Transición energética justa, popular, comunitaria y feminista

En los últimos días, tuve la oportunidad de escuchar a diversos líderes y lideresas, así como a expertos y expertas en asuntos climáticos y ambientales, quienes discutieron sobre la gobernanza de los recursos naturales y la transición energética en Latinoamérica y el Caribe. Sin duda, la transición energética se convirtió en un tema ineludible para todas y todos los actores y sectores involucrados, ya que su implementación es crucial para asegurar un futuro sostenible y resiliente para nuestra región. Sin embargo, debido a la amplitud y relevancia del término, es importante no generalizar su entendimiento ni desarrollar su implementación de manera uniforme para todas las comunidades.

Surgen diversos conceptos a partir del término de transición energética, más allá de incluir la palabra “justa”, la cual siempre será relevante y heterogénea, ya que pone en el centro de la discusión la protección y justicia para la naturaleza, las comunidades y las poblaciones de los territorios que históricamente han sido impactados negativamente por las políticas y el desarrollo de actividades extractivas. Además, sin la inclusión de la justicia en este proceso, no se puede lograr un cambio sistemático y profundo en toda la temática de la transición energética.

Es crucial destacar y complementar la palabra “justa” con otros conceptos que fortalezcan este proceso, especialmente en términos de equidad. En este contexto, emerge también el concepto de una transición energética “popular”, que implica la transformación del actual sistema energético fuertemente ligado al sistema capitalista. La transición energética popular tiene como objetivo establecer un sistema energético nuevo, donde la energía se reconozca como un derecho y un bien compartido que busca satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades con dignidad e inclusión social, en equilibrio con el medio ambiente. 

Además de los conceptos anteriores, surge el término “comunitaria”, el cual adquiere una relevancia significativa al ampliar las experiencias rurales de diversas comunidades hacia procesos de formación y asociativismo en pro de la soberanía energética. La integración de la dimensión comunitaria en la transición energética no solo complementa, sino que también aborda los desafíos fundamentales de la crisis climática al fomentar la participación activa de las comunidades en la gestión y producción de energía. Esto incluye el reconocimiento y la integración de su cultura y prácticas ancestrales en modelos sostenibles y resilientes que respondan eficazmente a las necesidades tanto locales como globales. Aquí, las experiencias de las comunidades energéticas son esenciales para entender este proceso.

Por último, sin duda alguna, el término feminista es bastante relevante en este proceso y va más allá de la definición de un concepto. La transición energética justa y feminista en el marco de este proceso permite la construcción de alianzas y la promoción del diálogo, además de cuestionar la economía y la política predominante en todo el sistema energético. Al integrar la palabra feminista, se enfatiza la necesidad de un enfoque inclusivo y equitativo que reconozca y valore las contribuciones de las mujeres y las cuestiones de género en la transformación hacia un futuro energético más sostenible y justo. No se puede olvidar que las mujeres son las más afectadas por la pobreza energética; por lo tanto, es fundamental considerar una transición energética justa que sea también feminista.

Es innegable pensar en una transición energética sin adjetivos. Dado el contexto de retos ambientales y ecológicos actuales, este proceso debe ir acompañado de acciones concretas que impliquen la creación de un marco inclusivo y equitativo. Esto no solo protegerá el medio ambiente, sino que también promoverá la justicia social y económica para todas las comunidades locales. La integración de estos conceptos no solo fortalece la resiliencia regional frente a los desafíos ambientales, sino que también desafía los paradigmas económicos y políticos vigentes en el sistema energético actual.

Desde el contexto de Latinoamérica y el Caribe, la visión de una transición energética justa, popular, comunitaria y feminista permite sentar las bases para una verdadera transformación hacia sistemas energéticos que respeten y protejan el entorno natural y a todas las personas que lo habitan. La integración de estos principios no solo busca adoptar tecnologías más sostenibles, sino también reconfigurar las dinámicas de poder y la distribución equitativa de recursos, especialmente en beneficio de las comunidades más vulnerables de la región. Además, junto con estos principios y la participación activa de la sociedad civil, se garantiza una planificación y ejecución adecuadas de proyectos energéticos renovables. Esto asegura que las iniciativas energéticas respondan efectivamente a las necesidades locales y contribuyan a la reducción de la pobreza energética y la mitigación de impactos ambientales.

Nota: Quisiera expresar mi agradecimiento al Grupo Regional para una Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe (Grtej) por su experiencia y experticia  compartidos durante un reciente encuentro en Bogotá. Gracias a sus aportes, ha sido posible la construcción de esta columna de opinión.