Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta columna fue escrita en conjunto con el columnista invitado Santiago García.
La inseguridad es la principal preocupación que aqueja a los bogotanos en la actualidad. Según las encuestas recientes del Centro Nacional de Consultoría, Invamer y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los ciudadanos claman por soluciones contundentes que les permitan recuperar la tranquilidad en las calles de la capital. Y es que tal como quedó estipulado en el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, esa intranquilidad se asocia directamente con unos altísimos niveles de desconfianza: “Hoy cerca del 80% de la población muestra desconfianza hacia personas desconocidas, según la Encuesta de Cultura Política de 2023″. En este escenario, el plan de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, apunta a aprovechar los últimos avances tecnológicos para reforzar la seguridad ciudadana de forma integral, apuntándole a recuperar esa confianza perdida.
El plan en seguridad
Durante la campaña de finales del 2023, Galán prometió implementar un ambicioso programa de videovigilancia que incluía el despliegue de cámaras de reconocimiento facial en lugares estratégicos, la integración de la infraestructura existente con inteligencia artificial, y fortalecer acuerdos de colaboración con cámaras privadas. Pero sus propuestas iban más allá del monitoreo: planteaba utilizar analítica avanzada de datos e investigación criminal predictiva para identificar patrones delictivos, prevenir la reincidencia y optimizar el patrullaje policial.
Ahora bien, de esas propuestas de campaña, lo que quedó en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”, presentado hace unos días para discusión en el Concejo de Bogotá, es que la administración de Galán mantiene su apuesta por utilizar la tecnología como uno de los pilares fundamentales para combatir la inseguridad que tanto aqueja a los bogotanos.
En este contexto, una de las estrategias centrales será robustecer el Sistema de Videovigilancia del Distrito, que a la fecha cuenta con 9,905 cámaras distribuidas en puntos críticos, de las cuales 5,828 son propiedad del Distrito. La meta es incorporar cámaras inteligentes con capacidad de reconocimiento facial, especialmente en estaciones y portales de TransMilenio de alta afluencia.
Pero no se quedará solo en más cámaras, sino que se apuntará a integrar nueva tecnología de inteligencia artificial para un mejor análisis de los datos recolectados y la generación de información valiosa para la investigación criminal predictiva. Esto permitirá identificar patrones delictivos, poblaciones en riesgo y tomar acciones preventivas y de disuasión.
A su vez, se promoverán acuerdos con el sector privado para integrar sus cámaras al sistema distrital y contar con una perspectiva más amplia. Las imágenes capturadas se administrarán en conjunto con herramientas que posibilitarán anticipar y reaccionar oportunamente ante amenazas detectadas.
El plan también menciona el fortalecimiento de los cuadrantes de la Policía con tecnología para garantizar respuesta rápida, y el desarrollo de un modelo de operación conjunta entre el Distrito, la Policía Metropolitana y la Brigada 13 para una actuación coordinada en entornos urbanos y rurales. Igualmente, se hará énfasis en la coordinación regional con la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca para el combate al crimen organizado que trasciende los límites administrativos.
Estas medidas tecnológicas representan una apuesta audaz por convertir a Bogotá en una ciudad inteligente en materia de seguridad. Sin embargo, es crucial analizar cómo se comparan estas iniciativas con las experiencias y tendencias en otras grandes urbes que ya han implementado soluciones similares. Determinar hasta qué punto las propuestas de Galán se alinean o se diferencian de ciudades punteras, y extraer las lecciones aprendidas de esos casos, será fundamental para garantizar un despliegue exitoso en la capital colombiana. Después de todo, no se resolverán los problemas de seguridad urbana únicamente convirtiendo a Bogotá en una ciudad hipervigilada por tecnología de reconocimiento facial y análisis predictivo.
La experiencia de otras ciudades
Las ciudades alrededor del mundo han adoptado sistemas de videovigilancia con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana, pero un sólido corpus de estudios académicos cuestiona seriamente su efectividad real. Numerosas investigaciones plantean dudas sobre si las cámaras de circuito cerrado realmente disuaden significativamente la actividad delictiva o mejoran sustancialmente la capacidad de intervención policial.
Si bien en algunos casos se ha observado una modesta disminución de ciertos delitos contra la propiedad en áreas específicas, con reducciones marginales que rondan apenas el 4% en zonas videovigiladas, la evidencia sugiere que estos sistemas tienden a desplazar los incidentes delictivos hacia zonas aledañas no cubiertas por las cámaras, sin lograr una reducción neta de los delitos a nivel municipal o metropolitano. Por ejemplo, un estudio en Málaga, España, encontró un aumento de 14.6% en los delitos reportados en zonas aledañas a las calles videovigiladas, evidenciando un marcado efecto de desplazamiento criminal. En ese caso, los investigadores concluyeron que existen ‘serias dudas sobre la utilidad’ de la videovigilancia para reducir la delincuencia y mejorar la sensación de seguridad.
Además, las cámaras parecen ser ineficaces para prevenir delitos violentos contra las personas. Incluso, en países pioneros como Gran Bretaña, expertos policiales han calificado la videovigilancia como un “fiasco total”, reconociendo que solo el 3% de los robos en la vía pública se resuelven gracias a las imágenes captadas. Funcionarios británicos revelaron que cada intervención exitosa tiene un costo aproximado de 20,000 libras esterlinas.
Un estudio de 2016 analizó el programa “Ciudad Segura” en la Ciudad de México (2008-2012) que instaló 8,088 cámaras con una inversión superior a 760 millones de dólares. A pesar de ello, no se encontró evidencia de que las cámaras redujeran los delitos en ese período. Tras revisar casos en Gillingham, Filadelfia, Montreal, Estocolmo, Madrid y Newark, los autores concluyeron que “los estudios obtuvieron evidencia contradictoria” sobre la capacidad disuasoria de las cámaras. Mientras algunas zonas reportaron disminuciones de hasta 35%, otras no mostraron efectos significativos, e incluso se vieron aumentos en zonas aledañas, sugiriendo desplazamiento delictivo como se mencionó anteriormente.
Esta falta de consenso en la literatura hace vital examinar cuidadosamente las experiencias previas antes de implementar videovigilancia masiva como una estrategia para enfrentar la inseguridad, con el fin de identificar, hasta dónde sea posible, cuáles son los principales desafíos que se deben enfrentar, cuáles son los errores que no se deben repetir y cuáles son las fortalezas que se deben enfatizar.
¿A qué le apunta Galán?
¿El enfoque tecnológico del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” presentado por el alcalde Galán realmente apuesta por la tecnología para “disuadir”, “combatir” o “prevenir”? Veamos:
Por un lado, a pesar de que se menciona el uso de cámaras de reconocimiento facial y otras herramientas para identificar patrones delictivos y poblaciones en riesgo, el verdadero potencial está en utilizar esa información para una actuación policial preventiva y oportuna. Es decir, desplegar operativos en zonas críticas, aumentar el patrullaje y presencia de fuerza pública donde se detecten amenazas latentes, antes de que se materialicen los hechos delictivos.
Por otro lado, el fortalecimiento de la videovigilancia con inteligencia artificial e integración de cámaras privadas, apunta a tener una capacidad de monitoreo y reacción mucho más robusta ante eventos en curso. La analítica avanzada “permitiría” detectar situaciones sospechosas en tiempo real y activar protocolos de respuesta inmediata por parte de la Policía Metropolitana.
Entonces, más que una estrategia de disuasión pura que dependa del efecto psicológico de las cámaras, lo que se plantea es un modelo preventivo-reactivo apoyado en tecnología de punta. Prevenir mediante vigilancia inteligente e identificación de riesgos, y reaccionar de forma contundente ante amenazas gracias a los sistemas integrados.
Ahora bien, ¿esto será suficiente para revertir los alarmantes índices de inseguridad? Es una apuesta ambiciosa que requiere no solo la infraestructura tecnológica –que implicará un alto costo financiero para la ciudad–, sino también capacidades operativas sólidas de la fuerza pública y coordinación interinstitucional.
Sin embargo, tal como se presentó en este artículo, un sólido corpus de estudios académicos independientes cuestiona seriamente la efectividad real de medidas como la videovigilancia masiva para reducir la delincuencia y mejorar sustancialmente la sensación de seguridad ciudadana.
Aunque hay un cierto potencial para lograr modestas disminuciones en ciertos delitos, la evidencia sugiere que estos sistemas tienden a desplazar la actividad delictiva hacia zonas aledañas, sin lograr una reducción neta a nivel municipal o metropolitano. Incluso en ciudades pioneras, expertos reconocen la ineficacia de las cámaras para prevenir delitos violentos y los altos costos asociados.
Por lo tanto, antes de implementar un despliegue masivo de estas tecnologías en Bogotá, es fundamental examinar cuidadosamente las lecciones aprendidas en otras grandes urbes y adoptar un enfoque integral que aborde las causas profundas de la inseguridad y la delincuencia. De lo contrario, la ciudad corre el riesgo de destinar ingentes recursos sin obtener los resultados esperados en seguridad ciudadana. Un análisis riguroso de experiencias previas será clave para garantizar el éxito de estas ambiciosas iniciativas tecnológicas en la capital colombiana. Ahora bien, ¿cómo podrá Galán materializar sus propuestas de tecnología para la seguridad en Bogotá, considerando las restricciones presupuestarias y la priorización que se le está dando a otras medidas?
Santiago García
Estudiante de quinto semestre del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (Figri) de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es auxiliar de investigación en la Escuela de gobierno y políticas públicas de Figri, y monitor de Teoría de las Relaciones Internacionales, con interés en investigar temas como personas en situación de calle, seguridad, violencia y gobernanza.