El servicio social obligatorio llegó a su punto de ebullición

El jueves 19 de enero, en el primer sorteo del año del Servicio Social Obligatorio para medicina, enfermería, odontología y bacteriología, el Ministerio de Salud hizo un anuncio que conmocionó a la comunidad médica joven de todo el país. 

“Muy probablemente este sea el último sorteo en el que vamos a tener a personas eximidas del servicio social. Los siguientes sorteos que haremos serán para asignar la plaza y ningún profesional va a quedar eximido”. Y todo el mundo puso el grito en el cielo.

La cosa es así: tradicionalmente los médicos, al graduarse, deben cumplir con el Servicio Social Obligatorio (SSO), apodado simplemente “rural” porque las plazas suelen estar ubicadas en zonas alejadas. 

Se les asigna una plaza y deben pasar un año trabajando en ella para poder obtener después su tarjeta profesional. Pero hay menos plazas que médicos, por lo que estas plazas se sortean entre todos los recién egresados y quienes quedan sin plaza asignada se consideran eximidos.

El rural es el coco de la mayoría de los estudiantes de medicina en Colombia. Tanto así que antes de cada sorteo, los representantes de varias facultades se reúnen a concertar un plan para que cuando el formulario de inscripción les pregunte sus plazas de preferencia todos los egresados escojan las mismas —y en el mismo orden— de manera que estas se saturen y todos reduzcan sus posibilidades de quedar elegidos.

Hay excepciones, claro. Hay personas que me han dicho que el rural fue el mejor año de sus vidas y que lo repetirían mil veces. Y es que sí es una muy buena oportunidad para aprender, coger cancha y hacer cosas que, en condiciones normales, los médicos generales no tienen la oportunidad de hacer. 

Pero las personas que lo disfrutan son aquellas —pocas, muy pocas— que tienen la fortuna de hacer todo esto con un sueldo decente, sin ser explotadas laboralmente y sin vivir en condiciones precarias y, en ocasiones, francamente peligrosas.

Ese es el verdadero problema del SSO. No es tener que retrasar los planes de especialización o trabajar un año en algún pueblo o caserío alejado, sino tener que hacerlo en condiciones paupérrimas.

En el sorteo del jueves, el Minsalud aseguró que a todos los rurales los contratan por nómina y tienen derecho a todas las prestaciones y beneficios laborales, con vacaciones, días libres, recargos nocturnos, día de posturno tras completar un turno noche, límite de horas que pueden trabajar de corrido… 

En la transmisión en vivo, mientras tanto, se podían ver varios comentarios desmintiéndolo, de rurales que no han podido tener vacaciones, a quienes no les pagan los recargos ni les dan posturno. “Que hay una plaza en la guerrilla, por si a alguien le interesa”, comentaban otros, haciendo referencia a las plazas en zona roja.

En Twitter se encuentran testimonios como estos a la lata, y puedo decir que varios son de personas que conozco personalmente: rurales a quienes no les pagan sus prestaciones —aunque sí se las descuentan— porque en el hospital se las roban, ni están cubiertos por una ARL por la misma razón, que reciben amenazas de muerte de grupos armados, que no tienen recursos con los que prestar la atención médica, ni siquiera agua corriente en el hospital. 

Una egresada de mi facultad habló con el rural actual de la plaza que le fue asignada y él, después de enviarle muchos párrafos sobre las horribles condiciones laborales que vivió, le aconsejó: “Huye”.

Mira Rafael te explico: casi me muero, casi me matan, me pusieron a hacer necropsias a la fuerza con una hojilla de bisturí como única herramienta en un cuarto sucio, sin ventilación, sin refrigeración al mediodía a 37 grados de temperatura, llevaba remisiones 24/7 a 4 horas…

— Ornella Pimienta (@OrnellaPimienta) January 19, 2023

Pero claro que no se puede huir. No sin consecuencias. A quienes rechacen la plaza que se les asignó los penalizan nueve meses —es decir, nueve meses sin tarjeta profesional y por ende sin trabajar— y luego deben volver a entrar al siguiente sorteo, donde con toda probabilidad volverán a salir.

Entonces el jueves anunciaron que pronto habrá plazas para todos, y que nadie se va a salvar. Y, más allá de la viabilidad de cumplir esa promesa (ese es otro debate), mucha gente está indignadísima porque, con toda la precarización laboral que implica, ahora el rural va a ser obligatorio.

Mejor dicho, están indignados porque ahora van a obligar a tres mil médicos a trabajar en esas condiciones, en lugar de seguir obligando solo a mil como siempre ha sido. Y no son mil escogidos al azar: el algoritmo que usan para asignar plazas escoge siempre a los de universidades públicas primero, y los que crecieron o estudiaron en una región (entre más pequeña, peor) tienen más posibilidades de salir que los de las grandes ciudades.

No es que el rural no sea motivo de indignación, porque lo es. La equivocación está en venir a indignarse solo cuando los de universidades privadas y ciudades grandes ya no se van a salvar. La injusticia no es que ahora todo el mundo vaya a tener que trabajar en esas condiciones, sino que tantos hayan tenido que hacerlo ya, y muchos lo sigan haciendo en este momento. 

La solución no es mantener el sorteo como está, sino hacer algo para mejorar las condiciones de quienes seguirán saliendo elegidos. El anuncio y la indignación que le siguió pusieron de manifiesto la urgencia de cambiar las condiciones de los médicos del SSO. 

Y qué mejor momento para hacerlo, cuando este gobierno prepara una gran reforma a la salud. ¿Será que la ministra Corcho, que saltó a la fama por defender los derechos de los profesionales de la salud, no considera que dignificar las condiciones laborales de los rurales sea una prioridad? La oportunidad está en bandeja de plata.