Ni en las peores épocas del conflicto armado, Sincelejo se había paralizado como lo hizo durante los cuatro días de paro armado impuestos por el Clan del Golfo. En todo el departamento se vivía un ambiente de zozobra,que no cesó incluso cuando terminó el paro. Los llamados del gobernador para protestar por la violencia fueron ignorados.
El Clan, una organización criminal que mostró ser más que un mero cartel de narcotraficantes, logró encerrar a 949 mil habitantes del departamento a través de su capacidad para impartir violencia y difundir temor por redes sociales. La ausencia de la Policía dejó un manto de desconfianza adicional.
Mucho más que “hechos aislados” cerraron Sincelejo
Los casos de Sincelejo y Montería, dos capitales de departamento que se paralizaron por el paro armado, implican, según Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Uninorte, dejar de asociar periferias a territorios rurales: “Las instituciones en las ciudades terminan concentrándose en ciertos puntos. Hay unas zonas grises y unos espacios vacíos donde las organizaciones criminales consolidan embriones de gobernanza”, dice Trejos.
“En ciudades tan desiguales la puerta de la criminalidad está abierta para los que no tienen oportunidades”, dice Juan Pablo Sarmiento, coautor con Trejos de “El otro derecho. Reglas, burocracia de la guerra y su asimilación a la legalidad en el Caribe”, de la Uninorte.
El jueves, en el municipio de Ovejas, a menos de una hora de Sincelejo, criminales lanzaron una granada contra la Policía y un uniformado resultó herido. En la entrada de Sampués, a 25 minutos de la capital, asesinaron al ingeniero José Hernández, que se quedó varado en su vehículo. En Sincelejo, el viernes, la quema de dos taxis fue definitiva para que la mayoría de los habitantes se encerraran.
Mientras tanto, los celulares de los sincelejanos eran invadidos por noticias del paro, panfletos del Clan del Golfo, imágenes de calles y comercios vacíos. También circularon en redes audios y videos falsos o descontextualizados, percibidos como reales. “Acaban de prender la bomba de El Maizal, a la salida de Sincelejo pa’ Chinú, está ardiendo”, fue uno de los que se hizo virales y era falso.
En contraste, la gente no veía presencia fuerte de la Fuerza Pública. El comerciante Gildardo Méndez, que viaja regularmente entre Sampués y Sincelejo, dice que no vio un solo retén cuando se transportó el jueves.
“Uno coge la vía para Sampués y todos los días hay un retén, y en esos días (del paro) no había uno solo. No lo había. Para mí a la Policía la mandaron a guardar”, dice Méndez.
En Sincelejo cuatro ciudadanos coinciden en que la Fuerza Pública se concentró en vigilar los barrios más exclusivos de la ciudad y los grandes centros comerciales y almacenes de cadena.
“En la única parte que colocaron Policía y Ejército fue en el centro, en los almacenes grandes: por la Olímpica, por el Éxito, por La Pantaleta”, dice el comerciante Méndez, que no vio Fuerza Pública cerca de su negocio.
Otro sincelejano que salió de su casa el domingo con miedo, a hacer un mandado de urgencia nos dijo que en barrios de estratos altos como Venecia y La Toscana “había gente sentada en las terrazas, niños manejando bicicleta. Allá sí mandaron vigilancia, Fuerza Pública”, que contrastaba con la soledad de barrios populares y de clase media.
Así el terror de salir de la casa se extendió hasta el lunes en casi todos los barrios de Sincelejo, un día después de que finalizó el paro.
Según el investigador Trejos, la Fuerza Pública se vio desbordada por un enemigo al que no conocían. Con el antecedente de un plan pistola hace pocas semanas contra policías en la zona urbana de Los Montes de María había mucho miedo de salir a confrontar a los civiles armados que estaban patrullando barrios de Sincelejo.
“No sabían si tenían fusiles o solamente armas cortas. Y lo que hizo la Fuerza Pública, especialmente la Policía en lugares con poco personal fue acuartelarse”, dice.
Los sucreños no se atrevieron a protestar contra el Clan del Golfo
Tras cuatro días de terror y 24 civiles asesinados en el país, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, le ha pedido a la comunidad ser valiente. El domingo, él y el comandante de la Policía de Sucre, Carlos Correa, fueron al municipio de Chalán, en la subregión Montes de María, pero nadie los recibió. “Con ese temor, la gente optó por no salir el día de la madre. Estaba completamente solo”, dice el comandante.
El lunes, cuando el Clan del Golfo ya había finalizado el paro, pero muchas comunidades seguían encerradas, Espinosa dijo: “Tenemos que ser capaces de superar el miedo; no podemos caer en el juego de la intimidación”.
El martes pidió marchar contra los violentos. Nadie le hizo caso.
“El gobernador tiene escoltas, su casa tiene seguridad, pero nosotros los ciudadanos de a pie no tenemos nada de eso”, dice un comerciante de Sincelejo indignado con la declaración del gobernador.
“Lo que desplegó el Clan del Golfo más que capacidad militar fue mucho miedo”, dice Trejos. Pero su poder es real según él, independientemente de que uno no lo pueda medir.
La ausencia o presencia débil de instituciones públicas no se traduce en anarquía, que es la idea central del libro del que son coautores Trejos y Sarmiento. “Los grupos armados ilegales producen derecho por fuera del Estado y ejercen soberanía de facto en muchos lugares de Colombia. Es una forma de pluralismo jurídico” dice el investigador Sarmiento.
Se basan en su capacidad de reprimir a aquellos que los desafían, explica Trejos. “Si las comunidades no tuvieran la certeza de eso, violarían las normas”. Lo mismo sucedía según él en los lugares donde las Farc eran la autoridad.
“Lo que queda de fondo es que la gente no cree en las capacidades del Estado para protegerla, por un lado. Y, en cambio, le creen a la capacidad de daño del Clan del Golfo”, dice.
“Los grupos armados ilegales ordenan el territorio, regulan las actividades económicas legales e ilegales. Se encargan del orden público y la seguridad”, explica Sarmiento.
Reconocer esto —coinciden ambos investigadores— permitiría que una vez en la legalidad, como es el caso de las Farc, hubiera un diálogo con el Estado. “El orden legal podría subsumir otros sistemas que han existido al margen durante décadas, para lograr una mejor gobernanza de los territorios”, dice Sarmiento.
El Clan del Golfo lleva años consolidándose en la Costa
Si bien el paro armado a nivel nacional se coordinó en cuestión de horas una vez se supo que “Otoniel” sería extraditado, la capacidad para organizarlo se ha venido construyendo hace años. “Esto venía desde hace rato”, dice el profesor Trejos. “Lo de Sincelejo es una alerta a cómo crecieron las AGC de forma silenciosa”, agrega.
Un crecimiento que mostraron en la regulación abierta del comportamiento social en la región. “No hay que olvidar que durante la pandemia entraron a zona rural de Montería, a una caseta donde estaban poniendo música duro, requisaron a la gente y acabaron la fiesta. Una parte de la comunidad estuvo de acuerdo porque estaban cansados de las peleas, de la venta de drogas”, dice.
“El Clan del Golfo tiene presencia en los 26 municipios de Sucre, en todos tiene el monopolio criminal”, dice el comandante Correa mientras señala un mapa del departamento. Tienen especial incidencia en La Mojana y el San Jorge, en los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo.
La Policía tiene identificada dos subestructuras: La José Manuel Gaitán (presente en 19 municipios) y la Ulder Cardona Rueda (presente en siete municipios, los del sur). Medios locales con base en fuentes de Inteligencia dicen que tienen más de 300 hombres.
Nadie lo sabe a ciencia cierta porque una hipótesis fuerte es que las AGC operan a través de la tercerización o subcontratación de bandas criminales, aunque no hay consenso en la Fuerza Pública.
El comandante Correa señala que todos los hechos violentos presentados durante el paro armado en Sincelejo fueron realizados por el Clan del Golfo y descarta que haya habido tercerización. Es decir, que el Clan no subcontrató a otras bandas delincuenciales o delincuentes para operar.
Pero incluso miembros de la Policía han manifestado que las acciones delictivas no fueron realizadas por integrantes orgánicos del Clan del Golfo, sino por terceros contratados para la ocasión.
El sábado en la tarde hubo una reunión de la Policía con representantes de los gremios de Sincelejo. Una persona que estuvo allí nos dijo que un Policía manifestó que no eran personas del Clan del Golfo, sino que les pagaron.
“Uno de los miembros de la Policía dijo que no tuviéramos tanto miedo porque son personas, muchachos, que no estaban dentro de las filas del Clan del Golfo, que eran unos muchachos que les estaban dando una plata para amedrentar”, recuerda la persona que estuvo en la reunión.
Y un policía de Sincelejo, que patrulla en las zonas más peligrosas, dice que por los perfiles de los capturados en el municipio no cree que hagan parte de la estructura orgánica del Clan del Golfo.
“Eso cogen a cualquier chirrete, uno lo ve por el perfil de las personas. Una persona fuerte de la estructura no se va a quemar quemando un carrito. Eso debe ser que le pagan. Una persona sin trabajo se puede ganar 500 mil pesos suaves”, dice el policía que habló a cambio de no ser identificado pues no está autorizado para dar declaraciones.
Asimismo, dos fuentes nos dijeron que unos delincuentes les comentaron que se había regado la versión en el hampa de que estaban pagando por acciones violentas durante el paro armado. De hecho, a dos familiares (civiles) de fuentes de La Silla le llegaron mensajes de Whatsapp de que garantizaban “buena suma de dinero por unirse a la causa y adelantar actividades durante el paro”.
“En las zonas urbanas el Clan del Golfo es asimilado a dos personas en una moto haciendo sicariato, pero en este caso fue masivo”, dice el investigador Trejos.
La Policía, explica el investigador, no tenía claro que ese grupo subcontrata bandas criminales locales a las cuales les da plata, armas, granadas, motos, taxis, para que operen. “Durante el paro armado tenían la orden de paralizar territorios. Cada mando seguramente tenía independencia para lograr el cometido y debía reportarlo al centro”, anota.
El núcleo duro de dirección está posiblemente entre Urabá y el sur de Córdoba pasando por el Nudo de Paramillo, explica Trejos. “Y hay unos mandos que se trasladan a otros territorios y subcontratan bandas delincuenciales allá”.
El policía que habló con La Silla off the record dice que era difícil evitar la quema de vehículos. Su explicación es que los criminales le ponen una “mosca” (persona que vigila) al cuadrante y, cuando hay una distancia considerable para ejecutar la quema y huir, la mosca avisa a las personas que pueden prender el carro. Lo hacen con una botella de gasolina y un encendedor.
“Tú quieres capturar a alguien, darle de baja. Pero no es fácil, me sentía impotente”, dice el uniformado.
Se trata de un sistema híbrido de modalidades delictivas, según Trejos. “En el paro vimos la combinación de capacidades militares como hostigamientos a estaciones de Policía con actividades delincuenciales y de sicariato. Por eso es difícil leer al Clan del Golfo, según el investigador, “a través de la clasificación tradicional de guerrillas, autodefensas o bandas criminales”.
La confusión sobre cómo funciona el Clan del Golfo se traduce en una impotencia institucional reconocida abiertamente. Ante la pregunta de si en el futuro la Policía en Sucre puede garantizar que la organización criminal no va volver a imponer un paro, el comandante Correa responde: “Nos toca a nosotros asumir todas las responsabilidad y garantizar que no pase. Pero cómo operan esos bandidos es difícil”.
