¡Abajo la ley de educación Petro-uribista!

Enorme revuelo ha creado en todo el sector educativo del país el trámite final de la ley estatutaria de educación. Tanto, que llevó a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a definir un Paro Nacional Permanente contra varios puntos del proyecto.

El proyecto de ley que salió aprobado de la Cámara de Representantes era insuficiente, entre otras cosas, porque no garantizaba la correcta financiación de la educación pública al amarrar todo aumento de recursos a la “sostenibilidad fiscal”. Esta herramienta ha sido diseñada para priorizar en el pago de la deuda al capital financiero internacional en vez de priorizar en la inversión pública nacional. Actualmente, el pago a la deuda pública es el mayor rubro del presupuesto nacional y se queda con cerca del 20%, alrededor de $95 billones de pesos. 

Tampoco reconocía la deuda histórica de los gobiernos nacionales con la educación preescolar, básica y media de cerca de $300 billones de pesos, debido a los recortes de las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP) desde 2001 a 2022. Tampoco reconocía las necesidades presupuestales de la educación pública superior que ascienden a más de $17 billones de pesos según el último informe del Sistema Universitario Estatal (SUE) de 2021. Sin plata no hay educación de calidad.

Aun así, el proyecto aprobado en Cámara de Representantes, contaba con el apoyo de sectores de la educación, incluido algunos directivos de Fecode. Lo que rebosa la copa, que se venía llenando desde el primero de mayo, cuando el gobierno implementó de forma desastrosa el “nuevo” sistema de salud del magisterio, fue el acuerdo en la comisión primera del senado entre el gobierno y la oposición. El acuerdo, que valga decirlo, fue aprobado por unanimidad.

El proyecto acordado en el Senado empeoró el proyecto inicial. Son muchos los puntos de discordia que afectan todos los niveles de la educación, incluso, la formación profesional para el trabajo. Veamos.

La educación preescolar, básica y media será la más perjudicada

1. Ataca la autonomía escolar y la libertad de cátedra, imponiendo un currículo único y formación por competencias a discreción del gobierno de turno.
2. Asegura a nivel estatutario la educación concesionada, incentivando el camino a la privatización, lo que recorta recursos reales a la educación pública.
3. Se ajusta a la exigencia extranjera de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de crear una nueva evaluación para los docentes que, a diferencia de las cuatro que ya tienen, esta será de carácter punitivo al evaluarlos de acuerdo con los resultados de las pruebas externas y las pruebas de Estado. ¿La calidad educativa es solo poner un ser humano a dictar clase y ya?
4. Atenta contra la necesaria obligatoriedad de los tres grados de educación preescolar (prejardín, jardín y transición) en las instituciones públicas que tanto necesitan los niños y niñas del país.
5. Incumple el acuerdo firmado con Fecode de tramitar la reforma constitucional al SGP para garantizar la adecuada financiación de la educación pública, como afirmó Victoria Avendaño, ejecutiva nacional de Fecode.

La educación superior se verá afectada en los siguientes aspectos

1. Eleva al mismo nivel de importancia la financiación de la educación pública y la privada con recursos públicos, incentivando así la financiación a la demanda y no a la oferta como debe ser.
2. Violenta la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
3. Incluye el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como eje estructurante “afectando el sentido de la educación superior y la comprensión de la labor docente” en palabras del rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera. 
4. Limita la participación de los estamentos en las decisiones que les afectan directamente, socavando así la democracia universitaria.

La formación profesional para el trabajo también se afecta y pone en riesgo al Sena

1. Crea y vuelve derecho fundamental la educación terciaria, donde incluye al Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), extrayéndolo del Ministerio del Trabajo y pasándolo al Ministerio de Educación, lo que perjudicará a los colombianos que requieren educación para el trabajo y no han culminado sus estudios en la educación media. 
2. Pone en riesgo la financiación del Sena por medio de los parafiscales, ya que, al cambiar su naturaleza de formación para el trabajo a educación terciaria, “tendrá que disputarse los recursos del Estado destinados para educación” afirma, Alyda Murillo, presidenta del Sindicato de empleados Públicos del Sena (Sindesena).

Además, de forma general establece la educación como servicio esencial, lo que impide el derecho a la protesta en defensa de la educación pública y, al igual que el texto original, amarra la financiación de la educación a la reiterada “sostenibilidad fiscal”.

En resumen, el proyecto de ley acordado cumple el sueño de los gobiernos y congresistas uribistas y de derecha, al empeorar la educación pública y ponerla al servicio del mercado y no al servicio del desarrollo de la nación. Queda así constituida la visión Petro-uribista de la educación, un proyecto de ley de origen petrista adecuado y acordado con las ideas uribistas.

Al proyecto le queda un último debate en plenaria del senado y según el acuerdo, debía llegar con la ponencia unánime positiva que salió de la comisión primera. Pero luego de la enorme presión social de todos los niveles de la educación pública del país, el gobierno nacional, al ser descubierto, optó por romper el acuerdo. 

Este hecho hizo que se radicarán dos ponencias positivas para el debate final. La del gobierno, que es en esencia el proyecto aprobado en Cámara de Representantes y, la ponencia de la oposición que es en esencia el proyecto acordado y aprobado en la comisión primera del senado.

El problema consiste en que el gobierno nacional sabe que radicó “un saludo a la bandera” porque no tiene los votos para que le aprueben su ponencia, por tanto, solo le quedan dos caminos para salir del entuerto en el que se metió. 

El menos difícil, que es solicitar como autor el retiro del proyecto de ley y se somete a votación, o el difícil que es no solicitar el retiro y buscar el hundimiento del proyecto por falta de votos de la oposición, a sabiendas de que esta es mayoría en el senado. En ambos caminos corre el riesgo de que la oposición logre conseguir los 55 votos que necesita para aprobar el proyecto de ley Petro-uribista acordado.

En cualquier caso, el magisterio, el Sena y la educación pública superior, no tienen otra salida distinta a aumentar la presión social en las calles para que las ponencias no sean aprobadas. Cualquier texto aprobado llevará el veneno de las mayorías opositoras y como ya demostró la experiencia en la comisión primera del senado, nada bueno para la educación pública saldrá de ahí. ¡Abajo la ley de educación Petro-Uribista!