La transición energética frenada por el populismo, impulsada por la ciudadanía

En el marco del Acuerdo de París de 2015 se establecieron las metas para descarbonizar la economía mundial y, de esta forma, lograr que el planeta no aumente más de 1,5 grados su temperatura. En medio de esa lucha contra el calentamiento global es que toma fuerza el concepto de transición energética, haciendo referencia a un proceso de metamorfosis de las fuentes de energía que utilizan los países, buscando sustituir las energías fósiles tan contaminantes por fuentes más limpias y sostenibles.

Colombia, un país con energía limpia

En este escenario, Colombia ha sido un país juicioso. Primero porque su matriz de generación de energía es de entrada bastante más verde que la de la mayoría de los países. Según, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen):

“La matriz de generación eléctrica de Colombia es la sexta matriz más limpia del mundo. El 68,4% de la capacidad instalada corresponde a generación hidráulica y, aproximadamente, el 2% a fuentes no convencionales de energía renovable (eólica, solar, y biomasa)”. 

Segundo, porque este esfuerzo del país arranco con fuerza hace varios años y con un enfoque técnico. Siendo los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, cuando se crearon las condiciones jurídicas, reglamentarias y financieras para promover que actores nacionales e internacionales comenzaran a invertir masivamente en granjas de paneles solares, campos de energía eólica e hidrogeno verde. Un proceso que en los últimos años ha mostrado excelentes resultados con la puesta en operación de varios proyectos y el fortalecimiento de actores nacionales en el sector como Celsia, Ecopetrol, Isagén, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

Pero ha sido durante los dos años del gobierno Petro que el tema ha ganado más protagonismo en la agenda pública, en especial, cuando el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida”, definió este asunto como de prioridad nacional. Sin embargo, las buenas intenciones y los frecuentes anuncios del presidente sobre este asunto, no se han traducido en un fortalecimiento del sector energético.

Incluso ha sucedido todo lo contrario, las declaraciones ambiguas del gobierno, el tono populista de las alocuciones presidenciales y la incertidumbre jurídica, han infartado la voluntad inversionistas y el crecimiento del sector minero energético nacional. A estas alturas, el gobierno más allá de generar debates participativos y abrir espacios de diálogos, no ha creado una hoja de ruta clara, con programas, proyectos e indicadores específicos y financiados que puedan dar tranquilidad en el mediano y largo plazo a inversionistas.

La educación es la clave

Ante este escenario, es urgente que se promuevan varios cambios en el sistema. Comenzando por bajar el tono populista y activista y retomando el tono técnico de la agenda energética. Brindando mayores claridades jurídicas y financieras que den tranquilidad a todos los actores del sector, de igual manera, urge un cambio del sistema de transferencias del gobierno central hacia los municipios y distritos para que estos se fortalezcan y puedan viabilizar financieramente los procesos de metamorfosis energética desde los territorios.

Es prioritario también, hacer pedagogía y explicar masivamente como la modificación de la matriz de energía del país, permitiría a los colombianos reducir su dependencia y fragilidad energética a causa fenómenos naturales como la temporada seca o el fenómeno del niño, que disminuyen las precipitaciones y hacen tan factibles los episodios de racionamiento que podrían parar a la industria y a los ciudadanos. 

Democratizar la transición energética, representaría una gran oportunidad para miles de colombianos que viven en la Colombia rural y más periférica, garantizándoles el acceso a servicios de energía de calidad y sin interrupción, algo que sin duda mejoraría sus condiciones de vida. En este punto, el gobierno ha logrado importantes avances con la configuración de las comunidades energéticas, pero aún hay un camino largo que recorrer.

Pero quizás uno de los mayores retos que existen para poder hacer un proceso energético sostenible y exitoso, más allá de lo jurídico y financiero, pasa por hacer mucha pedagogía ciudadana y lograr que los ciudadanos entiendan y se puedan montar en el bus. Es en este contexto, donde actores como la Organización de la Sociedad Civil Movilizatorio, juegan un papel protagónico, pues ayudan a suplir estos vacíos pedagógicos y a generar las claridades que les permiten cada vez a más ciudadanos, entender y sumarse a los procesos de transición energética.

La sociedad civil es quien está liderando el proceso de transición

Movilizatorio es un laboratorio especializado que promueve el empoderamiento y la participación ciudadana en apuestas sociales. Una de estas apuestas es mostrar la cotidianidad de la transición energética a través de la Red Metamorfosis. Nicolás Romero, embajador de esta red, afirma que la transición en el país se debe abordar desde varias dimensiones: “La política con énfasis en la política pública, en lo académico, donde participan instituciones de educación en todos sus niveles y debe existir un componente ciudadano, siendo ese punto donde más hay que trabajar”.

Para Romero, desde su experticia en la promoción de procesos de educación e inversión en el área de generación de energía sostenible, “hoy existe una preocupación genuina de la población en términos ambientales, en especial, de la juventud, pero frente a temas de energía aún hay muchas dudas”.

Es por esta razón, que falta el desarrollo de una política pública que defina la educación y la pedagogía como uno de los pilares para implementar efectivamente la transición energética. A juicio de Nicolás Romero, “una educación con enfoque integral que sea formación para el trabajo, pero también educación en competencias ciudadanas que le ayuden a los ciudadanos a comprender la transición energética y como apropiarla en su cotidianidad”, para este experto, sin duda la línea de la educación es una de las necesidades urgentes que tiene la transición energética para poder ser una realidad en el país.

En este escenario es donde se evidencia que el gobierno no tiene claridad en el cómo se debe dar la transición, pues además de los grandes vacíos en materia jurídica y pedagógica, están las dudas financieras. En este sentido, Romero destaca que la actual crisis fiscal que obliga a congelar recursos de los ministerios para cumplir la regla fiscal pone en jaque la intención del gobierno de no hacer más exploración y explotación de minerales, recursos que son la base económica del país y evidencia una campaña muy fuerte en pro del medio ambiente pero con una desorganización en el plan de ejecución y sin claridad de cómo lograr la transición energética equilibrada, sin esos impactos macroeconómicos nefastos para la economía nacional.

Ante esta falta de claridad sobre la responsabilidad fiscal que se requiere para una transición equilibrada, el gobierno ha generado el efecto contrario, una incertidumbre que ha alejado la inversión extranjera. Daniel Romero menciona que conoce varios casos de proyectos que se frenaron por esta falta de garantías: “En esos casos, los inversionistas prefieren buscar países más estables, donde no hay riesgos como la reforma tributaria, donde la inversión en materia de infraestructura y redes es menor y el retorno más rápido”.

De ahí que, otro grave error que ha cometido el gobierno frente a la transición energética está en politizar el tema, pues la transición energética bajo el concepto de la red de expertos de Metamorfosis es un asunto de interés mundial y debería ser un asunto de interés general y ajeno a todo tipo de orientación política o electoral.

Finalmente, el mensaje para el gobierno y el país debe girar en torno a entender que la transición energética es un proceso necesario y urgente que implica la creación de un nuevo modelo económico que modifica estructuralmente al sector minero energético nacional. La transición energética pronta y eficiente le permitiría a un país con las condiciones de Colombia, crear una diversificación económica que genera mucha riqueza y miles de empleos, no hacerlo ahora, significaría llegar tarde y sin preparación a un proceso de cambio que no tiene freno.