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En la vida hay pocas verdades absolutas, pero una de ellas es que las circunstancias se transforman y cambian a una velocidad mayor a la del marco regulatorio. En el sector agrícola esto se hace evidente en la Altillanura colombiana donde el principal requisito habilitante para desarrollar el potencial agrícola de la región es el de dinamizar el mercado de tierras y, para ello, es necesario modificar la Ley 160, o la que establece el Sistema Nacional de Reforma Agraria.
Lo primero que hay que entender es que el espíritu de la Ley 160 de 1994 busca una adecuada explotación y utilización social de las tierras. Esto se aterriza en que la distribución de la tierra, y en específico a lo referente a los baldíos –terrenos que pertenece al Estado, al no tener un dueño particular–, se haga de manera equitativa. Por ello, la Ley 160 restringe la titulación de baldíos a Unidades de Agricultura Familiar (UAF).
Las UAF limitan el número de hectáreas que se puede asignar de un baldío, teniendo en cuenta la extensión necesaria para la producción que es posible titularle a cada familia en procura de garantizar el acceso a tierras. Lo que no está escrito, pero que el espíritu de la ley buscaba, era evitar que narcos y grupos armados ilegales se apropiaran de grandes extensiones de tierra.
Todo lo anterior suena bien. Pero en Colombia cometemos un error frecuente en política pública y es el de confundir las intenciones con los efectos. Es muy difícil que una ley pudiera detener el poder de facto que sostienen narcotraficantes y grupos armados ilegales, quien con su poder local encuentran la forma de apropiarse de inmensas extensiones de tierra. El remedio trajo efectos no deseados para el desarrollo de actividades agrícolas legales.
Una de las consecuencias prejudiciales es que la Ley 160 se convirtió en un obstáculo para mover el mercado de tierra. Específicamente en lo referente a poder acceder a grandes extensiones de tierra a precios viables, necesarias para el desarrollo proyectos agroindustriales, como por ejemplo los de los cereales.
Estas limitaciones en la extensión de los baldíos que se pueden titular, en gran parte, explican por qué Colombia tiene más de 30 millones de hectáreas de frontera agrícola sin utilizar.
Como consecuencia, en Colombia pasan situaciones difíciles de explicar. Un estudio de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) concluyó que en Colombia hay 16 millones de hectáreas aptas para la siembra de maíz amarillo. Esa información despierta interés de los inversionistas en apostarle al país. Pero cuando buscan 30 mil hectáreas, es muy difícil encontrarlas a un precio en que sea viable realizar un proyecto de cereales. En gran parte no las hay porque la Ley 160 las limita, dado que la gran mayoría de la frontera agrícola son baldíos.
La región más castigada con esta reglamentación es la Altillanura. Una región que en 1994 no estaba en el radar del desarrollo agrícola del país, pero que gracias a unos empresarios que se arriesgaron a sembrar allá, y al desarrollo del petróleo que mejoró la conectividad, hoy es donde se concentra el gran potencial agrícola de Colombia. Allí seis municipios de Meta y Vichada concentran más del 16% de la frontera agrícola colombiana. Un potencial que no podemos aprovechar.
Por eso se hace necesario modificar la Ley 160 de 1994. La propuesta es sencilla, debemos partir por organizar la casa y realizar un inventario de los baldíos. El segundo paso es llevar a cabo una subasta donde ponemos en arriendo grandes extensiones de tierra para un lapso de por lo menos 20 años, para el desarrollo de la agroindustria.
Con eso se dinamiza el mercado de tierras. Se atraen grandes jugadores de la agroindustria, en particular de cereales. Fomentamos la sustitución de cereales de importaciones, algo que Petro candidato y Petro presidente ha insistido en que debe hacerse en maíz, pero en lo que hasta el momento no se han visto acciones concretas. Finalmente, con esos nuevos ingresos fiscales que se reciben de los arriendos de baldíos, puede profundizarse y acelerarse la reforma agraria.
Lo indiscutible es que en la actualidad la ley 160 de 1994 ni está propiciando una distribución de la tierra más equitativa, ni está permitiendo desarrollar la agroindustria. Empecemos por la Altillanura. Es hora de cambiar para avanzar.
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