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El sistema tributario colombiano ha sido criticado durante años por su incapacidad para adherirse a los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, lo que ha contribuido a la persistencia de la desigualdad en el país debido a la falta de movilización adecuada de los recursos necesarios para la inversión social.
Además, existe una larga lista de beneficios tributarios a los que pueden acceder las personas y las empresas, creados con el objetivo de incentivar la economía. Sin embargo, estos beneficios representan un gasto tributario, ya que implican un porcentaje de ingresos que la nación deja de percibir por impuestos. Lo que debilita aún más los principios constitucionales.
La reforma tributaria aprobada y que fue impulsada por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, abordó parcialmente algunos de estos problemas relacionados con la falta de progresividad de los impuestos, para que las personas naturales de mayores ingresos pagaran una mayor proporción. Ahora, el actual ministro Ricardo Bonilla habla de un nuevo proyecto de reforma tributaria, que se presentará el 20 de julio, para beneficiar a las empresas y corregir los defectos de la Ley que se aprobó en el 2022.
Con el nuevo proyecto de reforma tributaria se busca reducir las tasas nominales del impuesto de renta para las empresas, pasando del 35% al 30%, además de introducir nuevos incentivos fiscales para los sectores del turismo, el agro y la industria. Más allá de buscar favorecer unos sectores más que otros, ya sea para activar la economía o para incrementar el recaudo, las reformas tributarias en Colombia deberían enfocarse en cumplir con los principios constitucionales.
Una estructura tributaria progresiva, equitativa y eficiente contribuiría al financiamiento del Estado con criterios de justicia y equidad. Esto permitiría movilizar el máximo de recursos disponibles para la plena realización de los derechos humanos, fortaleciendo así las finanzas estatales. A su vez, el Estado podría disponer de estos recursos a favor de los sectores más vulnerables, contribuyendo a disminuir la desigualdad.
En este sentido, al considerar la nueva propuesta de reforma tributaria y su disposición sobre los impuestos para las empresas, el gobierno debería evaluar la posibilidad de reducir la tarifa nominal del impuesto de renta, ajustándola al tamaño de las empresas. Esta medida beneficiaría a las microempresas, reconociendo que juegan un papel fundamental en la economía colombiana. Las microempresas representan más del 92% de las empresas del país, generan aproximadamente el 62% del empleo y, junto con las pequeñas y medianas empresas, aportan entre el 35% y el 40% al Producto Interno Bruto (PIB).
Mantener una tarifa única para todo tipo de empresas, independiente de su tamaño, resulta regresivo, ya que nuestro sistema tributario actual incluye beneficios como exenciones, deducciones y descuentos que favorecen especialmente a las grandes empresas. Los análisis de las tasas efectivas de tributación, muestran que las grandes empresas pagan proporcionalmente menos impuestos que las pequeñas, debido a que las grandes pueden acceder a mayores beneficios tributarios.
Sabemos que los beneficios tributarios que propondrá esta nueva reforma buscan la reactivación económica. Sin embargo, es crucial reconocer que estos beneficios pueden generar problemas de distribución indirectos. Las empresas más grandes tienden a aprovechar estos instrumentos, profundizando las deficiencias estructurales de nuestro sistema tributario. Por esta razón, esperamos que esta nueva reforma tributaria establezca mecanismos obligatorios de monitoreo y evaluación efectivos para garantizar que los beneficios tributarios sean coherentes con los principios constitucionales. Es esencial eliminar aquellos beneficios que no cumplan con su objetivo y crear nuevos que realmente impulsen la economía en términos de empleo e inversión.
Una nueva reforma tributaria, apenas dos años después de la última, puede parecer inoportuna debido a los problemas de recaudación que ha enfrentado este gobierno y a las demandas que han declarado la inconstitucionalidad de medidas clave, como la no deducibilidad de las regalías. Sin embargo, su discusión es inevitable. Por lo tanto, la expectativa es que, si el enfoque está en la tributación de las empresas, esta reforma busque eliminar la regresividad e implemente evaluaciones de los beneficios (o privilegios) fiscales.
