El gobierno del cambio cambia metodología de medición del hambre, pero no la disminuye

La semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) publicó un informe que analiza la situación de la inseguridad alimentaria en Colombia durante 2023. El resultado es que el número de personas con hambre se redujo en comparación al 2022.

Pero, las cifras presentadas no coinciden con las del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que son mucho más altas para el mismo periodo, debido a una metodología más precisa en la medición. La atención generada por los titulares no debe desviar el foco del hecho relevante: en la actualidad el hambre no ha disminuido, antes bien, va al alza. Esta semana alcanzó cifra récord durante el actual periodo de gobierno: 18,7 millones de colombianos no comen lo suficiente.   

Todo indica que el objetivo del nuevo esquema de análisis del Dane es profundizar la focalización como herramienta de política pública, siguiendo las indicaciones del decálogo de la economía ortodoxa y neoliberal, como hicieron todos los gobiernos pasados. Es decir, atender solo a aquellos en situación extrema. En lugar de universalizar, hacer accesible a todos el derecho a la alimentación, como se supone que haría un gobierno que se precia de “progresista” o “alternativo”, reducir la atención solo a los más afectados entre los afectados.

Existen casos exitosos de universalización del derecho a la alimentación, como el programa de subsidios condicionados a la asistencia escolar, “Bolsa Familia”, del primer gobierno de Lula en Brasil, que sacó a más de 36 millones de personas de la pobreza, y por ende del hambre. Otro caso de estudio es el sistema de transferencias Kindergeld (Beneficio infantil), en Alemania. El Kindergeld proveyó transferencias directas a todas las familias de ese país en proporción directa al número de hijos que tengan, en un monto de 250 euros mensuales, por cada niño. Este instrumento, que hace parte de un esquema de subsidios más amplio y complejo dentro del Sistema de Seguridad Social, busca garantizar el cuidado y las necesidades básicas de todos los niños en Alemania. 

Pese a la existencia de estos casos mundialmente conocidos, el Director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien maneja este año 10.7 Billones de pesos que deberían ser destinados a subsidios, hace un par de semanas afirmó: “ya está demostrado que los subsidios no sacan a nadie de la pobreza, tienen que acabarse”.

Es necesario mencionar que la metodología de Naciones Unidas se basa en un índice que se alimenta de múltiples variables gubernamentales e internacionales, y tiene variaciones de cientos de miles, y hasta de millones de personas en cuestión de días, es más fina, tiene estadígrafos más precisos. Hace un seguimiento constante, que permite con esa base de datos tener claridad de la situación en tiempo real y de las tendencias temporales. 

A diferencia de esa medición compleja del Programa Mundial de Alimentos, que incluye una categoría principal llamada “Personas con insuficiente consumo de alimentos”, la nueva medición del Dane divide este grupo general en dos grupos principales: el de inseguridad alimentaria moderada o grave, por un lado, y el de inseguridad alimentaria grave, por el otro.

En el primer grupo, según este nuevo sondeo, se ubicaron durante 2023 14,6 millones de personas y en el segundo 2 millones 663 mil. Al sumar ambas cantidades, el resultado es 17 millones 268 mil. Esta cifra es ligeramente inferior a los resultados encontrados por la mencionada agencia de Naciones Unidas, que da cuenta de una cifra promedio de 17,75 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria para el mismo periodo (ver tabla). 

Como puede verse en la gráfica, los niveles actuales de hambre son los mismos que en marzo de 2023, cuando habían pasado 7 meses desde la posesión de Gustavo Petro. No se ha avanzado un palmo. ¿Qué se hizo bien entre noviembre del año pasado y marzo de este, para que las cifras cayeran hasta 14,7 millones? ¿A qué puede atribuirse la falta de eficacia de los programas gubernamentales que deberían tener efectos a la baja sobre estas cifras, fuera de la execrable corrupción en el Programa de Ollas Comunitarias en la Guajira y en más de una treintena de contratos del Programa Hambre Cero, en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo (Ungrd), valorados en 131.812 millones de pesos?

Luego de 22 meses del actual periodo de gobierno, y con la salvedad de que la responsabilidad no recae exclusivamente en Petro, la burocracia titular de la ejecución de estas políticas debe mostrar los balances alcanzados o al menos explicar qué sucede. 

Me refiero al mismo Gustavo Bolívar, pero también a la vicepresidenta Francia Márquez; a la ministra de Agricultura, Jhennifer Mojica; al exsenador Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), todos con billonarios presupuestos de inversión, escasamente o mal ejecutados, culpables de que aumente el número de hambrientos. 

Como agravante a tan dramático panorama descrito –en el que los primeros damnificados son los niños, niñas y adolescentes– es la referencia del presidente Petro en una entrevista reciente de que en seguridad y en soberanía alimentaria la apuesta recae en las relaciones públicas que el cuestionado embajador ante la FAO, Armando Benedetti, pueda adelantar en los cocteles a los que asiste en Italia.

La política de lucha contra el hambre en Colombia está fracasando y tales declaraciones de Petro son una burla al trágico vivir de casi dos decenas de millones de personas tanto como la inacción de la pléyade de funcionarios de las entidades responsables, todo lo cual configura la más dolorosa dentro del cúmulo de tanta promesa incumplida.