Elecciones en el planeta de Maduro: violaciones a granel

Expertos y analistas electorales no siempre coinciden en determinar cuándo una norma, o una decisión emanada del poder autoritario es una falla, una forma de ventajismo, o un fraude electoral. Esto, sin embargo, no es un problema para Nicolás Maduro, quien acumula una inmensa lista de ventajismos y fraudes. Contarlos y clasificarlos es un asunto menor, dado que, al final, el resultado es uno solo: Maduro ha manipulado sistemáticamente las elecciones en abierta violación de los derechos políticos de los ciudadanos, y estas han sido violaciones masivas. 

Veamos algunas de estas violaciones, solo algunas.

Inhabilitaciones ilegales al mayor y al detal

Maduro, a través del Tribunal Supremo y de la Contraloría, siempre encabezadas por áulicos de baja estofa y alto cargo, ha impedido el derecho a ser elegido a un sorprendente número de líderes políticos.

Es cierto que Chávez fue el precursor de esta marramucia, pero Maduro la ha usado hasta el cansancio. Así, hay una lista de inhabilitados de primer orden –por su alta visibilidad– en la que figuran Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado –reincidente en par de ocasiones– y un largo etcétera que abarca decenas de líderes.

Estas inhabilitaciones son, por decirlo de alguna manera, “estratégicas”, se producen en climas preelectorales y evitan que los escogidos sean candidatos presidenciales. Pero hay también una lista de segundo orden, en la que se incluye a los inhabilitados “menores”: líderes a los que conviene sacar de circulación para alterar los equilibrios entre los distintos partidos de la oposición en una determinada circunscripción.

Allí hay numerosos alcaldes como Carlos Ocariz, Elías Sayegh, José Fernández y dirigentes como Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera. Cada una de estas listas tiene decenas de integrantes, y ninguna, ni tan solo una, tiene viso alguno de legalidad constitucional ni responde mínimamente a los parámetros internacionales de respeto a los derechos políticos de la ciudadanía.

Inhabilitación en la modalidad “la tecla nula”

Una vez inhabilitada María Corina Machado, se produjo un consenso alrededor de la candidatura de la profesora Corina Yoris. El proceso de inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral se lleva a cabo por vía electrónica y remota, de modo que el Consejo le proporciona a cada partido una clave de ingreso y este hace la postulación.  Cuando los partidos se disponen a postular a los candidatos, las inscripciones se hacen sin problema.

El sistema, aceitado a la perfección, debidamente encriptado y seguro, operó a la perfección, en particular con las inscripciones de candidatos promovidos y/o financiados por Maduro que en algún momento fueron opositores y, en tal sentido, son muy útiles para generar confusión en el electorado.

Sin embargo, en medio de este paraíso de virtualidad en el que puntuales llegaban las confirmaciones de la inscripción de todos estos candidatos, a la candidata Yoris no se le dio siquiera acceso a la plataforma del Consejo Electoral. ¿La explicación? Ninguna. ¿Para qué explicar, justificar? Hasta hoy no hay versión oficial. La tecla nula, pues. Y así nació la candidatura de Edmundo González Urrutia, un lance de las fuerzas democráticas para salvaguardar su derecho a participar.

La migración ni existe ni vota

Maduro pasó un buen tiempo sencillamente negando que un número de venezolanos –que ya se aproxima a los ocho millones– han abandonado el país en medio de la emergencia humanitaria compleja que su gobierno ha labrado delicadamente, destruyendo la empresa privada y saqueando el erario público. Pero ya llegada la elección presidencial dio el paso más grave en este desconocimiento: vetó el derecho al voto a los venezolanos en el exterior, derecho consagrado en la constitución nacional.

De la cifra de ocho millones de migrantes, entre tres y cuatro millones son ciudadanos en condiciones de ejercer el voto. Mediante estratagemas, retrasos, trucos y alteración grosera de las condiciones para ingresar al registro electoral, llevaron esos millones de votantes a menos de 70 mil. Sí, 70 mil.

Esas son, estimado lector, algunas, y solo algunas, de las violaciones a la participación política y al ejercicio del derecho al sufragio que ha acometido Nicolás Maduro. Todas las mencionadas son decisivas, cada una manipula de manera vulgar las posibilidades de acción de los demócratas venezolanos o elimina directamente de la ecuación electoral a amplios sectores sociales. Hay, sin embargo, muchas más que caben en la categoría de ventajismo y/o fraude.

Por otra parte, ¿no es acaso el ventajismo un fraude? ¿Si se manipulan las condiciones electorales no se está alterando obviamente el resultado, los votos?

Incluso si se entiende el fraude en sentido restringido y solo se considera que este se produce cuando se alteran propiamente los votos, Maduro es allí también un destacado exponente de la violación de derechos políticos. Basta recordar que en 2017, el candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velázquez, fue dado ganador en los conteos iniciales del propio Consejo Electoral, para después ser despojado de su triunfo mediante la intervención de centros electorales en áreas rurales. Velásquez, a pesar de contar con las actas de mesa que demostraban su victoria, perdió porque el Consejo declaró ganador al militar que representó al régimen en la disputa. Velásquez presentó la denuncia ante los organismos competentes y aún espera respuesta. Corre el año 2024.

Así, para Maduro, la zona entre el ventajismo y el fraude no siempre es clara. Con mayor frecuencia recurre al ventajismo: uso de los recursos públicos, instrumentalización de la fuerza armada, eliminación total de la oposición en los medios de comunicación del estado, apresamiento ilegal con o sin tortura. Pero de ser necesario, no le tiembla el pulso para adueñarse de votos, para cercenar los derechos políticos de los ciudadanos.