Este contenido es posible gracias alapoyo del Gobierno de Canadá y su compromiso con la igualdad degénero. Las opiniones, ideas y contenidos expresados sonresponsabilidad de sus autores y no reflejan posiciones oficiales delGobierno de Canadá.
En junio del año pasado, después de reticencias internas y una presión enorme de la sociedad civil, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) anunció que abriría un macrocaso para investigar las violencias de género y sexuales en el marco del conflicto armado. “Sus particularidades exigen una instrucción especial”, dice el auto de la JEP que anunció la creación del caso, al reconocer el reto monumental que asume esta corte.
Ahora, tras un año de recolección de información, fuentes de la JEP le confirmaron a La Silla que en julio se publicará el documento que anuncia la apertura oficial de la investigación. Uno de los miembros de la sala, que pidió no ser citado para adelantar detalles del caso, dijo que “con total certeza, el caso 11 va a ser un caso muy difícil”.
Los delitos de género y sexuales son los que más les cuesta reconocer a los grupos armados y a la Fuerza Pública, y, por la impunidad que hoy ya garantiza la justicia ordinaria, se reducen los incentivos para que pasen por la justicia transicional.
La presión que hicieron las víctimas
La apertura del macrocaso de violencia sexual es sobre todo un logro de las víctimas. El anuncio de su priorización es el resultado de una movilización insistente y de los insumos que aportaron ellas y las organizaciones de mujeres a la JEP.
Los informes que entregan la sociedad civil y los organismos del Estado son el primer insumo de investigación de los magistrados. En este caso, la mayor parte del trabajo de sistematización de cifras, casos y testimonios fue de las organizaciones. Y su trabajo será la base para la identificación de responsables por parte del tribunal.
“Insistimos para que el enfoque de género quedara en el Acuerdo de Paz en 2016, luego para que fuera parte de los procedimientos de la JEP y ahora para que se abra el macrocaso”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas. “Por eso el auto que lo anunció dio un respiro, pero ahora no hay excusas para el retraso en la apertura del caso”.
Su testimonio muestra la esperanza y el la urgencia que tienen las organizaciones de víctimas para que la JEP empiece realmente a investigar los delitos de género y que los comparecientes rindan sus versiones ante ese organismo y las víctimas.
La organización que dirige hace parte de una alianza de cinco organizaciones (Women’s Link Worldwide, Sisma Mujer, Colombia Diversa, Humanas y la Red Nacional de Mujeres) que se unieron bajo el nombre Cinco Claves para pedirle a la JEP la apertura del macrocaso, ofrecer asistencia técnica y representar a varias de las víctimas.
Hace dos años iniciaron una movilización para que se abriera el macrocaso. Y hace tres meses alertaron que la JEP se estaba retrasando en el proceso de abrir formalmente la investigación y que eso era una forma de discriminación.
“La persistencia de obstáculos institucionales para la investigación de estos crímenes configura un acto de discriminación contra mujeres y personas LGBTQ porque les ha impedido el acceso a la justicia”, dicen en el comunicado.
Pero en realidad, según la persona de la JEP, lo que explica el tiempo entre el anuncio y la apertura es el volumen de información producto de la participación activa de las víctimas.
Un ejemplo que ilustra esa contradicción es la cantidad de documentación que recibió la JEP. Mientras un macrocaso de falsos positivos se abrió con un gran informe de la Fiscalía, y el de reclutamiento forzado se priorizó con los datos de unos tres documentos, el de violencia sexual cuenta con más de mil informes que la JEP recibió desde el 2020 cuando decidió empezar a priorizar la segunda generación de temas.
“El volumen de información es enorme y eso se demora en procesar. Es incluso mayor que el de toda la primera generación de macrocasos”, dijo uno de los magistrados de la JEP. Según esa fuente, no hay retrasos si se considera que entre el anuncio del caso y su apertura formal habrá pasado solo un año, y ese tiempo es una manera de ser responsables con las víctimas.
Una lectura a la que se suma la advertencia que la misma JEP hizo en el auto que anunciaba el caso, de que no tiene suficiente personal para adelantar su trabajo.”La Sala reitera una vez más la insuficiencia de la planta de personal que le ha sido asignada a sus seis magistrados para adelantar los ahora once macrocasos de la Sala”, dice el documento.
Hace tres años, cuando la JEP no tenía los insumos actuales referentes a la violencia sexual, ese organismo resolvió atender los reclamos de las víctimas y las organizaciones incorporando un enfoque de género transversal a todas sus investigaciones.
La decisión caló más en el caso de reclutamiento forzado por las políticas de anticoncepción y abortos forzados dentro de las filas de las Farc. Y en autos como el de asignación de responsabilidades en el secuestro mereció un capítulo especial.
Eso, en principio, generó malestar entre las víctimas. “La violencia sexual no es transversal, como nos quieren hacer saber, fue directa. Nos violaron directamente, nuestros cuerpos fueron destrozados directamente“, dice Yolanda Perea, quien fue víctima de violencia sexual por parte de las Farc y acompaña a otras mujeres en su reclamo de justicia.
En todo caso, fueron unos primeros hallazgos que dibujaron los retos a los que se enfrentará la Sala de Reconocimiento de Verdad cuando trate de que los exguerrilleros y miembros del Ejército reconozcan su responsabilidad en violaciones, esterilizaciones o abortos forzados, entre otros delitos.
El caso más esperado es el más difícil de investigar
Con la apertura de este caso Colombia será pionera en reconocer la violencia contra las mujeres y la población LGTBIQ como un patrón sistemático que se dio en el conflicto armado. Aunque otros tribunales internacionales como el de Ruanda y Yugoslavia avanzaron en el tema, se limitaron a investigar las violaciones en medio del conflicto. En cambio hoy la JEP se propone conocer cómo los grupos armados abusaron a las mujeres, humillaron a la población LGTBI o controlaron los derechos sexuales y reproductivos de las personas, entre otros.
Se enfrentan a casos que son difíciles de reconocer para los comparecientes por varias razones. Porque tocan la vida íntima de ellos y de las víctimas. Porque no son justificables como parte de la lógica de la guerra. Y porque la mayoría de ellos ya han armado nuevas familias y aceptar estos crímenes los avergüenzan más que los otros precisamente porque no encajan en ninguna narrativa de combate. Una dificultad que ya se ha visto en la negativa que por años tuvieron las Farc a reconocer su política de abortos forzados dentro de las filas.
“Es preocupante que por parte de los comparecientes haya una negación sistemática de los casos de violencia sexual”, dice María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link y experta en la representación de víctimas de violencia basada en género.
Por ejemplo, según la funcionaria de la JEP que pidió no revelar su nombre, hoy los magistrados han identificado solo 10 posibles comparecientes para el caso de violencia sexual, mientras en el caso de falsos positivos fueron cerca de tres mil. Esto sucede porque la identificación de posibles responsables en este caso es más individual que colectiva, como se hizo en el secuestro que era una política de la guerrilla. La cifra es preliminar y esperan que aumente con las investigaciones del caso.
Agrega que un agravante es que los exguerrilleros o miembros del Ejército tienen menos incentivos para reconocer sus responsabilidades en un caso como este porque la impunidad que existe frente a la violencia sexual en la justicia ordinaria es altísima. Una cifra que, según los datos de la misma Fiscalía, alcanza el 90 por ciento.
El incentivo que tienen los comparecientes de resolver de manera menos severa en la justicia transicional los procesos que tienen en la justicia ordinaria no existe en la mayoría de casos de violencia sexual pues la mayoría de las víctimas nunca denunciaron estos delitos.
Según Luisa Meléndez, investigadora de justicia transicional del Institute for Integral Transitions, “la JEP tiene que tener un debate muy grande sobre cómo abordar tantas dificultades de un caso sobre violencia sexual por las particularidades de la JEP y las características de estos delitos”.
La protección especial que la justicia colombiana y los organismos internacionales les han dado a las víctimas de violencia basada en género imponen a la JEP el reto de respetar el tratamiento especial que tienen.
Por ejemplo, luego de la Ley 1257 de 2011 las víctimas en un proceso por violencia basada en género no tienen la obligación de encararse con sus presuntos agresores y no tienen la obligación de contar sus casos reiteradas veces. Un reto para la JEP es que en sus propios procedimiento internos tiene contemplado no investigar casos individuales y hacer audiencias en la que participan víctimas y victimarios.
A esto se suma el impacto del caso dentro de los mismos investigadores de la JEP. “Ya lo estamos viendo: los efectos en salud mental para nosotros los empleados de la JEP y sus equipos son muy duros. Escuchar a las mujeres víctimas contar sus experiencias es una cosa muy brutal”, dice la fuente del tribunal.
Todo esto muestra que la investigación de delitos sexuales tiene en sí misma una contradicción. Por un lado, las enormes expectativas de justicia de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y hasta de los mismos magistrados. Por otro, la dificultad de investigar algunos de los casos más sensibles del conflicto armado.
