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El asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, colocó nuevamente el nombre de Colombia en la escena internacional.
Todavía en la retina de los colombianos y el mundo están las imágenes de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo y Carlos Pizarro, asesinados por las balas del narcotráfico y el paramilitarismo que, de manera asociada con actores de la política, impactaron y siguen trascendiendo la débil y resquebrajada democracia colombiana.
Sin conocer los detalles de la muerte del candidato de la coalición Movimiento Construye, las voces de la extrema derecha reaccionaron de manera inmediata, atribuyendo la grave crisis que vive el vecino país al expresidente Rafael Correa.
No es de extrañar. Para esa facción de la política, la ética no debe permear sus acciones. Al mejor estilo de Goebbels y Laureano Gómez, “miente, miente que de la mentira algo queda”.
Los números hablan por sí solos. Correa llegó al Palacio de Carondelet con un verdadero corolario de retos.
Lo primero que afrontó fue una descomunal inestabilidad política. Siete mandatarios lo precedieron, con periodos interrumpidos debido a los escándalos que iban desde la corrupción hasta la incapacidad mental.
Además, durante esa coyuntura colapsó el país en una crisis económica y financiera, lo que llevó a la controversial dolarización de su economía.
Al terminar una década de gobierno, Rafael Correa legó un país distinto, fortalecido institucionalmente, con una reducción de la pobreza de 10 puntos y una redistribución significativa de la riqueza.
Sin duda, la sumatoria de esas variables se alinearon para dejar el mandato con unos índices de homicidio muy bajos. En 2017 las estadísticas presentaban una tasa de asesinatos de 4 por cada cien mil habitantes. Ya para el 2022 se convirtió en uno de los países más violentos de Suramérica, con un crecimiento exponencial de las cifras en un 500 por ciento.
Los números en Esmeralda son aterradores. En 2022 alcanzaron los 81 asesinatos por cada cien mil habitantes. En todo ese dramático contexto, el narcotráfico se erige como la principal causa.
Ecuador, y especialmente el puerto de Esmeraldas, es la catapulta ideal para enviar los narcóticos a Europa.
Primero, tiene una fácil conexión fluvial con Colombia (principal productor de cocaína del mundo), y segundo, la debacle social ha permitido la consolidación de varias pandillas transnacionales vinculadas al negocio ilícito, al que ingresa esa parte de la población desempleada.
Con ese escenario social y político, Ecuador se convierte en el ejemplo de lo que un gobierno no debe hacer. Luego de Correa, la inversión social disminuyó, conduciendo al país a un aumento de la pobreza.
De hecho, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial, en 2017, el 21,5% de la población ecuatoriana se encontraba por debajo de la línea de pobreza, solo tres años después aumentó al 33%.
Las soluciones planteadas por Moreno y Lasso están enmarcadas en la mirada tradicional de la seguridad. Ejército a las calles, ampliar el hacinamiento carcelario y la más extrema: porte de armas.
Con base en diez de los once estados de excepción decretados por Lasso, el ejecutivo se reviste de unas facultades extraordinarias que le permiten todo ese caleidoscopio de medidas que hasta la fecha han fracasado contundentemente.
Se decidió de tajo enfatizar en un modelo que a todas luces ha sido un completo fiasco en los EE. UU. como principal consumidor, y en Colombia como exportador de drogas.
Para complicar más la situación, en tan solo diez días se realizará la primera vuelta de unas elecciones convocadas prematuramente.
Es muy posible que el asesinato de Villavicencio sea utilizado por algunos grupos políticos para inclinar la balanza en contra de Luisa González, candidata del movimiento correista, quien hoy dobla en las encuestas a Yaku Pérez, de la alianza “Claro que se Puede”.
En Colombia, la extrema derecha ya lo está haciendo. Quizás otra vez buscan intervenir en el proceso electoral.
Recordemos que el fiscal Barbosa, pocos días antes de las elecciones pasadas, de forma irresponsable, sacó unas supuestas pruebas que vinculaban a Andrés Arauz (apoyado por Rafael Correa) con el ELN. Las “evidencias” fueron falsas, sin embargo, el daño fue irreversible y abrió las puertas para que Lasso arribara a Carondelet.
Ecuador se encuentra al borde del abismo. La principal herencia de Lasso es la destrucción de la institucionalidad, y quien lo suceda tendrá menos de dos años para salvar algo de los escombros que dejará uno de los peores mandatarios de la convulsionada historia presidencial ecuatoriana.
Ojalá las manos turbias de la extrema derecha colombiana no vuelvan a intervenir. Los ecos de esa injerencia se siguen escuchando.
Quizás la historia de nuestro hermano país sería otra con un hombre como Arauz y no el banquero Guillermo Lasso, a quien algunos colombianos le dieron un funesto empujón en su carrera presidencial.
Hector Galeano David
Analista Internacional
@hgaleanodavid
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