En las partes bajas del barrio Juan XXIII no hay comercios abiertos, no se ven niños jugando en las calles, no hay música y todas las puertas de las casas están cerradas. “Esto acá es la tierra de nadie”, dice en susurros Néstor Montaño, de 70 años, con rastas de color blanco por las canas y casi dos metros de alto. Es miembro de la junta de acción comunal del barrio y un líder reconocido que camina por las fronteras invisibles sin que le pase nada. Moverse en el barrio con tranquilidad es imposible porque el control territorial varía de una esquina a otra.
Su casa, justo al lado de una calle que los habitantes conocen como El Caguán, por la presencia de los combos, y que limita con el barrio San Francisco –uno de los más peligrosos de Buenaventura desde hace años–, es una habitación pequeña que está repleta de libros y moho. Al fondo tiene un patio, repleto de chatarra, y desde ahí se pueden escuchar las balas cuando los combos empiezan a enfrentarse. Un sonido que, según él, se escucha casi todas las tardes desde hace dos semanas.
Pero las balas no solo suenan ahí en el límite donde sucede la balacera. Cuatro cuadras más afuera de El Caguán, en el colegio Juan José Rondón, las balas suenan muy cerca pero los estudiantes siguen en clase cuando se escuchan porque ya no les parece raro. La última fue el martes 11 de julio a las 3:00 de la tarde. A esa hora, según cuenta Katherine Rojas, profesora de ciencias sociales, debería estar dando clase a los adultos de la jornada de la tarde que quieren ser bachilleres, pero “la situación se puso tan crítica que pasamos esa jornada para los sábados”, dice.
Ese colegio, que queda en el corazón del conflicto urbano de Buenaventura, pasó de tener cerca de dos mil estudiantes a principio de año, a aproximadamente 1.500 hoy. “Los papás prefieren no mandar a los hijos al colegio o algunos simplemente no pueden llegar a clase”, dice Rojas.
San Francisco y Juan XXIII son barrios de la comuna 7 de Buenaventura que tienen salida directa al mar. Los Shotas y los Espartanos se han disputado esa salida para controlar las rutas del narcotráfico hacia otros países. Desde 2019, cuando surgieron esos grupos, la mayoría de las casas hechas en madera y en palafito, están desocupadas y en buena parte destruidas. “En el primer desplazamiento la gente dañó sus propias casas al salir para que los bandidos no se quedaran viviendo en ellas”, dice Montaño.
Se refiere al año en que los Shotas y Espartanos nacieron de la implosión de La Local, una organización más grande que operó en el puerto. Ese año la Fuerza Pública capturó a la mayoría de sus cabecillas y quienes quedaron se dividieron en dos estructuras enemigas entre sí. Pero desde hace dos semanas el mapa de ese control cambió y acabó con una tranquilidad temporal que había en Buenaventura.
La paz total fue breve
Hasta el miércoles 28 de junio los niños jugaban en las calles, las peluquerías funcionaban con música a todo volumen y las panaderías eran el lugar de encuentro de los adultos. Incluso cerca a la casa de Montaño y del colegio, ahora campos de batalla, hace unos días la vida cotidiana no estaba marcada por el miedo.
Era el resultado del anuncio de experimento de paz total urbana que el gobierno de Gustavo Petro quiso intentar en Buenaventura. Un acuerdo que se rompió definitivamente hace una semana con los retrasos de un piso jurídico para la paz total y el surgimiento de nuevos grupos armados en Buenaventura.
Ese día por los grupos de Whatsapp de los barrios empezó a moverse el video de un encapuchado, que sentado sobre una cama llena de billetes y con una arma en la mano, se presentó como integrante del Cartel de Jalisco: “Venimos contra alias Robert y todo aquel que le esté haciendo la copia a ese hijo de puta. Venimos durísimo y te vamos a entrar con toda”, dice. Ese mismo día empezaron a aparecer grafitis azules en las casas del barrio San Francisco, donde vive Montaña, con las iniciales CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación).
Al día siguiente, los Shotas respondieron con varios videos, grabados en las calles del mismo barrio, en el que se ve a hombres jóvenes y encapuchados con armas nuevas diciendo estar dispuestos para la batalla y borrando los graffitis de Jalisco.
Según Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura, Jalisco Nueva Generación, un nombre copiado de un cartel mexicano, es una respuesta a un nuevo grupo que desde hace días se ha enfrentado a Los Shotas. Se hacen llamar “Los Robert” y surgieron como el apéndice de una organización más antigua en Buenaventura llamada La Empresita. Pero, según él, son el resultado de las promesas de la paz total urbana que llegó sin mecanismos para concretar la negociación. “Los nuevos son una mutación del conflicto que surgió producto de la lentitud para solemnizar la mesa de negociación”, dijo.
El gobierno generó expectativa
Hace seis meses, el 7 de diciembre del 2022, en el Bulevar de Buenaventura se encendieron cientos de velas para celebrar algo más que el tradicional día de las velitas. La mayoría de las velas se prendieron para celebrar los 92 días sin homicidios a los que llegaba el puerto ese día y avivar la esperanza que tenían muchos bonaverenses en que la paz total fuera una realidad.
Ese mismo día, el presidente Gustavo Petro visitó Buenaventura por segunda vez, acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y el alto comisionado de paz, Danilo Rueda. La ocasión era festiva, acompañada esa misma tarde por un concierto y el último de una serie actividades lideradas por la oficina del alto comisionado para trabajar para convertir a Buenaventura en un laboratorio de “Colombia potencia mundial de la vida en paz total”, como rezaba la convocatoria oficial para la velatón de esa noche.
“El proceso inédito es que el Estado avala, cobija, protege un proceso de negociaciones entre dos agrupaciones que poco tienen de política en el sentido clásico de palabra, pero mucho de organización juvenil armada, excluida y violenta”, dijo ese día desde tarima Petro. Se refería a un proceso de paz entre las bandas criminales de Los Shotas y Los Espartanos, que había empezado gracias a la propuesta de paz total de su gobierno y un trabajo de acercamientos exploratorios del comisionado Rueda con estas organizaciones.
El pacto se cerró el 2 de octubre del 2022. Fue en un partido de fútbol que se jugó en Buenaventura entre los integrantes de ambas bandas criminales y en el que se comprometieron a no seguir matándose. El gesto fue calificado por el comisionado Rueda como de buena voluntad de estos para sumarse a la paz total.
Esa tregua entre los armados logró los 92 días sin homicidios en el principal puerto del país y una reducción de la violencia sin precedentes en los últimos años. Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre agosto de 2022 y mayo de 2023 Buenaventura tuvo 71 homicidios, 67 casos menos que en el mismo periodo del año anterior: una reducción de casi el 50 por ciento.
Pero el mismo Petro, desde la tarima de Buenaventura, fue claro en que el camino de Los Shotas y Los Espartanos no era la negociación política. Esto significaba que el camino para estos criminales era el segundo carril de la paz total: el sometimiento a la justicia a cambio de rebaja de penas y un porcentaje de sus rentas criminales. Un marco jurídico que no estaba ni siquiera diseñado cuando empezaron los acercamientos y el pacto entre criminales.
Desde octubre de 2022, los voceros de ambos combos se sentaron en una mesa de negociación encabezada por el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, a la espera de un marco jurídico para someterse a la justicia con beneficios. “Nuestra expectativa era que este año iniciara con un marco jurídico claro para la paz total”, dice Jose Luis Rojas, un líder de Buenaventura.
Pero el proyecto de ley de sometimiento se demoró en quedar listo y fue radicado en el Congreso hasta mediados de marzo, en medio de una oposición frontal del fiscal general Francisco Barbosa; una de las piezas claves para que funcione el sometimiento de los criminales.
Y la demora del proyecto de sometimiento impactó la paz de Buenaventura. “El gobierno hace un anuncio del sometimiento de la paz total, Shotas y Espartanos dicen: ‘nos vamos a entregar’. Pero la ley no llegó. Llegó hasta marzo. Y cuando la ley llegó, pues no había mayorías para tramitarla y se terminó hundiendo. Entonces estos grupos duraron casi un año esperando porque no había marco jurídico para recibirlos”, dice el senador verde Ariel Ávila, uno de los coautores del proyecto de ley y coordinador ponente en la legislatura pasada.
“La paz total solo dependía de la voluntad de los grupos, y como no pasó nada, los combos se desesperaron”, dijo el secretario Agudelo. Tanto así que en abril Los Shotas y Los Espartanos amenazaron con romper el pacto y los brotes de violencia empezaron a escalar. En respuesta, el alto comisionado actuó y en un comunicado informó que habían renovado el compromiso con la paz urbana.
Pero varias fuentes consultadas por La Silla en Buenaventura atribuyen que ese fue el escenario para el surgimiento de nuevas fracciones de las grandes bandas criminales y que hoy causan desolación en el puerto. “Los nuevos grupos se adelantaron al vacío de control que deja la paz total”, le dijo a La Silla Leonard Rentería, precandidato a la alcaldía y un líder social muy reconocido en Buenaventura.
“Si no hay ley de sometimiento, estamos destinados a seguir viviendo entre las balas”, dijo Montaño, el líder de Juan XXIII. Para varios habitantes de Buenaventura, el panorama no es alentador. Una visión en la que coinciden el líder José Luis Rojas y el mismo secretario Agudelo.
Contexto
Ante esta nueva crisis, el comisionado Rueda anunció que en las próximas semanas se instalaría oficialmente un espacio de diálogos socio-jurídicos con Los Shotas y Los Espartanos, y afirmó que las nuevas bandas eran una minoría.
En esta coyuntura también ha hecho presencia el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que visitó los barrios más peligrosos este jueves y le habló duro a los armados: “El gobierno no negocia beneficios jurídicos, porque no le corresponde. Además, queremos afirmar de manera muy enfática: los pactos entre bandas criminales es un pacto entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La Fuerza Pública no hace pactos con los criminales”.
La posición de Velásquez cobra sentido en tanto aún no hay marco jurídico para el sometimiento.
El senador Ávila le dijo a La Silla que esta semana hay una reunión pendiente para planear qué hacer con el proyecto de sometimiento. Pero advirtió que “si no hay coalición de gobierno yo tampoco la voy a presentar para que la hundan”.
Finalmente, el viernes 7 de julio, exactamente siete meses después de la noche de velitas por la paz en Buenaventura, Petro también volvió al puerto en otro contexto: a resolver la inseguridad creciente en el puerto y a renovar su compromiso con la paz en una región que declararon como laboratorio.
