Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Es increíble, pero cierto: el proyecto que fue radicado ante el Congreso de la República el 12 de septiembre de 2023, se dilapidó en distintas instancias de orden político-administrativo. No contó con el suficiente tacto político y estructural para que naciera a la vida pública como en principio lo esperaban miles de colombianos y colombianas. El anhelo de gozar de un derecho constitucionalmente en la práctica muy esquivo naufragó, especialmente para los niños y niñas de la primera infancia en los niveles de prejardín, jardín y transición, afectando asimismo la articulación de niveles y para el fortalecimiento de un sistema medianamente articulado con las universidades. Este daño colateral, por defecto, también golpea a la sociedad y la historia del país, porque impide un mejor desarrollo en convivencia, calidad de vida o de prospectiva económica, cultural y social de la nación.
Son cuatro los factores que impidieron el triunfo y aprobación del proyecto Educativo de Ley Estatutaria radicado bajo número 274 de 2024 en el Senado y 224 de 2023 en la Cámara de Representantes.
1. Desbalance en medición de fuerzas políticas y desacuerdos en contenidos sustanciales
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) salió victoriosa y mostró su fuerza política con un paro indefinido con el cual le mostró al presidente Petro, a la ministra y a congresistas su poder real y de movilización sindical de desacuerdo con la enmienda propuesta y aprobada en primer debate de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República.
En palabras del presidente de Fecode, Domingo Ayala, “no podemos asumir riesgos, ahora más que nunca debemos redoblar la táctica aprobada, el hundimiento de la proposición es la meta, no tenemos otra alternativa no podemos arriesgarnos a que este proyecto desdibujado y desnaturalizados sea aprobado”. Argumentado, además, que los recursos educativos no pueden ir al sector privado. Por ello, no se aceptan en la enmienda la propuesta de “Bonos Educativos”, que tienen espíritu de ir a los bolsillos de los establecimientos privados o endilgarle la responsabilidad a los educadores de una evaluación que dependa prioritaria del desempeño de los estudiantes sin valorar otras variables y dimensiones formativas y de contexto escolar.
2. Débil cabildeo político y pocas mesas de trabajo en los territorios
El Ministerio Nacional de Educación fue débil y casi nulo, limitándose a algunas asambleas en ciudades capitales para debatir y mantener un ambiente favorable. Esto imposibilitó el avance en la aprobación de la Ley Estatutaria de Educación. Ahora, estratégicamente, solo queda volver a presentar un nuevo proyecto ajustado y acordado a los requerimientos sociales y políticos del país, aprender de los errores tácticos y comenzar de nuevo, no hay otra salida. Se sabe que otras reformas fueron priorizadas en el ajedrez político, en donde la alianza con otros ministerios es necesaria y urgente.
3. Incierto impacto fiscal y ajustes presupuestales a la deriva
Una Ley Estatutaria de Educación como la que aquí se intentó presentar requiere un fuerte análisis presupuestal y de porcentajes del balance del crecimiento de la economía del país, se estimaba que su implementación costaría más de $230 billones en 20 años. En educación superior, se requieren $121 billones para alcanzar una cobertura del 85%, y educación básica y media necesitarían $114 billones para una cobertura de 100%.
Estos cálculos generaron muchas inquietudes en el campo político y sindical-educativo, que no veían con claridad de dónde podrían haber salido los recursos para establecer las transformaciones mínimas necesarias. Fecode planteó que los recursos públicos se deben focalizar única y exclusivamente al sector estatal a través de una Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, para mejorar los ingresos económicos al sistema educativo oficial y a otros sectores, para mejorar los derechos humanos básicos de la población con mayores inequidades.
4. Se comieron la carnada y la oposición política puso condiciones
Es inaudito que, después de tantas reuniones y debates públicos en las comisiones del congreso y plenarias, se realizaron de forma sorpresiva y a puerta cerrada ajustes al articulado que rompieron la negociación armónica que se llevaba a cabo. Cabe la pregunta de qué pasó con la custodia política.
El espíritu inicial del proyecto salió bien de la Cámara de Representantes y luego, inexplicablemente, sufrió cambios abruptos determinados en la Comisión Primera en una “enmienda conciliatoria” donde senadores afines al gobierno acordaron extrañamente las modificaciones. Este fue el inicio del hundimiento del proyecto de Ley Estatutaria que acabó con la concertación y lanzó a Fecode a las calles, afectando por dos semanas la prestación del servicio educativo estatal de más de 8 millones de estudiantes. Esta situación crítica incrementa la tendencia de baja matrícula y alto crecimiento de la tasa de deserción escolar.
A modo de conclusión, con el hundimiento del proyecto de la Ley Estatutaria de Educación vence la autonomía y el principio razonable de proteger una educación pública, en lugar de un modelo sustancial de educación como comercio y fabricado por el mercado de la oferta y no la demanda. Este modelo afectaría directamente la noción de calidad de la educación, entendida como asunto de hacer y ofrecer formación para la excelencia y no para la mediocridad y la pobreza. Es mejor pensar y establecer una constituyente educativa para revisar si los contenidos, asignaturas y cantidad de años de escolaridad son los pertinentes y realmente necesarios para este siglo.
Asimismo, es esencial evaluar si la formación, el uso de tecnologías y las maneras de articulación de los subsistemas educativos son acordes a las demandas e iniciativas de la sociedad colombiana. Al cierre, quedan muchísimos aprendizajes. Saber negociar en el congreso significa ser competentes y hábiles en las relaciones políticas asociadas al ecosistema educativo. Ahora tocará empezar por presentar un nuevo proyecto legislativo en educación que agrupe los consensos fundamentales. Se sabe que es mucho mejor navegar con molinos de vientos que en embarcaciones nuevas con velas rasgadas o remedadas, como se intentó aprobar la ley estatutaria debatida en círculos cerrados.