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La violencia sacudió al Valle del Cauca en abril. En Cali, el 4 de abril, un carrobomba estalló en el batallón de la Tercera Brigada. En Toro, al norte del Valle, murieron cinco personas masacradas cuatro días después. El 20 de abril mataron al concejal Carlos Londoño en Tuluá, y el sábado 25 la víctima fue el concejal Jhon Fredy Gil, en Jamundí. Una secuencia de noticias que perturbó a una región acostumbrada a la violencia.
Los hechos han opacado el arranque de la gobernadora Dilian F. Toro en su segundo mandato. Su campaña prometió “autoridad”, pero ha tenido que enfrentarse a un contexto que parece superarla. “Ahora que estoy acá, me doy cuenta de que era más grave de lo que pensaba cuando estaba afuera”, le dijo a La Silla la gobernadora Toro. “Todavía se pueden hacer muchas cosas, pero si no nos apoyan, vamos a tener problemas futuros”, agregó.
Toro pide al gobierno de Gustavo Petro mayor contundencia en sus acciones. Sus críticos le exigen a ella resultados, tras ocho años de liderazgo de su grupo político en el departamento.
El olor a pólvora en el Valle
Más allá de las últimas noticias, las cifras reflejan un aumento en la intensidad de la violencia. En 2022 hubo 10 masacres, en 2023 hubo 13 y en lo que va de este año van cuatro, según cifras de Indepaz. Los homicidios bajaron en el primer trimestre, pero la disminución fue principalmente en Cali, donde hubo 54 víctimas menos que en el mismo periodo de 2023. En el departamento la diferencia respecto al año pasado fue de solo nueve casos, lo que refleja el aumento en otros municipios.
“El panorama no es fácil para el departamento y se va a complicar. Finalizando el año va a ser inmanejable”, le dijo a La Silla un asesor de la gobernadora en la materia de seguridad, quien pidió la reserva por no estar autorizado para hablar.
El Valle del Cauca, por su ubicación, está en un punto estratégico para las rentas ilegales, que abundan en el Cauca y tienen salida al mar por el puerto de Buenaventura. A eso se le suma la herencia narco, los rezagos del conflicto y las promesas incumplidas del Estado.
“Convergen diferentes expresiones de la violencia, principalmente disidencias y residuos de grupos posfarc. También hay un crecimiento exponencial del crimen organizado en las ciudades intermedias”, explicó Denis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.
“En los últimos seis años no hubo una política de seguridad acorde, ni a nivel departamental ni nacional. No se implementó el acuerdo de paz, lo que llevó al crecimiento de grupos disidentes y se siguió persiguiendo el fantasma de la insurgencia, mientras el crimen organizado seguía creciendo”, añadió
“La violencia no es comparable con los años 90 o a inicios del 2000, pero sí hay un regreso de los aspectos criminales”, dijo Paula Tobo, de la Fundación Ideas Para la Paz. “El crimen organizado ha encontrado salidas más allá del narcotráfico. Formas más sencillas de estar por debajo del radar de las autoridades. No es que no se haga nada, hay capturas todo el tiempo, pero el crimen es bastante resiliente”, agregó.
A ese contexto se le suman los baches de la estrategia de paz del gobierno, que por momentos logra contener la violencia, pero ahora la intensifica, debido al estancamiento de las mesas de diálogo y la presión de los armados. “Estos fenómenos siempre han estado ahí y se manifiestan de forma violenta dependiendo del contexto, pero en ciertos lugares la paz total sí pudo haber facilitado la operación de los grupos”, dijo Tobo.
Las capas de la violencia: guerrillas y crimen organizado
De acuerdo con Tobo, la violencia en el Valle tiene tres capas. La primera, conformada por grandes grupos armados, principalmente disidencias. Otra con estructuras de crimen organizado y una tercera con bandas pequeñas de delincuencia común.
Buenaventura, Cartago, Tuluá y Jamundí son los puntos rojos del mapa. Jamundí lidia con el frente Jaime Martínez, del ala guerrerista del Estado Mayor Central (EMC), responsables del carrobomba en el Batallón de Cali.
En Buenaventura están dos grandes grupos: Los Shottas y Los Espartanos, que mantienen una tregua que se vence el 5 de mayo, pero no hay avances jurídicos ni logísticos en la mesa de diálogos con el gobierno. El ELN, el EMC, la Segunda Marquetalia e incluso el Clan del Golfo hacen presencia en la zona rural.
Tuluá lidia con el grupo criminal La Inmaculada que le declaró la guerra al alcalde Gustavo Vélez, amenazado desde la campaña. Vélez ha denunciado que parte de la institucionalidad en ese municipio estaba cooptada por ese grupo, así como el comercio y el espacio público.
Hacia el norte el epicentro es Cartago y la principal banda es Los Flacos, herederos del cartel del Norte del Valle. Una división interna dio origen a Nueva Generación y ahora ambos grupos están en disputa, afectando a los municipios colindantes.
La Silla Vacía revisó las 18 alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo en los últimos cuatro años y que tocan al Valle. Los mapas muestran el rastro permanente o intermitente de los grupos mencionados y de otros, como el Frente Adán Izquierdo del EMC y el Frente 57, que quedó en un limbo tras cortar cobijas con esa disidencia.
La promesa de Dilian se complica
En la campaña las dos garantías que ofreció Toro fueron “experiencia y autoridad”. Sin embargo, el panorama que se avecina puede poner alta su propia vara. “Hay cosas que no podemos hacer solos. Es el gobierno nacional el que decide y el que tiene que generar las condiciones para que la seguridad mejore”, dijo la gobernadora.
Toro aplaudió la llegada de 252 soldados y 500 policías en lo que va del año y reconoció la presencia permanente de los altos mandos de la Fuerza Pública, pero pide más “contundencia”. “A mí no me ha faltado nada, yo he dado la cara. He apoyado al Ejército y a la Policía y he estado con las comunidades, pero hay cosas que no podemos hacer y que por Constitución le tocan al presidente”, insistió.
El principal pedido de la gobernadora es la conformación de un puesto de mando unificado para el Pacífico o que integra a Cauca y Valle. También pide mayor control de la comunicación desde las cárceles y atención de la Unidad Nacional de Protección para proteger líderes sociales y políticos amenazados. Incluso, algunos de sus opositores la respaldan su posición.
“La responsabilidad no la tiene la Gobernación, que ha hecho esfuerzos importantes, es del gobierno nacional, que maneja todo el sector de seguridad y defensa”, dijo el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático. “Veníamos con problemas históricos en el departamento, pero con la política de paz total del gobierno se empoderaron los grupos criminales”, añadió.
Las sirenas que Toro prende en el Valle podrían tener poco eco, debido al enfriamiento de la relación entre el presidente y la gobernadora. Petro dividió a los gobernadores en dos grupos, según su distancia política, y Toro quedó en el segundo. Las relaciones ministeriales fluyen, pero la distancia se mantiene.
“El rol de ella es ser articuladora, hay que convencer a Petro de que se meta porque si no, se nos van a llevar al departamento por encima”, dijo su asesor consultado por La Silla. “A la gobernadora le vendieron la idea de que podía manejar hasta las fuerzas militares, pero eso no es así”, agregó.
Las limitaciones de su cargo le permiten a Toro reenviar las críticas a la Casa de Nariño, pero en el Valle hay quienes cuestionan su legado. Su grupo político, Nueva Generación, lleva ocho años en el poder, con el respaldo de la mayoría de la clase política y los sectores empresariales.
“Es válido el llamado al gobierno, pero en estos ocho años que han gobernado no hubo estrategias para atacar la criminalidad”, advirtió el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico. “No hay un programa serio que le dé condiciones a los jóvenes para salir del conflicto y no hubo la gestión necesaria con los gobiernos de Santos y Duque. Es fácil decir que la culpa es de Petro cuando en ocho años se hicieron las de la vista gorda”, agregó.
Al interior de la administración hay quienes reconocen un desfase en las políticas de seguridad, que hasta ahora se basan principalmente en consejos de seguridad, recompensas y asistencia a la Fuerza Pública. “La administración anterior gastó plata, pero no hizo mucho. La secretaría de Seguridad se dedicó a subsidios y no había una estrategia o política pública relevante para la seguridad”, dijo el asesor de la gobernadora.
La gobernadora no se refirió a su antecesora Clara Luz Roldán y respondió defendiendo su primer mandato. “Yo hablo por mi gobierno, no puedo empezar a ver lo de los otros. Cuando yo estuve en la gobernación se hizo un puesto de mando unificado integral y fue un éxito”, respondió Toro. De su nuevo inicio resaltó la estrategia de corredores seguros y anunció que su objetivo es establecer batallones de alta montaña en Jamundí, Tuluá y Bugalagrande.
El principal arsenal de la Gobernación es la ‘tasa de seguridad’, un impuesto adicional que pagan los vallecaucanos de estratos altos y el sector comercial e industrial. Por esa vía han entrado al departamento más de $130 mil millones desde 2017 y su vigencia se extendió recientemente hasta 2032, con lo que se espera recaudar $340 mil millones en los próximos ocho años.
“Desde la Asamblea pedimos que se dé un reporte cada tres meses de cómo se está gastando la plata y cuál ha sido su impacto”, dijo el diputado Esteban Oliveros, del Partido Verde. “El gobierno puso mil hombres más para el departamento, estamos por encima de los 5 mil efectivos. Sí hay disposición y le ha respondido al Valle. La gobernadora debe seguir al frente e invertir la plata de manera eficiente y transparente”, agregó.
La administración de Toro ya radicó en esa corporación su propuesta para rediseñar de la Secretaría de Seguridad. Busca quitarle funciones de otras áreas y enfocarla en seguridad pública, percepción de seguridad y convivencia ciudadana. Algunos de los objetivos son la creación de un centro de análisis estratégico y un plan regional de seguridad para el Pacífico.
Mientras llegan las soluciones, la violencia puede ser uno de los factores que podría estar golpeando la imagen de la gobernadora. Toro fue la única gobernadora con mayor imagen negativa (45%) que positiva (40%) en la pasada Invamer Poll.
“La seguridad es muy importante y no cabe duda que la sensación de inseguridad termina afectando la imagen”, dijo el representante Víctor Salcedo, del partido de La U. “Los primeros 120 días de trabajo muestran un derrotero. La gobernadora es trabajadora y tiene experiencia. Hay que darle tiempo”, agregó.
Ocho años, cuatro de Toro y cuatro de Roldán, no han sido suficientes para frenar el avance de la criminalidad. En su segundo mandato, y con un contexto menos favorable, la gobernadora buscará cumplir su promesa de dar un golpe de autoridad en el Valle.
