Nuestro país es un Estado pluralista que reconoce la libertad religiosa y de cultos como un derecho humano fundamental que protege la libertad de creencia, conciencia, práctica, culto, asociación y difusión. En este sentido, jurisprudencial y doctrinalmente, se entiende que la fe establece unos criterios éticos con los que sus seguidores rigen su conducta y fortalecen su espíritu. Sin embargo, como todo derecho fundamental, la libertad religiosa tiene alcances y límites en su ejercicio. Es decir, no puede comprometer la integridad y la garantía de otros derechos fundamentales como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias o principios constitucionales de mayor rango.
Esto significa que, aunque el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los colombianos tengan las garantías para expresar su religiosidad y comportarse de acuerdo con sus convicciones y dogmas religiosos, no puede olvidar la obligación de prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres, así como la de atender, proteger y reparar a las víctimas.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, en Colombia se han reconocido al rededor de 10.500 personerías jurídicas a distintas iglesias, confesiones y denominaciones religiosas; y, existen aproximadamente 200 mil lugares de culto en los que se desarrollan labores espirituales, sociales, académicas, beneficencia y aporte a la consolidación de la paz en territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, ante las crecientes denuncias de presuntos abusos sexuales por líderes religiosos en el país y en el mundo, es preocupante la posibilidad de que sigan escondiéndose agresores bajo la investidura de falsos pastores, debido a que facilita formas de violencia de género en las comunidades de fe y, además, promueve la intolerancia y la estigmatización religiosa.
Abordar los temas de género es un desafío en Colombia porque los imaginarios que reproducen estereotipos y violencias de género están naturalizados y arraigados a la sociedad. Son ideas que tienen origen en el sistema patriarcal que ha definido históricamente la experiencia de vida femenina. Por lo que es necesario abrir los espacios para escuchar las voces silenciadas por la manipulación y el poder. Las estructuras jerárquicas y las interpretaciones dogmáticas de las escrituras han sido utilizadas para puertas adentro justificar una dinámica de poder desigual en algunas religiones. Por lo que debemos reflexionar sobre las obligaciones que deben tener las entidades religiosas para la protección física y psicológica de sus fieles.
Para desarrollar la reflexión sobre este tema, abordaremos un caso que ha estremecido a Santa Marta: Luis Fernando Ramón Ramírez, un líder religioso, presuntamente abusó de su dignidad eclesiástica para aprovecharse de manera sistemática de la vulnerabilidad emocional y psicológica de aproximadamente 43 mujeres.
De acuerdo con las denuncias, desde hace aproximadamente tres años Luis Fernando Ramón Ramírez habría aprovechado las llamadas ‘consejerías’ para acceder sexualmente a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad por experiencias traumáticas. Establecía con ellas una relación amorosa supuestamente exclusiva en la que les prometía matrimonio. Además, les pedía fotos o videos íntimos, que ahora están siendo utilizados por algunos miembros de la organización para amenazarlas y manipularlas.
Las víctimas que se han atrevido a denunciar solicitan que se investiguen los delitos de constreñimiento, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, ya que una de las víctimas fue accedida bajo los efectos del alcohol. De estafa, porque una de las víctimas suministró la suma de diez millones de pesos mediante engaños. Además de captación ilegal de dinero debido a que Luis Ramón solicitaba en ocasiones que los miembros de la iglesia consignaran el dinero de los diezmos a su cuenta personal o de una empresa a su nombre.
Por su parte, la Corte Constitucional ha reconocido que la violencia de género es causada por la desigualdad histórica y universal que sitúa a las mujeres en una posición de subordinación ante los hombres y que puede ejercerse en cualquier ámbito, incluido la religión. Esta posición la vemos en la estructura jerarquizada de la iglesia y se reafirma en la autoridad del pastor, no solo como líder espiritual y principal intérprete de La Biblia, sino como un representante de Dios en la tierra que debe guiar su rebaño. La jerarquía que se produce puede llevar a escenarios riesgo por lo sistemático de las conductas de las que hablan las víctimas, y el acceso a la información de las mujeres que tiene el pastor a través de las prédicas, sermones y consejerías, que le permite perfilarlas.
Los hechos serán investigados por la Fiscalía, sin embargo, hay una serie desafíos frente a la comprensión de la violencia basada en género y el riesgo que representa. Por un lado, el riesgo del abuso físico, sexual, psicológico y patrimonial al que las mujeres pueden ser vulnerables. Por el otro, los miembros de comunidades de fe se ven expuestos a la proliferación de discursos de odio y a la estigmatización por cuenta de las acciones de personas que no representan sus principios, valores, fe y doctrinas.
Es el momento de abrir los espacios de discusión con perspectiva de género junto a las entidades y organizaciones del sector religioso. Esto permitiría comprender como la reproducción de estereotipos y el establecimiento de estructuras jerárquicas pueden facilitar manifestaciones de violencia contra las mujeres. Además, –en el marco de la implementación de la Política Pública Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos y en los espacios de participación e incidencia dentro del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización (Sinalibrec)– contribuir a tomar medidas de preventivas para la promoción y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en las distintas comunidades de fe de manera concertada y diferencial a través de espacios de diálogo interreligioso.
Así se reconoce el papel que pueden tener las iglesias en la reducción de la violencia de género, la consolidación de la paz, la justicia y la transformación de un país en el que las mujeres no sean revictimizadas, ni deban temer, ni sentir vergüenza por el ostracismo al que pueden ser expuestas, ante la impunidad y el silencio que sistemáticamente busca proteger la reputación de una iglesia y no de quienes son víctimas de abusos por parte de “pastores” mentirosos que se burlan de Dios y de quienes legítimamente buscan ayuda espiritual.
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