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Esta columna fue escrita por la columnista invitada Claudia Escobar García.
No es una buena década para el deporte colombiano. La reacción global ante el covid-19 provocó la suspensión total de las actividades deportivas en el mundo entero y, en el caso colombiano, esta parálisis se extendió aún más durante el gobierno del expresidente Iván Duque, sin ninguna justificación. El gobierno de Gustavo Petro, por su parte, viene sorprendiendo con golpes contundentes y sistemáticos: la pérdida de la sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos, la renuencia y la desidia del Ministerio de Deporte en la entrega de recursos a las federaciones en un año olímpico como el 2024, o el desmonte de Juegos Intercolegiados. El último “gesto” que conocemos es la conversión de Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud, concebido para promover el deporte nacional y a los jóvenes deportistas colombianos a través de la sana competencia, en un evento para extranjeros.
La estrategia es siempre la misma: primero se desconocen los compromisos adquiridos previamente o se retiran los apoyos de manera silenciosa y sigilosa, sin poner la cara y sin llamar las cosas por su nombre. Esto ocurre por el desdén hacia el deporte colombiano -aún recordamos cuando Petro expresó que el deporte no merecía un Ministerio-; por la negligencia, la incompetencia o el caos que caracterizan las dinámicas gubernamentales. Luego, con el paso del tiempo, algunos advierten y se percatan de la “jugadita” y esta se expone públicamente. Cuando esta se pone en evidencia, de manera torpe y tosca, el gobierno intenta excusarse apelando a una supuesta noble causa, fingiendo compromiso y solidaridad con esa causa, para invisibilizar o atenuar la gravedad de su irresponsabilidad.
La pérdida de la sede de Barranquilla para Juegos Panamericanos, por ejemplo, no fue un asunto debatido y decidido públicamente, sino resuelto por la puerta de atrás, mediante el incumplimiento en los pagos con la organización de la competencia. Cuando la cancelación se convirtió en un hecho cumplido y fue visibilizada, Petro argumentó que era mejor invertir los recursos de Juegos Panamericanos en Juegos Intercolegiados, y de esta manera promover el deporte y la recreación en todas las escuelas del país. Por supuesto, el gobierno no entregó ningunos recursos para este fin; por el contrario, también de manera velada y discreta, canceló la fase final de Juegos Intercolegiados 2023 para deportes como actividades subacuáticas, boccia, boxeo, ciclismo BMX, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, para-atletismo, para-natación, taekwondo, tejo, tenis de campo y triatlón; el discurso y la “camiseta” que se utilizó para justificar semejante burla fue la de la inclusión territorial. Supuestamente, no vale la pena promover deportes y disciplinas que sólo se practican en las grandes capitales; de modo que únicamente podría realizarse la fase final nacional de Juegos Intercolegiados en triatlón, por ejemplo, si este deporte hubiese tenido inscripciones masivas y una gran fanaticada en Caquetá, Guainía, Amazonía y Putumayo.
Hoy los jóvenes deportistas del país, ilusionados con la primera versión de Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud, se enfrentan a una nueva embestida: Juegos Nacionales ya no será una competencia para los nacionales, como siempre lo había sido, sino para extranjeros. La “jugadita” está contenida en el parágrafo tercero del artículo 39 de la Resolución 100 de 2024 del Ministerio del Deporte, en la que se permite la participación indiscriminada de atletas migrantes o refugiados de nacionalidad venezolana, que se encuentren en el país prácticamente a cualquier título, sea un Permiso por Protección Temporal (PPT), un Permiso Especial de Permanencia (PEP), un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, una visa V, M o R, o una cédula de extranjería. Y no solo se permite su participación en una competencia eminentemente nacional sino que, además, se establece un trato diferenciado en contra de los atletas colombianos. Por ejemplo, mientras que los ciudadanos colombianos que tienen doble nacionalidad solo pueden participar en Juegos Deportivos Nacionales, si a la fecha de la inscripción nominal han transcurrido al menos dos años desde que representó al país anterior en competencias olímpicas, esta exigencia no se hace extensiva a nuestros pares venezolanos.
El asunto no es menor. En muchos deportes y disciplinas Venezuela tiene un nivel competitivo significativo, superior al colombiano, y las ligas departamentales y distritales, ansiosas por mostrar resultados en términos de medallas, estarán dispuestos a inscribir a la competencia a atletas venezolanos, en detrimento de los colombianos. En esgrima, por ejemplo, Colombia tiene un rezago muy notable frente a nuestros hermanos esgrimistas venezolanos. Venezuela es un país con una significativa tradición esgrimística, impulsada activamente en su momento por el propio presidente Chávez. Rubén Limardo, por ejemplo, ya obtuvo medalla de oro en los Juegos Olímpicos del año 2012; mientras que Colombia, con mucho esfuerzo, logra llevar a esta competencia a un solo deportista, y nunca ha obtenido ninguna medalla. En este deporte, los resultados de ambos países en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Sudamericanos y Bolivarianos, hablan por sí solos.
Los efectos de una medida semejante hasta ahora comienzan a visibilizarse. Como el artículo 42 de la Carta Deportiva Fundamental exige que los atletas hayan participado “en las competencias clasificatorias y procesos de selección, avaladas por la organización de los Juegos”, las federaciones están comenzando a permitir la participación de atletas venezolanos en competencias que eran exclusivamente nacionales, como lo son en todos los países del mundo. En la reciente resolución 074 de 2024 de la Federación Colombiana de Esgrima, por ejemplo, se estableció que, para efectos del Gran Nacional a realizarse en el próximo mes de agosto, “para cumplir con el requisito de participar en los juegos nacionales se permitirá participar únicamente y exclusivamente en categoría juvenil a aquellos deportistas que sean venezolanos”. Se trata de la competencia más importante del año para los esgrimistas colombianos, de la cual dependen los incentivos económicos que recibirán los deportistas entre 2024 y 2025, de parte de los institutos deportivos distritales y departamentos para los ganadores de medallas de oro. El riesgo es la inminente pérdida de tales incentivos, quizás los únicos que logran recibir los jóvenes atletas aficionados en Colombia.
En un país con un sistema deportivo frágil y permeado por toda suerte de inconsistencias, carencias y limitaciones, la medida del gobierno es cuando menos una irresponsabilidad. Nada tiene que ver con la solidaridad que debemos a nuestros hermanos venezolanos. Nada tiene que ver con un acto de humanitarismo. La decisión del Ministerio del Deporte es ante todo un acto de oportunismo político e hipocresía en el que se simula compromiso y solidaridad mediante gestos simbólicos cosméticos, que trastocan gravemente el delicado sistema de competencias e incentivos al deporte nacional, dejando intactas las más graves problemáticas que enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia.
Porque nosotros, colombianos y venezolanos, podemos tener necesidades acuciantes y grandes carencias, ser humildes o pobres, o vivir en la miseria. Pero no somos tontos ni nos deslumbramos con los nuevos espejitos contemporáneos. Sabemos bien que los migrantes, en su mayoría venezolanos, son abandonados a su suerte en Capurganá, en Necoclí o en el Tapón del Darién, que la Gerencia de Fronteras y la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante fueron eliminadas, que convenientemente el fenómeno de la migración venezolana ha pasado a un segundo o tercer plano en esta nueva fase de cercanía con el actual gobierno venezolano, que las más grandes políticas de inclusión han quedado en suspenso, y que los procesos de regularización se han ralentizado. También sabemos que detrás de todas y cada una de las banderas con las que se ha querido justificar el desmonte o el debilitamiento de las políticas y programas en favor del deporte, no está el interés genuino y auténtico por los ciudadanos colombianos o por los ciudadanos venezolanos, sino solo la ineptitud, la negligencia, el caos, la impericia. El desdén hacia el deporte nacional, los deportistas colombianos, y, ante todo, la vanidad y el afán por lucrarse políticamente de las necesidades más sentidas y apremiantes de los seres humanos.
La ayuda humanitaria nada tiene que ver con la conversión de Juegos Nacionales en una competencia para extranjeros. De hecho, en Colombia y en todos los países del mundo se realizan competencias nacionales abiertas a todos los extranjeros, pero también otras dirigidas exclusivamente a los atletas de cada estado, con el objeto de focalizar los incentivos, de evaluar el desempeño del país frente a cada deporte y disciplina, y de estructurar las políticas de promoción del deporte en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No porque un país atraviese una crisis humanitaria, la respuesta ha consistido en desarticular el sistema de competencias nacionales para incluir a los deportistas de la nación afectada. Alemania no ha convertido sus competencias nacionales en copas o juegos binacionales con Ucrania para solidarizarse con ese país. De igual modo, a la fecha nadie ha planteado que, para solidarizarnos con las crisis humanitarias en el mundo, debemos convertir Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos o Juegos Centroamericanos y del Caribe en un evento deportivo para atletas palestinos, israelíes o ucranianos. El compromiso genuino ante las desgracias humanas nada tiene que ver con estos sofismas de distracción o con estas falsas poses de humanitarismo.
Es cierto que existen fuertes lazos que unen a venezolanos y colombianos. Tenemos, entre otras cosas, un pasado y un presente común, y retos y dificultades que compartimos. El fortalecimiento de estos lazos de unión podría alcanzarse mediante la organización de unos Juegos Binacionales, impulsados por ambos países al margen del oportunismo político del gobierno de turno, y con infraestructura y recursos aportados por ambos países, en beneficio de los atletas de uno y otro Estado. Pero carece de sentido simular hermandad y fraternidad con nuestro país vecino desarticulando el sistema de competencias y de incentivos al deporte colombiano, sin aportar un ápice a la superación de las adversidades y las tragedias de nuestros hermanos venezolanos. El costo es demasiado alto para los jóvenes atletas colombianos. Por cierto, estos jóvenes atletas colombianos no son en su mayoría como un James Rodríguez o como un Lucho Díaz. Son deportistas anónimos e invisibles que hacen un esfuerzo monumental silencioso en el día a día, en un entorno de carencias y limitaciones que sólo ellos conocen y viven en carne propia.
Claudia Escobar García
Estudió Derecho y Filosofía, y una maestría en Derecho Constitucional. Ha trabajado como docente e investigadora en varios países y ha sido consultora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador y de la Corte Constitucional del Ecuador, y por más de 8 años fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.