Este reportaje se hizo en alianza periodística de la La Silla Vacía y Mongabay LATAM
Para Javier*, la crisis de la compra de la coca en Putumayo representa un respiro pese al impacto económico negativo que ha traído a la región. Sentado en el suelo y con su bastón de guardia indígena en el regazo, cuenta que la fiebre de la coca de los últimos años ha bajado y este año ha dado un pequeño respiro a la selva que rodea su territorio y hace parte del parque nacional natural La Paya.
Un respiro reciente y que no sabe cuánto durará, pues hasta el año pasado la coca azotó como nunca La Paya y los resguardos indígenas a su alrededor. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), este parque natural llegó a 1.840 hectáreas de cultivos en 2022, una cifra récord y más del doble que la de 2021.
Por cada hectárea de coca hay una menos de selva. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier.
Este poblador indígena flaco y de bigote hirsuto no se siente seguro de hablar en su hogar. Tuvo que salir de su territorio para reunirse con una alianza periodística de La Silla Vacía y Mongabay Latam, la cual visitó durante siete días la cuenca del río Putumayo que traslapa con La Paya, para narrar el asedio al que está sometido este parque nacional como parte de un especial periodístico que muestra como las areas protegidas amazónicas están amenazadas.
El Parque Nacional Natural La Paya, en el municipio de Puerto Leguízamo, es una selva que emerge del agua. Los ríos Caquetá en el norte y el Putumayo en el sur enmarcan las 422 mil hectáreas de árboles y palmas amazónicas que lo integran. Sus bosques están atravesados por caños y lagunas desde las que se asoman las copas de los árboles y las palmeras durante todo el año.
En las zonas contiguas que se mantienen secas, incluso en temporada de lluvias, viven las comunidades indígenas de los pueblos murui, kichwa y siona, para quienes las selvas de La Paya son su territorio ancestral. Allí están sus sitios sagrados, donde habitan los animales, donde crían sus peces, donde crecen sus plantas ceremoniales. Varios resguardos como el de Javier se superponen en parte con el parque nacional.
El parque La Paya es un gigante frágil y vulnerable. Las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han prohibido la entrada de los guardaparques a La Paya y se enfrentan a muerte dentro de su territorio para controlar el narcotráfico y los cultivos de coca que lo alimentan.
Así los encargados de conservar la inmensa diversidad de La Paya no pueden hacer su labor ni controlar la deforestación que amenaza la selva. Dentro de las 14 áreas protegidas de la Amazonía, La Paya ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de área deforestada desde 2015: un total de 6.893 hectáreas de bosque arrasadas, solo superadas por los parques de la Sierra de la Macarena, Chiribiquete y Tinigua, según información obtenida por derecho de petición al Ideam.
Es una realidad que los funcionarios de la dirección de Parques Nacionales conocen bien, pues han indicado que la mayor amenaza que enfrenta en este momento La Paya es “la deforestación asociada con la presencia de cultivos de uso ilícitos, la ganadería y la expansión de la frontera agropecuaria”, según le dijeron a esta alianza periodística.
Pero desde comienzos de este año esto ha empezado a cambiar.
Durante el 2022, según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este parque nacional tuvo una pérdida de 551 hectáreas de selva, que aunque es muy alta, es la cifra más baja de deforestación que ha tenido durante los últimos nueve años.
Expertos señalan que no es clara la razón de la disminución de la tala en el parque natural. Pero las fuentes en territorio consultadas por esta alianza periodística coinciden en que la crisis de la compra de la coca que vive la región puede ayudar a que la pérdida de bosque no siga creciendo y facilitar las alianzas de conservación con las comunidades indígenas que habitan el territorio.
Con ese panorama, el gobierno tiene una pequeña ventana de oportunidad para aterrizar su programa de sustitución anunciado en unas comunidades que lo reclaman, en una zona que lo necesita y en un escenario favorable por la crisis de la coca. Pero es una ventana de oportunidad que podría cerrarse pronto, pues las disidencias y el narcotráfico siguen azotando el territorio.
La coca y la tala
Según el último informe de la UNODC sobre los cultivos de coca en Colombia, Putumayo tiene un total de 48.034 hectáreas de coca, un aumento del 70 por ciento frente a 2021 y que de lejos lo ubica como el departamento amazónico con mayor cantidad de cultivos ilícitos.
Aunque el Putumayo ha tenido coca durante décadas, entre 2020 y 2022 vivió una bonanza cocalera tras el incumplimiento del gobierno de Iván Duque a los acuerdos de sustitución pactados en La Habana.
La mayoría de las hectáreas de estos cultivos ilícitos se concentran en la frontera con Ecuador y Perú, en los márgenes de los ríos San Miguel y Putumayo. Este paso fronterizo es una ruta estratégica para el narcotráfico porque la cercanía con Ecuador provee facilidades para ingresar insumos agrícolas, así como gasolina para fabricar pasta base de coca.
El coronel retirado de la Policía, Miguel Tunjano, consultor en temas de narcotráfico para el Ministerio de Justicia, explica que en los últimos años se ha endurecido el control estatal de las rutas por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Pero que han emergido otras.
En particular se ha fortalecido la ruta desde el Putumayo y el Caquetá, bajando hasta desembocar en el río Amazonas, pasando por las fronteras con Ecuador y Perú con destino a Brasil. Desde las costas brasileñas salen varias rutas hacia el África y posteriormente al mar mediterráneo, que es la entrada a Europa. Así lo reseña el último informe de la UNODC para Colombia, que muestra el crecimiento del negocio en la frontera con Perú y Ecuador.
Por eso, los resguardos indígenas como en el que vive Javier y que traslapan con el parque se volvieron atractivos para los colonos, que llegaron desde 2019 a tumbar selva y cultivar la coca porque están ubicados justo en una zona fronteriza y de poco acceso para las autoridades por ser una selva amazónica protegida.
“Los campesinos empezaron a entrar al territorio de nosotros, a las zonas de amortiguación del parque. No son muchos, pero sí nos afectan talando el territorio para sembrar coca”, dice Javier. Como guardia indígena una de sus labores es saber el estado de las más de 4 mil hectáreas que tiene el resguardo El Tablero, de las cuales algunas están dentro del parque.
Según los datos del último informe de la UNODC y el Ministerio de Justicia, en el 2022 se registró la mayor cifra cultivos de coca dentro de La Paya: 1840 hectáreas, más del doble que las hectáreas registradas en 2021 y que para ser sembradas arrasaron con ecosistemas completos. Además, el informe muestra al resguardo Concepción como un nuevo enclave que ha crecido en esa región entre La Paya y la frontera.
“Hay dos sitios donde se dio el crecimiento más fuerte en el Putumayo. Uno hacia El Hacha y Concepción, y el otro más arriba. Hay que revisar qué está pasando por el río Mecaya que se conecta con el río Caquetá, al norte del parque La Paya”, dice Candice Welsch representante de la región Andina de la UNODC en entrevista con Mongabay Latam. Ambos resguardos son vecinos del de Javier.
Además, en 2020, en La Paya se presentó la segunda mayor incautación de cocaína en un parque nacional amazónico en el periodo de 2011 a 2023, con 800 kilos de cocaína decomisados. Esta incautación y el pico en cultivos ilícitos muestra el crecimiento que tuvo el narcotráfico en los alrededores y dentro del parque natural hasta el 2022.
Este año las cosas han cambiado un poco. “En Putumayo no hay curí”, eso dicen los cocaleros para referirse a que no hay dinero para comprar sus cultivos. Es una frase que resume la crisis de la coca que vive la región desde noviembre del año pasado.
Como guardia indígena, el trabajo de Javier es recorrer su resguardo permanentemente y se ha dado cuenta de que la deforestación ha frenado en los últimos meses. “Ahorita se quedó así porque los grupos (armados) dijeron que no se puede talar más bosque y además, ahora todos los colonos se están saliendo por la crisis. Antes tocaba sacarlos, pero ahora ellos mismos se van”, cuenta sobre los colonos que llegaron en los últimos años.
La bonanza se acabó desde noviembre del año pasado en Putumayo, cuando la plata para comprar la producción de coca dejó de llegar a los campesinos. Se trata de una crisis de compra que sucede también en otros enclaves de producción del país y que tiene varias teorías que la explican.
En Putumayo, la que comparten la mayoría de las personas que viven en los territorios cocaleros alrededor de La Paya es que el gobierno de Gustavo Petro cambió la cúpula militar en el departamento y como los nuevos no son percibidos como corruptos entonces los grupos armados perdieron ‘la protección’ para poder mover la droga en las rutas del narcotráfico.
Para la excoordinadora del área de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en la Comisión de la Verdad, Estefanía Ciro, no es claro que el cambio de mando realmente sea un tema que esté influyendo en el negocio en Putumayo en particular. Para ella, lo que sucede es una reconfiguración del negocio que implica una baja en la demanda del producto, así como de su precio, debido a que hay una sobreoferta de cultivos.
No significa, sin embargo, que haya parado por completo la deforestación. Este año, entre el 1 de enero y el 15 de setiembre, se registraron 36,202 alertas de deforestación, en el Parque Nacional Natural La Paya. La mayor concentración de alertas se da en el norte y en la zona sur, esta última colindante a la frontera con Perú y al río Putumayo.
“La deforestación de la Paya se está concentrando hacia la cuenca del río Caquetá. Entre los ríos Mecaya y Sencella es donde ha estado la deforestación más activa, porque es el límite justamente de lo que se viene de la frontera agropecuaria y la colonización que viene bajando por Caquetá”, explica Luz Alejandra Gómez, analista de datos geográficos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Gómez agrega que: “En Putumayo donde aumentó la deforestación fue hacia Puerto Guzmán. Pensábamos que había sido en zonas donde había presencia de cultivos de coca y no es tan así. Una hipótesis que tenemos es que puede ser un avance de la ocupación agrícola”.
Esto coincide con la tendencia de la deforestación en todo el departamento. La deforestación en La Paya disminuyó durante 2022, al igual que en el total del departamento: un 15 por ciento en comparación con 2021. Sin embargo, la pérdida de bosque sigue presionando en la zona fronteriza con el Caquetá, al norte del Putumayo.
La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha dicho que la persistencia de la deforestación en Putumayo es por “la falta de implementación de una sólida política integral destinada a las comunidades locales, así como a la ausencia de diálogos enfocados en alcanzar una paz total”. Lo dijo cuando las cifras preliminares mostraban mayor deforestación en ese departamento.
La lectura de Muhammad muestra que la política ambiental está atravesada por el conflicto armado y que en este gobierno implica encontrarle una solución negociada con los grupos armados ilegales que han desplazado la autoridad en regiones como La Paya.
La autoridad del parque desplazada por las armas
La autoridad que se encarga de cuidar y proteger La Paya es la dirección de Parques Nacionales Naturales, que en el territorio no existe hace años. Sus funcionarios tienen prohibido desde 2019 pisar las 422 mil hectáreas de este parque. La verdadera autoridad son las dos facciones de disidencias de las FARC que se odian a muerte, usan el parque como corredor y han prohibido la presencia de funcionarios.
La situación de seguridad del parque no solo se refleja en la ausencia de guardaparques sino también en la reducción del personal. Mientras que en 2019 trabajaban 36 personas entre contratistas y funcionarios de planta, en 2020 el número bajó a doce y en 2023 a nueve. Precisamente, en 2019 tres funcionarios de La Paya fueron trasladados para evitar un mayor riesgo y desde entonces un funcionario ha sido retirado cada año hasta 2022.
Además de las amenazas, si los guardaparques tuvieran seguridad para trabajar tendrían que enfrentarse a lo que implica vigilar las 422 mil hectáreas con la balsa de control inoperativa y solo cuatro vehículos disponibles: tres motocicletas y una camioneta; con ninguno se puede operar en una selva que está sumergida en el agua.
Mientras la capacidad y autoridad del Estado es nula en el parque, el dominio de los armados se ha fortalecido tras la reconfiguración de los grupos armados que se dio después del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.
Actualmente, en la cuenca del río Putumayo se han impuesto los Comandos de la Frontera, aliados a las disidencias de la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”. Según una alerta de la Defensoría del Pueblo de enero de 2022, estos tienen control sobre los resguardos indígenas al sur del área protegida, incluidas las comunidades de La Paya, El Tablero, Cecilia Cocha, El Hacha y Agua Negra.
En el norte del parque y en la cuenca del río Caquetá está la retaguardia del Frente Primero “Carolina Ramírez”, que hace parte de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC al mando de “Iván Mordisco”: el primer comandante de un frente de esa guerrilla que abandonó el proceso de paz, en 2016. Estos tienen su mayor control en la zona del Mecaya y muchos de sus miembros provienen de la antigua columna móvil Teófilo Forero, el grupo élite de las extintas FARC, según la Defensoría del Pueblo.
En ambos casos son escenarios de riesgo que se han consumado e incluso empeorado según le respondió oficialmente la Defensoría a esta alianza periodística.
Parques Nacionales reconoce que no se puede operar en el área “por amenazas de grupos al margen de la ley”, y envió documentación a esta alianza periodística que muestra que, actualmente, solo hay tres funcionarios de origen indígena en el parque. “(En La Paya) se ingresa únicamente al sector Caquetá y Caucayá, con personal indígena vinculado”, señala la entidad protectora.
“Hay homicidios, amenazas, torturas y reclutamiento forzado. Prácticamente, el 80 por ciento de las denuncias de derechos humanos que nos han llegado en 2023 provienen de los ríos Putumayo y Caquetá, en la zona donde también está el Parque Nacional Natural La Paya”, dice Juan David Ayure Flórez, abogado de la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). Sus palabras reflejan la violencia y la zozobra desatada por las facciones disidentes enfrentadas.
En la práctica, las disidencias son determinantes en impulsar o frenar la deforestación en las zonas que dominan.
El reciente “ambientalismo” de las disidencias
Una líder social de Putumayo que promovió la sustitución de cultivos, pero que pide no ser nombrada por su seguridad en la región, dice que en 2020 grupos armados impulsaron la resiembra ante los incumplimientos del gobierno de Iván Duque y amenazaban a los líderes cocaleros que promovían proyectos de sustitución. “Ellos mismos les ponían la plata a los colonos para que talaran y montaran su finca con coca”, cuenta esta líder.
Los que más promovieron la bonanza cocalera fueron los Comandos de la Frontera, pues controlan la mayoría de enclaves cocaleros en el sur del departamento y por el río Putumayo. Estos en un principio se presentaban con otros nombres como “La Mafia” o “Los Sinaloa” y parte de sus integrantes vienen de antiguos grupos narcos en Putumayo. La líder dice que impulsaron la deforestación para hacer espacio a la coca, incluso en territorio del parque La Paya.
Pero esto cambió hace más o menos un año. “Ellos dicen que nada de talar en bosque primario, nada de cazar animales salvajes”, dice Javier sobre la nueva política de este grupo armado.
Es algo que los Comandos reiteran a las personas que tienen el permiso para pasar por su territorio. “A nosotros nos interesa el tema ambiental y no apoyamos la deforestación como los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’”, le dijo un mando medio de ese grupo a esta alianza periodística en un retén armado en el río Putumayo. Con su fusil terciado al hombro, totalmente de negro y con indumentaria militar, este disidente dejó claro que la política actual es de conservación.
Es un cambio de postura que coincide con los diálogos y acercamientos que ha adelantado el comisionado de paz, Danilo Rueda, con los grupos armados para entrar a la paz total, en los que ha pedido como un gesto de voluntad ayudar a parar la desforestación en sus zonas de control.
Sin embargo, en la región donde opera el Frente “Carolina Ramírez” no es tan claro ese gesto de voluntad.
En la zona que colinda con Caquetá es donde los expertos y los mapas muestran una mayor pérdida de bosque. Y aunque este grupo armado hace parte del EMC, con el que ya hay una mesa de diálogos, que ha dado la orden de parar la deforestación en sus zonas de dominio (Guaviare y Caquetá), la evidencia parece indicar que la orden no ha sido efectiva en Putumayo.
Pero en la región no solamente las armas de los grupos ilegales han generado tensión en la región y dificultado la labor de conservación en La Paya.
Otras fuentes de tensión
En octubre de 2019, las acciones de la Operación Artemisa — una iniciativa militar del gobierno de Iván Duque contra la deforestación— llevaron a la captura de ocho personas y la destrucción de sus fincas por estar presuntamente dentro de los linderos del parque, en el corregimiento de La Tagua, una parte de Puerto Leguizamo que limita con Caquetá.
Cuatro años después, la presencia de los colonos dentro del territorio de La Paya no ha sido comprobada y los supuestos deforestadores han sido liberados.
Jesús Antonio Fajardo recuerda que ese día vio caer las bombas sobre su casa, desde el helicóptero del Ejército en el que lo montaron preso. “Nos dijeron que éramos colaboradores de los grupos al margen de la ley, que trabajábamos con cosas ilícitas”, cuenta que le dijeron los uniformados, mientras la casa donde nació ardía en llamas.
Al mes, Fajardo fue dejado en libertad. No había pruebas de que fuera un deforestador. Desde entonces —le dijo a esta alianza periodística— ha tratado de probar su inocencia, que su finca no estaba dentro del parque, y que todo fue un error en una nueva delimitación de linderos que hicieron los funcionarios del parque. El poblador culpa a Parques Nacionales de este bombardeo, pues dice que por culpa de la delimitación de Parques fue que actuaron los militares.
Los funcionarios de Parques, después de la acción de la operación Artemisa, también fueron señalados por los grupos armados, que desde este suceso amenazaron a los funcionarios y prohibieron su ingreso a La Paya.
Además, dos semanas antes de la llegada de la Operación Artemisa, una cabaña del área protegida fue saqueada, pero la entidad no entregó detalles sobre los responsables de la agresión, ni el porqué. Hoy, en el área protegida solo hay una sede estatal de las tres que había con capacidad de funcionar.
Ante la ausencia y las amenazas a la autoridad, los indígenas piden que sean ellos los encargados principales de conservar el territorio y reclaman garantías al gobierno para poderlo hacer.
“Con la crisis hubo un impacto, pero para nosotros no lo es tanto porque estamos acostumbrados a vivir de la chagra”, dice Javier, un indígena Zio-Baín que significa “gente de la chagra”, que es como le dicen a sus cultivos de pancoger colectivos. “A nosotros nos dicen que somos perezosos, pero no es eso, es que nosotros tenemos otra relación con el territorio y lo queremos conservar”, agrega.
“Este territorio que está dentro del área protegida tiene el mismo sistema de conservación que tenemos nosotros. Porque los pueblos indígenas somos de conservación, al igual que parques nacionales”, dice William Yeiguaje, gobernador de la comunidad siona de Gaoya, que está esperando la resolución del Ministerio del Interior que les concede 44 mil hectáreas de tierra, todas dentro del parque La Paya, para tener su resguardo.
Es una visión que encaja en la propuesta que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho un cambio de visión en el manejo de los cultivos ilícitos: no erradicarlos forzosamente, sino privilegiar la sustitución. Una propuesta que en el papel respondería a los reclamos de los indígenas que viven alrededor del parque y dentro de él.
*El nombre del indígena fue cambiado para proteger su identidad por razones de seguridad.
