Angélica Rodríguez Rodríguez.
Angélica Rodríguez Rodríguez.

La frontera entre Colombia y Panamá se extiende por 266 km a través de la Serranía del Darién. Este lugar es el único intervalo interrumpido de los 30.000 kilómetros de la Ruta Panamericana que va desde Argentina hasta los Estados Unidos. Es un área selvática bastante hostil, que antes era considerada prácticamente intransitable pero que ahora está atravesada por múltiples caminos informales por los que cruzan miles de migrantes de manera irregular, generando un desafío geopolítico y humanitario mayúsculo para la región.

La dinámica migratoria que se desarrolla a través del Darién, y cuyo destino final es principalmente los Estados Unidos, estuvo encabezada durante mucho tiempo por colombianos que huían del conflicto armado interno. No obstante, como lo recopila el informe de 2023 del International Crisis Group, esta tendencia comenzó a modificarse a partir de la segunda década de los años dos mil, no solo por el significativo incremento de migrantes que emplean este paso, sino por la diversidad de su procedencia.

En 2021, los haitianos comenzaron a utilizar de manera masiva esta ruta, producto de la inestabilidad provocada tanto por el asesinado del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, como por el terremoto del 14 de agosto, que destruyó de manera generalizada viviendas e infraestructura en todo el país.

En 2022, un gran número de venezolanos comenzó a cruzar por el Darién ante la supuesta información que el gobierno norteamericano no los deportaría y la mayor exigencia en los requisitos de visado establecidos por Estados como Belice, Costa Rica y México. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, para ese año se calculó que 248.284 personas de distintas nacionalidades cruzaron la selva; incluyendo, según la Organización Internacional para las Migraciones, un 10% proveniente de países de Asia y África. Para el 2023, más del doble, 520.085 personas, utilizaron este camino. De ellos, cerca del 22% fueron niños, niñas y adolescentes.

En lo que llevamos de 2024, más de 139.000 migrantes han hecho el recorrido por el Darién, siendo la mayoría de ellos de origen venezolano, seguidos por haitianos, chinos y ecuatorianos. De acuerdo con el pronunciamiento emitido el 15 de mayo por UNICEF, el presente año 30.000 niños han cruzado el tapón del Darién, lo que implica un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Según esta agencia de las Naciones Unidas, para el año en curso cerca de 800.000 migrantes podrían utilizar este peligroso tramo y de ellos 160.000 serían niñas, niños y adolescentes.

Los riesgos a los que se enfrentan tanto adultos como menores abarcan no solo las amenazas propias de la selva, incluyendo el paso fluvial –denominado río de la muerte–, como estafas, robos, extorsiones, reclutamiento forzado por grupos ilegales, violencia sexual, tráfico de migrantes y homicidios, entre otros. No en vano, de acuerdo con la encuesta de 2022 realizada por el Mixed Migration Centre, el 97% de los migrantes expresó que el Darién era la parte más peligrosa del viaje.

El recorrido de la mayoría de los migrantes parte de Necoclí, uno de los 11 municipios de la subregión del Urabá antioqueño, para luego dirigirse hacia Acandí, al otro lado del golfo. El trayecto continúa por el lado panameño, donde el recorrido por la selva, dependiendo de las condiciones del migrante y de la ruta elegida, puede durar entre cinco y 15 días. La mayor parte de la violencia contra los migrantes se genera en este segmento, aunque muy pocos se atreven a denunciarla. Tanto en Colombia como en Panamá subsisten dificultades para denunciar los crímenes ocurridos y en los centros estatales de recepción de migrantes también se registran presuntos abusos de distinta índole contra los usuarios.

El Estado colombiano y el panameño ejercen poca autoridad sobre este territorio y, quienes realmente ejercen como autoridades, son los grupos armados y las bandas criminales que regulan tramos y despliegan control sobre migrantes y locales. En el lado colombiano, desde el 2020 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) dominan gran parte de las rutas de narcotráfico (principalmente de cocaína) que se mueven en el sector. Determinan los caminos que pueden usar los migrantes y exigen pagos no solo por permitir el tránsito de estos, sino que también realizan cobros a sectores relacionados con la minería, el turismo, el comercio de gasolina y la producción de banano, entre otros.

La situación migratoria a través del tapón del Darién ha generado tanto tensiones como iniciativas de cooperación entre Colombia y Panamá. A la par de las recriminaciones mutuas sobre la falta de control en las fronteras colombianas con Ecuador, Perú y Venezuela, o el deficiente suministro de información por las autoridades panameñas, se han puesto en marcha algunas iniciativas que han permitido la identificación conjunta de riesgos para los migrantes y la generación de recomendaciones para diferentes organismos estatales.

Aunque el actual gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, no ha hecho del tema migratorio una prioridad de su política exterior, a través del Canciller Luis Gilberto Murillo ha manifestado no estar de acuerdo con el cierre de la frontera, sino con el fortalecimiento de respuestas humanitarias. A un enfoque contrario parece apostarle el recientemente electo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ha expresado el deseo de poner fin al flujo migratorio irregular por el Darién a través de un sistema de repatriaciones. No obstante, este tipo de medidas unilaterales han demostrado ser poco efectivas, en tanto las personas van a seguir migrando a través de rutas cada vez más precarias y esto lo único que profundiza es el deterioro de los derechos humanos y aumenta la vulnerabilidad de los migrantes.

Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar de Nueva Granada. Cursó una maestría en Ciencia Política y un Doctorado Internacional en Procesos Políticos Contemporáneos con la Universidad de Salamanca. Ha realizado instancias de investigación en la...