En las partes bajas del barrio Juan XXIII no hay comercios abiertos, no se ven niños jugando en las calles, no hay música y todas las puertas de las casas están cerradas. “Esto acá es la tierra de nadie”, dice en susurros Néstor Montaño, de 70 años, con rastas de color blanco por las canas y casi dos metros de alto. Es miembro de la junta de acción comunal del barrio y un líder reconocido que camina por las fronteras invisibles sin que le pase nada. Moverse en el barrio con tranquilidad es imposible porque el control territorial varía de una esquina a otra.

Su casa, justo al lado de una calle que los habitantes conocen como El Caguán, por la presencia de los combos, y que limita con el barrio San Francisco –uno de los más peligrosos de Buenaventura desde hace años–, es una habitación pequeña que está repleta de libros y moho. Al fondo tiene un patio, repleto de chatarra, y desde ahí se pueden escuchar las balas cuando los combos empiezan a enfrentarse. Un sonido que, según él, se escucha casi todas las tardes desde hace dos semanas.

Pero las balas no solo suenan ahí en el límite donde sucede la balacera. Cuatro cuadras más afuera de El Caguán, en el colegio Juan José Rondón, las balas suenan muy cerca pero los estudiantes siguen en clase cuando se escuchan porque ya no les parece raro. La última fue el martes 11 de julio a las 3:00 de la tarde. A esa hora, según cuenta Katherine Rojas, profesora de ciencias sociales, debería estar dando clase a los adultos de la jornada de la tarde que quieren ser bachilleres, pero “la situación se puso tan crítica que pasamos esa jornada para los sábados”, dice.

Ese colegio, que queda en el corazón del conflicto urbano de Buenaventura, pasó de tener cerca de dos mil estudiantes a principio de año, a aproximadamente 1.500 hoy. “Los papás prefieren no mandar a los hijos al colegio o algunos simplemente no pueden llegar a clase”, dice Rojas.

San Francisco y Juan XXIII son barrios de la comuna 7 de Buenaventura que tienen salida directa al mar. Los Shotas y los Espartanos se han disputado esa salida para controlar las rutas del narcotráfico hacia otros países. Desde 2019, cuando surgieron esos grupos, la mayoría de las casas hechas en madera y en palafito, están desocupadas y en buena parte destruidas. “En el primer desplazamiento la gente dañó sus propias casas al salir para que los bandidos no se quedaran viviendo en ellas”, dice Montaño. 

Se refiere al año en que los Shotas y Espartanos nacieron de la implosión de La Local, una organización más grande que operó en el puerto. Ese año la Fuerza Pública capturó a la mayoría de sus cabecillas y quienes quedaron se dividieron en dos estructuras enemigas entre sí. Pero desde hace dos semanas el mapa de ese control cambió y acabó con una tranquilidad temporal que había en Buenaventura.

La paz total fue breve

Hasta el miércoles 28 de junio los niños jugaban en las calles, las peluquerías funcionaban con música a todo volumen y las panaderías eran el lugar de encuentro de los adultos. Incluso cerca a la casa de Montaño y del colegio, ahora campos de batalla, hace unos días la vida cotidiana no estaba marcada por el miedo.

Era el resultado del anuncio de experimento de paz total urbana que el gobierno de Gustavo Petro quiso intentar en Buenaventura. Un acuerdo que se rompió definitivamente hace una semana con los retrasos de un piso jurídico para la paz total y el surgimiento de nuevos grupos armados en Buenaventura.

Ese día por los grupos de Whatsapp de los barrios empezó a moverse el video de un encapuchado, que sentado sobre una cama llena de billetes y con una arma en la mano, se presentó como integrante del Cartel de Jalisco: “Venimos contra alias Robert y todo aquel que le esté haciendo la copia a ese hijo de puta. Venimos durísimo y te vamos a entrar con toda”, dice. Ese mismo día empezaron a aparecer grafitis azules en las casas del barrio San Francisco, donde vive Montaña, con las iniciales CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación). 

Al día siguiente, los Shotas respondieron con varios videos, grabados en las calles del mismo barrio, en el que se ve a hombres jóvenes y encapuchados con armas nuevas diciendo estar dispuestos para la batalla y borrando los graffitis de Jalisco. 

Según Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura, Jalisco Nueva Generación, un nombre copiado de un cartel mexicano, es una respuesta a un nuevo grupo que desde hace días se ha enfrentado a Los Shotas. Se hacen llamar “Los Robert” y surgieron como el apéndice de una organización más antigua en Buenaventura llamada La Empresita. Pero, según él, son el resultado de las promesas de la paz total urbana que llegó sin mecanismos para concretar la negociación. “Los nuevos son una mutación del conflicto que surgió producto de la lentitud para solemnizar la mesa de negociación”, dijo.

El gobierno generó expectativa

Hace seis meses, el 7 de diciembre del 2022, en el Bulevar de Buenaventura se encendieron cientos de velas para celebrar algo más que el tradicional día de las velitas. La mayoría de las velas se prendieron para celebrar los 92 días sin homicidios a los que llegaba el puerto ese día y avivar la esperanza que tenían muchos bonaverenses en que la paz total fuera una realidad.

Ese mismo día, el presidente Gustavo Petro visitó Buenaventura por segunda vez, acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y el alto comisionado de paz, Danilo Rueda. La ocasión era festiva, acompañada esa misma tarde por un concierto y el último de una serie actividades lideradas por la oficina del alto comisionado para trabajar para convertir a Buenaventura en un laboratorio de “Colombia potencia mundial de la vida en paz total”, como rezaba la convocatoria oficial para la velatón de esa noche.

“El proceso inédito es que el Estado avala, cobija, protege un proceso de negociaciones entre dos agrupaciones que poco tienen de política en el sentido clásico de palabra, pero mucho de organización juvenil armada, excluida y violenta”, dijo ese día desde tarima Petro. Se refería a un proceso de paz entre las bandas criminales de Los Shotas y Los Espartanos, que había empezado gracias a la propuesta de paz total de su gobierno y un trabajo de acercamientos exploratorios del comisionado Rueda con estas organizaciones.

El pacto se cerró el 2 de octubre del 2022. Fue en un partido de fútbol que se jugó en Buenaventura entre los integrantes de ambas bandas criminales y en el que se comprometieron a no seguir matándose. El gesto fue calificado por el comisionado Rueda como de buena voluntad de estos para sumarse a la paz total.

Esa tregua entre los armados logró los 92 días sin homicidios en el principal puerto del país y una reducción de la violencia sin precedentes en los últimos años. Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre agosto de 2022 y mayo de 2023 Buenaventura tuvo 71 homicidios, 67 casos menos que en el mismo periodo del año anterior: una reducción de casi el 50 por ciento.

Pero el mismo Petro, desde la tarima de Buenaventura, fue claro en que el camino de Los Shotas y Los Espartanos no era la negociación política. Esto significaba que el camino para estos criminales era el segundo carril de la paz total: el sometimiento a la justicia a cambio de rebaja de penas y un porcentaje de sus rentas criminales. Un marco jurídico que no estaba ni siquiera diseñado cuando empezaron los acercamientos y el pacto entre criminales.

Desde octubre de 2022, los voceros de ambos combos se sentaron en una mesa de negociación encabezada por el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, a la espera de un marco jurídico para someterse a la justicia con beneficios. “Nuestra expectativa era que este año iniciara con un marco jurídico claro para la paz total”, dice Jose Luis Rojas, un líder de Buenaventura.

Pero el proyecto de ley de sometimiento se demoró en quedar listo y fue radicado en el Congreso hasta mediados de marzo, en medio de una oposición frontal del fiscal general Francisco Barbosa; una de las piezas claves para que funcione el sometimiento de los criminales.

Y la demora del proyecto de sometimiento impactó la paz de Buenaventura. “El gobierno hace un anuncio del sometimiento de la paz total, Shotas y Espartanos dicen: ‘nos vamos a entregar’. Pero la ley no llegó. Llegó hasta marzo. Y cuando la ley llegó, pues no había mayorías para tramitarla y se terminó hundiendo. Entonces estos grupos duraron casi un año esperando porque no había marco jurídico para recibirlos”, dice el senador verde Ariel Ávila, uno de los coautores del proyecto de ley y coordinador ponente en la legislatura pasada.

“La paz total solo dependía de la voluntad de los grupos, y como no pasó nada, los combos se desesperaron”, dijo el secretario Agudelo. Tanto así que en abril Los Shotas y Los Espartanos amenazaron con romper el pacto y los brotes de violencia empezaron a escalar. En respuesta, el alto comisionado actuó y en un comunicado informó que habían renovado el compromiso con la paz urbana.

Pero varias fuentes consultadas por La Silla en Buenaventura atribuyen que ese fue el escenario para el surgimiento de nuevas fracciones de las grandes bandas criminales y que hoy causan desolación en el puerto. “Los nuevos grupos se adelantaron al vacío de control que deja la paz total”, le dijo a La Silla Leonard Rentería, precandidato a la alcaldía y un líder social muy reconocido en Buenaventura.

“Si no hay ley de sometimiento, estamos destinados a seguir viviendo entre las balas”, dijo Montaño, el líder de Juan XXIII. Para varios habitantes de Buenaventura, el panorama no es alentador. Una visión en la que coinciden el líder José Luis Rojas y el mismo secretario Agudelo. 

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Ante esta nueva crisis, el comisionado Rueda anunció que en las próximas semanas se instalaría oficialmente un espacio de diálogos socio-jurídicos con Los Shotas y Los Espartanos, y afirmó que las nuevas bandas eran una minoría.

En esta coyuntura también ha hecho presencia el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que visitó los barrios más peligrosos este jueves y le habló duro a los armados: “El gobierno no negocia beneficios jurídicos, porque no le corresponde. Además, queremos afirmar de manera muy enfática: los pactos entre bandas criminales es un pacto entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La Fuerza Pública no hace pactos con los criminales”.

La posición de Velásquez cobra sentido en tanto aún no hay marco jurídico para el sometimiento. 

El senador Ávila le dijo a La Silla que esta semana hay una reunión pendiente para planear qué hacer con el proyecto de sometimiento. Pero advirtió que “si no hay coalición de gobierno yo tampoco la voy a presentar para que la hundan”.

Finalmente, el viernes 7 de julio, exactamente siete meses después de la noche de velitas por la paz en Buenaventura, Petro también volvió al puerto en otro contexto: a resolver la inseguridad creciente en el puerto y a renovar su compromiso con la paz en una región que declararon como laboratorio. 

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El aborto sufrió un revés en la Corte Constitucional, la misma que el año pasado decidió su despenalización hasta la semana 24 de embarazo. Una sala de revisión falló una tutela en la que dice que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no es un derecho fundamental y que el sistema de salud no está obligado a practicarlo, lo que le podría poner nuevas trabas.

La Sala revisó el caso de una mujer indígena a la que su cabildo le negó un aborto cuando lo pidió aludiendo que en su comunidad esa práctica está prohibida.

Los tres magistrados que tomaron la decisión volvieron a llamar la atención del Congreso para que legisle sobre el tema, mientras que las demandantes de Causa Justa, que motivaron la sentencia de 2022, ya anunciaron que pedirán la anulación de este fallo. Fuentes de la Corte Constitucional aclararon que esto no significa que la Corte haya tumbado la decisión que despenalizó el aborto. 

El fallo de la @Ccconstitucional se refirió al caso de una mujer indígena a la que su cabildo no le permitió realizarse un aborto.

Los magistrados revisaron dos derechos en tensión:

1⃣ La interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
2⃣ La autodeterminación de los pueblos…— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

La decisión la tomó una sala conformada por tres magistrados: Juan Carlos Cortes, respaldado por el gobierno Petro para llegar a la Corte, Antonio José Lizarazo, quien el año pasado escribió una ponencia y votó a favor de la despenalización del aborto, y Paola Meneses, quien en esa ocasión salvó su voto contra la despenalización. 

Los magistrados dijeron que este era un caso que necesitó una revisión especial porque son igual de importantes:

➡️El derecho de la mujer a abortar
➡️El derecho de la comunidad indígena a definir sus propias normas, usos y costumbres.— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

En este nuevo fallo, la Sala dice que las comunidades indígenas no pueden tomar decisiones absolutas para prohibir el aborto. Su posición es que está amparado en derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía.  

Lo que la @Cconstitucional dice en la sentencia es que, para el caso de una mujer indígena a la que su comunidad le niega un aborto, no puede existir un mandato de autoridad absoluto.

También le pidió al cabildo ser más exhaustivo en su valoración cuando una mujer pide una IVE.— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

Y aunque no está en la parte resolutiva, la cual se refiere únicamente al caso concreto de la mujer indígena, lo que dice el fallo de tutela precisa que en Colombia no hay un derecho fundamental en la interrupción voluntaria del embarazo.

Pero en varias oportunidades a lo largo de la sentencia la @CConstitucional también dijo que el aborto no es un derecho fundamental y que el sistema de salud no está obligado a realizarlo. pic.twitter.com/o8TSQjTi2q— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

El aborto podría volverse más difícil de practicar porque la sentencia dice en uno de sus puntos que el sistema de salud no está obligado a realizarlo cuando una mujer lo pide si no está dentro de las tres causales aprobadas desde 2006. Y aunque esta decisión no tumba el fallo que el año pasado despenalizó el aborto hasta la semana 24, puede complicar las peticiones que mujeres realicen en algunos centros médicos.

Pero en varias oportunidades a lo largo de la sentencia la @CConstitucional también dijo que el aborto no es un derecho fundamental y que el sistema de salud no está obligado a realizarlo. pic.twitter.com/o8TSQjTi2q— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

La Corte Constitucional dijo que el sistema de salud no está obligado a hacer las IVE y que los médicos deben ponderar cuándo practicarla.

Para el abogado Héctor Riveros, eso significa que las mujeres “si quieren, pueden abortar porque no es un delito. Pero tiene que pagar y buscar quién se lo haga”.

La Silla conoció el salvamento de voto del magistrado Juan Carlos Cortés. En él dice que las más afectadas pueden ser las mujeres indígenas porque la sentencia deja incertidumbre sobre casos en los que tengan que pedirles un aborto a los sistemas de salud de sus comunidades. 

Según Cortés, la Corte debió establecer unos mínimos que hagan aceptable la decisión de una comunidad indígena de negar un aborto.— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

El fallo de la Corte Constitucional puede abrir paso a una nueva confusión para las mujeres que demandan estos servicios y para los médicos que los practican. El aborto sigue estando protegido porque las sentencias que lo han reconocido siguen vigentes.

Además, en una reciente resolución del Ministrerio de Salud, firmada cuando Carolina Corcho aún era ministra, se regularon la atención y los procedimientos. 

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A pesar de que este nuevo fallo de la @CConstitucional puede dejar un vacío para las mujeres que vayan a abortar, la resolución 051 de 2023 del @MinSaludCol estableció la obligación para todo el sistema de salud para la práctica de la IVE.https://t.co/qqNhH9Dsjx— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 14, 2023

La Corte le volvió a tirar la pelota al Congreso para que legisle, como lo hizo en 2006 y 2022 y de esa manera se resuelvan los “vacíos normativos” que quedan en este fallo de tutela. Y también las demandantes van a presentar recursos. 

⚠️ El Movimiento Causa Justa envió una carta a la Corte, solicitando la nulidad de oficio de la sentencia T-158 de 2023. Esta sentencia desconoce otras sentencias emitidas por el mismo tribunal con estándares que protegen el acceso al aborto y que hoy siguen vigentes.— Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) June 13, 2023

Sin embargo, fuentes de la Corte Constitucional consultadas por La Silla aclaran que esa solicitud de nulidad la pueden pedir únicamente los implicados en la tutela. En este caso, la mujer indígena o el cabildo.

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En junio del año pasado, después de reticencias internas y una presión enorme de la sociedad civil, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) anunció que abriría un macrocaso para investigar las violencias de género y sexuales en el marco del conflicto armado. “Sus particularidades exigen una instrucción especial”, dice el auto de la JEP que anunció la creación del caso, al reconocer el reto monumental que asume esta corte.

Ahora, tras un año de recolección de información, fuentes de la JEP le confirmaron a La Silla que en julio se publicará el documento que anuncia la apertura oficial de la investigación. Uno de los miembros de la sala, que pidió no ser citado para adelantar detalles del caso, dijo que “con total certeza, el caso 11 va a ser un caso muy difícil”.

Los delitos de género y sexuales son los que más les cuesta reconocer a los grupos armados y a la Fuerza Pública, y, por la impunidad que hoy ya garantiza la justicia ordinaria, se reducen los incentivos para que pasen por la justicia transicional. 

La presión que hicieron las víctimas

La apertura del macrocaso de violencia sexual es sobre todo un logro de las víctimas. El anuncio de su priorización es el resultado de una movilización insistente y de los insumos que aportaron ellas y las organizaciones de mujeres a la JEP.

Los informes que entregan la sociedad civil y los organismos del Estado son el primer insumo de investigación de los magistrados. En este caso, la mayor parte del trabajo de sistematización de cifras, casos y testimonios fue de las organizaciones. Y su trabajo será la base para la identificación de responsables por parte del tribunal.

“Insistimos para que el enfoque de género quedara en el Acuerdo de Paz en 2016, luego para que fuera parte de los procedimientos de la JEP y ahora para que se abra el macrocaso”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas. “Por eso el auto que lo anunció dio un respiro, pero ahora no hay excusas para el retraso en la apertura del caso”.

Su testimonio muestra la esperanza y el la urgencia que tienen las organizaciones de víctimas para que la JEP empiece realmente a investigar los delitos de género y que los comparecientes rindan sus versiones ante ese organismo y las víctimas.

La organización que dirige hace parte de una alianza de cinco organizaciones (Women’s Link Worldwide, Sisma Mujer, Colombia Diversa, Humanas y la Red Nacional de Mujeres) que se unieron bajo el nombre Cinco Claves para pedirle a la JEP la apertura del macrocaso, ofrecer asistencia técnica y representar a varias de las víctimas. 

Hace dos años iniciaron una movilización para que se abriera el macrocaso. Y hace tres meses alertaron que la JEP se estaba retrasando en el proceso de abrir formalmente la investigación y que eso era una forma de discriminación.

“La persistencia de obstáculos institucionales para la investigación de estos crímenes configura un acto de discriminación contra mujeres y personas LGBTQ porque les ha impedido el acceso a la justicia”, dicen en el comunicado.

Pero en realidad, según la persona de la JEP, lo que explica el tiempo entre el anuncio y la apertura es el volumen de información producto de la participación activa de las víctimas.

Un ejemplo que ilustra esa contradicción es la cantidad de documentación que recibió la JEP. Mientras un macrocaso de falsos positivos se abrió con un gran informe de la Fiscalía, y el de reclutamiento forzado se priorizó con los datos de unos tres documentos, el de violencia sexual cuenta con más de mil informes que la JEP recibió desde el 2020 cuando decidió empezar a priorizar la segunda generación de temas.

“El volumen de información es enorme y eso se demora en procesar. Es incluso mayor que el de toda la primera generación de macrocasos”, dijo uno de los magistrados de la JEP. Según esa fuente, no hay retrasos si se considera que entre el anuncio del caso y su apertura formal habrá pasado solo un año, y ese tiempo es una manera de ser responsables con las víctimas.

Una lectura a la que se suma la advertencia que la misma JEP hizo en el auto que anunciaba el caso, de que no tiene suficiente personal para adelantar su trabajo.”La Sala reitera una vez más la insuficiencia de la planta de personal que le ha sido asignada a sus seis magistrados para adelantar los ahora once macrocasos de la Sala”, dice el documento.

Hace tres años, cuando la JEP no tenía los insumos actuales referentes a la violencia sexual, ese organismo resolvió atender los reclamos de las víctimas y las organizaciones incorporando un enfoque de género transversal a todas sus investigaciones.

La decisión caló más en el caso de reclutamiento forzado por las políticas de anticoncepción y abortos forzados dentro de las filas de las Farc. Y en autos como el de asignación de responsabilidades en el secuestro mereció un capítulo especial.

Eso, en principio, generó malestar entre las víctimas. “La violencia sexual no es transversal, como nos quieren hacer saber, fue directa. Nos violaron directamente, nuestros cuerpos fueron destrozados directamente“, dice Yolanda Perea, quien fue víctima de violencia sexual por parte de las Farc y acompaña a otras mujeres en su reclamo de justicia.

En todo caso, fueron unos primeros hallazgos que dibujaron los retos a los que se enfrentará la Sala de Reconocimiento de Verdad cuando trate de que los exguerrilleros y miembros del Ejército reconozcan su responsabilidad en violaciones, esterilizaciones o abortos forzados, entre otros delitos. 

El caso más esperado es el más difícil de investigar

Con la apertura de este caso Colombia será pionera en reconocer la violencia contra las mujeres y la población LGTBIQ como un patrón sistemático que se dio en el conflicto armado. Aunque otros tribunales internacionales como el de Ruanda y Yugoslavia avanzaron en el tema, se limitaron a investigar las violaciones en medio del conflicto. En cambio hoy la JEP se propone conocer cómo los grupos armados abusaron a las mujeres, humillaron a la población LGTBI o controlaron los derechos sexuales y reproductivos de las personas, entre otros.

Se enfrentan a casos que son difíciles de reconocer para los comparecientes por varias razones. Porque tocan la vida íntima de ellos y de las víctimas. Porque no son justificables como parte de la lógica de la guerra. Y porque la mayoría de ellos ya han armado nuevas familias y aceptar estos crímenes los avergüenzan más que los otros precisamente porque no encajan en ninguna narrativa de combate.  Una dificultad que ya se ha visto en la negativa que por años tuvieron las Farc a reconocer su política de abortos forzados dentro de las filas.

“Es preocupante que por parte de los comparecientes haya una negación sistemática de los casos de violencia sexual”, dice María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link y experta en la representación de víctimas de violencia basada en género.

Por ejemplo, según la funcionaria de la JEP que pidió no revelar su nombre, hoy los magistrados han identificado solo 10 posibles comparecientes para el caso de violencia sexual, mientras en el caso de falsos positivos fueron cerca de tres mil. Esto sucede porque la identificación de posibles responsables en este caso es más individual que colectiva, como se hizo en el secuestro que era una política de la guerrilla. La cifra es preliminar y esperan que aumente con las investigaciones del caso.

Agrega que un agravante es que los exguerrilleros o miembros del Ejército tienen menos incentivos para reconocer sus responsabilidades en un caso como este porque la impunidad que existe frente a la violencia sexual en la justicia ordinaria es altísima. Una cifra que, según los datos de la misma Fiscalía, alcanza el 90 por ciento.

El incentivo que tienen los comparecientes de resolver de manera menos severa en la justicia transicional los procesos que tienen en la justicia ordinaria no existe en la mayoría de casos de violencia sexual pues la mayoría de las víctimas nunca denunciaron estos delitos.

Según Luisa Meléndez, investigadora de justicia transicional del Institute for Integral Transitions, “la JEP tiene que tener un debate muy grande sobre cómo abordar tantas dificultades de un caso sobre violencia sexual por las particularidades de la JEP y las características de estos delitos”.

La protección especial que la justicia colombiana y los organismos internacionales les han dado a las víctimas de violencia basada en género imponen a la JEP el reto de respetar el tratamiento especial que tienen.

Por ejemplo, luego de la Ley 1257 de 2011 las víctimas en un proceso por violencia basada en género no tienen la obligación de encararse con sus presuntos agresores y no tienen la obligación de contar sus casos reiteradas veces. Un reto para la JEP es que en sus propios procedimiento internos tiene contemplado no investigar casos individuales y hacer audiencias en la que participan víctimas y victimarios.

A esto se suma el impacto del caso dentro de los mismos investigadores de la JEP. “Ya lo estamos viendo: los efectos en salud mental para nosotros los empleados de la JEP y sus equipos son muy duros. Escuchar a las mujeres víctimas contar sus experiencias es una cosa muy brutal”, dice la fuente del tribunal.

Todo esto muestra que la investigación de delitos sexuales tiene en sí misma una contradicción. Por un lado, las enormes expectativas de justicia de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y hasta de los mismos magistrados. Por otro, la dificultad de investigar algunos de los casos más sensibles del conflicto armado. 

Contexto

Sube la presión a la JEP para que abra un caso de violencia sexual

Marzo 18, 2021

La violencia sexual se volvió una pera de boxeo en la transición

Septiembre 10, 2019

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En diciembre del año pasado, durante una conferencia de las Naciones Unidas, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que los estados miembro de esa organización debían “asumir acciones concretas de reparación histórica que contribuyan a transformar los sistemas coloniales”. La idea, de boca de la vicepresidenta de Colombia, carga el peso de pedirles a países desarrollados que se lucraron hace siglos de la esclavitud que paguen miles de millones de dólares.

Esta propuesta controversial ahora toma alas. El viaje que ella hará a África, entre el 10 y el 18 de mayo, allana el camino para esa reparación histórica.

Esa idea de reparar a los pueblos étnicos se complementa con la de conectar al Sur Global, que es un concepto adoptado por los políticos de izquierda y los académicos del poscolonialismo. La idea no es solo teórica, pretende que los países en vías de desarrollo fortalezcan sus relaciones diplomáticas entre sí para romper con la dependencia de los países desarrollados.

Ambas cosas fueron una promesa de campaña de Márquez y están en el corazón del proyecto político que ella y Gustavo Petro representan. Bajo la premisa de ser la vicepresidenta de “los nadie”, Márquez puso en el centro de su proyecto político a las poblaciones étnicas.

El regreso a la tierra de los ancestros

“Estamos convencidos de que el cambio también implica el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y el relacionamiento como países del sur-sur”, dijo Márquez el miércoles durante una audiencia en la Comisión Segunda del Senado. “Tenemos un gran interés de fortalecer las relaciones con el continente africano para trabajar en una agenda que nos permita enfrentar el colonialismo y el racismo que sigue afectando a millones de seres humanos en el mundo”, agregó la funcionaria de 42 años.

La idea aterriza con la apertura de una embajada nueva en Etiopía, que es la capital de la Unión Africana –a la que pertenecen 55 países– y de la que Colombia promete ser un observador más activo después de la visita. A esa expansión diplomática se suma el nombramiento de tres embajadores en Kenia, Sudáfrica y Ghana, y que son cercanos a ella y tienen un amplio recorrido en el activismo internacional afrodescendiente. La agenda de Márquez será visitar los dos primeros países y Etiopía.

África, con una población de mil millones de habitantes, es el continente con mayor potencial de crecimiento en el mundo, según el Banco Mundial. Es el lugar que alberga la población más joven del planeta –más de la mitad de sus habitantes serán menores de 25 años para 2050– y tiene la mayor zona de libre comercio del mundo.

Pero además, su conexión con América y Europa es estrecha e histórica. La diáspora africana, que es la población de afrodescendientes que viven por fuera del continente y que llegó a esos lugares producto del proceso de esclavitud en los siglos XVI y XIX, representa el 14 por ciento de la población mundial. “Somos el grupo étnico más grande del mundo”, dice Gustavo Lugo, Consejero Nacional de Planeación de poblaciones afro.

Con Colombia esa relación es aún más estrecha. “Es un continente en el que hay lazos que nos unen. Lazos que tienen que ver con una historia; una historia de colonización, de racismo y de esclavitud. Pero también con una historia de resistencia, de lucha y de dignidad”, dijo Márquez en el Senado.

En el país, según el Dane, son cerca de 10 millones de personas que hacen parte de la diáspora africana. A nivel mundial, Colombia es el tercer país con mayor porcentaje de afrodescendientes, después de Estados Unidos y Brasil, que tienen extensiones de tierra ocho veces mayor a la de Colombia. 

Por eso, para Jerónimo Delgado, profesor de la universidad Externado y experto en estudios africanos, África es un aliado natural de Colombia. Compartimos historia, la posibilidad de una economía creciente y el camino a la paz que por ejemplo inició el año pasado Etiopía con una guerrilla de la región.

El impulso a una diplomacia negra

Sin embargo, los lazos que unen a Colombia con África son débiles en cuanto a esa cercanía histórica y cultural. El país tiene firmados cinco tratados de libre comercio, seis embajadas y es miembro observador de la Unión Africana. Pero desde hace 26 años, luego de Ernesto Samper en 1997, ningún presidente ni vicepresidente colombiano ha visitado ese continente ni habían hecho una apuesta tan activa para conectarlo.

Ahora, con Francia Márquez, la primera vicepresidenta negra de Colombia, lo que se abre es una puerta de conexiones culturales con África.

“Nacimos afuera de África por obligación. Por eso es tan simbólico que Francia vaya como vicepresidenta de nosotros los afrodescendientes, porque la mayoría de nuestros antepasados salieron secuestrados por la Puerta de Gorée en Senegal”, dice Consuelo Cruz Arboleda, activista afrodescendiente y política española nacida en Cali. 

Esa expectativa muestra que la visita cambia la lógica con la que Colombia se ha acercado históricamente a África, y por otro lado, le da a Márquez el control de la iniciativa de la reparación histórica de las comunidades afrodescendientes. La reparación es la agenda con la que los nuevos embajadores llegarán a Kenia, Sudáfrica y Etiopía, y es la razón por la que Colombia quiere tener una participación más activa en la Unión Africana, que cuenta con grandes recursos de cooperación internacional para impulsar ese tema.

Según Delgado, “la idea es que nosotros empecemos a incursionar en la Unión Africana para poder aprovechar esas iniciativas. No podemos ser miembros de la Unión oficialmente, pero sí podemos tener una participación más activa”, explicó. Y de hecho ya se dieron los primeros pasos.

“Más allá de hacer una carretera, los referentes simbólicos mandan un mensaje a la sociedad colombiana”, dice Lugo. Para él y para Cruz, la visita es más un regreso. Es la reconexión que necesitan esos 10 millones de afrocolombianos, el 7 por ciento de la población del país, para reconectarse con sus orígenes y avanzar en el proceso de autorreconocimiento de su identidad.

“Los legados de la esclavización dejaron heridas profundas en África y en sus afrodescendientes. La reconexión va a ser una herramienta que les permitirá a los pueblos afro reforzar los vínculos de memoria. Ser un afrodescendiente que va a África es un sueño. Y este viaje también representa eso”, dice uno de los líderes afro que viajará a África con la vicepresidenta y que pidió no ser citado para hablar con libertad sobre esa agenda.

Junto a él habrá una comisión de 50 personas más, entre funcionarios del MinComercio, líderes afro, empresarios y cámaras de comercio del Pacífico (donde se concentra la mayor cantidad de afros en Colombia) y artistas afro. Una comisión que criticó la columnista Maria Isabel Rueda y la revista Semana por su tamaño. Pero según Cancillería, la comitiva del gobierno es de solo siete personas y las demás personas viajarán con recursos propios o de organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno, además, justifica el tamaño de la comitiva en crear relaciones horizontales con África y no solo entre mandatarios.

El líder afro, también contó que para avanzar en la promesa de la reparación histórica, Colombia quiere reconocerse como parte más activa de la Unión Africana. “Ser parte de la sexta región es un proceso largo, pero el tema de la agenda es esa. Ya somos observadores de la Unión Africana, ya estamos ahí. Hay que avanzar y empezar”, dijo.

Hoy la Unión Africana, el organismo que une a los 55 países del continente, está dividido en cinco regiones para cumplir con sus objetivos, y desde 2012 reconoció a la diáspora como la sexta región.

La embajada que Colombia abrirá en Etiopía, la capital de la Unión Africana, actuará, a la vez, como representante de Colombia en ese organismo. Además, el gobierno nombró como embajadores a Daniel Garcés en Ghana, Pedro Cortés en Kenia y Charo Mina en Sudáfrica. Los tres son académicos, activistas, conocen o son cercanos a Francia Márquez y tienen una amplia experiencia en el activismo afrodescendiente internacional que entre otras cosas ha consolidado el discurso de las reparaciones históricas colectivas. Los tres cambian la narrativa de las anteriores embajadoras, que no tenían un discurso de reivindicación afro.

“Para los pueblos afro tiene un significado especial y se va a traducir en elementos de reconexión referidos a la memoria y a las agendas históricas y contemporáneas de reparación”, dijo el líder que viajará a África.

Contexto

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Septiembre 13, 2022

Los cabos sueltos

Aunque la nueva cercanía con África abre las expectativas en las comunidades afrodescendientes, el reto es conseguir los recursos que permitan sacar adelante las ambiciones diplomáticas.

Las nuevas embajadas en África están conectadas con la promesa que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo de abrir 15 nuevas misiones consulares a lo largo del cuatrienio. Pero no está claro cómo lo van a lograr.

Hoy las misiones diplomáticas no dan abasto y por lo menos los poco más de 400 funcionarios que hacen parte de la planta externa de la Cancillería, están sobrecargados de trabajo.

“Lo que va a pasar es que vas a seguir tapando huecos con menos funcionarios. Funcionarios sobrecargados que tienen condiciones muy complejas, que tienen muchos problemas de salud mental. Hay alguien que se va a tener que desdoblar para que se puedan cumplir esas promesas”, le dijo a La Silla un funcionario del servicio exterior de Cancillería que pidió no ser citado para hablar con libertad.

Para ilustrar la situación está el caso de los consulados que Colombia quiere abrir en Venezuela. Según el canciller Álvaro Leyva, se tendrían que invertir más de 20 mil millones de pesos para lograrlo. Y hasta ahora, ese presupuesto no está contemplado en las cuentas de la Nación.

Es un problema que podría verse agravado en los próximos años pues un decreto del canciller ya limitó el ingreso a la carrera diplomática a 15 cupos, cuando en años pasados eran por lo menos 40.

Uno de los funcionarios en África, que pidió no ser citado para no tener problemas con sus superiores, dijo que es una problemática que ya se está considerando. Pero para él, un activista afro, la agenda de África es una prioridad: “La suerte de los territorios étnicos en Colombia está amarrada a la suerte del país y la suerte del planeta. Por eso la relación con África tendrá un impacto importante en el pueblo afrodescendiente, pero también para las otras poblaciones”, dijo. 

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Hace un mes, el 6 de marzo, la vicepresidenta Francia Márquez nombró a Natalia Moreno como gerente del Sistema Nacional de Cuidado. Desde entonces, Moreno ha tenido una agenda movida de reuniones con ministerios y alcaldías.

El Sistema Nacional del Cuidado, inspirado en el éxito del de Bogotá pero ajustado al enfoque comunitario que ha querido darle Marquez, fue creado en diciembre. Su labor es reconocer y retribuir las labores de cuidado que cumplen las mujeres y las comunidades y será el centro de la política del MinIgualdad, cuando el presidente Gustavo Petro lo termine de reglamentar.

Aunque todavía el Sistema del Cuidado no tiene presupuesto y depende de la Vicepresidencia, es la primera política del nuevo ministerio que empieza a andar.

El Sistema de Cuidado arranca con ambición

Antes de ser la gerente del Sistema Nacional de Cuidado, Natalia Moreno armó y dirigió el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá bajo el liderazgo de Diana Rodríguez, la secretaria de la Mujer de la alcaldía de Claudia López. Gracias a su gestión, la capital se convirtió en la primera ciudad del país y la segunda en Latinoamérica en tener una oferta de servicios específicamente para las cuidadoras.

Ese Sistema aterrizó en las Manzanas del Cuidado. Son sitios a los que pueden acceder las cuidadoras, en su mayoría mujeres, para recibir cursos del Sena, terminar el bachillerato o recibir atención psicológica mientras el distrito se encarga de cuidar a las personas que tienen a cargo. Hasta ahora las cuidadoras han usado los servicios más de 345 mil veces y es considerado uno de los legados importantes de López en Bogotá.

Ahora, la entidad que está creando Moreno parte de la misma base de reconocer y disminuir la carga de cuidado, pero está más enfocada en las comunidades y en el papel que han jugado en el cuidado de enfermos, adultos mayores y niños. Beneficiará por lo menos a seis millones de personas que cuidan a otras sin retribución económica, según el Dane.

“Francia quiere desarrollar los sistemas comunitarios”, dice Moreno. Estos, según explicaron las profesoras Cristina Vega-Solis y Raquel Martínez en su investigación sobre los sistemas de cuidado en Chile, son las redes de vecinos, las organizaciones sociales y la comunidad que cuidan a otros a través de ollas comunitarias, brigadas de salud, talleres, entre otros.

Esta idea está alineada con la bandera de Márquez de reconocer el trabajo colectivo y con el perfil de su ministerio, que no será exclusivo de las mujeres sino que quiere atender a otras nueve poblaciones: afro, indígenas, discapacitados, pobres, entre otros. También con el objetivo más macro del gobierno de fortalecer todo el tejido popular.

El Sistema de Cuidado tendrá tres objetivos: redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidado. Y para ello, el plan es que todas las entidades del Estado adopten el enfoque de género y de cuidado y destinen recursos y políticas para atender esa agenda. Además de trabajar con las alcaldías para que creen una especie de consejos territoriales de cuidado que aterricen los servicios al contexto particular de esa región.

Por ejemplo, Moreno quiere que el MinEducación avance en regular la jornada completa en los colegios para que en las zonas rurales las cuidadoras tengan tiempo de hacer otras cosas, como recibir cursos del Sena.

En esa estrategia con otras entidades del Estado, Márquez y Moreno ya se anotaron una victoria.

Antes de lanzar oficialmente la nueva gerencia en un evento sobre economía del cuidado en Santander la semana pasada, ambas se reunieron con la minTrabajo, Gloria Ramírez, para introducir la visión de cuidado en las reformas laboral y pensional.

En las reformas quedó que las mujeres embarazadas y los padres o madres cabeza de familia tienen que tener contratos a término indefinido y no pueden ser despedidos sin permiso de un inspector de trabajo; y que por cada hijo, las mujeres que tengan máximo tres, tendrán una disminución de 50 semanas del total de 1300 que necesitan hoy para pensionarse en Colpensiones.

Como Ramírez fue una de las redactoras de la Ley de Economía del Cuidado en 2010, adoptar el enfoque de Márquez en su ministerio ha sido fácil. “Por primera vez el ministerio llamó a las organizaciones de mujeres para redactar una reforma laboral y la ministra ha intentado incluir en sus reformas algunos de los elementos que pueden contribuir al Sistema de Cuidado”, explicó Magda Alberto, la asesora de los temas de género en el MinTrabajo.

Alberto contó que tanto Márquez como Moreno estuvieron en esas mesas de conversación aunque no participaron en la redacción de los artículos enfocados en las mujeres porque “no es su competencia”.

Para garantizar su articulación con otros ministerios, según Moreno, el Sistema Nacional de Cuidado tiene listo el borrador de decreto para crear una comisión intersectorial sobre el cuidado. Sólo falta que Petro lo firme. En la comisión estarán la gerencia, la vicepresidenta y delegados de por lo menos diez ministerios para crear propuestas específicas sobre el cuidado. Márquez también se ha reunido con la Dirección Nacional de Planeación para crear un Conpes del Sistema Nacional de Cuidado.

Con esos movimientos, y a diferencia de lo que ha pasado con el Ministerio de la Igualdad, Márquez ha podido avanzar en el funcionamiento del Sistema de Cuidado porque depende exclusivamente de su vicepresidencia. Aunque también tiene las incertidumbres de plata de su ministerio. 

Las incertidumbres del Sistema

El arranque del Ministerio de la Igualdad ha sido lento y accidentado. Aún hoy, no tiene una fuente clara de presupuesto, y los intentos que hizo el gobierno para garantizarla fallaron.

El Fondo de la Equidad y la Igualdad que Petro quería crear específicamente para asegurarle la plata al MinIgualdad, fue el único de los otros seis nuevos fondos que se hundió en el primero de los debates para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

Pero están tratando de rescatarlo: “En el segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo vamos a proponer un nuevo fondo porque es el único que nos garantiza recursos”, dice Moreno. Sin la plata del Minigualdad, difícilmente podría funcionar el Sistema de Cuidado.

Por eso las próximas semanas la discusión en el Congreso será decisiva para que la Vicepresidenta pueda sacar su bandera de campaña adelante antes de viajar a África.

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“Éramos supuestamente la primera cara de la Secretaría y éramos a quienes más nos maltrataban”, dice María Antornia Niño, de 43 años. Trabajó como guarda de seguridad de la Secretaría de la Mujer por siete años. “Renuncié el 4 de enero de 2023 porque estaba demasiado agotada tanto física como mentalmente”, dice Martha Peña en su carta de renuncia.

Ambas trabajaron en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Bogotá. Son unos centros que buscan relevar a las mujeres de la sobrecarga de los trabajos de cuidado. En ellos se ofrecen cursos de educación financiera, servicios jurídicos y psicológicos y sensibilización sobre la violencia de género.

“Eso de casa para la mujer y la igualdad es apenas un nombre o no aplica para nosotras”, dice Joana Jara, una celadora de 40 años, que también trabajó en varias de las 20 casas en la capital: “Me hacían doblar los turnos constantemente”, afirma. Además, le prohibieron acudir a los servicios que se prestaban ahí para otras ciudadanas.

La Silla Vacía recogió seis denuncias de mujeres que trabajan o trabajaron en estos centros y denuncian acoso laboral. Vivieron situaciones similares aunque eran contratadas por empresas diferentes que trabajan con el distrito. Aseguran que no las dejaban salir de las Casas sin pedir permiso, incluso en sus horas libres. Denuncian que les negaban permisos para matricular a sus hijos o pedir una cita médica y que tenían que trabajar con insumos vencidos que iban desde café, que ellas y los que van a las casas consumían, hasta otros productos como el Clorox.

El ambiente laboral que describen expuso su salud y choca con la bandera de igualdad de género que ha buscado promover la alcaldesa Claudia López. Riñe además con el objetivo de estos centros, que buscan, entre otras, “el reconocimiento de los derechos y la sensibilización para la eliminación de la violencia contra las mujeres”. 

Los tratos humillantes

Myriam Méndez tiene 60 años, vive con su esposo en Soacha y se jubiló el año pasado. Trabajó en las Casas de la Mujer de Kennedy, Ciudad Bolívar y la Central a través de la empresa Aseocolba por ocho meses, hasta enero de 2023. Su trabajo consistía en barrer, trapear, limpiar el polvo de los escritorios y las paredes y lavar los baños. También preparaba cafés y aromáticas para los usuarios de las Casas de la Mujer.

Según cuenta Méndez, mientras trabajó como empleada del aseo la obligaron a cargar objetos pesados en trasteos de oficina, le negaron permisos para citas médicas, le dieron café y aromáticas vencidas y en vasos de cartón con hongos, y le impidieron salir de la sede en la que trabajaba sin un permiso previo de la supervisora, incluso si era para almorzar.

La responsable de esa situación, según dice Méndez, es Blanca Lucero Cuervo, una contratista del distrito que lleva siete años en la Secretaría de la Mujer. Se encarga de ayudar a la supervisión de los contratos de aseo y los demás relacionados con la logística de la secretaría. Su nombre aparece en el testimonio de otras empleadas de la entidad, como vigilantes y supervisoras.

“No podíamos salir de la sede. Nos tocaba llamar a la jefe y pedirle permiso. Ni en la hora del almuerzo podíamos salir. De lo contrario, tenía problemas. Salíamos con miedo porque salir era un regaño”, cuenta Méndez.

Marta Peña, de 43 años y quien renunció a su trabajo como contratista de aseo el 3 de enero de este año, también recuerda que en los trasteos en los que participó tampoco la dejaban usar ni la greca ni el microondas de la institución. “A nosotras, las empleadas del servicio ni a las guardas de vigilancia nos dejaban usar estos objetos. Nos tocaba pagar o comer frío”, dice.  Agrega que después del trato que recibió, siente miedo: “A mí la Secretaría de la Mujer me da susto. Quedé tan marcada que me da susto”.

Algo similar dice la celadora María Antonia Niño: “Desde que la señora Blanca Lucero llegó se nos desmejoró mucho el trabajo. No nos dejaba ni siquiera calentar el almuerzo. Y no podíamos usar los servicios de la Casa de la Mujer como lo jurídico o psicológico”.

Niño recuerda que durante la pandemia su mamá murió de covid “y no me dejaron ir a recibir apoyo psicológico de la Casa de la mujer de Suba donde yo trabajaba”. Según cuenta, Blanca Lucero le dijo que fuera en sus horas libres pero a otra sede. “Eso era imposible porque mis turnos eran de 12 horas”. Además, dice, en varias ocasiones tenía que repetir su jornada sin descansar.

Después de que a Méndez se le cayó un computador mientras limpiaba un escritorio, y que luego ella tuvo que pagar, el ambiente de trabajo fue tan estresante que “casi todos los días me hacían llorar. La señora Lucero me preguntaba todos los días por dos meses que cuándo iba a reponer el computador, que cuidado dañaba otro”. Dijo que la situación paró solo cuando quedó claro que su empresa, Aseocolba, se lo iba a descontar de su sueldo, que era el mínimo.

El testimonio de Peña coincide con el de Méndez, aunque trabajaron en distintas empresas y sus jefes directos son diferentes. Peña era empleada de Ladoinsa, otra de las contratistas de la alcaldía para servicios de aseo y cafetería.

Peña dice que las empleadas del aseo eran tratadas de forma despectiva por Cuervo, y que la sometieron a “persecución laboral”.

En la carta en la que les explica a sus superiores el motivo de su renuncia dice que “no teníamos permisos para citas médicas u odontológicas y mucho menos para matricular a nuestros hijos en el colegio”, necesidades asociadas a las tareas de cuidado que asumen, en su mayoría, las mujeres.

Para salir de la sede y atender asuntos urgentes debían pedir un día completo de permiso no remunerado, que equivale a cerca de 75 mil pesos, así la diligencia durara dos horas.

Las situaciones que describen ambas empeladas podría tipificarse como acoso laboral, según Mónica Cuervo, consultora y profesora de derecho laboral en la Universidad del Rosario. Aunque su reconocimiento depende de qué tan reiterativo y comprobable fueron esas prácticas, “que te hagan unas exigencias específicas y que te nieguen los permisos de una manera determinada y sin causa, puede ser acoso laboral”.

La queja también la tienen empleadas de otras empresas y que tenían que cumplir otras actividades. Joana Jara, quien trabajó por tres años como guarda de seguridad de esas Casas a través de la empresa Fidelity, cuenta que “me hacían doblar los turnos nocturnos. Si decía que no, al otro día me mandaban a una sede que quedaba lejos de mi casa”.

Ella vive en Santa Librada, Usme, y debía vigilar la casa ubicada en esa localidad. Pero – dice– cuando se negó a doblarse en turnos la mandaron para Chapinero, al norte de Bogotá.

“Por miedo a perder mi trabajo dejé que pasaran por encima de mi. Al final de diciembre de 2022 hice seis turnos nocturnos sin parar. Estaba agotada físicamente”, cuenta Joana. Según explica, en condiciones normales de trabajo ella debería hacer dos turnos de día seguidos y dos turnos nocturnos seguidos.

Fue despedida en enero de 2023 porque se perdió un computador de las casas donde ella vigilaba. “El computador se lo robaron de un punto ciego. Llevaba tres años y medio y era la primera vez que me pasaba. Pero me despidieron. En cambio nunca tuvieron en cuenta que me hacían doblarme en los turnos”, le dijo a La Silla.

Daniel Sastoque,  representante de las Servidoras y los Servidores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst, dijo que ha recibido denuncias de empleadas del aseo a las que se “les prohibió acceder a los servicios de la Secretaría de la Mujer”. Eso pese a que la entidad ha dicho en su respuesta a la Personería que las mujeres que trabajan ahí tienen derecho a acceder a ellas. 

Por eso, la semana pasada Sastoque envió una carta a la Secretaría de la Mujer pidiendo que revoquen a Blanca Lucero Cuervo y que revisen el rol de la directora administrativa y financiera de la Secretaría de la Mujer, Ana Rocío Murcia; la subsecretaria de Gestión Corporativa, Marcela Tami y la secretaria Diana Rodríguez.

Varias empleadas de Ladoinsa, entre ellas Martha Peña, denunciaron los malos tratos ante el abogado de su empresa, Pedro Buitrago, siguiendo el conducto regular. Él los reportó a la Secretaría de Mujeres. “Nosotros como compañía contamos con un comité de convivencia y gestión humana y en febrero recibimos la queja de que algún funcionario no les permitía salir”, contó. Y confirmó que ese funcionario era Blanca Lucero Cuervo. Asegura que desde que habló con la Secretaría de esa situación no ha vuelto a recibir quejas.

Sin embargo, ninguna de las afectadas puso una queja formal ante la Secretaría de Mujeres, que sería la encargada de investigar el supuesto acoso laboral de Cuervo a las contratistas. La Silla Vacía buscó a la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, para preguntarle sobre el tema y nos remitió a su jefe de prensa. A través de ella respondieron que “Cuervo no tiene procesos de acoso laboral en la entidad, por cuanto no se han recibido denuncias formales”, pero están recogiendo información para esclarecer las denuncias en su contra por maltrato laboral y por la gestión inadecuada de productos vencidos y en mal estado.

Sastoque dice que muchas de ellas no se han atrevido a denunciar por temor a perder su empleo: “Son mujeres que se ganan el mínimo, madres cabeza de familia, víctimas del conflicto”.

El uso de productos vencidos

Carmen Cecilia Díaz tiene 40 años. Vive en Venecia, en Soacha, y tiene tres hijos adultos. Hace 12 años se dedica a ser coordinadora de servicios generales en diferentes entidades. Su tarea es vigilar que el aseo esté bien hecho y que las empleadas del servicio tengan los implementos necesarios para cumplir su tarea, así como distribuir insumos que proveen las mismas empresas de aseo.

Desde febrero de 2022 trabaja en las Casas de la Mujer de Bogotá. Quien le paga y su jefe directo es la empresa Ladoinsa, pero, al tiempo, recibe órdenes de Blanca Lucero Cuervo, la contratista que supervisa que se cumpla con la tarea de aseo y cafetería por parte de la alcaldía.

La experiencia de Carmen no ha sido grata desde que llegó a la Secretaría de la Mujer.

Desde marzo de 2022 empezó a darse cuenta de que los insumos de aseo para las casas y que usaban las trabajadoras estaban vencidos. “Jabón de manos, jabón de loza, Clorox, el café, las aromáticas”. También encontró vasos plásticos y papel higiénico con hongos. “Cuando visité las 20 casas y la bodega, estaban atestadas de insumos vencidos. Igual la bodega”, recuerda.

Ella asegura que alertó a Cuervo, “pero ella me dijo que no pasaba nada, que los repartiera, que no podía cometer detrimento patrimonial”. Ella, por temor a perder su trabajo, obedeció inicialmente. “Lo único que pude hacer era alertar a las trabajadoras que los productos estaban vencidos”, dijo.

Su testimonio lo confirma Myriam Méndez. Dijo que “todos los insumos estaban vencidos, gracias a Dios nunca me hicieron daño, y creo que fue porque usábamos tapabocas y guantes. El jabón de la loza sí olía a podrido y con eso lavábamos”. Señala que la orden de usar esos insumos así estuvieran vencidos “la daba la señora Blanca Lucero”.

Además –dice Méndez– tomó café aún sabiendo que superaba su fecha de caducidad, “porque las jornadas eran pesadas y pues uno no tenía permiso para salir de la casa en el horario laboral. Y uno sin tener cómo llevar un cafecito”.

Joana Jara, la vigilante, dice que “también usábamos papel higiénico y vasos plásticos con hongos porque esos eran los que disponían, no había más”.

Esas condiciones ponen en riesgo la seguridad y el ambiente laboral al que las trabajadoras tienen derecho. “Los alimentos vencidos producen infecciones y posibles enfermedades en el tracto gastrointestinal”, dice Mayling Leal, enfermera jefe y especialista en seguridad y salud en el trabajo consultada por La Silla.

Leal explicó que el hecho de que las empleadas del servicio se vean obligadas a usar productos vencidos es un indicio de que “no hay una implementación adecuada del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso ya es un riesgo para la salud”. 

La Silla intentó comunicarse con la contratista Cuervo, pero para la publicación de este artículo no obtuvo respuesta. Sin embargo, La Silla conoció su contrato y el objeto de este es justamente supervisar que empresas como Ladoinsa hagan bien su trabajo y que tengan lo necesario para hacerlo.

Desde la Secretaría de la Mujer dicen que desde febrero de este año se recogieron los productos de aseo y cafetería caducados. La advertencia sobre el mal estado de los productos, sin embargo, la hizo Ladoinsa directamente a Cuervo por primera vez el 2 de agosto del año pasado y la reiteró Daniel Parra, contratista de la oficina de Planeación de la Secretaría de la Mujer el 29 de noviembre. El concejal Manuel Sarmiento también denunció los hechos a la secretaría el mes pasado.

La entidad explicó que reforzaron el esquema de apoyo a la supervisión, “para prevenir situaciones en las que pudieran presentarse nuevos inconvenientes”. Y que “se están realizando visitas semanales por parte de personal de la Entidad, en conjunto con el contratista responsable del servicio, para revisar el estado de las bodegas de almacenamiento de los insumos y la calidad de los mismos”.

También explicaron que la gran acumulación de productos vencidos se debió a la pandemia.

Sastoque, integrante del sindicato, critica que lo estén viendo como un tema administrativo. “El hecho de que las operadoras tengan que usar vasos y papel higiénico con hongos muestra una discriminación. Esos productos no los tiene que usar, por ejemplo, la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez”, dice.

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El Ministerio de la Igualdad está naufragando antes de ver la luz y ni el gobierno ni Francia Márquez le han metido la fuerza para volverlo una realidad.

Por qué es clave: El Ministerio de la Igualdad fue la promesa de Gustavo Petro para las mujeres durante la campaña. Pero también el proyecto con el que este gobierno quiere atender a poblaciones históricamente discriminadas como los afro, los indígenas y los pobres, que suman más de la mitad de la población.

También, ese ministerio es el espacio que le prometió Petro a Francia Márquez para que liderara las agendas con las que hizo campaña y que son su lucha de años.

Ambas cosas las ha incumplido parcialmente. A Márquez no le dio la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que se pensaba que iba a ser absorbido por el nuevo ministerio. Y a las feministas —que han criticado la cercanía del presidente con personas cuestionadas por violencia de género (como en este, este y este caso)— no les ha respondido la petición de que el MinIgualdad tenga por lo menos un viceministerio de las mujeres.

Los problemas que enfrenta:

-La Corte Constitucional podría tumbarlo en pocos meses: la demanda contra el Ministerio de la Igualdad la pusieron varios congresistas del Centro Democrático liderados por la senadora Paloma Valencia dos semanas después de que el Congreso aprobara su creación en enero. Según el documento, el MinIgualdad sería inconstitucional porque el proyecto de ley que presentó el gobierno no tenía viabilidad fiscal como lo exige la ley de transparencia fiscal de 2003; tuvo vicios en la votación; y “le otorgaba facultades extraordinarias al Presidente que no son claras ni precisas”, según dice la demanda.

La Corte ya aceptó la demanda por los dos primeros cargos, lo que significa que la suerte del ministerio ahora está en sus manos.

Durante el debate, el ponente Alexander López dijo que el proyecto del Gobierno no tenía estimaciones de cuánto valdría porque primero el presidente debía reglamentar desde cuáles serían sus viceministerios hasta las funciones particulares de cada uno. El MinHacienda, luego de que el gobierno le pidiera su concepto en medio de los debates, sostuvo ese argumento porque no tenía cómo estimar gastos sin conocer la estructura final del ministerio.

Lo que el Congreso aprobó fue darle facultades extraordinarias al presidente Petro para que definiera absolutamente todo lo relacionado con el MinIgualdad, salvo una estructura básica que incluye tres viceministerios y las poblaciones a las que va a atender, que son nueve.

El otro argumento que la Corte aceptó estudiar es que la votación de la ponencia en la Comisión Primera del Senado se hizo sin la mayoría necesaria. En este caso, según la oposición y basada en la Constitución y el reglamento del Congreso, la aprobación de la ponencia debió darse con una mayoría absoluta (de la mitad más uno) porque se trataba de un proyecto que le daba facultades extraordinarias a Petro. Pero cuando se votó, solo había nueve de los 21 senadores de la comisión presentes. 

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-Carece de un presupuesto definido: cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso no tenía siquiera un estimado de cuánta plata podía costar. Luego dijo que la plata saldría de la Reforma Tributaria, y se reflejaría en la adición al Presupuesto General de la Nación.

Finalmente, esa adición incluyó la plata pero dentro de un saco global de 1,78 billones de pesos, que según el documento debe cubrir “programas sociales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo; apoyar la operación de los SITM; fortalecimiento patrimonial de empresas del orden nacional que así lo requieran para la continuidad y desarrollo operativo de su negocio; apalancar la colocación de créditos de la economía popular; y entrada en funcionamiento del nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad”.

Aunque el ministerio de Hacienda aún no ha definido cuánto de esos 2 billones le tocarán al ministerio de Francia, el presupuesto destinado a los ministerios de Vivienda (4 billones) y Minas y Energía (5,3 billones) lo doblan. El presupuesto inicial del ministerio del Deporte creado durante el gobierno Duque en 2019 fue de 676 mil millones de pesos. Y en el Plan de Desarrollo todo lo referente al MinIgualdad quedó “sujeto a disponibilidad presupuestal”.

Lo que estimó el MinHacienda (en total para los cinco programas) no es siquiera una tercera parte del DPS, la entidad que Francia pidió que absorbiera su ministerio porque se encarga de darles los subsidios a buena parte de la población que priorizó el MinIgualdad. 

-No ha logrado la legitimidad en sus poblaciones objetivo: La falta de claridad del Ministerio de la Igualdad la han sentido las mujeres y la población LGTBI, quienes creen que esa cartera no logrará subsanar la deuda que el Estado tiene con esa población.

“No he visto el primer interés de nominar lo lgbt en el ministerio nuevo. Nos invitaron a su lanzamiento faltando unas horas y ni nos han consultado, ni se ven hablando de nuestras agendas”, dice Wilson Castañeda, director de Caribe Informativo, una de las organizaciones LGTBI más visibles en Colombia.

“No hemos tenido ninguna interlocución con el Gobierno. Ni una conversación, ni una llamada para hablar de qué hacer con este ministerio, nada”, dijo por su parte Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres. “Siempre habíamos dicho que queríamos un Ministerio de las Mujeres. Luego aparece la idea del MinIgualdad y no es que no estemos de acuerdo, pero tenemos dudas. Ahí pensamos que al menos tuviera el viceministerio”, dice Quintero.

Desde enero, cuando el gobierno presentó el proyecto de ley, varios grupos feministas empezaron a recoger firmas para pedirle a Petro que incluyera un viceministerio de las mujeres dentro de la estructura de la entidad. Esta semana reforzaron esa petición con una carta de las mujeres de la coalición de gobierno en la que le piden a Petro y Márquez crear ese viceministerio.

“La firmamos 17 mujeres liberales, conservadoras, verdes y del Pacto histórico. Queremos ayudar a que ellos tengan en cuenta a las que somos más de la mitad de la población”, dice Jahel Quiroga, senadora del Pacto Histórico que ayudó a mover la idea de redactar ese documento. Los llamados, hasta ahora, no han tenido respuesta.

A pesar de esa sensación desde afuera, según la oficina de prensa de la vicepresidenta, ella y su equipo “se encuentran en la revisión del diagnóstico de factores internos y externos y la proyección de conformación del sector de Igualdad y Equidad y su respectiva estructura”. Por eso el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) creó en enero nuevas gerencias entre las que están la de discapacidad, cuidado, diversidad sexual y justicia étnica, que luego podrían ser absorbidas por el MinIgualdad porque incluye a las poblaciones de las que se va a ocupar.

Sin embargo la misma vicepresidenta Márquez, quien tiene el apoyo de las feministas, ni siquiera está segura de su papel en el ministerio.

Cuando La Silla le preguntó a Márquez sobre la implementación del Ministerio, la vicepresidente contestó que no podía hablar al respeto porque no era ministra. “Yo aún no soy ministra, aunque estoy apoyando la creación del ministerio”, dijo. “Si el ministerio sale como lo esperado, usted sería la ministra”, agregó La Silla, “No sé”, fue su respuesta. Y agregó que “estamos trabajando en articulación con Presidencia”.

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“Mi uniforme no es muy corto, tu educación sí” dice uno de los carteles que cargan unas quince mujeres que protestan ante la Secretaría de Educación de Soledad, Atlántico. Unos días después, el 16 de febrero, se confirmó la segunda suspensión de un profesor denunciado por abuso sexual a una estudiante en ese municipio mientras avanza la investigación en su contra. Es la primera vez que, tras la primera medida, una Secretaría responde a la presión de las movilizaciones y deja por fuera de su cargo dos veces a un docente de colegio en espera de un fallo.

La mayoría de las que protestan son menores de edad, están en once o se graduaron de la institución educativa Politécnico de Soledad el año pasado. Ese 13 de febrero, mientras levantan sus carteles, cantan Canción sin miedo, un himno feminista que se popularizó en México en 2020 tras el aumento de casos de feminicidio.

Cuando se acaban las arengas y todos los carteles están pegados en la entrada de la Secretaría, las estudiantes evalúan sus pasos a seguir: “Vamos a apoyar a la Secretaría que acaba de anunciar la suspensión de tres meses de un profesor por abuso sexual. Ayudemoslos con las investigaciones”, dice una de las que protestan.

Una de ellas tiene 16 años y el pelo crespo en un afro. Le diremos Sara para proteger su identidad por ser menor de edad. Aparece en varios de los videos de esa protesta que después se publicaron en cuentas de Instagram y Facebook creadas para promover esas denuncias en los colegios y que ya tienen más de 1.500 seguidores.

La que acaban de hacer es la segunda protesta de estudiantes y egresadas del Politécnico en el mismo mes, luego de que una cuenta anónima de Facebook publicara información sobre una denuncia contra un profesor de ese colegio por abuso sexual contra una estudiante. Las menciones del caso llevaban circulando meses, entre chisme y chisme, en los pasillos del colegio, pero esa publicación fue la confirmación de que la relación entre el profesor y la estudiante no fue consentida.

Sara fue quien convocó a las movilizaciones desde sus cuentas personales de redes sociales, como lo hicieron varias de las que estuvieron ese día. Ella estuvo en la planeación, redactó los comunicados que se publicaron después de manera anónima y mantuvo la conversación con las autoridades. Para ella, protestar fue una forma de reivindicarse tras casi un año de emprender la denuncia penal que tenía contra las cuerdas al profesor y que había tenido efectos graves en su salud mental y su imagen dentro del colegio.

Gracias a las movilizaciones se conocieron dos casos más de acoso sexual por parte del mismo profesor, quien daba clase de dibujo lineal y sociales a estudiantes desde séptimo hasta once del Politécnico. Hoy, según una psicóloga de ese colegio que recibe y acompaña ese tipo de casos, y que pidió no ser citada para hablar con libertad, el colegio ha tenido que atender varios casos de estudiantes que reportaron algún tipo de violencia sexual por parte del mismo docente, padres de familia o conocidos fuera del entorno escolar. Y que también ha hecho que cerca de 200 estudiantes se salgan del colegio en lo que va del proceso.

Lo que detonó la denuncia

Sara tenía quince años y cursaba once en el Politécnico de Soledad el año pasado. Una de las psicólogas de su colegio recuerda que ella tenía todo que ver con los profesores y las estudiantes: se quedaba hasta tarde en actividades extracurriculares, se salía de las clases para ayudarles a los profesores a planear actividades y la reconocían todas las niñas desde preescolar hasta once.

Pero a meses de salir a las vacaciones de mitad de año,desde mayo, no volvió a ser la misma.

Según su psicóloga del colegio, empezó a quedarse dormida en todas las clases. Luego dejó de asistir a ellas. Pero todos los días se quedaba hasta tarde en el colegio con la excusa de participar en alguna actividad extracurricular en la que realmente no participaba por falta de interés. “En realidad me quedaba para ver qué pasaba con las demás niñas”, dice.

Tres meses antes, en febrero, Soledad y Barranquilla estaban en función del Carnaval, una fiesta en la que los colegios también preparan desfiles, eventos cívicos y disfraces. Sara estuvo en toda la preparación de su colegio y por las tardes se regresaba a casa con una amiga en el carro del profesor de dibujo lineal que iba en la misma dirección. 

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El profesor, de 40 años, era cordial con todas las estudiantes y en varias ocasiones se ofreció a llevar a Sara y sus amigas a sus casa. “Nos hizo cuatro chances, pero siempre estábamos mi amiga y yo”, cuenta ella.

A veces se encontraban en el colegio y se saludaban. Él le daba clases. Y una vez, según Sara, hablaron por whatsapp. En esa conversación, en mayo, el profesor le dijo a Sara que le gustaba alguien, pero no le dijo quién. Y una semana después le pidió que se vieran porque tenía que decirle algo muy importante. Ahí se desvió de su ruta y la llevó a un motel sin que ella supiera.

Sara recuerda que cuando llegaron al sitio, ella primero no entendió de qué se trataba porque nunca había estado en un motel antes. Quedaba detrás de una estación de gasolina y no tuvieron contacto con nadie hasta entrar directamente a un parqueadero que queda dentro de la habitación.

El profesor intentó besarla aún dentro del carro y ella opuso resistencia. Le dijo que ella era la que le gustaba. “Luego me quedé quieta y no sabía cómo reaccionar”, cuenta. De ahí en adelante lo que pasó es difuso y a Sara le cuesta recordar los detalles. Sí sabe que le dijo que no quería tener sexo con él, pero que luego se sintió en una situación sin salida y optó por evitar la confrontación para que ese momento acabara lo más rápido posible. “Después me llevó a mi casa, yo me bañé y no le conté a nadie, pero me afectó mucho”, dice Sara.

Tras lo que pasó en el motel ella no volvió a hablar con el profesor. Dejó de asistir a sus clases, y aún así no perdía las calificaciones. Lo eliminó de su celular y empezó a tener unos episodios de ansiedad que más tarde reconoció su psicóloga del colegio y que terminaron en un intento de suicidio y dos internamientos en hospitales psiquiátricos en agosto y en septiembre del año pasado. También en una denuncia pública que movilizó el #MeToo en Soledad y que tiene contra las cuerdas al colegio, al profesor y al resto de docentes que han entendido que es una protesta imparable dentro del colegio.

De víctima a ícono

“El jueves 11 de agosto escuché a algunas amigas contando que el profesor de dibujo lineal las llevaba a su casa. Y ahí supe que no me podía quedar callada”, dice Sara.

La posibilidad de que otras estudiantes pasaran por lo mismo que ella pasó fue el detonante de su denuncia, y más tarde de su movilización pública. Esto, a pesar de que durante el año pasado el caso de su relación con el profesor fue un secreto a voces con el que se ganó el señalamiento de varias compañeras y algunos profesores por supuestamente haberla consentido.

Empezó contándole a una amiga lo que le había pasado. Ella le insistió en denunciar ante una de las cinco psicólogas del colegio que atienden a 3.200 niñas que estudian en el Politécnico de Soledad. Y tras varias sesiones en las que se reunieron sin éxito porque Sara no era capaz de hablar, les contó lo que había pasado. “Se rasgaba las piernas y me decía que el profesor le había tocado las piernas”, cuenta la psicóloga.

En adelante tuvo que acompañarla en una ruta de atención ante la Fiscalía, el Instituto de Bienestar Familiar y su propia familia, que aún continúa. Un proceso que puede ser más corto si se tratara de mujeres mayores de edad, porque en su caso necesitó del consentimiento de sus padres, su acompañamiento constante y diagnósticos de parte de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Tras esa denuncia, en agosto de 2022, la Secretaría de Educación suspendió al profesor por tres meses mientras la justicia emitía un fallo que aún no ha salido. Mientras tanto, Sara visitó hospitales psiquiátricos, se graduó y empezó una movilización que hizo que el #MeToo penetrara en todas las esferas de su colegio, aumentara el número de denuncias y disminuyera la tolerancia hacia ese tipo de casos.

“Realizar las protestas ha sido mi forma de entender que puedo proteger a otras niñas que siguen en el colegio. No quiero que le pase a nadie más, aún cuando hace unos meses me era imposible contar lo que había pasado”, dice Sara.

El proceso de denuncia que hizo parte de una ruta que desde el año pasado está tratando de fortalecer el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la mano de las autoridades locales a raíz de las movilizaciones de estudiantes en Medellín, Ibagué y Bogotá. Aunque en esas ciudades no han tenido tanto éxito las medidas legales.

Los casos de abuso y acoso sexual denunciados desde los colegios se multiplicaron con creces en la pospandemia. Solo el año pasado el MEN reportó 784 casos de menores de edad acosados y abusados, mientras en 2021 fueron 70.

“Tenemos la percepción de que las denuncias han aumentado gracias a las movilizaciones y a que los estudiantes son más conscientes de sus derechos”, explica Olga Zárate, directora del área encargada de acompañar la creación de protocolos de atención de violencias sexuales en el MEN.

Son movilizaciones que tomaron una fuerza enorme tras los casos mediáticos de actrices que denunciaron al productor Harvey Weinstein en Estados Unidos. Sara no conoce ese referente pero sí el de las universidades en Colombia donde muchas mujeres han denunciado públicamente con plantones y publicaciones anónimas en redes sociales a sus agresores.

“Al principio no quería hacerlo porque pensaba que había un conflicto de interés pero luego pensé que eso me vale madres”, dice.

Un caso que muestra que el #MeToo ha penetrado todas las esferas de la sociedad colombiana y en cada una ha tomado una fuerza distinta. “El escrache en los colegios deja en evidencia que a veces no hay nada distinto por hacer. Y nos alerta a todos para que hagamos algo”, cierra Andrés Vélez, un abogado experto en casos de acoso y abuso sexual en menores que trabaja con RedPapaz haciendo pedagogía de este tema en los colegios. 

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El Plan Nacional de Desarrollo que Gustavo Petro le presentó al país la semana pasada incluye la propuesta de transformar el sistema de adopción en Colombia. El gobierno quiere que este sea manejado solamente por el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Eso saca de la ecuación los centros de protección, instituciones privadas que por años han acompañado a los niños que no pueden estar con sus familias biológicas y que hoy tienen a su cuidado a 19 mil niños.

“Se avanzará en la desinstitucionalización de la niñez en protección, ampliando las modalidades alternativas de cuidado. El servicio de adopción se reestructurará para ser ejecutado directamente por el Icbf”, dice el documento en su exposición de motivos.

La propuesta aterriza los llamados de organismos internacionales para que las adopciones estén a manos del Estado, con el fin de evitar que privados metan la mano y tergiversen el proceso. Además, la “desinstitucionalización” busca que, bajo la tutela estatal, los niños abandonados estén en hogares sustitutos mientras son adoptados y no en casas donde los cuidan como pasa ahora.

Pero desconoce que las casas de adopción privadas en Colombia –que cuentan con el respaldo del Icbf– se encargan del 34 por ciento de las adopciones y que el sistema actual de familias no da abasto.

Lo que Petro quiere cambiar

Todas las adopciones en Colombia están a cargo del Icbf a través de la misma institución o de seis Instituciones Autorizadas para Adelantar Programas de Adopciones (Iapas). Cuatro están en Bogotá, una en Medellín y una en Cali. Además de adopciones, las Iapas también están encargadas de la protección de la infancia y en ellas residen los niños y niñas durante un proceso de restablecimiento de derechos.

De los niños que cuidan solo el 15 por ciento son adoptables pues la mayoría regresan a sus familias tras un largo proceso de acompañamiento.

El Icbf tiene asiento en los comités de esas instituciones, asiste a sus reuniones y es el que autoriza o no los procesos de adopción. Pero cuando un niño va a ser adoptado, es la institución la que contrata a los abogados para adelantar el proceso y a los psicólogos para acompañar al niño y a la familia.

Como el Icbf tiene en su planta a los profesionales que hacen el proceso administrativo, este es gratuito. Mientras que en una de las Lapas la adopción puede valer entre 6 y 12 millones de pesos, según la institución. Con los privados es la familia la que paga directamente a los profesionales que se necesitan a través de esa casa.

Ana Isabel Moreno es psicóloga especializada en procesos de adopción y madre adoptiva de dos niñas. Ambas adopciones las hizo a través de la Fundación Casita de Nicolás, que es la única autorizada en Medellín para adelantar las adopciones. 

Contexto

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Según ella, la decisión de hacer el proceso a través de una Iapa y no del Icbf la tomó por desconocimiento. “Yo conocía la fundación y llamé ahí y finalmente hice todo el proceso. Desde la primera llamada hasta que me encontré con mi hija pasaron 18 meses”, cuenta Moreno. Ella pagó cerca de cuatro millones de pesos por el proceso administrativo, las sesiones de psicología y el acompañamiento postadopción. Cuatro años después hizo lo mismo para adoptar a su segunda hija. Hoy adoptar en esa fundación vale $8.200.000

“Es por eso que muchas personas hablan de compra de niños. Pero ese es un precio autorizado por el Icbf. En Colombia no existen las adopciones privadas”, explica Cristina Plazas, exdirectora del Icbf y hoy secretaria del comité de adopciones de la Iapa Casa de la Madre y el Niño en Bogotá.

El año pasado las Iapas estuvieron a cargo de 244 de las 718 adopciones a familias nacionales y extranjeras. El 78 por ciento de los niños adoptados a través de esas instituciones tenían características especiales. Algunas graves como autismo, Síndrome de Down, enfermedades graves del corazón otras no tanto, como diabetes o enfermedades mentales leves. Además, la mayoría eran mayores de 10 años.

Aunque son niños que por sus condiciones y edad es difícil que las familias los adopten, Plazas dice que lo que diferencia a las Iapas del Icbf es que buscan activamente a familias que los quieran. Acompañan a las familias para que adopten a esos niños y las acompañan después de la adopción. “Podemos concentrarnos meses en la adopción de un solo niño para garantizar que llegue a una familia, incluso cuando les advertimos sobre esas condiciones que tienen”, dice.

Por eso Moreno, quien trabaja con familias que adoptan a través de esas instituciones y del Icbf, cree que “nuestro sistema todavía no está preparado para que las casas de adopción desaparezcan”.

El cambio que propone Petro

Además de dejar todas las adopciones a manos del Icbf, el PND también dice que las instituciones de protección van a desaparecer porque se “implementará la política de familias hasta 2030, bajo la coordinación del Icbf como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), construyéndose una ruta integral de atenciones, evaluándose e integrando las acciones para la creación de comunidades protectoras integrales”.

Ese es el funcionamiento de las adopciones que ha sugerido la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez a todos los países del mundo. Dicta que mientras los niños y niñas no han sido adoptados por una familia definitivamente o no han regresado a su familia biológica, deben estar en familias sustitutas por un tiempo y no en instituciones como funciona hoy.

Una persona que trabajó en el tema de la adopción dento del Icbf durante varios años, defiende la visión de que el Estado es capaz de asumir toda la carga de las adopciones: “Si desaparecen las instituciones no se van a afectar los derechos de los niños”, afirma, aunque pide no mencionar su nombre porque no está autorizada para hablar. La Silla se puso en contacto con el Icbf, y no obtuvo respuesta. En el gobierno Petro la institución ya va por su segunda directora, tras la salida de Concha Baracaldo, quien llegó al puesto por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, y no dio la talla.

Moreno, reconoce que el modelo que plantea el PND es el ideal, porque les permite a los niños hacer un tránsito más amable entre la salida de su núcleo familiar y la llegada a uno nuevo definitivo. “Si el Estado va a garantizar eso, el modelo que plantea está bien”, dice.

Pero en realidad hoy no existen las garantías para la desaparición de las instituciones de protección porque el modelo de familias sustitutas no da abasto y aún no es claro cómo el Estado va a lograr su meta sin el apoyo de las Iapas.

Según el Icbf en Colombia hay cerca de 73.417 menores de edad con medidas de restablecimiento de derechos. La mitad siguen con sus familias mientras el ICBF verifica que la situación mejore y los niños estén bien, el 30 por ciento está en instituciones –directamente del Icbf o vigiladas por él– y solo el 14 por ciento están en hogares sustitutos.

Para que desaparezcan las instituciones en las que residen los niños y se cumpla lo que establece el PND, el Icbf tendría que trabajar con al menos 500 familias sustitutas más de las que tiene ahora. En 2021 la institución hizo una campaña para conseguirlas pero no lo logró.

La funcionaria del Icbf explica que esa institución siempre ha tenido que hacer grandes esfuerzos para garantizar la mayor cantidad de hogares sustitutos posibles y aún así no son suficientes.

Las Iapas tampoco se oponen al modelo de familias, pero reconocen que ante las limitaciones del Icbf, el modelo está crudo para implementarse ya. “Como medida de restablecimiento de derechos eso es viable. Pero hoy eso significa que se pierda efectividad”, dice la directora de una Iapa en Bogotá que pidió no ser citada para evitar conflictos con el Gobierno.

Para Moreno, que recoge el llamado de varias familias a las que acompaña, “es preferible que si los niños no pueden estar en una familia, al menos estén en una buena institución”. 

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Tras el caso de feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios, algunas congresistas y organizaciones feministas revivieron la petición de que se declare una Emergencia Nacional por Violencia de Género. Esa medida permitiría asignar presupuesto a la atención de las violencias contra las mujeres.

Hasta ahora, el gobierno no se ha pronunciado, a pesar de que es un reclamo de años y que otros gobiernos, como el de México, las han adoptado. 

Deslice hacia la derecha para leer el carrusel completo. 

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