Jaime Raúl Salamanca Torres nació el 15 de diciembre de 1979 en Sotaquirá, Boyacá. Es representante por Boyacá de Alianza Verde y hace parte de la Comisión Sexta. Fue elegido como presidente de la Cámara para la tercera legislatura del periodo 2022-2024.

Es contador público de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás y en Gestión Regional de Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Inició su camino en la política como líder estudiantil de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, en la que fue representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. Después, en 2011, fue elegido como diputado de Boyacá con 8 mil votos. En ese periodo, Salamanca fue el único opositor en la Asamblea del gobernador Juan Carlos Granados, quien fue elegido con el respaldo de los partidos tradicionales.

En 2015 fue reelegido como diputado, su campaña fue financiada por él mismo, su pareja y su hermano, reportando un gasto de 68 millones de pesos. Lideró la coalición de gobierno del recién electo gobernador Carlos Amaya. Salamanca hace parte de su grupo político. 

En las regionales de 2019 fue precandidato a la Gobernación, pero finalmente el aval verde se lo llevó Ramiro Barragán, quien también hace parte del grupo de Amaya. Salamanca fue el jefe de debate del candidato y luego, cuando este ganó con casi 400 mil votos, fue nombrado como secretario de Educación Departamental. A ese cargo renunció en 2021 para lanzarse a la Cámara de Representantes.

Salamanca fue elegido con 28 mil votos, para su campaña a la Cámara reportó gastos cercanos a los 300 millones de pesos, de los cuales más de 200 millones de pesos fueron donaciones de particulares, el restante fue un crédito del partido Alianza Verde. Es uno de los congresistas de la bancada verde que ha respaldado al gobierno Petro. 

Fue el presidente de la Comisión Sexta en el periodo 2022-2023, por su comisión han pasado proyectos de alto impacto mediático como la prohibición de corridas de toros, proyecto que apoyó en varias ocasiones, también fue proponente de una reforma parcial a la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de educación superior, pero fue archivado después del primer debate.

Fue uno de los cuatro congresistas verdes que aspiró a presidir la Cámara durante el periodo legislativo 2024-2025. Finalmente, fue elegido por su partido, pero tuvo que hacer campaña en la Plenaria en un cabeza a cabeza con la representante Verde, Katherine Miranda. Salamanca ganó con 114 votos, frente a 69 de Miranda. En la elección, Salamanca hizo campaña como el candidato más cercano al gobierno de Gustavo Petro.

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Luz Cristina López fue designada como ministra del Deporte por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2024, en reemplazo de Astrid Rodríguez, quien renunció tras la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027.

Nació en Manizales en 1976. Es licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte, abogada y administradora de empresas. Tiene un magíster en Educación y Desarrollo Humano. 

Ocupó varios puestos en el Comité Olímpico de Colombia. Entre 2011 y 2015 se desempeñó como directora ejecutiva de la Academia Olímpica y como directora académica. Posteriormente, fue coordinadora jurídica y gerente general del Comité Paralímpico Colombiano hasta 2023. 

En 2023 dirigió las operaciones de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá. También fue decana de la facultad de Cultura Física de la Universidad Santo Tomás.
Llegó a MinDeporte a principios de 2024, en medio de la polémica de los Juegos Panamericanos de Barranquilla de 2027, que perdió el país por la falta de un pago del gobierno Petro a la entidad organizadora.

Fue postulada, entre otros, por el representante a la Cámara conservador, Alfredo Ape Cuello, y su llegada facilitó el apoyo de un grupo de conservadores a los proyectos del gobierno Petro en el Congreso.

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Daniel Rojas Medellín fue designado como ministro de Educación por el presidente Gustavo Petro en julio de 2024, en reemplazo de Aurora Vergara. Antes estuvo dirigiendo la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

Nació en Bogotá en 1987, es economista de la Universidad Santo Tomás e inició una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia, donde también acreditó seis meses de experiencia docente. 

Empezó en la política en el Polo Democrático Alternativo (PDA), a través de foros de participación ciudadana. Rojas conoció a Petro a mediados del 2011 por medio de César Moreno y Augusto Rodríguez, en medio de la ruptura de Petro con el PDA. Rojas participó en la campaña de Petro a la Alcaldía, especialmente en su localidad, Puente Aranda, y entre las juventudes de su nuevo movimiento, Progresistas. 

Durante la alcaldía de Petro, trabajó en la subdirección de juventud de la Secretaría de Integración Social. Allí coincidió con David Racero y Jorge Rojas Rodríguez, apoyando proyectos como las Casas de Juventud y Jóvenes en Paz. De esa época lo recuerdan como un apasionado activista de la causa petrista, que en las noches hacía graffitis con el logo de corazón de la Bogotá Humana en las tapas de alcantarilla y los huecos que eran tapados por la administración.  

Después de la alcaldía, por petición de Petro, Rojas, junto a Sebastián Caballero Ortega, empezó a organizar encuentros entre Petro y las juventudes universitarias sobre el cambio climático. Posteriormente, Rojas trabajó en la campaña de Petro a la presidencia de 2018. También hizo parte de la UTL de Petro y Gustavo Bolívar.

Entre 2021 y 2022 participó nuevamente en la campaña presidencial de Petro, como parte del equipo programático, especialmente en temas económicos. Después de ganar, Rojas fue nombrado en el equipo de empalme con el gobierno saliente de Iván Duque. 

Durante los dos primeros años del gobierno Petro fue director de la SAE, entidad encargada de administrar los activos provenientes de actividades ilícitas.

Durante este tiempo también se encargó temporalmente del Departamento Nacional de Planeación, tras la renuncia de Jorge Iván González. En la SAE, Rojas se enfocó en poner a disposición de las comunidades los activos que administraba la entidad. Trabajó en el traspaso accionario de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud, y en la entrega de predios a universidades públicas alrededor del país.

Rojas fue suspendido temporalmente en 2023 por la Procuraduría por una supuesta falta disciplinaria asociada al caso Triple A, la empresa de servicios públicos de Barranquilla, una acción arriesgada que ilustra el arrojo de Rojas y su lealtad al presidente Petro. La entidad tenía un acuerdo para ceder sus acciones a la Alcaldía, sin embargo, Rojas frenó el proceso hasta que se comprobara la legalidad de su venta a la empresa Alumbrado Público de Barranquilla. La suspensión fue levantada después de un acuerdo entre la SAE y la empresa K-Yena. 

Durante su periodo al frente de la SAE, Rojas fue felicitado frecuentemente por Petro, y se convirtió en un funcionario con línea al presidente. 

Rojas llegó al ministerio de Educación en julio de 2024, en medio del hundimiento del proyecto de Ley Estatutaria de Educación, a cargo de su antecesora, Aurora Vergara, y la accidentada elección de rector de la Universidad Nacional.

A su llegada tuvo duras críticas por unos comentarios antiguos en sus redes sociales, en las cuales descalifica con insultos a los ahora opositores del gobierno Petro. Sergio Fajardo se refirió en sus redes sociales al ministro diciendo: “yo no sé cuantas veces me ha insultado, ofendido, agredido, pero hoy (Rojas) es el ministro”. También fue cuestionado por su falta de experiencia en el sector educativo. 

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Luis Carlos Reyes fue designado como ministro de Comercio en junio de 2024, antes estuvo en el gobierno Petro como director de la Dian y parte del equipo de empalme presidencial.

Se graduó en 2005 como economista e historiador de la Universidad Internacional de Florida, ambos títulos magna cum laude. Realizó su máster y doctorado en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. 

Reyes fue docente de economía en su alma máter y en la Universidad Javeriana desde 2014, luego de trabajar en la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.

Como economista, el perfil de Reyes se destaca por su énfasis en desarrollo económico, economía pública y microeconomía aplicada. Sus publicaciones, en revistas como World Development y la Revista de Economía Institucional se enfocan en la reforma tributaria y el gasto público. 

En 2017 fundó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, junto con dos colegas, Alejandra Romero y César Ferrari. 

Conoció al presidente Gustavo Petro por medio del trabajo del Observatorio, que se centró en dar debates públicos durante el gobierno de Iván Duque y el trámite de sus dos reformas tributarias. Esa visión también la hizo pública, con críticas adicionales a la tecnocracia colombiana, desde su columna en El Espectador.

Desde el Observatorio Reyes se vinculó a legisladores y hacedores de política pública, e impulsó una visión crítica de las reformas de Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda de Duque. Reyes asesoró a legisladores como la senadora verde Angélica Lozano; el exsenador de Cambio Radical, Rodrigo Lara; Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica; el senador conservador Efraín Cepeda; el representante petrista David Racero; la representante verde Katherine Miranda; o el exsenador Roy Barreras.

Reyes defendió la necesidad de tener una estructura tributaria más progresiva y con menos exenciones, además de combatir la evasión fiscal. Durante la campaña presidencial, la coincidencia de objetivos con el gobierno Petro, lo acercaron al gobierno, donde fue nombrado como el primer director de la Dian. 

Antes del gobierno Petro no había trabajado como funcionario público. En su tiempo en la dirección de la Dian ayudó a armar la reforma tributaria que propuso en su momento el gobierno Petro, trabajando de la mano del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. 

Durante su paso por la Dian enfrentó críticas del sindicato de la entidad, pues según ellos, Reyes no tendría la experiencia para dirigir la entidad. También resaltaron que se venía incumpliendo las metas de recaudo. 

Tras la llegada de Ricardo Bonilla al ministerio de Hacienda, Reyes tuvo varios roces con él. Por un lado, Bonilla aprobó la reducción de una partida adicional a la Dian, que terminó en la Ungrd, y meses después terminó enredando a Bonilla en el escándalo de corrupción de la entidad.

Además, en 2023 Reyes proyectó un recaudo adicional de 15 billones de pesos por litigios pendientes que fueron incluidos en la proyección para el presupuesto del año siguiente y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para cumplir esa meta, Reyes afirmó que era necesario un proyecto de ley que debía tramitar Bonilla desde Hacienda, cosa que no sucedió.  

Cuando la meta no se cumplió, hubo recriminaciones mutuas. Bonilla, en una intervención en el Congreso en mayo de 2024, responsabilizó a la gestión de la Dian por los problemas en los recaudos de impuestos, otro tema que ha perseguido la gestión de Reyes. A principios de ese año, un informe de la Carf confirmó que el recaudo acumulado de 2023 llegó a los 278,9 billones de pesos, sin embargo, estaba 11,2 billones de pesos por debajo de la meta anual, situación que dificulta el cumplimiento de la regla fiscal al gobierno.

Reyes respondió afirmando que las metas “el Ministerio de Hacienda sobreestimó el potencial de recaudo al haber sobreestimado el crecimiento de la economía”, y por eso había caído el recaudo. En medio de esas fricciones el gobierno tuvo que hacer un duro recorte presupuestal en 2024 de 20 billones de pesos, para poder sincerar sus cuentas.   

Durante su gestión en la Dian, Reyes se convirtió en una figura popular en redes sociales, especialmente a través de Tik Tok, donde empezó a ser conocido como “Mr. Taxes”. Desde ahí también se volvió un defensor activo del presidente Petro. 

Cuando las fricciones con Bonilla se volvieron insostenibles, Reyes fue nombrado por Petro como ministro del Comercio, Industria y Turismo en junio de 2024, donde reemplazó a Germán Umaña, quien dirigía la entidad desde el inicio del gobierno.

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Fue nombrado como el segundo ministro de Salud por Gustavo Petro. Reemplazó a Carolina Corcho. Trabajó como secretario de Gobierno y Salud en la alcaldía de Petro.

Guillermo Alfonso Jaramillo llegó al ministerio de Salud y Protección Social en mayo de 2023. Hasta noviembre de 2022 fue secretario general del movimiento del presidente Petro, Colombia Humana, y sonó como precandidato a la Alcaldía de Bogotá. 

Nació en Ibagué, Tolima, en 1950. Es médico cirujano de la Universidad del Rosario, con especialización en cirugía cardiovascular pediátrica de las universidades suecas de Lund y Uppsala.

Se inició en el Partido Liberal, en cuya militancia su padre Alfonso Jaramillo Salazar fue Ministro de Salud y su madre, Hilda Martínez de Jaramillo, fue parlamentaria. Su hermano, Mauricio Jaramillo, fue senador de ese partido entre 1998 y 2010. 

Durante muchos años combinó la política con su trabajo como cirujano. En 1976 fue elegido concejal de Armero, en 1978 fue diputado a la Asamblea del Tolima y en 1982 llegó a la Cámara por el Partido Liberal.

Como liberal, Jaramillo fue nombrado Gobernador del Tolima en 1986. De tendencia de izquierda dentro del liberalismo, fue rival de Alberto Santofimio en el Tolima y cercano a figuras como Alfonso Gómez Méndez. Militó también en el samperismo.

Se retiró de la política en 1987, después de denunciar la presencia de paramilitares en el Tolima, y se fue a Suecia a estudiar cirugía cardiaca. Al regresar salió elegido, en 1991, al Senado, pero en 1993 se retiró del Senado y del partido, y se fue a trabajar como cirujano en Bucaramanga.

En 1997 rompió de manera definitiva con el partido Liberal, al rechazar una invitación a lanzarse a la Gobernación del Tolima y negarse a apoyar la candidatura presidencial de Horacio Serpa. En 2000 sí se lanzó, pero por el Frente Social y Político en el que estaban “Lucho” Garzón, Parmenio Cuéllar y Luis Alfonso Hoyos, y salió elegido. Estuvo en ese cargo hasta 2003.

Luego participó de la creación del Polo Democrático Independiente e intentó ser candidato a la Presidencia en 2006, para lo cual tenía el apoyo de otros miembros del Polo como el representante Hugo Ernesto Zárrate. Pero en junio de 2005 quedó en el tercer puesto en la votación interna, detrás de Navarro y Samuel Moreno.

Finalmente, se lanzó al Senado. Perdió por 25 votos, demandó, y en 2009 el Consejo de Estado le dio la razón, con lo que finalmente llegó al Senado.

En 2010 prefirió no lanzarse a la reelección. Sonó como posible candidato a la Gobernación del Tolima o para la Alcaldía de Ibagué, pero tampoco se lanzó. Le dijo al diario El Nuevo Día que prefería primero resolver las investigaciones que ha tenido en su contra por Farc-política (gracias a una declaración de “Olivo Saldaña”) y por parapolítica. Apoyó al candidato liberal a la Alcaldía, Luis Carlos Delgado.

En el Polo siempre fue miembro de la corriente que lideraban Petro y Navarro, lo que explica su designación como secretario de Salud de Bogotá en 2014, cuando Petro llegó a la Alcaldía. De hecho, fue uno de los impulsores de Progresistas, e incluso ha dicho que rompió con el Polo en 2008, cuando el partido no salió a la marcha contra las Farc (o contra la violencia), a pesar de que lo representó en el Senado entre 2009 y 2010. Dijo que nunca fue a una reunión de bancada en esos años y que intentó convencer a Petro de que se fuera del Polo en 2009.

Tras la salida de varios escuderos de Petro de la Alcaldía, como Navarro, Daniel García-Peña y Diego Bravo Borda, fue designado secretario de Gobierno en 2013 en reemplazo del destituido Guillermo Asprilla. Salió a comienzos del 2014 para liderar el equipo del ‘no’ a la revocatoria.

Aunque a finales del 2014 se lanzó como precandidato a la Alcaldía de Bogotá de los progresistas, decidió renunciar a su aspiración por considerar que no había suficientes garantías en el proceso. En mayo de 2015 anunció oficialmente que regresaba a su ciudad natal, Ibagué, para buscar la alcaldía. Con el aval del Mais y el apoyo de “Liberales con Jaramillo”, entre los que se encontraba el exsecretario de Gobierno, William Castro, el exministro Alfonso Gómez Méndez y el exgobernador Carlos Martínez Silva. 

Su hermano Mauricio también estuvo en la carrera electoral pero por la Gobernación y como el candidato de la Unidad Nacional. De los dos, fue solo Guillermo quien salió electo: con 63.575 votos, estuvo casi 13 puntos por encima de Ricardo Ferro, quien quedó de segundo con su movimiento Firme por Ibagué.

Al final de su mandato en Ibagué, Jaramillo recibió el premio a Mejor Alcalde del país, que otorga Colombia Líder. Además, recibió por parte del Ministerio de Vivienda, la medalla al mérito “Patricio Samper Gnecco”. Un reconocimiento obtenido por ser el mejor mandatario en el país en la ejecución y gestión de programas en temas de vivienda y agua. 

En 2022, llegó a la campaña de la Colombia Humana como gerente de campaña para el Congreso. Sobre su rol en esta campaña, la Fiscalía abrió una indagatoria por supuestos aportes ilegales a las campañas en relación con posibles viajes irregulares de miembros del Pacto Histórico en avionetas propiedad de Carlos Eduardo Restrepo, señalado por vínculos con el narcotráfico, quien se entregó a la justicia en Estados Unidos. La investigación sigue en curso.

En mayo de 2023 aterrizó en el ministerio de Salud, en reemplazo de Carolina Corcho. Trabajó para aprobar la reforma a la Salud que su antecesora había radicado, y que fue uno de los proyectos pilares del gobierno Petro. El proyecto se hundió en el Congreso, lo que representó una dura derrota legislativa para el gobierno. Jaramillo trabajó en un nuevo proyecto consensuado con EPS, sin embargo, en medio de la seguidilla de intervenciones de EPS el acuerdo se rompió.

Su relación con el Congreso no ha sido la mejor, fue llamado a una moción de censura a principios de 2024, sin embargo, se mantuvo en la cartera aun en medio de los remezones ministeriales del gobierno Petro. Fue protagonista del inicio accidentado del piloto de reforma del Fomag, el sistema de salud de los maestros, y audios filtrados mostraron choques con otros miembros del gabinete.  

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María Constanza García Alicastro fue posesionada por el presidente Gustavo Petro como ministra de Transporte el 8 de julio de 2024. Antes se desempeñaba como viceministra de Infraestructura en la misma cartera. 

Nació en Cúcuta en 1977, es ingeniera civil de la Universidad de La Salle, especialista en Transportes de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. 

Trabajó en la Subdirección Técnica de la entonces Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá entre 2001 y 2005, durante las alcaldías de Antanas Mockus y Luis Eduardo “Lucho” Garzón, de allí pasó a trabajar en la Subgerencia Técnica de Transmilenio hasta 2012. 

Durante la administración de la Bogotá Humana, con Petro como alcalde, García Alicastro se desempeñó en la Secretaría de Movilidad Distrital, primero como directora de Transporte e Infraestructura, luego como subsecretaria del sector. Desde 2014 hasta el final del gobierno distrital, en 2016, fue la directora de este despacho.

Entre 2016 y 2020 se desempeñó en el sector privado como contratista, fue consultora de la división de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 2020 y 2022 volvió al sector público con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el cargo de directora técnica de proyectos, durante la alcaldía de Claudia López. 

En 2022 llegó al Ministerio de Transporte como viceministra de Infraestructura, puesto que ocupó hasta su designación como líder de esta cartera en reemplazo de William Camargo.

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Helga Rivas fue nombrada ministra de Vivienda por el presidente Gustavo Petro el 10 de julio de 2024. Antes estuvo como directora encargada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tras la salida de Olmedo López, mientras se nombraba en propiedad a Carlos Carrillo, director actual de la entidad.

Nació en Bogotá en 1969, es arquitecta de la Universidad de Los Andes y especialista en Diseño Urbano.

Fue directora de la Caja de Vivienda Popular entre 2012 y 2014, durante la alcaldía de Gustavo Petro, posteriormente llegó a dirigir la Secretaría de Hábitat y Vivienda hasta el final del gobierno distrital de Petro en 2016, reemplazó a María Mercedes Maldonado, que también sonó para el cargo de ministra de Vivienda. 

Después de su paso por el sector distrital fue contratista urbanista de varias empresas privadas. Sin embargo, desde 2020 volvió al sector público como contratista de la Secretaría Distrital de Hábitat, durante la alcaldía de Claudia López. En 2022 llegó al despacho del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como asesora, de allí pasó al Fondo de Adaptación, entidad encargada de la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, como subgerente y gerente.

Rivas llega a dirigir el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en reemplazo de Catalina Velasco, quien ocupaba el cargo desde el inicio del gobierno Petro. 

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Luis Gilberto Murillo fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores en mayo de 2024 por el presidente Gustavo Petro. Antes fue su embajador en Washington. Llegó a la Cancillería como encargado después de la suspensión de Álvaro Leyva por la Procuraduría. 

Murillo nació en San Juan, un pueblo chocoano cerca de Andagoya. Al graduarse del colegio obtuvo una beca para estudiar en Rusia por ser uno de los mejores Icfes del país.

Es un exgobernador del Chocó y exministro de ambiente de Juan Manuel Santos. Fue precandidato presidencial y fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en las elecciones de 2022 que ganó Petro.

En la Universidad Estatal de Prospección Geológica de Moscú estudió ingeniería de minas y en esa misma institución hizo una maestría en minería. En la entonces Unión Soviética fue testigo de la caída del Muro de Berlín y después volvió a Colombia para ver el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y la Constitución del 91. Según él, estos eventos fueron fundamentales para su formación.

A comienzos de los noventa trabajó como director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, cuando el presidente era César Gaviria. Después se fue a Bogotá a trabajar en la alcaldía de Antanas Mockus en el cargo de Director Encargado del Departamento del Medio Ambiente de Bogotá.

Cuando terminó su periodo en Bogotá decidió lanzarse en la gobernación del Chocó. En ese momento, sus opositores lo acusaron de haber cometido el delito de peculado por destinación oficial diferente porque invirtió cinco millones de pesos que le habían aprobado para un plan de saneamiento ambiental en zonas mineras, en la reparación de una escuela en Andagoya que se encontraba en mal estado. Este delito desapareció con la reforma al Código Penal en el 2001.

La condena tuvo lugar cuando ya había ganado las elecciones y ya había ejercido un año como gobernador. Tuvo que retirarse de la Gobernación.

En el 2000 fue víctima de un secuestro extorsivo por parte de los paramilitares que lo forzó a abandonar el país y refugiarse con su familia en la capital de Estado Unidos.

Durante los primeros años en Washington trabajó por la noche como bouncer de una discoteca. De día se dedicaba a hacer cabildeo en el Congreso para vincularse con los congresistas afroamericanos y la red de derechos humanos en Washington. Desde entonces ha mantenido buenas relaciones con el mundo político de la capital estadounidense.

Gracias ese cabildeo se pudo vincular a la Agencia de Cooperación Internacional Lutheran World Relief donde trabajó como analista de política internacional. Después de esto fue vicepresidente de operaciones de la Fundación Phelps Stokes, una ONG dedicada al desarrollo de las comunidades latinoamericanas y africanas.

En el 2005, volvió a visitar el Chocó y ahí comenzó a coquetear con la idea de volver y lanzarse como candidato a la Gobernación. Lo hizo en 2011 con el aval de Cambio Radical y en coalición con la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena. Ganaron con una votación histórica de 52.000 votos aun cuando ninguno de los dos pertenecía a la clase política dominante la región.

A pesar de que la Procuraduría había emitido dos certificados donde establecía que no estaba inhabilitado, su elección fue demandada ante el Consejo Nacional Electoral por sus detractores y el Consejo falló a favor de Murillo.

Esto no fue suficiente para ganar la batalla jurídica, pues sus opositores demandaron la decisión del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y el Consejo de Estado lo suspendió. Por eso, el 1 de noviembre de 2012, Murillo tuvo que abandonar la Gobernación y Santos nombró como reemplazo temporal a Óscar Gamboa, director del Programa Presidencial para la Población Afrocolombiana.

En septiembre de 2014 nombró a Murillo coordinador del Plan Pacífico, el plan de choque del Gobierno para la crisis social, económica y de violencia en el Pacífico colombiano, y en el remezón de ministros de Santos de abril de 2016, lo nombró ministro de Ambiente en reemplazo de Gabriel Vallejo.

En 2017 Murillo, renunció a su militancia de Cambio Radical después de que la bancada de ese partido votó negativamente a los proyectos relacionados con la Justicia Especial para la Paz (JEP), y que Santos dijera que quienes no apoyaran la implementación de la JEP debían abandonar el Gobierno.

Estuvo en el Ministerio hasta el 7 de agosto del 2018, año en el que termino el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En 2019 trabajó como investigador asociado en el Centro de Estudios para América Latina (Clals) de la American University en Washington, donde volvió a asentarse con su esposa, rusa, y gracias a que tiene la doble nacionalidad.

También fue consultor en manejo de recursos naturales, equidad e inclusión de la Food Agricultural Organization (FAO) de la Naciones Unidas, y en 2020 fue el primer colombiano y uno de los pocos latinoamericanos seleccionado para integrar el equipo de la Iniciativa de Soluciones Ambientales del programa Martin Luther King, en la prestigiosa universidad Massachusetts Institute of Technology. Durante este tiempo fue uno de los defensores del Acuerdo de Escazú y manifestó su oposición al fracking.

Se mantuvo vigente en la política colombiana y en 2019 cofundó el partido Colombia Renaciente, que nació cuando el consejo comunitario caleño Playa Renaciente logró elegir a John Arley Murillo como representante a la Cámara en una de las curules afro. Para esas legislativas, en 2018, Murillo apoyó a John Arley con los aliados que tenía en Chocó de cuando fue gobernador en 2011.

Colombia Renaciente se unió a la Coalición de la Esperanza a mediados de 2021, y unos meses después Luis Gilberto Murillo empezó a sonar como el precandidato a la presidencia de ese partido. Se lanzó en enero de 2022, casi en simultáneo con Ingrid Betancourt. Esa misma semana, ante dos nuevas candidaturas en la coalición, Juan Manuel Galán sugirió en declaraciones públicas que se depurara esta lista de precandidatos para llegar a las consultas con solo tres caras en el tarjetón. 

Esto ocasionó la salida de Murillo de la coalición. “¿Será que no soportan la llegada de una mujer y un negro?”, dijo a medios de comunicación en ese momento. Continuó con su candidatura por fuera de la coalición hasta la semana después de las consultas, cuando aceptó ser la fórmula de Sergio Fajardo, el candidato ganador en la Coalición Centro Esperanza.

Tras los malos resultados de esa candidatura en la primera vuelta, Murillo manifestó su apoyo a Petro y empujó su candidatura, que a la postre ganó la presidencia en la segunda vuelta. 

En las semanas siguientes sonó como posible ministro de Energía y Minas con el peso de ser afro del Pacífico, exministro de Ambiente y opositor al fracking; o embajador en Washington, por sus relaciones con el mundo político gringo y sobre todo el poderoso black caucus (grupo de congresistas afroamericanos).

Aunque debía renunciar a su ciudadanía estadounidense para asumir ese cargo, el 12 de julio Petro anunció que será su embajador ante Estados Unidos, con retos tan grandes como buscar un giro en la política de drogas, abrir puertas para posibles renegociaciones del TLC o lograr apoyos para la política de transición energética, entre otras.

En mayo de 2024 se publicó su hoja de vida para entrar formalmente como canciller, después de estar encargado de la cartera durante los cuatro meses anteriores, mientras que también fungía como embajador en los Estados Unidos.

Ese mismo mes fue llamado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes a un debate de control político por la situación migratoria en el país, particularmente por la situación en tapón del Darién. 

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Mauricio Lizcano fue designado como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en mayo de 2023, entró al gobierno Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cargo del que salió por un pulso con Laura Sarabia.  

Nació en Medellín el 12 de agosto de 1976. Es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia y magíster de Política Pública en MPA de la Universidad de Harvard. 

Fue el presidente del Senado más joven de la historia reciente de Colombia. Llegó al cargo con 39 años y una carrera política hecha a punta de saltos de garrocha, tras convertir su historia de víctima de las Farc en un activo político.

El 5 de agosto de 2000, las extintas Farc-EP secuestraron a su papá, el congresista Óscar Tulio Lizcano, mientras inauguraba una cancha en Riosucio, Caldas. Ese secuestro marcó el inició de la vida política de Lizcano.

Óscar Tulio hizo parte de los 58 secuestrados “canjeables” de las Farc-EP. Duró secuestrado ocho años, hasta que escapó de sus captores el 26 de octubre de 2008. Con 24 años, Mauricio Lizcano empezó una cruzada por la liberación su papá, viajó a El Caguán 16 veces durante la vigencia de la zona de distensión y en una de esas visitas adquirió hepatitis.

Visitó medios de comunicación, participó en Las Voces del Secuestro de Caracol Radio, promovió el acuerdo humanitario, convocó marchas, foros en Manizales y en Neiva. Se reunió con Álvaro Leyva en Costa Rica para buscar un interlocutor con las Farc-EP. 

Cuando su papá llevaba cinco años secuestrado, Lizcano decidió dar un paso al costado, dejar esa batalla en manos de su mamá y saltar a la arena política.

Su primer paso en el sector público fue en la Secretaría de Tránsito de Manizales. Ahí trabajó del 2002 al 2003 de la mano del alcalde del momento Germán Cardona, exministro de transporte de Juan Manuel Santos.

Después de esta secretaría, Lizcano se acercó al entonces ministro del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño Hoyos. Trabajó como su asesor y con él en la campaña por el referendo reeleccionista de Uribe. En esa época, también fue asesor de la Ministra de Comunicaciones, Martha Pinto De Hart.

Lizcano conoció a Álvaro Uribe a través de Fernando Londoño. El expresidente fue un apoyo importante para la familia Lizcano durante el secuestro de Óscar Tulio y también en el secuestro de Juan Carlos Lizcano, el hermano menor de Mauricio Lizcano, en abril de 2006. El EPL lo secuestró en una pesca milagrosa en la vereda de Aguas Claras, en Risaralda. Gracias a los operativos apoyados por el presidente Uribe lograron la liberación.    

Fue Uribe el que le recomendó a Lizcano lanzarse a la Cámara a pesar de que nunca había hecho política y menos una campaña propia. Hasta ese momento, además de los anteriores, solo había tenido otros cargos públicos fugaces, como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi —IGAC— y profesor en la Universidad Autónoma de Manizales.

Inició su carrera electoral en 2006 dentro del recién fundado partido de la U.

En ese momento en Caldas el partido estaba comandado por los que en su momento conformaron el Nuevo Partido. Era el grupo de Óscar Iván Zuluaga, Adriana Gutiérrez, Jaime Alonso Zuluaga, primo hermano de Óscar Iván, Luis Alfonso Hoyos y Carlos Felipe Mejía.

Lizcano, con la primera votación en la lista de La U, y Jaime Alonso Zuluaga resultaron elegidos para la Cámara. 

El impulso le sirvió para repetir la hazaña en 2010, cuando saltó a Senado con el triple de votos, a pesar de que cuando aún parecía lejana la campaña, Lizcano quedó envuelto por cuenta de un anónimo dentro del escándalo por parapolítica junto con otros tres congresistas del departamento, Adriana Gutiérrez, Dixon Tapasco y Emilio Enrique Ángel.

Los dos últimos fueron condenados. En cambio, la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación que tenía en contra de Gutiérrez y Lizcano.

En mayo de 2015 la Corte reabrió la investigación para recibir declaraciones juramentadas de personas que podrían aportar evidencias al expediente. En 2017 la Corte cerró definitivamente esa investigación.  

Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos en 2010 y su cambio de discurso frente a los postulados uribistas, el grupo político de La U que comandaba Óscar Iván Zuluaga y Adriana Gutiérrez en Caldas se partió en dos: Zuluaga y Gutiérrez pasaron a engrosar las filas del Centro Democrático creado en el año 2013 por Uribe. Mauricio Lizcano y Hernán Penagos permanecieron como los representantes de La U, ahora santista.

A pesar de la cercanía y la historia política al lado del expresidente Uribe, que además fue su padrino de matrimonio, Lizcano tomó la decisión de defender los objetivos del gobierno Santos. 

Con el aval de La U volvió a aspirar en el 2014, esta vez de la mano del senador antioqueño liberal, Luis Fernando Duque, el representante antioqueño a la Cámara, Juan Felipe Lemos y el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada. Esa alianza le sirvió para expandir sus fronteras fuera de Caldas y hacerse como el candidato de La U más votado en Antioquia para el Senado.

En esas elecciones, el nuevo presidente del Senado se vio involucrado en un escándalo luego de que se filtró una grabación en donde su coordinador de campaña, Jorge García, amenazaba a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de que “rodarían cabezas” si no daban su voto por Lizcano y a Adriana Marmolejo, su fórmula a la Cámara de Representantes. Además, les recordó que si recibían un salario era porque ese instituto era de Lizcano.

La Fiscalía por ese episodio le imputó cargos a García por el delito de constreñimiento electoral y remitió copias a la Corte Suprema de Justicia para que iniciara una investigación contra Lizcano y Moreno por presunta responsabilidad.

Su estructura política recibió varios golpes. Los candidatos que apoyó para la Alcaldía de Manizales y La Dorada se quemaron. Y el Gobernador de Caldas, Guido Echeverri, apoyado por él, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

Lizcano aspiró a la presidencia del Senado desde su posesión en 2014, entre los acuerdos de bancadas de la Unidad Nacional se había pactado que el cargo les correspondía el primer y tercer año. En 2014 se enfrentó con Armando Benedetti, que también quería ese puesto para él. A pesar de los encontrones al interior de La U por la presidencia del Senado Lizcano mantuvo el favor de su partido y del presidente Santos.

Con un respaldo fuerte dentro de su partido, y el guiño presidencial, llegó a la presidencia del senado en 2016, una presidencia que tiene la responsabilidad de sacar adelante la legislatura de la paz. En septiembre de 2017 anunció su apoyo a Vargas Lleras para las presidenciales de 2018, después de que el Partido de La U definió no tener candidato propio.

En 2017 la Procuraduría lo empezó a investigar para determinar si, por un lado, adquirió de manera irregular un predio en Risaralda, que estaba en proceso de restitución, y en un segundo caso, si pagó millonarias sumas de dinero para beneficiarse de actuaciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia.

Este proceso involucra también al exsenador Martín Emilio Morales Diz, y a los representantes a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, Julio Eugenio Gallardo Archbold y Argenis Velásquez Ramírez.

El 21 de abril de 2021 anunció su renuncia al Partido de la U, aunque aclaró que iba a seguir en política.

Llegó al gobierno Petro en agosto de 2022 como director del Dapre, tras haber participado en el empalme del gobierno, tras haberse vinculado a la campaña por medio del primer ministror de Interior del gobierno, Alfonso Prada. 

Como secretario general de presidencia fue denunciado por una mujer anónima que habló en medios de que señaló a Lizcano de acoso sexual durante una entrevista laboral en 2016. En Presidencia, lidero una reforma que suprimió muchas de las altas consejerías y concentró poder en el Dapre, incluyendo varias funciones en la implementación del Acuerdo de Paz. En presidencia Lizcano también empezó a tener tensiones con Laura Sarabia, entonces secretaria privada de Petro.   

Su salida de Presidencia se dio como un enroque, y aterrizó como ministro TIC en abril de 2023. Desde ese ministerio se convirtió en un puente clave del gobierno con la bancada de La U, que apoyó varias reformas claves de Petro. Como ministro también impulsó la la subasta del espectro 5G, presentó la conocida Ley de Datos, con la cual espera impulsar el desarrollo tecnológico del país, especialmente en tema de Inteligencia Artificial (IA).

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Luvi Katherine Miranda nació el 14 de diciembre de 1985 en Bogotá. Es representante a la Cámara por Bogotá con la Alianza Verde y está en la Comisión Tercera. Hace parte de una familia con influencia militar; su madre llegó a ser mayor en la Policía.

Miranda se graduó de Ciencia Política y Gobierno del Rosario; inició un posgrado en Cultura de Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural de la Universidad de Barcelona, pero no lo pudo concluir.

Siendo universitaria hizo campaña al polista Carlos Gaviria a la Presidencia en 2006, pero entró de lleno a la militancia política de la mano de Antanas Mockus, a quien conoció cuando hizo la pasantía de la universidad en Visionarios por Colombia, centro de pensamiento liderado por Mockus. Luego fue coordinadora de juventudes de su campaña presidencial en 2010.

Una vez Mockus perdió las elecciones, entró como asistente y llegó a ser la coordinadora de la UTL del entonces senador John Sudarsky, un viejo aliado de Mockus en su alcaldía y en La Ola Verde de 2010.

Cuando el Partido Verde se la jugó por Enrique Peñalosa como su candidato para la Alcaldía de Bogotá en 2011, inicialmente Miranda entró a respaldar, pero retiró ese apoyo cuando la campaña y el partido se aliaron con el uribismo. De hecho, también salieron de allí Mockus, quien fue precandidato a la Alcaldía y terminó apoyando a Gina Parody.

Para las elecciones presidenciales de 2014, Miranda apoyó la precandidatura de Sudarsky, y cuando Peñalosa ganó la candidatura verde, no le hizo fuerza a ningún candidato.

Un año después, Peñalosa salió de los verdes y se lanzó a la Alcaldía de Bogotá con el aval de Cambio Radical. Aunque Mockus lo apoyó, Miranda se la jugó por Rafael Pardo como muchos otros sectores de centroizquierda dentro del partido.

En ese tiempo, Miranda trabajó con Sudarsky en Contrial, una organización sin ánimo de lucro que hace control político al Congreso. También se vinculó a la campaña del Sí en el plebiscito en 2016, en la que trabajó con viejos aliados de La Ola Verde, como Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón.

En las elecciones de 2018, Miranda se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá como fórmula de Mockus y con el apoyo de Sudarsky. Esos apoyos le dieron el impulso para sacar 63 mil votos. Su campaña se financió mayoritariamente con créditos de particulares, reportó ingresos por 362 millones de pesos,incluyendo alrededor de 120 millones entre donaciones y crédito por parte de Alianza Verde. 

Como el resto de los verdes, hizo campaña a Sergio Fajardo para la primera vuelta de ese año. Para la segunda apoyó a Gustavo Petro para ganarle la presidencia a Duque.

Para las elecciones locales de 2019, Miranda coordinó los candidatos mockusianos en Bogotá, 12 a las JAL y apoyó a Jorge Torres al Concejo. Salieron elegidos 6 ediles: María Claudia Cetina en Usaquén, Pilar Parada en Kennedy, Cristian Montañez en Engativá, Natalia Goyeneche en Teusaquillo, Cristian Rincón en Los Mártires y Jasmin García en Ciudad Bolívar.

A pesar de que su padrino político le hizo campaña a Claudia López para la Alcaldía de Bogotá, Miranda no lo hizo por diferencias programáticas con la campaña en el tema del Transmilenio; pero, según ella, al final le dio su voto por disciplina de partido.

Una fuente cercana a ambas partes le dijo a La Silla que a pesar de que comparten agenda en muchas cosas, tienen “roces electorales e ideológicos” que empezaron en 2019.

En el Congreso, Miranda hizo parte de la coalición para sacar adelante el proyecto de acto legislativo para crear la Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá (ya se aprobó); apoyó en 2018 la iniciativa para prohibir la experimentación cosmética en animales (en su momento se hundió, pero volvieron a pasar el proyecto y recientemente se volvió ley); y fue coautora de un proyecto de ley para eliminar beneficios penales y modificar el régimen de inhabilidades (ya es ley).

También quiso meter en el Plan de Desarrollo de Duque la prohibición del fracking y asignar presupuesto al servicio de movilidad colaborativo (como por ejemplo las plataformas digitales), pero ambas cosas se hundieron.

Durante la pandemia del covid se alió con León Fredy Muñoz, Inti Asprilla (verdes); y David Racero y María José Pizarro (Decentes) para presionar a las mesas directivas del Senado y Cámara en busca de aprobar las sesiones presenciales. Lo lograron de forma parcial, pues se aprobaron las semipresenciales.

Promovió la moción de censura de dos ministros del gobierno Duque. Primero fue citante de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por un operativo militar en el Putumayo que dejó civiles muertos; de la cual se salvó. También durante la moción de censura contra Karen Abudinen por el escándalo de Centros Poblados recogió 20 mil firmas ciudadanas que pedían su renuncia y en la Cámara fue una de las voces que más exigían su dimisión.

Luego de la renuncia de la ministra, Miranda usó el término “abudinear” en varias ocasiones y en una vallas en propaganda para su reelección a la Cámara, usando el apellido de Karen Abudinen como sinónimo de corrupción. Por ese caso, el Consejo Nacional Electoral le ordenó a Miranda que retirara la publicidad electoral donde usaba la palabra. 

Para las elecciones presidenciales de 2022 fue una de las integrantes del Verde que pidió que su partido apoyara desde la primera vuelta la candidatura de Gustavo Petro. La mayor parte de su financiamiento para la campaña a la Cámara fue a través de créditos de particulares, incluyendo 150 millones de pesos del Partido Verde.

Sin embargo, de los más de 700 millones de pesos que reportó en Cuentas Claras, 100 millones de pesos llegaron en forma de donación por parte de Carlos Arcesio Paz Bautista, integrante de la superpoderosa familia Paz Bautista, principales accionistas de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y dueños de Harinera del Valle. Luego de ser reelegida en la Cámara, y siendo la más votada de Bogotá con más de 118 mil votos, dio su apoyo público a Petro. 

Conforma la Comisión Tercera de la cual fue presidenta en 2023. Fue autora de la ley que convirtió imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, promovió una ley contra el acoso sexual (la cual fue retirada) e incluyó un artículo dentro de la tributaria de Gustavo Petro para crear un impuesto a las iglesias (que se hundió).

En 2023, durante las discusiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el presidente Petro anunció la ruptura de la entonces coalición de gobierno argumentando que se habían hundido intencionalmente dos artículos que permitían mecanismos extraordinarios para hacer pagos de tierras, claves para la reforma agraria. 

Miranda, coordinadora ponente del PND y presidenta de la comisión Tercera, afirmó que dichos artículos seguían en el entonces proyecto de ley, tal cual como los había presentado el gobierno. Sin embargo, la Silla pudo confirmar que el gobierno, a través de Laura Sarabia, habría solicitado abrir las discusiones en las mesas técnicas, acompañadas por el Ministerio de Agricultura y Planeación Nacional, para modificar estos artículos, pero Miranda se habría negado en dos ocasiones. 

Dichos cambios, que también fueron propuestos por la congresista Támara Argote, ampliaban las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para, según el gobierno, aterrizar una de sus reformas bandera. En junio de 2024, el presidente Petro se volvió a referir a este episodio, indicando que “La señora Katherine Miranda escondió  el artículo para que no se debatiera en el congreso”. Miranda calificó al artículo como “expropiación express” y le respondió al presidente por medio de sus redes sociales

En su periodo como presidenta de la comisión pasaron proyectos de ley como el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de Regalías y la Reforma Tributaria, todos aprobados. Sin embargo, desde ese momento marcó una distancia con el gobierno Petro, pues según sectores del Pacto Histórico, se “vieron traicionados” por la congresista. En ese periodo también se realizó un debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el impacto fiscal y económico de la aprobación de las reformas de la Salud, Laboral y Pensional.

Desde esas rupturas fue una de las promotoras de que su partido se mantuviera en la independencia, posición que tiene también frente al gobierno Petro. Su voz ha sido vocal y mediática contra las reformas sociales promovidas por el gobierno. 

Por ejemplo, le retiró su apoyo a la reforma pensional en el  último debate, indicando posteriormente a través de sus redes sociales que dicha reforma caería en la Corte Constitucional, después de que el proyecto de ley se salvara en los últimos días de la legislatura. 

Esta posición de independencia respecto al gobierno Petro le ha ganado apoyos dentro de la corporación para su candidatura a la presidencia de la Cámara para la legislatura 2024-2025.

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