Cuando se hundió en la primera legislatura la reforma laboral del gobierno, el presidente Petro dijo: “dueños del capital lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, reafirmando una visión de la reforma que enfrenta a los trabajadores y a los capitalistas. Ahora busca radicarla nuevamente en el Congreso, aunque con algunos ajustes que todavía no se conocen y sin que tenga más despejado el camino para aprobarla.
La Silla Académica entrevistó a Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral y del Observatorio Laboral de la Javeriana, y a Mauricio Salazar, profesor de la Facultad de Economía y miembro del Observatorio Fiscal. Ambos son co-autores del documento: Reforma Laboral: una aproximación desde la Academia, publicado en julio de este año, que plantea una alternativa a la reforma laboral.
Basados en esa entrevista, estos son siete puntos que la reforma laboral del gobierno podría considerar en la nueva versión que se presente ante el Congreso.
1. Abordar grandes problemas del mercado más allá del contrato laboral
La reforma laboral que hasta el momento ha presentado el gobierno Petro tiene en su columna vertebral el ajuste de la jornada laboral y aumentar el pago de las horas extras, como formas de mejorar la estabilidad laboral y los pagos de los trabajadores. Para los académicos, es positivo que el gobierno esté llamando la atención sobre estas garantías laborales, pero dicen que estas apuestas siguen sin ser suficientemente ambiciosas.
Dicen que el debate nacional en torno a la reforma laboral se ha concentrado, fundamentalmente, en la consolidación del modelo de relación laboral dependiente, vigente en Colombia desde 1950. Por esto, en realidad, no promueve ninguna “reforma” en un sentido amplio, sino más bien un reajuste de parámetros en términos de jornadas, salarios o contratos.
“La reforma del gobierno se puede pensar como una actualización del código del trabajo. Como está planteada hasta ahora se enfoca especialmente en la modificación de las condiciones laborales, pero este es un sector muy reducido de la población que trabaja, que son 9 millones de personas de las 21 millones que trabajan”, dice Juliana Morad.
Para los académicos, el gran tema que se queda por fuera de la propuesta del gobierno es la informalidad laboral: “así no nos guste, lo que muestran los datos es que somos un país informal, de salarios bajos y de un tejido empresarial débil. Para atacar estas dinámicas se necesitan cambios mucho más grandes que los de las relaciones laborales”, plantea Morad.
Por eso proponen que una reforma más ambiciosa debería apuntarle a otros objetivos: “la superación de la informalidad y fomentar un crecimiento de los salarios, lo cual pasa por robustecer la productividad”, dice Mauricio Salazar.
Critican que el gobierno se enfrascó en una posición y perdió una oportunidad para recibir insumos de otros sectores que tenían reparos frente a la reforma. “Empezaron a aparecer datos del Banco de la República, no era ya una oposición simple, una oposición mediocre, sino que habían argumentos muy serios y esto implicaba que había una forma de llegar a una salida dialogada, pero no pasó así, dice Juliana Morad, que cuestiona que la reforma no dejó claro en torno a qué evidencia construyó su propuesta:
“No había datos muy claros que nos permitieran justificar porque se estaban tomando este tipo de medidas”, dice.
2. Extender la seguridad social más allá del salario mínimo para llegar a informales
En Colombia, alrededor del 60 por ciento del empleo es informal. De las 21 millones de personas que tienen algún trabajo, 12,4 son informales.
Esto ocurre en un tejido empresarial donde la mayoría de los empleadores son empresas con hasta 5 trabajadores, y es precisamente entre los microempresarios donde hay más empleos informales, sin protección social en pensiones ni en riesgos laborales. Las empresas grandes representan menos del 25 por ciento de los empleos en el mercado laboral.
Una imagen que es aún más dramática en el sector rural, donde la informalidad llega a estar por encima del 80 por ciento en algunos casos, siendo el sector de la agricultura, junto con el de los servicios domésticos, donde hay más informalidad.
“La informalidad importa porque es una relación laboral que justamente no está regulada, no tiene contrato y por ello las personas están expuestas a diferentes choques como la pérdida del trabajo o la salud. Todos esos trabajadores se quedan por fuera de la reforma”, dice Juliana Morad.
Ante esta situación, los académicos proponen extender la seguridad social más allá de las personas que hoy ganan un salario mínimo.
“Nuestra propuesta es una cotización a la seguridad social por debajo del salario mínimo. Esto puede favorecer especialmente a las mujeres, que son las que menos participan de estos beneficios. La propuesta del gobierno habla de algo parecido pero sólo para el campo. Nosotros la hacemos extensiva para todos los trabajadores, porque es algo generalizado en diferentes sectores”, dice Juliana Morad.
Para Mauricio Salazar, la lógica de esa medida es ampliar considerablemente las personas que ingresan al sistema de pensiones, y así asegurar que no queden tan desprotegidas sin necesariamente crear más contratos formales de trabajo. “No planeamos hacer el salto de una vez a la laboralización, sino empezar a abrirle puertas cautelosas, ajustadas a las capacidades que tienen los empleadores”, dice.
3. Crear un sistema único de afiliación a seguridad social
Otra de las medidas que proponen en el documento es crear un sistema único de afiliación y de información de la seguridad social, algo que tampoco aparece en la propuesta de reforma que el gobierno presentó en la legislatura pasada.
“Muchas veces esto se ve tonto, pero los trámites son engorrosos y son costos adicionales que ponen más limitantes para la formalización. Hoy lo que pasa es que uno tiene que tener un formulario en una EPS, otro diferente en una caja de compensación, en el fondo de pensiones y en la ARL. Todos estos costos adicionales frenan la formalización”, dice Juliana Morad.
4. Mensualizar pagos de prestaciones sociales
También proponen que los empleadores puedan mensualizar el pago de las prestaciones sociales para que no se vean cargados en junio y en diciembre a pagarlas, pues esto afecta el flujo de caja de muchas pequeñas y medianas empresas.
“Muchos empresarios resienten que la formalización los obliga a sacar durante dos veces al año del flujo de caja para pagar la prima, un costo que coincide con el pago de los intereses de cesantías en enero. Esto les pone una presión financiera excesiva”, dice Mauricio Salazar.
5. Crear seguro de desempleo voluntario
Colombia es uno de los países con un desempleo más alto en la región de América Latina. Para mayo de este año, la tasa de desempleo nacional fue del 10,5 por ciento, y al país, en general, le ha costado mucho bajarlo a menos de dos dígitos.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez, dijo sobre la reforma que buscaba reducir a “su mínima expresión los contratos a término fijo”. La idea básicamente es la de generar protección adicional al trabajador que ya es formal, por lo que les pone límites más amplios a los contratos de término fijo, que sólo se pueden usar si es una función temporal. Lo mismo ocurre con los contratos de prestación de servicios. Para los académicos, el problema con estas ideas es que al hacer más caros a los trabajadores, puede terminar incrementando el desempleo.
Para contrarrestar esto, una de las propuestas que sugieren es crear un seguro de desempleo voluntario que se financie con recursos de los empleadores en una proporción del 0.5 por ciento del valor total de los salarios mensuales de cada trabajador, y que podrá ser administrado por las Cajas de Compensación Familiar.
Esta propuesta se alinea con una figura que ya existe, que es el Mecanismo de Protección al Cesante, que lo que busca es garantizar un ingreso hasta que la persona encuentre un trabajo y máximo hasta seis meses. La idea es que el seguro vaya acompañado de programas de bolsa de empleo y cursos de formación para el trabajo.
“Podrán aplicar a ese seguro trabajadores independientes con contrato, quienes voluntariamente podrían tener ese beneficio pagando una prima que corresponderá al 0.5 por ciento de sus honorarios. También accederían las personas que ganen menos del mínimo, casi todas informales, cuando tengan algún evento de pérdida de ingresos o pérdida de trabajo”, dice Mauricio Salazar.
Para Salazar, parte de lo que explica el alto desempleo del país es que muchos de los trabajos que hay disponibles no dan garantías, protecciones, y muchos ofrecen pagos bastante bajos, lo que incentiva a más personas a no entrar al mercado laboral.
6. Fijar salarios mínimos diferenciales por tamaño de empresas y departamento
Colombia es un país con ingresos laborales bajos. Más del 45 por ciento de los trabajadores perciben menos de un salario mínimo. Los promedios de salarios más altos se reportan en las medianas y grandes empresas, y el promedio más alto apenas alcanza los $2 millones setecientos mil pesos.
El problema se concentra especialmente en la informalidad. El promedio de los ingresos laborales en la formalidad duplica el promedio en la informalidad. Un problema que les pega especialmente a las mujeres, que son mayoritarias en los trabajos informales.
Esta es una realidad que también tiene sus derivaciones en la división ciudad/campo, pues en la ruralidad se paga menos del mínimo, mientras que en las ciudades grandes se paga más de dos salarios mínimos, en promedio, a los trabajadores.
“Todo esto nos está diciendo que, evidentemente, el mercado laboral tiene unas diferencias abismales. Hicimos el trabajo de revisar esas diferencias. Un guajiro promedio de La Guajira gana medio salario mínimo. Una bogotana o bogotano promedio gana casi 2.5 salarios mínimos”, dice Mauricio Salazar, quien critica que la reforma laboral del gobierno no hace nada frente a estas realidades diferenciadas de los mercados regionales.
Ante este escenario, los académicos proponen fijar salarios mínimos diferenciales y específicos para micro y pequeñas empresas, por un lado, y, por otro, para medianas y grandes empresas. También propone fijar esa diferencia de salarios por grupos geográficos de acuerdo con la categoría de municipio en la ley Orgánica de Presupuesto, que divide a los municipios o distritos especiales en categorías.
Esa diferenciación del mínimo se haría sobre la base del salario mínimo que ya está definido, así que nadie ganaría menos de un millón cien mil pesos. Defienden que hacer esta diferenciación es partir de una base más realista sobre las capacidades de pago de las empresas según la región.
“Lo que pueden generar es más coherencia con lo que sucede en la realidad, y es que nuestro país es diverso; nuestro país no tiene la misma capacidad económica ni por empresa ni por regiones. Si seguimos poniendo un salario que no esté ajustado a estas diferencias vamos a poner la vara muy alta, y seguir incentivando las brechas amplias entre formalidad e informalidad, que nos corresponde reducir”, dice Juliana Morad.
7. No satanizar contratos de prestación de servicios y menor recargo dominical
Las garantías a los trabajadores ya formales son el centro de la reforma laboral que ha propuesto el gobierno Petro hasta el momento. En términos del contrato laboral le apuesta a reducir lo más posible el contrato de prestación de servicios y los contratos a término fijo, pero los académicos de la Javeriana creen que es importante no satanizar esas figuras.
“Reconocemos que en algunas circunstancias se han empleado de manera negativa, pero existen muchos mecanismos, en parte creados por nuestra Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, para frenar el mal uso del contrato de prestación de servicios. Nuestra propuesta no prohíbe esa figura contractual, sino que sanciona cuando se usa mal”, dice Juliana Morad.
Para Mauricio Salazar, si nos vamos al extremo de laboralizar todas las relaciones laborales, muchas figuras intermedias quedan en el limbo. “¿Uno qué hace con una parranda vallenata que contrata? terminaría casi que en el ridículo de contratar al manager que intermedie con la parranda, y que sea el que la contrata y demás. No podemos creer que los contratos de prestación de servicios per sé son malos, porque esto lo que puede generar es afectación de las dinámicas laborales del país”, dice.
Otro de los puntos que propone la reforma del gobierno es un incremento de costos por recargo dominical y por recargo nocturno gracias a que busca que la jornada nocturna comience a las seis de la tarde: actualmente está a las nueve de la noche. También propone que la remuneración por el recargo dominical sea del 100 por ciento sobre el salario ordinario. Actualmente es del 75 por ciento.
“Nosotros decimos seamos un poco más cautos y proponemos un recargo dominical del 85 por ciento. Después de muchas reuniones que tuvimos con sectores formales e informales, vimos que un gran sector que se vería afectado con estas medidas es el comercio: restaurantes, bares y el turismo, uno de los tres principales generadores de empleo. Entonces, tenemos que ponderar las medidas para que protejamos los empleos en algunos sectores que queremos cuidar. Una reforma laboral integral debe servirle a los empleadores y a los empleados”, dice Mauricio Salazar.
