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El proceso electoral venezolano se está llevando a cabo con muchos contratiempos y en medio de irregularidades. Se trata de unos comicios de gran importancia para Colombia, pues de acuerdo a su desarrollo y especialmente dependiendo de sus resultados, puede vislumbrarse una salida a la crisis venezolana que tantas consecuencias ha traído para nuestro país. El gobierno de Gustavo Petro debe estar preparado para diferentes escenarios por venir.
Las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio en Venezuela son clave para Colombia, ya que dependiendo de su desenlace, sabremos si podría una salida a la crisis política, económica y social que asola a este país. Para Colombia no se trata de un tema de poca importancia, debido a que la inestabilidad de Venezuela en los últimos años ha impactado de diversas maneras la vida nacional. Lo que ha restado oportunidades económicas binacionales, ha obligado a gestionar uno de los mayores fenómenos migratorios contemporáneos y ha generado problemas de seguridad que se expresan en la extensa frontera que comparten ambos países, por solo citar algunos aspectos.
Sin embargo, hay mucha incertidumbre alrededor de estos comicios. Han estado plagados de irregularidades y han violado los Acuerdos de Barbados firmados por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática. De entrada, no se permitió la candidatura opositora de María Corina Machado, democráticamente elegida en unas elecciones primarias, ni la de la persona que ella designó en primer término para sustituirla, Corina Yoris, aunque finalmente se admitió la nominación unitaria del diplomático Edmundo González Urrutia.
La escogencia del 28 de julio apenas ha dado tiempo para realizar los preparativos electorales dirigidos a la depuración del registro electoral o la inscripción de millones de nuevos votantes o de aquellos que conforman el extenso éxodo venezolano. Colaboradores cercanos a María Corina Machado han sido detenidos y otros han tenido que asilarse en la embajada de Argentina. La campaña electoral de la oposición también es saboteada por el gobierno, que prohíbe a la líder opositora abordar aviones o le bloquea el paso por las carreteras.
Además, los hoteles y restaurantes que utiliza María Corina en sus desplazamientos han sido posteriormente cerrados y multados por la autoridad tributaria. Y quienes proveen el sonido o prestan sus camiones para que sean utilizados como tarimas en los mítines han sufrido detenciones.
El régimen también ha irrespetado el acuerdo de la observación internacional robusta acordada en Barbados. Le retiró la invitación para esta función al equipo más completo para esta tarea: la Unión Europea. Esta decisión tiene gran relevancia si se toma en cuenta que la directiva del Consejo Nacional Electoral es mayoritariamente favorable al gobierno.
Con todos estos antecedentes, que reflejan claramente que estas elecciones no son realmente competitivas, vale la pena preguntarse si el actual régimen venezolano reconocería un eventual triunfo de la oposición –que ya dan por descontado las principales encuestas– o qué podría suceder en el espacio de más de cinco meses entre el día de las elecciones y la fecha en que el ganador inicie el mandato a comienzos de enero de 2025.
¿Cómo responderá el gobierno de Gustavo Petro ante este escenario tan complejo?
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