y la productividad crezcan”.

Mauricio Salazar

Profesor de la Facultad de Economía y miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

El mercado laboral requiere que se aborde de forma profunda y amplia cómo hacer para que sea más formal. En la medida en la que tengamos más trabajadores en la formalidad, se va a reducir la necesidad fiscal de darles más subsidios a las personas y de garantizar mejores medios durante el trámite laboral y en la vejez. Un foco debe ser comprender qué es lo que está pasando con los trabajadores informales y la economía popular para que sea posible atraer a esas personas a la formalidad.

El Congreso y el país, en general, también deben tener en mente cómo hacer para aumentar la productividad de los salarios. El salario promedio, como proporción del mínimo, no ha subido en los últimos diez años, es decir, que como país dependemos mucho del salario mínimo. Además, encontramos que el salario mínimo hoy en día lo ganan más trabajadores de lo que lo ganaban en 2013. Esto no es porque más personas que ganaban menos de un mínimo ahora ganen un mínimo sino, al contrario, hay menos personas que ganan más del mínimo. Cualquier tipo de decreto o reforma laboral debería fijarse en que los salarios y la productividad crezcan.

Temas agrarios

“Es un error que el Congreso caiga en ese juego: la reforma agraria no necesita ‘expropiación exprés’”.

Santiago Flórez Gómez

Consultor en competitividad agropecuaria para organismos multilaterales del sector público y sector privado.

Asumo que el gobierno de Gustavo Petro va a jugar a pasar un proyecto de ley para acelerar la compra de tierras (a lo que se han referido algunos medios como “expropiación exprés”). Yo creo que es un error que el Congreso caiga en ese juego, caiga en ese debate, porque la reforma agraria no necesita esta “expropiación exprés”. Ya hay una voluntad grande de los terratenientes de vender las tierras. Entonces, si hay voluntad de vender para qué se necesita la expropiación. Se hace expropiación cuando el dueño de la tierra no quiere venderla y hay un bien común más grande. Por eso el Estado expropia. Por ejemplo, cuando Vargas Lleras hizo las 4G, él fue uno de los grandes expropiadores porque mucha gente no quería vender.

En este caso, el gobierno va a jugar a eso cuando en verdad no hay necesidad. ¿O dónde están los datos de los terratenientes que no quieren vender las tierras? No hay, no hay los datos. Hace unos días, en Hora 20, Margarita Barón, conocedora del tema, le hizo esa pregunta tres o cuatro veces a Gerardo Vega y él no tuvo cómo contestar. Yo creo que el gobierno le apuesta a decir es: “Yo traté de hacer, pero no me dejaron”, cuando en verdad podía hacerlo.

“Hay que procurar la continuidad de proyectos que ya están en marcha, como la recientemente aprobada jurisdicción agraria”.

Carlos Duarte

Coordinador en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales en la Universidad Javeriana de Cali.

Hay que estar pendientes de tres temas. Primero, los proyectos de ley que busquen facilitar y profundizar la reforma agraria, es decir, todo lo relacionado con la reforma agraria integral, la reforma agraria integral popular y lo que el presidente adelantó en las Naciones Unidas sobre la compra exprés de tierras.

Segundo, vale la pena mirar las iniciativas que buscan desarrollar la reforma al artículo 64 de la Constitución, en torno a los derechos especiales del campesinado. Estos son el proyecto de ley de economía campesina, de transición agroecológica y de apoyo diferencial a jóvenes y mujeres campesinas.

Por último, hay que procurar la continuidad de proyectos que ya están en marcha, como la recientemente aprobada jurisdicción agraria que comienza a funcionar el otro año, la actualización de la ley que busca favorecer a las mujeres rurales para mejorar su calidad de vida y su igualdad con los hombres, la trazabilidad ganadera para evitar la deforestación, entre otros.

Paz

“Es importante que se les dé un empujón a los procesos de paz urbana”.

Francisco Daza

Coordinador de la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Ahora la agenda legislativa está centrada en otras reformas, por lo que de alguna forma la paz está engavetada en el Congreso.

Por los tiempos es difícil que haya una ley de sometimiento a la justicia. Pero evocando el espíritu de los cambios ministeriales –y que Juan Fernando Cristo le da dinamismo al Ministerio del Interior– hay una ventana de oportunidad para que se adelanten acciones rápidas que revitalicen los procesos de paz urbana.

Cristo también ha señalado la importancia de los fast-track para avanzar en las reformas. Un camino posible sería utilizar este mecanismo para construir un marco jurídico de sometimiento colectivo que les dé una base sólida a los procesos que se han adelantado con los grupos delictivos en áreas urbanas como el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura y garantizar su sostenibilidad.

Aunque hay tres procesos activos que se están llevando todos los focos –con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM)–, para equilibrar la balanza es importante que se les dé un empujón a los procesos de paz urbana.

“El fast-track que propone Petro puede retrasar el trámite de las normas en las que sí es posible avanzar”.

María Victoria Llorente

Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En la legislatura que empieza los esfuerzos sobre paz no deberían estar enfocados en el fast-track. Más bien deberían centrarse en, uno, las normas que son compromiso explícito en el Acuerdo y que no han sido tramitadas aún. Y dos, los proyectos sobre la implementación que continúan en trámite e, incluso, en los que se archivaron.

El empujón legislativo a la paz también está en la cancha del presidente, ya que puede priorizar la sanción de cuatro normas que están pendientes. Entre ellas, la reforma a la Ley de Víctimas y la creación de la Comisión Legal de Paz. Por su parte, la Corte Constitucional puede agilizar la revisión de cuatro normas que tienen implicación en la implementación del Acuerdo como la reforma al Código Electoral.

No hay que perder de vista que el fast-track que propone Petro puede retrasar el trámite de las normas en las que sí es posible avanzar, pues para implementarlo el Congreso debe aprobar un acto legislativo que desgastaría su capital político. Se suma, que las normas que está priorizando el presidente desviarían la atención de aquellas que se pactaron en el Acuerdo y que tienen el potencial de generar transformaciones para avanzar en la construcción de paz.

Salud

“La discusión y la agenda del Congreso en el tema de salud serán un “déjà vu” de la reforma en la legislatura pasada”.

Claudia Vaca

Profesora e investigadora del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.

Lamentablemente, la discusión y la agenda del Congreso en el tema de salud serán un “déjà vu” de la reforma en la legislatura pasada: una discusión circular. Sin embargo, es muy importante que al menos tres asuntos sean discutidos y movilizados en el Congreso, bien sea desde el control político o mediante propuestas normativas:
Las condiciones de protección de la atención de los afiliados a las EPS intervenidas, lo que implica el presupuesto de funcionamiento y un plan claro de hasta cuándo durarán las intervenciones.

Los mecanismos de transformación de las EPS a futuro, dado que el sistema ya se transformó con las intervenciones en marcha y las solicitadas por las mismas EPS.
Los procesos de asignación de presupuestos territoriales y centrales en el funcionamiento del sistema de salud. Esto implica discutir la política de medicamentos (la compra y la dispensación en las zonas rurales), la necesaria transformación del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos.

“El sistema como está necesita un cambio, porque sus instituciones se están desmoronando por las decisiones del gobierno”.

Paul Rodríguez Lesmes

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, especialista en Salud.

El tema salud es una de las situaciones más complicadas que tiene que abordar el Congreso. En este momento tenemos un sistema quebrado, con dinero que al parecer no alcanzará todo el año.

El sistema como está necesita un cambio, porque sus instituciones se están desmoronando y están fracturadas por las decisiones del gobierno. Aquí uno de los temas a discutir es cuál es el rol de las empresas que tengan la función de intermediarios entre usuario y sistema, ya sean gestoras, Entidades Promotoras de Salud (EPS) o Centro de Atención Primaria en Salud (Caps). Además, cualquier cambio que se haga debe basarse en las instituciones que ya están. El ejemplo del magisterio nos mostró que inventarse todo de cero termina muy mal.

Otro gran tema que el Congreso tiene que tratar es el alcance del plan de beneficios. La interpretación actual de la Ley Estatutaria de Salud es súper garantista, es decir, que hace que el sistema tenga que pagar todos los tratamientos y medicamentos posibles. Incluso, el gobierno recientemente intentó incluir todas las tecnologías en el plan. Pero hemos visto que esto no funciona, ya que desborda el sistema financieramente.

Se ha intentado de muchas formas solucionar los problemas de financiamiento con recobros y presupuestos máximos, pero se tiene que solucionar. Cuál va a ser el límite del plan de beneficios es una de las cosas bien peliagudas de esta legislatura, porque a nadie le gusta decir que le va a poner límites a los derechos de los demás pero, en la práctica, tiene que hacerse o si no lo podrán algún gestor administrativo en algún punto.

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En el acta de la reunión reservada de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que revela La Silla Vacía, queda el rastro de cómo dos congresistas, Wadith Manzur y Julián Peinado, un conservador y un liberal, pusieron reparos que terminaron frenando una garantía de la nación a un crédito de 150 millones de dólares para Findeter, el banco de desarrollo territorial para los municipios. 

En los dos días siguientes, como reveló la filtración de chats de Noticias Caracol, hubo un intercambio intenso entre funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Olmedo López. 

El objetivo era agilizar la entrega de tres contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), que sumaban $92 mil millones, para que no se cayeran “los créditos de la Nación”, como lo puso el enlace legislativo del gobierno, Jaime Ramírez Cobo en un mensaje. 

Peinado no respondió preguntas de La Silla Vacía. Argumentó que la naturaleza reservada de la Comisión se lo impedía. Manzur explicó que en los cuatro años que lleva en la Comisión nunca se ha negado un crédito, pero sí se hacen “cuestionamientos a los ministros sobre cómo se van a hacer las inversiones y se aplaza o suspende la sesión”.

En un comunicado sobre los contratos, el ministro Bonilla dijo que “el origen y trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama Legislativa y el Ejecutivo, como lo establece la Constitución y la Ley”.

Así se frenó el préstamo a Findeter 

Fue el 12 de diciembre de 2023, a las 7 am, en una reunión híbrida a la que asistieron los ocho parlamentarios que la integran. Además del ministro de Hacienda, que presidía, había otros funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, y del ministerio, con una notable excepción: el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, que, como reveló La Silla, había tenido roces con los congresistas por sus solicitudes de mermelada. 

“El Honorable Representante Manzur solicita el aplazamiento de la votación del concepto de este crédito”, dice el documento en un lenguaje seco. Al final, todos los integrantes, salvo uno no identificado, votaron para frenarlo, y reagendar su discusión para una reunión dos días después, el 14 de diciembre. Las fechas son importantes, porque ayudan a entender el afán del ministro Bonilla para acelerar los tres contratos de la Ungrd.  

Fue el único crédito en el orden del día de la Comisión de congresistas, que da luz verde a los créditos del gobierno, que no se aprobó. De resto, hubo una maratón de aprobaciones ese 12 de diciembre, de otros cinco préstamos por un total de 2.5 billones de pesos. 

Para explicar ese crédito, el ministro tiene en la línea a la plana mayor del Findeter, entidad que Bonilla encabezó antes de ser nombrado ministro. Estaba su presidente, Juan Carlos Muñiz Pacheco, y el vicepresidente financiero, Richard Martínez Hurtado. Ambos se conectaron a la reunión para buscar solucionar las dudas de los congresistas. 

El primero en alzar la mano es Manzur, representante de Córdoba, presidente en ese entonces de la Comisión de Acusaciones, donde se investigan las cuentas de campaña del presidente Petro, y uno de los conservadores aliados del gobierno. “El Honorable Representante Manzur indaga respecto de las condiciones bajo las cuales la entidad dispone de los recursos en el mercado a las distintas entidades, así como los proyectos a los cuales están dirigidos”, dice el acta. Luego responde el vicepresidente de Findeter. 

Manzur insiste. “El Representante Manzur, solicita precisar si estas líneas están dirigidas a atender el mecanismo especial creado en pandemia o será utilizado en el marco de sus operaciones normales”, dice el acta. De nuevo, responde el funcionario de Findeter. 

ACTA 312 12 DIC 23 by La Silla Vacía

Luego es Julián Peinado, el liberal de Antioquia que ha hecho oposición a Petro, quien tiene reparos. “El Honorable Representante Peinado, indica que luego de escuchar la presentación se generan muchas dudas”, dice el acta. La secretaria técnica de la comisión responde, pero Peinado no está conforme: “Peinado propone a los demás miembros de la Comisión generar una mesa de trabajo donde se puedan profundizar los temas presentados”. 

El afán del ministro Bonilla es palpable: “El Ministro de Hacienda y Crédito Público Dr. Ricardo Bonilla Gonzaléz sugiere que el equipo de Findeter culmine la presentación y acto seguido se genere el espacio de decisión respecto de la operación presentada”, dice el documento de la reunión.

Pero las dudas de Manzur y Peinado no quedan despejadas. Manzur pide una votación para aplazar la reunión sin fecha fija. La representante Karen Manrique, de una curul de paz en Arauca, interviene para pedir que se haga más pronto, y sugiere el 14 de diciembre, dos días después. “En este sentido, se somete a votación el aplazamiento de la votación del concepto único indicado, la cual se aprueba, salvo por un voto, el aplazamiento para el día 14 de diciembre de 2023”, cierra el acta en este punto del préstamo de Findeter.

Luego, entre el 12 y el 14 de diciembre, el intercambio de chats entre funcionarios del gobierno se dispara. 

Los chats coinciden con el crédito de Findeter y los intereses de Manzur.

Ese mismo 12 de diciembre, según reveló Noticias Caracol de las pruebas que entregó Olmedo López a la Corte Suprema, el director de la Ungrd le envió un cuadro a Sneyder Pinilla, su subdirector, quien también ha confesado hechos de corrupción. 

El cuadro relaciona tres contratos que suman $92 mil millones: uno para El Salado, Bolívar, de $12.356 millones, otro para Cotorra, Córdoba, de $50 mil millones, y otro para Saravena, Arauca, de $30 mil millones.     

En Cotorra, Córdoba, como reveló La W, Manzur tiene una alianza política con el alcalde Guillermo Llorente. Y Saravena, en Arauca, es uno de los municipios que hacen parte de la circunscripción de paz de la representante Manrique. 

Según Noticias Caracol, el cuadro que envió Olmedo a Pinilla provenía de Jaime Ramírez, el enlace legislativo de Presidencia. A los dos días, el 14 de diciembre, cuando estaba programada la nueva sesión de la Comisión para aprobar el crédito pendiente de Findeter, Ramírez le escribe a Pinilla.  

“Necesitamos tu ayuda”, dice Ramírez. Le explica a Pinilla que es un tema “del ministro de Hacienda”, le envía el contacto de Bonilla, y agrega “el ministro se está intentando comunicar con el director (Olmedo), pero no ha podido”. La respuesta de Ramírez subraya la urgencia y el vínculo de los contratos con un crédito. 

Al final, ese 14 de diciembre no se lleva a cabo la reunión programada de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pero sí hay una última comunicación entre Bonilla y Pinilla en la tarde noche. Antes de la conversación, Bonilla le había escrito: “preocupado por destino recursos proyectos viabilizados”(sic). Luego intercambian llamadas, en la que, según Noticias Caracol, Bonilla pidió una reunión urgente con Olmedo López.

La reunión se dio, y, según declaró Pinilla en la Fiscalía, recibió una llamada de su jefe mientras estaba reunido con Bonilla, en la que le pidieron acelerar los tres contratos mencionados. Ese mismo 15 de diciembre, como reveló La Silla en un documento de la Comisión, fue aprobado el crédito de Findeter en la última sesión del 2023.  

Meses después los tres contratos se cayeron, cuando explotó el escándalo de la corrupción en la Ungrd.

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El alcalde Alejandro Eder tiene en sus manos el legado de su antecesor, Jorge Iván Ospina. Recibió cinco grandes parques en construcción, con más de 270 mil millones comprometidos. Representan un esfuerzo necesario para mejorar los espacios públicos de Cali, pero también un “chicharrón” que Eder no ha definido cómo va a resolver.  

Comenzaron a construirse justo después de la pandemia y del estallido social de 2021, una de las crisis más grandes que ha tenido Cali en su historia. Son una apuesta ambiciosa de espacio público, más de 100 hectáreas proyectadas en cinco sectores distintos de Cali. Una extensión similar a la del Simón Bolívar de Bogotá.

Sus promotores los veían como símbolo de resiliencia, de una ciudad que construye lo público sobre predios que eran dominados por la mafia y codiciados por la industria inmobiliaria. Pero  sus detractores los veían como un derroche en un momento en que la ciudad apenas se estaba recuperando del golpe de la pandemia y el paro.  

Los parques no son la prioridad de Eder, pero inevitablemente marcarán el inicio de su gobierno. Serán las primeras obras a las que les podrá cortar el listón y un atractivo para  los cerca de 12.000 visitantes que llegarán a la ciudad para la COP16 en octubre.

Para Ospina, representan la oportunidad de revindicar su gestión, que terminó con la popularidad por el suelo y cuestionada por varios escándalos de presunta corrupción.

La Silla Vacía visitó los parques y tocó puertas en las oficinas para entender la dimensión del proyecto. También revisó los datos del Laboratorio Mi Cali Contrata Bien, que les ha hecho seguimiento desde el día uno.

La herencia no pedida que Ospina le dejó a Eder

Ospina repitió Alcaldía en 2019 con la promesa de impulsar grandes obras, como en su primera administración (2008-20011), cuando prometió 21 “megaobras”. En su segundo mandato buscó repetir la fórmula pero en menor proporción.

“Una de las cosas que más le gusta a Ospina es inaugurar cemento. Su meta general era la infraestructura y dentro de esa meta estaban los parques”, dijo Enrique Rodríguez Caporali, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Icesi y experto en historia urbana. “El estallido social y de la pandemia acabaron con la mayoría de lo que se había pensado en infraestructura. Los parques son lo que queda de esa meta”, agrega. 

En 2020, el exalcalde comenzó a gestionar predios y plata para sus ideas. Con autorización del Concejo, firmó un crédito del cual ya se comprometieron $646 mil millones y el 40 por ciento fue para los “parques para la vida”, como los llamó Ospina. Su narrativa estuvo basada en la protección de la biodiversidad, la identidad cultural del Pacífico y la resiliencia de la ciudad.

“Tienen que ver con la carga cultural e identitaria de Cali. Están pensados para que duren más de lo que uno mismo dura”, dice el exalcalde. 

Las obras comenzaron entre 2022 y 2023 y debían haber finalizado el año pasado, pero solo una de ellas está abierta, la del Bulevar del Oriente. Cristo Rey y San Fernando están en sus etapas finales, tras múltiples adiciones y prórrogas. Pacífico y Pance están empantanadas y su futuro todavía no está claro.

“Los ecoparques son un chicharrón, pero son necesarios para Cali. El problema es que la planeación que se hizo no era la que tenía que hacerse”, dice Mauricio Mira, director del Departamento de Gestión de Medio Ambiente (Dagma). “Hubo mala planeación y corrupción. Ahora nos toca agarrar el toro por los cuernos y salir adelante con eso”, concluye.  

“Los proyectos ayudan a cambiar la cara de la ciudad y son importantes. Sin embargo, uno tiene que hacer las cosas paso a paso y no al mismo tiempo, porque los recursos son limitados”, dice Maria Eugenia Lloreda, asesora del alcalde Eder y líder del proyecto San Fernando. 

En el pasado, Tanto Rodrigo Guerrero, como Maurice Armitage se encargaron de terminar las megaobras que arrancó Ospina en su primer periodo. Ahora, la situación es similar.

“Su preocupación no parece ser inaugurarlas”, dice el profesor Rodriguez. “Él tiene una gran capacidad de imaginar las cosas, pero después delega su ejecución y su viabilidad. Son otros los que tienen que sacar adelante sus ideas, pero al final del día él es quien puede sacar réditos del resultado de las obras”, añade.

Bulevar de Oriente

El proyecto que saca la cara es el Bulevar del Oriente, que ya fue entregado. Comenzó a construirse en junio de 2022 y se inauguró en diciembre pasado, con la visita del presidente Gustavo Petro. 

El Bulevar es una pausa de un kilómetro de largo. Una tregua al movimiento del tránsito y la algarabía del comercio en el oriente, que comienza en un callejón estrecho al lado de la estación de Policía de Los Mangos, en la Comuna 14. Al entrar, se despeja el paisaje en una de las zonas más densas de Cali.

Es una franja de asfalto alternado con pasto, llena de lugares para sentarse, jugar o hacer deporte. A lado y lado hay murales monumentales con ilustraciones de animales, caricaturas y rostros, todos muy caleños. El recorrido parece turístico, pero está hecho para los que viven ahí.

La obra terminó el 20 de marzo y actualmente las entidades de la Alcaldía están recibiéndola para liquidar el contrato. El costo final, solo del contrato de obra, fue de $36 mil millones, 8.500 más de lo que se estimó en un principio. La Unidad de Gestión de Bienes y Servicios será la encargada de definir un modelo para su administración.

Poco a poco, el “pedazo”, como le dicen los caleños a los barrios, se va apropiando del Bulevar. Su entrada es vigilada por las miradas gachas de grupos de jóvenes, que pasan la tarde entre humos. Los domos que se construyeron para negocios siguen cerrados, pero el sendero está lleno de manjares: obleas, raspados y churros que se venden informales en toldos. El señor del helado pasa campaneando, con la complicidad del calor de la tarde.  

Conforme baja el sol, después de las cuatro, el lugar encuentra su esplendor. La gente se vuelca a sus pérgolas para sentir la brisa fresca que baja del oriente y los colores de los muros aumentan su intensidad. Los fines de semana se arman pachangas y se baila salsa con desparpajo hasta tarde de la noche.

Parque Cristo Rey

Bordeando las laderas se llega al Cristo Rey, la estatua de 26 metros y brazos abiertos, en el cerro de Los Cristales. Los predios, como muchos otros en Cali, fueron expropiados a la mafia. 

El Tramo Dos del parque comienza en la parte alta del barrio San Fernando, detrás de la sede de la Universidad del Valle. Allí está la Plazoleta de los Estudiantes, bajo un obelisco de metal. Zigzaguea sobre la ladera en una pasarela elevada que roza las rejas de varios condominios.

El sendero se hizo con la idea de ponerles límites a las casas, que cada vez buscan más la frescura del monte. La construcción perturbó esos planes y provocó una acción popular que en febrero la mantuvo suspendida un par de semanas, pero después se cayó. También alarmó a grupos ambientalistas, debido a las consecuencias forestales de una construcción a esa escala. 

Este tramo está dividido en dos fases. Los contratos de obra suman $40 mil millones y van hasta agosto, con un avance actual que supera el 80 por ciento, por lo que serían entregados en septiembre. Más arriba, el sendero pasa por la nueva Plazoleta de la Resiliencia y remata en un puente peatonal sobre la Avenida Los Cerros, que en el futuro conectará con otros dos tramos para llegar al quinto. 

Este último es el de la cima, donde está el monumento, que fue erigido hace 70 años por el cincuentenario de la Guerra de los Mil Días. Desde entonces mira a los caleños desde lo alto, pero sin llamar mucho su atención, hasta ahora. 

Solo la obra costó $43 mil millones, luego de que se la adicionaran casi $16 mil. Fue terminado en junio y está a la espera de trámites administrativos para abrir sus puertas. Como ya está listo, algunos turistas se confunden. Un grupo de seis gringos perdió la subida de 20 minutos en carro y le tocó conformarse con ver desde la reja al “Señor de Los Cristales”. 

Además de los parqueaderos y de los kioscos comerciales, hay varios miradores y un edificio de tres pisos, apto para cualquier evento o misa patronal. En el sótano hay un auditorio, en el segundo piso una plazoleta de comidas preparadas y en el tercero un mirador de 360° desde donde se ve todo lo que es Cali y las lomas de la cordillera occidental. 

Más pasarelas conectan al mirador con el Cristo y lo circundan formando su pedestal. Fue restaurado y su túnica se alumbra de colores según la fecha especial, durante la Copa América tuvo la bandera tricolor. A sus pies, una placa cubierta con plástico tapa los nombres de quienes quisieron ganar indulgencias en su nombre. 

La Secretaría de Vivienda está a cargo de la obra, pero el Departamento de Medio Ambiente (Dagma) será su administrador. El director, Mauricio Mira, prevé la necesidad de contratar un operador que mantenga en forma al Cristo y defina una tarifa para conocerlo. Todavía no hay fecha, pero se espera que en la COP16 ya esté abierto. 

Respecto a los demás tramos, todavía no hay recursos asegurados y hacen falta diseños a detalle. Sin embargo, la secretaria de Vivienda, Maria del Mar Mozo, dice que la idea es dejar todo el proyecto listo en este cuatrienio. 

Parque San Fernando 

El Club San Fernando se fundó en los años 30 en el centro-sur y fue la sucursal de la élite de Cali. Por 70 años acogió a todos los apellidos famosos de la ciudad, pero su fama se desmoronó en este siglo, cuando en una crisis económica quedó en manos del narcotráfico. 

Bernardo Pinzón, supuesto testaferro del famoso narcotraficante “Chupeta”, compró la propiedad y demolió la historia del club, pues tenía en mente un nuevo centro comercial. Pinzón fue asesinado en 2008 y el predio quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Después de la gestión del exalcalde Maurice Armitage, la Alcaldía de Ospina se hizo con el lote en 2020 y comenzó el proyecto del parque tecnológico. 

Se está construyendo la primera de sus cinco etapas y supera un 90% de avance. Es un “centro creativo digital”, que incluye salas de producción audiovisual, planetario, laboratorios de innovación y una zona empresarial. La obra tuvo un costo de $81 mil millones, incluyendo 27 mil de adiciones.

Desde afuera se ve como un cubo naranja con un domo en la mitad. Adentro hay pantallas verdes y trajes de animación, trusas oscuras con nodos adheridos que le permiten a un software animar los movimientos humanos. El parque promete conectar a Caliwood, el movimiento cinematográfico insignia, con las nuevas tendencias, y acercar las oportunidades de empleo de la industria tecnológica. 

Debía estar listo en diciembre del año pasado, pero ahora se espera que la obra se termine este 31 de julio. Su inauguración será a principios octubre y durante todo el mes tendrá programación relacionada con la COP16. La Secretaría de Desarrollo Económico firmó un convenio por $3.500 millones con la Institución Universitaria Antonio José Camacho para su operación durante este año, mientras se crea una entidad mixta para su gestión.

Corazón de Pance o COP16

Muy al sur, lejos del bullicio, está el parque Corazón de Pance, que ahora será una estampa de la COP16. Comenzó a construirse en 2022 como frontera natural entre el río y los grandes edificios que se estaban acercando.

Sobre el bosque de 44 hectáreas se erigieron grandes pasarelas que forman un sendero circunvalar con dos miradores y caminos de grava que se internan en la naturaleza, creando un enjambre de rutas posibles. 

Las pasarelas pasan por salones, baños y una plazoleta, que todavía están armándose. Para levantarlas, fue necesario abrir una cicatriz en la vegetación y ahuyentar a las especies silvestres. Literalmente, un ingeniero forestal se encarga de espantar los zorros y guatines para evitar que accidentes que se enreden entre las máquinas. 

Está en construcción la primera de varias fases, y aunque debía estar lista en diciembre, fue prorrogada hasta este 19 de julio, pero tampoco fue suficiente. Según el director del Dagma, el nivel de avance es preocupante, por lo que está sobre la mesa posibilidad de liquidar el contrato con la Unión Temporal, conformada mayoritariamente por Construpacicol S.A.S.

“Llegamos a un punto en que si no cumplen, tenemos que ejercer lo que los contratos configuran, una liquidación y un plan de contingencia para hacerlo avanzar”, le dijo a La Silla la semana pasada. “Ya veíamos venir esto y tenemos planes de contingencia porque sí o sí tiene que entregarse antes de la COP”, agregó. 

Sin embargo, el jueves, en debate de control político, el director se alejó de la posibilidad de liquidar, por las demoras que implicaría, y anunció que la obra se suspendió hasta el 18 de agosto: “no vamos a entregar un peso más”, dijo. 

El contrato de obra alcanza los 38 mil millones y le falta alrededor del 20 por ciento, esta vez debería finalizar a más tardar en septiembre. El parque también tendría una tarifa de ingreso y sería operado a través de una entidad privada. 

En unos años, los árboles cubrirán los senderos y los animales volverán a sus viejas madrigueras. Por ahora, los escombros no dejan ver a plenitud la experiencia tropical del piedemonte de los Farallones.

Parque Pacífico

Está hacia el norte, sobre el lecho del río Cali, cruzando la calle que lleva a la Terminal de Transportes. Busca ser la sede de los sabores de la región, con una gran galería abierta que ofrecerá platos típicos y destilados. Se construyó sobre una zona deprimida, rodeada de talleres y bodegas, que debe transitarse con cuidado. 

Le dicen el Parque del Barco porque el año pasado la armada donó el buque Jaime Eduardo Cárdenas, que ahora se posa en una terraza al lado del río. Después de que sus partes viajaran desde Buenaventura, donde antes surcaba las aguas del Pacífico, está siendo restaurado para que los curiosos puedan entrar a tomarse una foto en su cubierta.

Se está construyendo la primera de tres fases, con dos senderos principales que pasan por bancas, comedores, siete kioscos de artesanías y alambiques. Al final, están tres grandes marquesinas donde habrá 20 cocinas, con sus respectivos mesones. Será un pedacito el Petronio Álvarez, el festival folclórico del Pacífico que hospeda Cali todos los años, para quien no pueda esperar hasta agosto. 

Es el proyecto más estancado de los cinco. El contrato de obra se firmó por $27.300 millones, con la Unión Temporal conformada por Hugo Giraldo Parra y Disucon S.A.S Era hasta diciembre del 2022, pero se aplazó hasta 2023 y apenas llegó a la mitad. En consecuencia, se quedó sin vigencia presupuestal y con un déficit de $10 mil millones. 

Después de $6 mil millones en adiciones y más de un año de retraso, la obra no ha sido entregada y estuvo suspendida entre marzo y junio por problemas con las redes sanitarias. La Alcaldía actual ya consiguió la plata para terminarlo y firmó una prórroga hasta el 17 de agosto, pero ya se piensa ampliarla hasta noviembre para completar el 40 por ciento que falta. Además, aún está pendiente por gestionar la plata para instalar y dotar las cocinas. 

Se espera que al menos dos tramos estén habilitados para la COP, pero lo más probable es que el menú todavía no esté disponible para esa fecha. La segunda etapa, un puente peatonal que conecta al parque con el barrio Berlín, sí tiene recursos asegurados y la tercera está pendiente por diseños.

Eder le busca la comba al parque

“No se pueden establecer como proyectos de Ospina, sino proyectos de ciudad. La administración debe tomarlos con gestión integral y eso no lo ha realizado después de siete meses”, dice el exalcalde Ospina. “A veces la administración se llena de celos, cuando lo que debería importarle es la ciudad”, agrega.

Sin embargo, mientras estuvo en el poder, no perdió ninguna oportunidad de dejarles su marca. El lema de su Alcaldía fue “Puro Corazón por Cali”, por eso Ospina, que es médico, se inspiró referencias cardiovasculares para nombrar los parques. Se refería a ellos como “un latido para siempre”.

Fue incluso más allá e inauguró el parque de Cristo Rey dos días antes del final de su mandato, sin que las obras estuvieran listas. Una semana después, la nueva Alcaldía volvió a cerrarlo para terminar las obras. 

El Cristo Rey no ha sido santo de devoción de Eder. En 2022, cuando comenzaba a ambientar su segunda campaña, criticó el proyecto: “La ciudad está destruida, la inseguridad es la peor de las grandes ciudades Colombia, la educación está mal y hay muchos efectos de la pandemia, ¿cómo vamos a gastar una cantidad absurda de plata en este parque?”.

Como era de esperarse, su alcaldía no le ha dado mucho protagonismo a ese ni a los demás escenarios, por lo que a pocos meses de su inauguración no hay mucha expectativa entre los ciudadanos. Sin embargo, ya se notan algunos esfuerzos de Eder por resignificarlos.

“Habrá que ver cómo lo logran. El de Pance y el de Cristo Rey están muy definidos. El de Cristo Rey le genera mucha presión a Eder de la gente que vive en el oeste, que es de estratos altos y está descontenta con la obra”, dijo el profesor Enrique Rodríguez. “Han hecho un esfuerzo interesante por resignificar el de San Fernando, que era un proyecto sin un foco claro”, agregó. 

Los cambios comenzarían por los nombres. El parque Corazón de Pance ahora sería el de la COP16 y el San Fernando todavía no lo ha definido, pero tendrá uno nuevo. Estos dos parques son los más afines a las líneas de gobierno de Eder. 

El primero es un escenario para exponer la exuberancia de la naturaleza, justo en el evento sobre biodiversidad más importante del mundo. 

“La COP16 se va a ir, pero van a quedar muchas cosas. Lo que queremos es que ese parque esté asociado a la biodiversidad”, explicó Mauricio Mira del Dagma. También dejó ver los matices que se le quieren dar al proyecto en las próximas etapas: “Le apostamos a que sean más ecosistemas que construcciones, que era la mirada anterior. Queremos darle prioridad a la contemplación”.

El otro parque al que Eder le puso el ojo es el de San Fernando.  Ahora tendrá un nombre relacionado con el concepto de “tejer sin raíces” y no será netamente museológico, sino de emprendimiento. Una visión alineada a la mirada empresarial que Eder, miembro de una familia de industriales de la caña, le ha dado a su alcaldía.

“Este proyecto trasciende administraciones y piensa en ciudad, no tiene tintes políticos. Lo reconceptualizamos para volverlo sostenible”, dice Maria Eugenia Lloreda, asesora de Despacho y líder del proyecto. “Uno de los edificios será un lugar de asentamiento para empresas y emprendimientos. Es la única manera de volverlo sostenible porque un museo no se sostiene solo”, continuó.

Además del centro creativo, se proyectan otros tres edificios: un museo interactivo, un parque tecnológico y un hall de exhibiciones, además del parqueadero. Todo el complejo cuenta con licencia de construcción y las siguientes dos etapas quedaron en el Plan de Desarrollo. La velocidad de su progreso depende de la gestión de recursos, tanto de la Alcaldía, como de otras entidades públicas y privadas. 

Otro punto en el que difieren la administración pasada y la actual es en la forma como se debe financiar la operación de los parques. Todo apunta a que los dos ambientales y el de tecnología cobrarán la entrada, lo que abre el debate alrededor de su vocación pública.

“Sería un error cobrar por subir a Cristo Rey. Los emprendimientos que el monumento tiene deben concurrir en la financiación”, dice el exalcalde Ospina. “La administración debe aforar un presupuesto complementario para que esos proyectos sean sostenibles”, continuó. 

Lo que argumenta la administración de Eder es que no es posible mantenerlos funcionando óptimamente si no tienen garantizada la plata hacerlo. 

“Los dos ecoparques tienen que tener un costo de ingreso, así sea mínimo y diferenciado, como pasa en todos los parques del mundo. Ese recurso les da autosostenibilidad económica, para que no dependan de los fondos del Distrito”, dice Mira. “Con un costo la gente lo valora más, es importante generar esa cultura y esos recursos, de lo contrario, no van a durar mucho”, agregó. 

Con cinco grandes parques por ejecutar, Eder arranca su gobierno con la camisa de Ospina. Más allá del nombre que lleve la placa, a final de año la ciudad tendrá cinco nuevos espacios para disfrutar, pero también para sostener. 

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El escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro tiene un nuevo capítulo. Su protagonista es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aparece en unos chats en los que, presuntamente, direccionó contratos para conseguir los votos de seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, que en 2023 le aprobó USD3.500 millones para endeudarse en el exterior.

La presunta trama de corrupción liderada por Bonilla muestra los costos del modelo de gobernabilidad que el gobierno Petro tiene en el Congreso, y que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, deberá llegar a mitigar a partir del 20 de julio. 

El modelo funciona sin un “computador de palacio”, el nombre que adquirió en el gobierno Santos el registro de las cuotas y los contratos de los congresistas. En el pasado, el manejo de la mermelada estuvo centralizado. Pero en este gobierno, según dos de los principales operadores políticos de Presidencia, su control ha estado disperso entre los ministros, y la coordinación ha pasado por dos manos distintas en los últimos meses. 

Primero, por Carlos Ramón González, el hoy director de Inteligencia que fue secretario general de Presidencia. Y luego, por Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Petro. Sarabia y González, además, tienen una rivalidad política interna. Bajo este modelo de mermelada descentralizada, cada ministerio empuja sus proyectos en el Congreso, buscando operadores políticos caso por caso, y utilizando entidades por debajo de cuerda para hacer sus transacciones burocráticas con los congresistas. 

Justo como hizo Bonilla, desde Hacienda, para aprobar su cupo de endeudamiento en el exterior.

Un caso representativo de la mermelada descentralizada 

“Como el presidente prohibió negociar con puestos y contratos, cada ministerio, por debajo de cuerda, tiene una entidad con la que se hacen esas transacciones”, le dijo a La Silla uno de los principales operadores políticos del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre.

En diciembre del 2023, el Ministerio de Hacienda estaba urgido por la aprobación de los créditos internacionales, según dos fuentes del alto gobierno que lo supieron de primera mano. Para acelerar su trámite se pusieron en contacto con Jaime Ramírez, un enlace de Presidencia con el Congreso y uno de los funcionarios de confianza de Sarabia, directora del Dapre. 

Según una de las fuentes, el papel de Ramírez fue poner en contacto a la Ungrd con Hacienda, como lo prueban los chats revelados por Caracol en los que Ramírez conversa con el exsubdirector, Sneyder Pinilla. En estos, Ramírez le escribe a Pinilla que la “urgencia” se debe a que se “van a caer los créditos de la nación”, en referencia a los créditos en el exterior que tramitan en la Comisión de Crédito Público. 

Para ese momento, congresistas de esa comisión le estaban pidiendo contratos a Hacienda como moneda de cambio para la aprobación de los créditos. El director de Crédito Público del minHacienda, José Roberto Acosta, se quejó por la dilación en la aprobación de los créditos y la estrategia extorsiva de los congresistas. Incluso, Acosta les dijo que iban a ser responsables de que el gobierno colombiano cayera en default, según una de las fuentes del gobierno. 

Luego del encontronazo, los congresistas le solicitaron a Hacienda que el director Acosta dejara de asistir a las reuniones en la Comisión, una presión a la que el Ministerio accedió. Desde entonces, el ministro Bonilla lideró el trámite de los créditos sin su director.

En los chats revelados por Caracol, tanto Bonilla como una de sus asesoras, María Alejandra Benavides, presuntamente tramitaron de forma directa los contratos. Benavides, según los chats, le envió a Pinilla los contactos de los tres enlaces en los municipios a donde iba a llegar la plata de los contratos direccionados.

Luego, en febrero del 2024, la propia Benavides le pregunta a Pinilla por el estado de los contratos. En los chats de Pinilla con los enlaces de los municipios hablan de declaraciones ficticias de calamidad pública para justificar el giro de los recursos desde la Ungrd.

Cristo y la mermelada centralizada 

En el alto gobierno creen que Cristo llega a centralizar la mermelada. De hecho, operadores políticos de Presidencia vienen recopilando información para el nuevo minInterior con las cuotas que tiene cada congresista aliado del gobierno. “Su manejo con el Congreso será más tradicional. Se reúne con todos. Habla directo. Sin tapujos”, dice una fuente de Presidencia, quien pidió la reserva de su nombre.

Cristo tiene antecedentes liderando grandes operaciones para favorecer con burocracia al Congreso. Durante el gobierno Santos, también como minInterior, impulsó los llamados Centros de Integración Ciudadana (CIC), unos polideportivos para municipios de categoría 5 y 6 que favorecieron a la coalición santista del Congreso, la llamada Unidad Nacional, que incluyen a congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U.

El desgaste y la pelea entre Sarabia, la directora del Dapre, y de González, director del DNI, también favorece el control de Cristo sobre la mermelada, según la fuente del alto gobierno. Se trata de una disputa que ha generado “fuego amigo”, como lo llamó la primera dama, Verónica Alcocer, en una denuncia a la Fiscalía sobre supuestos intentos de miembros del gobierno Petro de vincularla a la corrupción de la Ungrd. Y que hacia afuera, podría generar desconfianza en quienes desde el Congreso tendrían que volver a negociar puestos y partidas con el gobierno.

El nombre de González ha merodeado el escándalo de la Ungrd, aunque no ha sido mencionado ni por Olmedo López ni Sneyder Pinilla. Sin embargo, López no ha negado la participación de González cuando se lo han preguntado directamente, a diferencia de otros altos funcionarios de los que descartó su participación, como Sarabia o el minSalud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El nombre de Sarabia, por su parte, se ha visto afectado por las denuncias por corrupción contra su círculo cercano. Como lo contó La Silla, esas denuncias salieron del entorno de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y salpicaron a su asesor, Jaime Ramírez, y a su hermano, Andrés Sarabia, señalados, en este caso sin pruebas, de liderar una red de corrupción al interior de la Fiduprevisora.

El doble rasero ético de Petro que cobija, por ahora, a Bonilla

El 3 de mayo, Petro les pidió públicamente la renuncia a la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortíz, y al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, por haber sido mencionados en el escándalo de la Ungrd. “Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga”, dijo el presidente desde Palermo, Huila.

La vara ética de Petro sólo se ha cumplido para el caso de Ortíz. La decisión de Idárraga la echó para atrás, y tanto González, del DNI, como Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, no sufrieron las consecuencias de haber sido involucrados en el escándalo de corrupción. Velasco, por ejemplo, se fue del gobierno con un agradecimiento en el Twitter de Petro. 

El ministro Bonilla, por ahora, tampoco está sufriendo la vara ética de Petro. En su único trino sobre el tema, Petro ni siquiera lo mencionó. Bonilla, además, cuenta con un gran prestigio entre el alto gobierno y es considerado una ficha difícil de reemplazar, según dos miembros del gabinete de Petro, quienes pidieron las reservas de sus nombres. 

Bonilla mantiene un equilibrio entre la responsabilidad macroeconómica y la complacencia con las propuestas de Petro más difíciles de cumplir, como dice el analista político, Andrés Mejía, panelista de Blu Radio.

Por un lado, Bonilla lidera un fuerte recorte presupuestal ante el enorme déficit fiscal del 2024 y sigue firme con cerrar el hueco de los subsidios a los combustibles. Por el otro, intenta darle viabilidad al uso de vigencias futuras para financiar proyectos en las regiones más pobres, o a la creación de inversiones forzosas de la banca privada para el agro y la industria.

Bonilla se ha defendido con cautela por recomendación de sus abogados. “Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas”, trinó el ministro. Por delante tiene la presentación de un paquete de reactivación económica en el Congreso y una nueva reforma tributaria, que ahora deberá liderar, no solo con la tradicional impopularidad de los ministros de Hacienda, sino con la sombra de la corrupción.

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