El Congreso aprobó el proyecto del gobierno de Gustavo Petro llamado Matrícula Cero, con el que busca financiar el acceso gratuito a la educación superior en las instituciones públicas (IES). Era una de las peticiones del Comité del Paro en las movilizaciones del 2021 y una de las grandes banderas en educación del gobierno Petro.
Pero, para algunos académicos, si se implementa tal y como aparece en la ley, el proyecto podría terminar favoreciendo a los más ricos, que serían subsidiados por las universidades públicas, y deja sin resolver algunos problemas actuales de las universidades públicas.
Para discutir esta ley, la Silla Académica entrevistó a Francisco Piedrahita, rector durante 20 años en la Universidad Icesi, y autor de columnas en la Silla Vacía contra la “gratuidad universal” en la educación. También a Luz Karime Abadía, co-directora del Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana. Ella es co-autora del Informe Evolución de la Matrícula de Educación Superior en Colombia (2022). Ambos esbozan en cinco puntos los inconvenientes con el proyecto.
1. La ley que quedó no era la que se pensaba originalmente
El proyecto de ley viene circulando desde el año 2021, y fue presentado por grupos que hoy son coalición del gobierno, entre estos el Partido Verde y la Colombia Humana. Responde a las peticiones de las movilizaciones de esos años en contra del gobierno de Iván Duque.
A las presiones del paro, el presidente Duque respondió con el programa Generación E, que era un subsidio que implicaba una gratuidad para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, y cuyos recursos estaban asegurados en el Presupuesto General de la Nación.
Como estaba planteado originalmente, el proyecto recogía las peticiones del Comité del Paro, y proponía que los pregrados tuvieran gratuidad en estratos 1, 2 y 3. Para otros estratos (de estratos 4, 5 y 6) descuentos hasta del 30 por ciento sobre la matrícula, sujeto a que se justificara la necesidad. Esa gratuidad también la extendía a los posgrados.
Con la llegada del gobierno Petro, y la designación de Alejandro Gaviria como ministro de Educación, vino un concepto del ministerio en el que se pedía que en el proyecto no se incluyeran a los posgrados, pero extendió la gratuidad de la educación superior a todos los estudiantes, incluyendo estratos 4, 5 y 6. Y así quedó, finalmente, en la ley que fue aprobada la semana pasada en el Congreso.
“Es por ese último alcance que quedó en la ley que se aprobó la semana pasada que me parece que el proyecto es muy problemático en términos de equidad”, dice Francisco Piedrahita.
Una ley que, según el académico, tiene contradicciones en su redacción. En el artículo 2do dice: “el gobierno garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado”. Pero el artículo 3ro dice que la “política de gratuidad será de forma progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y el marco fiscal de mediano plazo”, con lo que la ley no se decide si garantiza la gratuidad de entrada o progresivamente.
2. Termina beneficiando a los más ricos
Para los expertos, uno de los problemas del proyecto es que desconoce que ya las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos están subsidiadas, en porcentajes muy altos, por las transferencias del gobierno nacional a las IES públicas.
“El proyecto termina beneficiando casi exclusivamente a los más ricos. ¿Por qué? porque los estratos 1, 2 y 3 ya pagan tarifas muy bajas para ingresar a la universidad pública”, dice Piedrahita.
En la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, los estudiantes más pobres no pagan nada o pagan cantidades muy bajas, que empiezan en menos de $200 mil pesos por semestre. Luego, esa cifra sube hasta 11 millones de pesos para los más ricos.
Para Piedrahita, los de estratos bajos ya prácticamente tenían gratuidad desde tiempo atrás por esos subsidios. Entonces, son esos que hoy pagan 11 millones a los que la matrícula les va a quedar gratis.
“Estos son los estudiantes que ya pagan en universidades públicas tarifas más bajas que no se comparan con las que pagarían en universidades privadas, como el Rosario o la Javeriana, donde los costos podrían ascender a más de 30 millones de pesos. Ahora van a tener más incentivos para seguir aplicando a públicas”, dice Francisco Piedrahita.
Según Luz Karime Abadía, no sería necesaria una gratuidad total de la matrícula: “no todos los estudiantes necesitan un subsidio del 100 por ciento, algunos quizás necesitan un subsidio de la matrícula, pero no el valor total de la matrícula. Y eso se llama focalizar bien en un mundo donde hay restricciones grandes de recursos y muchas necesidades”, dice.
3. Les quita cupos a los que más necesitan
Como más estudiantes de estratos altos, y mejores niveles educativos, tienen incentivos para entrar a las públicas, esto tendrá el efecto de que los cupos actuales, sobre todo en las universidades estatales más destacadas, sean más disputados.
Como el proyecto no tiene por objeto incrementar recursos para las instituciones de educación superior, y lo que hace es favorecer económicamente a los estudiantes más ricos, los cupos disponibles en esas instituciones no van a aumentar.
Así lo explica la profesora Luz Karime Abadía: “Las grandes universidades públicas, las de mejor calidad, tienen restricciones de capacidad. La Universidad Nacional todos los años recibe prácticamente el mismo número de estudiantes. De todos los que se presentan, son admitidos entre el 8 y el 10 por ciento, los de mejor puntaje o rendimiento académico. Desafortunadamente, en Colombia, tener un mayor nivel socioeconómico está relacionado con tener un mejor desempeño académico en el colegio, y eso hace que sean los más ricos los que van a quedarse con los cupos”.
Para Francisco Piedrahita, el problema con el proyecto es que no cambia las condiciones de la calidad de la educación en Colombia, y les sigue dando una mejor educación a los que más tienen recursos:
“La calidad de nuestra educación en instituciones públicas y privadas que ofrecen programas de pregrado deja mucho que desear. Las instituciones de calidad son muy pocas. Las pruebas internacionales nos ponen en situación muy bajita. Y ahí seguimos con lo mismo por años sin ninguna mejora significativa. Pero el problema tiene más cuerda de la cual cortar y empieza en la educación básica y primaria, frente a las cuales se está haciendo muy poco. Ahí tenemos un embudo”, dice.
Actualmente, apenas el 25 por ciento de las instituciones de educación pública tienen acreditación de alta calidad, el resto no lo tienen.
4. Focaliza inadecuadamente a los beneficiarios
Para Abadía, de la Javeriana, aunque sería ideal que en Colombia todo el que quisiera pudiese ingresar de manera gratuita a la educación superior, es una idea a la que le faltan dientes, pues en Colombia hay muchas necesidades sociales y una limitación importante de recursos.
“Cuando se hagan políticas públicas, sobre todo dirigidas a lo social, no se debería focalizar por estratos. Esa una mala focalización porque realmente el estrato es una clasificación de la vivienda, no necesariamente la condición socioeconómica de un hogar o de las personas que habitan el hogar. En el límite podría haber personas que realmente no sean las más necesitadas para acceder a matrícula cero y le esten quitando el cupo a personas para las que esta sería la única opción seria de estudiar”, dice.
“Lo ideal habría sido focalizar por Sisben y no por el estrato socioeconómico. Ahí habría un cambio bastante importante para poder focalizarse muchísimo mejor”, dice Luz Karime Abadía.
Se estima que la “matrícula cero” le costaría dos billones de pesos al año a la nación. Para los académicos, no es muy claro de dónde saldría el dinero para financiar este beneficio.
“Realmente es preocupante porque las universidades recibían ingresos de matrícula y cada uno pagaba de acuerdo a su condición socioeconómica. No era un subsidio del 100 por ciento, era diferencial. Algunos pagaban muy poco, otros pagaban mucho más dependiendo de su nivel de ingreso. Lo que va a terminar ocurriendo es que las universidades ya no van a recibir recursos de matrícula, el Estado va a tener que darles el ese ingreso que tenían antes”, dice Luz Karime Abadía.
Su temor es que si el Estado no les garantiza esos recursos, puede derivar en un deterioro de la calidad educativa. Además, quiere decir que el gobierno va a tener que buscar nuevas formas de suplir esas necesidades y al final eso se va a traducir en impuestos para individuos y empresas.
5. Puede profundizar la crisis de las privadas
Hay un consenso en que, desde 2019, vienen cayendo las matrículas en universidades privadas. Esto tiene el antecedente del gobierno Santos cuando creó el proyecto “Ser Pilo Paga”, gracias al cual entraron muchos estudiantes a las universidades privadas con buenos niveles académicos y que, de otro modo, no habrían podido ingresar a ellas. Pero al tiempo se redujeron dramáticamente los subsidios a los estudiantes en Icetex, de modo que el 70 por ciento de la población elegible para ese subsidio quedó sin acceder a este.
Para Piedrahita, ese programa sirvió como colchón de matrículas para las privadas, hasta que dejó de existir y eso supuso una reducción en las inscripciones. “Duque, que dijo que iba a mantener el programa, pero realmente no lo renovó, con lo que, desde 2020, las universidades privadas se quedaron sin los estudiantes de Ser Pilo Paga, que eran unos 10 mil en total”, dijo.
Para Abadía, aunque no hay estudios causales que lo demuestren, los datos apuntan a que desde que se eliminó Ser Pilo Paga, y vino Generación E (cuya apuesta era especialmente para universidades o instituciones de educación superior públicas), lo que viene ocurriendo es que repunta la matrícula en las públicas y cae en las privadas.
La profesora también contempla otros posibles cambios demográficos que, aunque todavía no los estamos viendo completamente, ya empiezan a tener efecto en esas reducciones: “Hubo otras decisiones de los jóvenes en general sobre sus preferencias de educación superior y la rentabilidad que están viendo en estudiar cinco años en una universidad”, dice Abadía, que insiste en que si se le dan más incentivos a las públicas, esto terminará profundizando la crisis de matrículas en las privadas.
“Ya tenemos algo de evidencia que pareciera mostrar que sí hay un desplazamiento de estudiantes que pudiesen pagar una privada y que se van a acoger los cupos gratis de las públicas”, dice Luz Karime.
Según los datos del informe “Evolución de la Matrícula de Educación Superior en Colombia” (2022), el 42.7 por ciento de las matrículas en programas de pregrado viene de universidades privadas. Pero ese es un dato que ha venido cayendo, mientras que las públicas mantienen sus tasas de inscripción.
Del total de las instituciones de educación superior privadas (que hay más o menos 302 activas) estas ofrecen un 53 por ciento de los programas de posgrado y el 74 por ciento de los programas de pregrado de toda la educación universitaria.
Es decir, aunque en las matrículas están más o menos parejas con la inscripción en instituciones públicas, sin embargo, la mayor oferta en diversidad y opciones está en las privadas, donde menos jóvenes se están inscribiendo.
