El lío de la Nacional: autonomía universitaria no es autocracia 

Esta columna fue escrita por los columnistas invitados Camila Esguerra Muelle y Andrés Salcedo Fidalgo.

Después de revisar varias columnas y entrevistas, entre las que hay algunas en las que son protagonistas el autoposesionado rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, el representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU), Diego Torres, e incluso la exrectora Dolly Montoya, quisiéramos aportar voces a una versión poco oída sobre la autonomía universitaria y lo que sucede dentro de la Nacional, cercana a lo planteado por Rodrigo Uprimny, Augusto Trujillo Muñoz y  Boris Salazar.

Los hechos

El debate se da después de que el Ministerio de Educación hiciera el nombramiento de un ministro ad hoc y en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia para proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, entre otros, ordenara al Consejo Superior Universitario, discutir el nombramiento de una rectora o un rector encargado en la Universidad Nacional de Colombia, para superar la crisis que este órgano máximo de gobierno generó y que, paradójicamente,  no ha podido resolver en ejercicio de la autonomía universitaria.

Por otra parte, es innegable que el Consejo Superior Universitario ha sido irresponsable en lo que le corresponde del ejercicio de la autonomía universitaria, ya que algunos consejeros (Ignacio Mantilla, Verónica Botero y Diego Torres) han roto el quorum en varias ocasiones, dejando de cumplir sus funciones y bloqueando la discusión y las decisiones necesarias para resolver la crisis de manera autónoma. Esto ha llevado a que se interpongan denuncias legales, entre otros, por nulidad electoral, ante el Consejo de Estado. Es decir, la jurisdicción contencioso administrativa está en camino de una intervención en la Universidad Nacional de Colombia.

La autonomía universitaria no equivale a soberanía, debe permanecer dentro de los límites de la constitución y la ley (sentencias de la Corte Constitucional T-515/95 , T-310/99, C-491/16,  C-346/21,  T-1227/23, entre otras) y no puede ir en contravía de los fines de la Universidad ni de sus ejes misionales. 

En este sentido, la jueza Adriana Del Pilar Camacho Ruidíaz, en su fallo del 30 de mayo, frente a la tutela interpuesta por Peña (mediante la cual solicitó la protección de la autonomía universitaria y el debido proceso, entre otros), concuerda con que la autonomía universitaria no es absoluta y es compatible con las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.

Sin embargo, considera que la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, expedida por el ministro ad hoc, vulneró el derecho fundamental al debido proceso y la autonomía universitaria, por lo que la deja sin efectos jurídicos. Seguramente queda un camino jurídico por delante: la impugnación, revisión del fallo de la jueza por parte de la Corte Constitucional. Pero, además de legalidad, hay que hablar de legitimidad.

Desde un punto de vista no jurídico, nos interpela que la intervención del Ministerio de Educación, en una crisis de tamaña magnitud, se vea como una afrenta a la autonomía universitaria, mientras que la del Ministerio de Defensa no, o así lo podemos colegir de la solicitud de intervención, de esta y otras carteras ministeriales, hecha por Ismael Peña.

Además, varios sectores de la derecha en Colombia, han salido a clamar en esta coyuntura por la defensa de la autonomía universitaria, al asociar la movilización de los varios estamentos universitarios con Petro. Esto agrede la autonomía filosófica e ideológica individual y grupal de los miembros de la comunidad. En otros momentos, por ejemplo, han permitido la intervención policial o militar en el campus.

En ese marco se dio el debate de control político adelantado por Paloma Valencia, quien repitió el libreto justificatorio de la engañosa designación de Peña, omitiendo la forma en que se posesionó. Puso en entredicho la participación estudiantil y anuló la del estamento profesoral en la constitución de la autonomía universitaria. La senadora, además, estableció la necesidad de que el Estado financie a las universidades privadas y defendió el programa Ser pilo paga.

Por su parte la ministra Vergara pidió transparencia en el proceso de designación de rector y mostró cómo el MEN ha intervenido en universidades en otros gobiernos, por ejemplo, en 2020 y en 2021, durante el gobierno Duque (minuto 16:10 de la intervención). Hay que ver cómo se compagina esto el reciente fallo de tutela del 30 de mayo.

¿Qué es autonomía universitaria?

Es importante establecer qué es la autonomía universitaria, no ya en términos legales, sino como acuerdo social. Los pasados 29 y 30 de mayo se llevó a cabo un encuentro de docentes de la Universidad Nacional de Colombia, al que asistieron cerca de 500 docentes de todas las sedes, en su declaración final se establece: “La autonomía universitaria es un derecho que ha sido negado. Es el ejercicio equilibrado entre la democracia participativa, el gobierno autónomo, el financiamiento estatal y la determinación responsable por parte de la comunidad universitaria de las políticas integrales que armonicen las tres misiones fundamentales: extensión, investigación y docencia”.  ¿Es importante lo que piensan 500 profesores y profesoras de la autonomía universitaria y de lo que está sucediendo? Creemos que sí, por lo menos en la democracia participativa que la Constitución establece que es Colombia.

En este sentido, la autonomía universitaria se desprende de las voluntades no de unos cuantos, de una aristocracia, sino de la voluntad y de los consensos de quienes conforman esa comunidad, en este caso, profesoras, profesores, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, egresados y egresadas y gobierno universitario legítimo y legal.

Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo. Consideramos que la autonomía está quebrada desde siempre, no sólo por el engañoso acto de designación y la posterior auto posesión de Ismael Peña, sino por las propias reformas planteadas por la pasada rectoría de Dolly Montoya. La reforma a postgrados adelantada sin tener en cuenta el trabajo de décadas y las consideraciones académicas de las coordinaciones de posgrados de varias facultades; el proyecto de reforma al estatuto estudiantil adelantada sin la participación de las representaciones estudiantiles, que incluye una detallada descripción de sus procedimientos disciplinarios, pero omite cómo atender las situaciones de violencias (incluyendo violencias basadas en género), son algunos ejemplos.

Esto se suma a la imposibilidad de tener sostenimiento para los estudiantes, y a la propuesta de reforma al estatuto docente que busca sobrecargarnos de más labores de docencia, como si el único fin de la universidad fuera prestar servicios educativos, omitiendo labores misionales de investigación y, en general, de construcción de proyecto de nación.

El modelo de universidad en disputa

Por otra parte, queda preguntarse por la Universidad Nacional como bien común del país. La disputa no es entonces solo por quién ocupa la rectoría, sino por el modelo de universidad a la que apuestan determinados grupos de interés: una universidad tecnocrática, “neutral”, “no politizada” y cada vez más vinculada a las llamadas alianzas público-privadas, que se contrapone a un modelo de universidad pública como bien común, financiada plenamente con recursos públicos, con un desarrollo equitativo de todas las áreas de conocimiento, con un gobierno democrático y con presencia real y justa en varias regiones del país.

No funcionando en contenedores, como en la sede Tumaco a pesar de que sí había recursos para construir una sede digna, pero que no fueron administrados de manera eficiente por la rectoría de Montoya. Ismael Peña planeaba hacer su posesión en esa sede. La pregunta es si el modelo de universidad pública que el país necesita y quiere es en el que se le convierte en un campo de apuestas y negocios personales.

Con toda la razón, estudiantes y profesores se escandalizaron cuando se supo que los integrantes del CSU, que sistemáticamente han roto el quórum, hacen parte de un grupo académico administrativo de personas cercanas a la rectora saliente que ha acaparado viáticos y prebendas, repartiéndose recursos a través de proyectos de extensión y con la creación de corporaciones que gestionan recursos públicos. Estas denuncias seguramente harán parte de investigaciones que tienen que hacerse, pero lo que es claro es que la apropiación de dineros públicos atenta contra la autonomía universitaria.

La actual movilización de estudiantes, egresadas y egresados, profesoras y profesores y trabajadoras y trabajadores son manifestaciones justificadas de indignación, causadas porque ven que el destino de la Universidad queda en manos de un grupo que antepone sus intereses sobre el bien común.

En algunos medios priman las noticias de las confrontaciones semanales con “los encapuchados” , con las que se refuerza en el imaginario social el estigma de que la universidad pública sólo alberga a “agitadores”.

Sin embargo, lo que está en juego es la oportunidad de recuperar la autonomía universitaria, entendida como la capacidad de las universidades para regirse por principios democráticos y de transparencia inquebrantables, para proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Todo esto en un marco de trabajo incansable de defensa de lo público.