Natalia Arbelaez Jaramillo, Author at La Silla Vacía

7 claves por las cuales la coca sigue siendo una amenaza para la Amazonía

Natalia Arbelaez Jaramillo-María Paula Acosta Boada — Mon, 10 Jun 2024 07:22:54 +0000

Aunque la ganadería tiene un impacto directo en el número de hectáreas deforestadas mayor al de la coca, esta economía ilícita sigue siendo una de las principales amenazas para la conservación de la Amazonía, según lo demuestra el análisis de las cifras de los últimos diez años de coca y deforestación en la selva colombiana, peruana y ecuatoriana y la opinión de los expertos. Estas son siete razones:

Esta historia es parte de un especial regional llamado “Narcodeforestación: el nuevo mapa de la coca destruye la Amazonía Andina” coordinado por Ojo Público de Perú, en colaboración con La Silla Vacía de Colombia, la Revista Vistazo de Ecuador y El Deber de Bolivia. Y con el apoyo de la Fundación Moore y Natural Resource Governance Institute —NGRI—.

1. Los cuatro departamentos con más coca son también los más deforestados. Putumayo es el caso insigne.

Casi el 60 por ciento de la deforestación en Colombia en los últimos 10 años se concentró en la Amazonía. Y los cuatro departamentos de esa región que la jalonaron son a su vez los que mayor cantidad de cultivos de coca tuvieron en ese período, solo superados por Nariño (Tumaco – Puerto Asís) y Norte de Santander (Tibú).

Puntualmente, Putumayo —que en 2022 aportó el 6 por ciento de la deforestación de Colombia y cuya principal actividad económica es la coca— ha tenido la tasa promedio de deforestación más alta en la Amazonía en la última década (sólo Meta lo superó, pero no es un departamento 100 por ciento amazónico).

Hay tres departamentos en la Amazonía que han tenido poca deforestación y, a su vez, pocos cultivos de coca y ganadería porque la humedad es del 90 por ciento y hay muchos terrenos inundables.

Además dado lo apartado que están de los centros de producción no es rentable llevar hasta allá insumos ni sacar los productos. Estos son Amazonas —que tiene casi una cuarta parte del bosque de la Amazonía— Guainía y Vaupés.

2. La dinámica de enclaves aumenta el riesgo de degradación del bosque

En los últimos cinco años, la Unodc ha venido identificando una nueva dinámica del narcotráfico que está destruyendo la biodiversidad: los enclaves. Estos concentran en unos puntos específicos la siembra, extracción, producción y comercialización de la coca para manejar economías de escala con procesos tecnificados y están bajo el dominio de grupos armados. Dos de los más grandes se ubican en los bordes del río Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador.

Mientras que antes en un departamento como el Putumayo el paisaje era, según Leonardo Correa, Coordinador regional de análisis monitoreo e información de Unodc, como un “queso gruyere” con pequeños cultivos de coca sembrados por comunidades campesinas o indígenas en el medio del bosque ahora, gracias a los enclaves “lo que se ve es la tala rasa”, dice.

Los cultivos de coca que solían ser de entre 2 y 6 hectáreas, ahora superan las 20 en ese departamento, como lo ha constatado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible —Fcds—en sus sobrevuelos desde 2022. La producción de coca ahí dobla el promedio anual de 6 toneladas por hectárea, llegando a 12, según Correa. “Las nuevas áreas están dejando de ser zonas dispersas y de baja densidad de siembra”, dice el informe de monitoreo de cultivos de la ONU de 2022.

Como en los enclaves arrasan con todo en una zona no solo afectan los bosques talados sino también los contiguos que quedan en pie.

Ese impacto lo llama la científica Dolors Armenteras el efecto de borde: “los bordes se crean donde se termina el bosque y empieza un pedazo de tierra con una cobertura totalmente diferente que expone esos bordes a desecación, lo que hace que no retengan la humedad y estén más expuestos a especies invasoras y al sol, viento, etc”.

Entre más grandes están volviendo a ser los cultivos de coca, el bosque que queda en pie no alcanza a cubrir con su sombra el área descubierta, y por lo tanto, entra más sol y se evapora más el agua. Por eso, en las áreas donde se ha generado más efecto de borde hay más probabilidad de incendios que en el bosque, que es más húmedo y está en mejores condiciones, explica Armenteras.

Tomado de una presentación de Dolors Armenteras y otros investigadores.

Según el estudio en el participó Armenteras, casi un tres por ciento del bosque de la Amazonía puede estar degradado por el efecto borde, esto son cerca de 188,531 kilómetros cuadrados, casi el doble del departamento de Amazonas que es el más extenso de Colombia o del país de Guatemala.

Con los enclaves también se ha intensificado no solo el uso de los químicos que contaminan la tierra, los ríos y el aire sino que se depositan grandes cantidades de insumos en un solo lugar, según explica Correa, el Coordinador regional de análisis monitoreo e información de Unodc.

Según esa entidad para producir un kilo de cocaína se requieren 320 litros de gasolina y 700 kilogramos de hoja de coca. La mezcla de la hoja con residuos de cemento, combustible y otros materiales son desechados después sin tratar en su mayoría. Un 20 por ciento de la gasolina se evapora en el proceso y queda en el ambiente.

3. La crisis de la coca de los dos últimos años solo la viven los pequeños productores y, en todo caso amenaza, la conservación

La crisis en la compra de coca reportada desde finales de 2022 continúa hoy, muchos campesinos e indígenas en Putumayo tienen bultos de hoja de coca y pasta básica de cocaína guardada porque las organizaciones criminales no les quieren comprar. Esta situación también está ocurriendo en el Guaviare, según Angélica Rojas, coordinadora regional de Fcds en ese departamento.

Según dos líderes sociales en el Putumayo que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, los Comandos de la Frontera, la disidencia con mayor control en el Putumayo, les ha dicho que con la purga que ha hecho el gobierno Petro en las Fuerzas Militares ya no tienen aliados en la ‘legalidad’ para sacar la coca. Y prueba de eso sería el crecimiento de las incautaciones.

Pero al ver las cifras de la Amazonía las incautaciones han bajado desde 2022.

A nivel nacional sí han aumentado. Pero los expertos sostienen que las mayores incautaciones lo que demuestran es que hay más cocaína circulando. Así lo creen Correa, coordinador regional de la Unodc, Kyle Johnson, investigador de la ONG Core, o Insight Crime.

En 2022, hubo récord de hectáreas sembradas a nivel nacional: 230 mil. Y en 2022 y 2023 hubo récord de toneladas incautadas. En la última década aumentaron, además, en un 23% los consumidores de coca en el mundo.

Entonces lo que puede explicar la crisis de la compra es que el desarrollo del negocio a través de enclaves está dejando por fuera a muchos cultivadores pequeños que no están dentro de esos puntos de concentración y que siguen procesos más artesanales, en algunos casos de menor calidad que la que exige ahora el mercado internacional.

Por esta diferencia entre la dinámica en los enclaves y la que hay afuera, Unodc está reevaluando su sistema de medición de precios de la hoja de coca y sus derivados, pues ahora el precio varía dependiendo del lugar donde se pregunte. Antes era homogéneo dado el monopolio que tenían las Farc, según Correa.

Ante la sobreoferta, los campesinos, según los dos líderes del Putumayo con los que habló La Silla, han dejado de sembrar coca. Las cifras de la Policía muestran que, como en otros departamentos, allá se estancaron los cultivos entre abril y agosto de 2023, luego de que en los dos años anteriores hubieran crecido en un 70 por ciento.

Esto coincide con una caída de la deforestación en Putumayo, que parece por eso estar muy ligada a los cultivos de coca. Contrario a la tendencia nacional, Putumayo fue el único que tuvo una reducción en el último trimestre de 2023: se talaron 1976 hectáreas menos con respecto al mismo período de 2022.

En todo caso, esto no significa que el bosque esté más conservado. Algunos campesinos y comunidades indígenas están extrayendo maderas finas para sobrevivir; y aunque otros árboles sigan en pie, la tala selectiva provoca la desaparición de algunas especies que vivían en los árboles tumbados y afecta el ecosistema en su conjunto, como lo ha demostrado la investigadora Armenteras

4. La coca se siembra en ecosistemas de alto valor biológico y pone en riesgo los liderazgos ambientales

El 57 por ciento de los bosques en Colombia están en zonas protegidas y dos terceras partes están en la Amazonía. A su vez, casi la mitad de los cultivos de coca están también en parques naturales, resguardos, territorios de comunidades negras y zonas de reserva forestal.

La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60 por ciento de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección, la mayoría del bioma amazónico.

Reserva Natural Nukak

Tepuyes (formaciones rocosas milenarias)

Cultivos de coca en las inmediaciones

No es gratuito. Dado el carácter ilegal de los cultivos de coca, estos se siembran en zonas muy apartadas para evitar su persecución y usualmente de alto valor biológico, según Pedro Arenas, de Viso Mutop, una organización que da recomendaciones de política pública en este materia.

Las erradicaciones forzosas y la fumigación desplazaron la coca hacia áreas protegidas con baja presencia del Estado. La imposibilidad también, según el Cesed de la Universidad de Los Andes, de que los colonos en esas zonas puedan convertirse en propietarios pues estos terrenos son imprescriptibles y no se pueden adjudicar, impide que accedan a crédito para desarrollar actividades legales. Eso, sumado a que no tienen riesgo de que les extingan el dominio por la misma razón, los hace más proclives a dedicarse al cultivo de coca. En otros casos son obligados a hacerlo por los grupos armados que controlan el territorio.

Esto, además, implica que las comunidades indígenas que defienden sus territorios o se oponen a la siembra de coca en la Amazonía sean amenazados, desplazados o asesinados. Lo mismo pasa con los líderes que promueven el programa de sustitución de cultivos ilícitos —Pnis— u otras alternativas de conservación, como los guardabosques y autoridades ambientales.

En los municipios con cultivos de coca la violencia se exacerba. Entre 2017 y 2022 hubo cuatro veces más homicidios contra la población civil, que en otros municipios según Indepaz. Cifras de la misma organización muestran que de los 1532 líderes asesinados entre 2016 y 2023, el 13 por ciento se reportaron en departamentos de la Amazonía, la zona más afectada después de Cauca y Antioquia.

Los indígenas fueron proporcionalmente la población más golpeada; representan menos del 4 por ciento de la población colombiana, pero fueron el 19 por ciento de los líderes asesinados en 2023.

5. La coca dinamiza otras actividades que promueven la deforestación

Pedro Arenas, investigador de Viso Mutop, sostiene que después de que los cultivos de coca amplían la frontera agrícola, en los siguientes cuatro años se dan las condiciones para que otras actividades legales e ilegales se expandan hasta ese límite.

Esto se explica porque, por un lado, los cocaleros suelen transitar a actividades legales como la ganadería para invertir y justificar su renta, por lo que después de sembrar voltean sus tierras a pastizales y luego a ganado. Por eso la ganadería, que es una de las principales causas de deforestación hoy, no está desligada de la coca en muchos casos.

Y si no pueden dedicarse a la ganadería, le apuestan a la valorización de esos predios, especulan con los precios y los venden al cabo de un tiempo.

Con las comunidades que se forman alrededor de los cultivos de coca arranca también una demanda de servicios: escuelas, viviendas, comercios, infraestructura eléctrica, carreteras, que a la postre facilitan o motivan otras actividades que ejercen presión sobre la conservación. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo, según el investigador Arenas, en Puerto Guzmán en la ribera del Río Caquetá hacia el norte del Putumayo donde se están convirtiendo los terrenos en praderas para ganadería.

Además, el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados en la Amazonía y son ellos quienes definen en buena medida qué pasa con la deforestación.

Antes del Acuerdo de Paz, las Farc se dedicaban al narcotráfico, pero controlaban la deforestación porque se escondían del Ejército en el bosque. Tras su salida del territorio, llegaron nuevos grupos criminales con lógicas diferentes.

Según un informe de Core, alias Gentil Duarte, al mando de las disidencias de las Farc que hoy son el Estado Mayor Central —EMC— permitió la tala de bosque para sembrar coca, para abrir trochas para moverse y para poder cobrar vacuna por cada vaca que metían al terreno grandes terratenientes que llegaron al Guaviare, al sur del Meta y Caquetá. Entonces, en 2017 aumentaron los cultivos y también la deforestación.

Con la muerte de Duarte cinco años después y la llegada de alias Mordisco hubo un giro. Para poder entrar en la negociación de la Paz Total con el gobierno de Gustavo Petro, ese comandante de las disidencias ordenó detener la deforestación para demostrar que tenía cómo mejorar un indicador que hace parte del corazón de la apuesta ambiental del presidente.

Desde entonces, la deforestación ha subido y bajado según las órdenes de ese grupo; excepto en Putumayo, donde el grupo que ejerce mayor control es la disidencia de Comandos de La Frontera y el comportamiento está más relacionado con alzas o bajas de los cultivos de coca.

6. Más allá de Colombia, el narcotráfico es el motor de la deforestación del bioma amazónico

La recomposición de los grupos criminales con la salida de las Farc de la Amazonía y el desplazamiento de la mayoría de los cultivos de coca hacia las zonas de frontera, para poder sacar más fácil la mercancía por los ríos, generó un cambio en la dinámica del narcotráfico en Perú y Ecuador.

Según la investigación periodística Amazon Underworld, las disidencias colombianas, específicamente los Comandos de Frontera vinculados a la Segunda Marquetalia, empezaron a sembrar cultivos de coca a lado y lado del Río Putumayo en la frontera con Perú en un proceso de internacionalización.

Entre 2018 y 2022 en Putumayo, aumentaron los cultivos de coca 1,5 veces mientras en Loreto, Perú (al otro lado de la frontera), 1,8 veces. La Unodc dice que hay una continuidad entre los cultivos de coca a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo, y el núcleo de coca en el Putumayo peruano.

En la frontera sur de Colombia con Ecuador se duplicaron los cultivos de coca, al tiempo que se duplicaron las incautaciones de cocaína en ese país vecino entre 2019 y 2022.

En términos de conservación, de acuerdo a Correa, de Unodc, el aumento en productividad de las variedades de coca como su mayor tolerancia a otras condiciones climáticas ha hecho que se haya empezado a sembrar en áreas selváticas del Perú diferentes a los lugares tradicionales para estos cultivos, como Loreto en el Putumayo peruano, donde los cultivos de coca pasaron de 370 hectáreas en 2015 a más de 6470 en 2021. Aunque ahí no se concentra la mayor cantidad de cultivos en Perú, sí es donde ha habido mayor crecimiento en los últimos años. Y esto ha implicado tumbar bosque.

Además, las disidencias colombianas ahora colaboran con los principales grupos criminales brasileros: los Comandos de Frontera le venden al Primer Comando de la Capital PCC y el Carolina Ramírez al Comando Vermelho. Esto ha reforzado su influencia y alcance territorial. Según Luz Alejandra Gómez, de Fcds, es común escuchar a brasileros en Puerto Asís y Puerto Leguízamo.

La Amazonía es el lugar en el mundo con mayor concentración de grupos criminales, que no sólo dominan casi toda la cadena del narcotráfico sino que también se dedican a actividades ilegales que atentan contra la conservación de la región: la minería, la extracción de madera, el tráfico de fauna, la ocupación irregular de tierras.

Con el oro, el narcotráfico es la actividad económica más rentable, y los réditos de esas industrias son lavados, a su vez, en algunos casos con tierras, ganado y agricultura. Por esa razón, Unodc y expertos como Rodrigo Botero, director de Fcds, llaman la atención sobre el impacto negativo indirecto que tiene la coca en los otros motores de la deforestación.

7. Las políticas de los gobiernos que han buscado combatir la coca han sido contraproducentes para la conservación

Por su alta participación en los cultivos de coca, Putumayo ha sido el epicentro de varias políticas gubernamentales.

Según el balance que hizo el Cesed sobre el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos –Pnis–, el solo anuncio de esa política en los municipios priorizados provocó que se multiplicaran por cinco los cultivos de coca y que la deforestación aumentara entre el 20 y el 31 por ciento. Ya en la fase de ejecución, la motivación de acceder a los proyectos productivos generó un crecimiento de los cultivos del 53 por ciento y de la tasa de deforestación de entre el 13 y 15 por ciento.

El Putumayo fue el departamento con más beneficiarios, un 21 por ciento del total —poco más de 20 mil familias— y se erradicaron casi 10 mil hectáreas voluntariamente en Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle del Guamuez. Pero la gente volvió a sembrar ante el incumplimiento del Estado. A 2022, casi cinco años después, solo un 2,75% de los inscritos había recibido el total de los beneficios. En esos lugares es donde hoy se reporta mayor cantidad de cultivos, según la Unodc.

La operación Artemisa, por otra parte, durante el gobierno Duque, que fue la intervención militar de la Amazonía para frenar la deforestación, distanció a la gente del Estado y empujó los cultivos de coca hacia zonas protegidas.

Con el gobierno Petro el panorama de incumplimiento no ha cambiado. Sebastián Gómez, del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) dice que esto mina la confianza de la gente en las instituciones en general, más allá de los gobiernos, y afecta el futuro de nuevos programas como los núcleos de desarrollo forestal que está impulsando el MinAmbiente.

Actualmente y como un efecto no deseado, la importancia que Petro le ha dado a lo medio ambiental ha implicado que la Amazonía se convierta en un instrumento de poder de negociación para las disidencias.

Como quedó en evidencia con el repunte de la deforestación más reciente, el fracaso de la negociación con Mordisco explica las alzas de más del 40 por ciento en la deforestación: son los avances o reveses en las mesas de negociación del gobierno los que marcan los ritmos.

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Mujeres en Buenaventura: ni abortos más seguros ni embarazos dignos

Natalia Arbelaez Jaramillo-Miguel Uribe Botta — Sun, 04 Feb 2024 05:30:00 +0000

En febrero se cumplen dos años de la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia. En 2022 también se aprobó la Ley de parto humanizado. Pero en lugares periféricos como el Pacífico, ambos avances, que tienen que ver con la decisión crítica para las mujeres de tener o no tener hijos en condiciones dignas, están lejos de ser una realidad.

La Silla Vacía viajó a Buenaventura, donde la mayoría de la población es afro y su territorio es casi cien por ciento rural. Allá las mujeres tienen múltiples barreras visibles e invisibles para acceder a los servicios de salud. Eso encontró el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi con apoyo de la Fundación WWB, en su investigación llamada: “Caracterización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guapi y Buenaventura”. Así lo relatan las mujeres en el territorio.

Cartilla ¡Que no le pase co… by La Silla Vacía

Documento caracterización de las mujeres en los municipios de Guapi y Buenaventura (2) by La Silla Vacía on Scribd

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Las mujeres excluidas del carbón cuestionan la transición

Natalia Arbelaez Jaramillo-Juan Carlos Hernández Mozo — Thu, 30 Nov 2023 18:13:11 +0000

La Silla Vacía viajó a seis municipios del sur de La Guajira y el Cesar donde muchas mujeres, afro en su mayoría, lideran organizaciones para resistir la minería de carbón que lleva al menos 40 años en su territorio, y también para cuestionar la transición energética, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro.

En ambos casos las une la mezcla entre haber sido excluidas de los beneficios directos del sector minero como tener trabajo e ingresos altos por ello, y ser más conscientes de la afectación de sus territorios que esa actividad produce por cuenta de las labores de cuidado que han desempeñado tradicionalmente. Para ellas ese modelo profundiza las brechas de género.

Y la transición hacia la producción de energía con fuentes renovables en esa región del país: las granjas de paneles solares, la extracción de gas en mantos de carbón o la minería de cobre no se ven muy diferente de lo que ha sido la industria extractiva del carbón.

En este video cuentan cómo puede ser una transición justa para ellas, a partir de su experiencia previa con la minería.

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Argos hace afirmaciones engañosas sobre compra masiva de tierras

Natalia Arbelaez Jaramillo — Wed, 06 Sep 2023 02:37:30 +0000

El presidente Gustavo Petro estuvo el 30 de agosto en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, entregando 780 hectáreas para que víctimas del conflicto desarrollen proyectos productivos en ese lugar. En su discurso dijo que el gobierno era señalado de querer expropiar tierras, pero que, en cambio, nadie —ni los medios, ni los políticos—, habían señalado de lo mismo a Argos por la compra que hizo de tierras que originalmente pertenecieron a campesinos desplazados de los Montes de María.

Petro se refiere a la acusación que le han hecho de que para hacer una reforma agraria quiere quitarles los predios a las personas contra su voluntad y sin indemnización —algo que en Colombia no está permitido—. Y hace una equivalencia con lo que Argos hizo en esa zona del país.

El discurso se esparció en la opinión pública cuando el gobierno lo restransmitió en cadena nacional, rompiendo la programación de los canales privados. Esto generó una respuesta de Argos defendiéndose del señalamiento, y posturas a favor de uno y otro. Mientras el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el “profesionalismo” de la cementera, el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo que las acusaciones de Petro no eran nada “descabelladas”.

Para saber quién tiene la razón en esa discusión, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que las afirmaciones de Petro relativas a que Argos se quedó con la tierra de campesinos que fueron masacrados y desplazados están respaldadas en al menos 17 sentencias judiciales en contra de la cementera, el informe de la Comisión de la Verdad y un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Pero es engañoso decir que por eso Argos “expropió” a los campesinos, es decir que les quitó la tierra contra su voluntad y no les pagó, como se ha usado el término en la opinión pública.

Mientras tanto Argos hizo varias afirmaciones engañosas en su respuesta, como que fue objeto de “algunas reclamaciones” (minimizando los hechos), que actuó de manera diligente, cuando los jueces han dicho lo contrario, y que no se opuso a los procesos de restitución, cuando lo ha hecho alegando ser poseedor de buena fe.

Lo que dijo el presidente Petro y lo que le respondió la cementera Argos

El presidente en su discurso dijo textualmente: “La gran empresa amiga del gobierno del presidente de ese entonces, Argos, de quién es, del mismo dueño de El Colombiano, del Grupo Empresarial Antioqueño, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre (de El Salado), no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre, se quedó con la tierra de los campesinos. Y alguien en algún lugar acaso dijo: ¿que lo que había hecho Argos era una expropiación a miles de campesinos?

Pasaron los años y los procesos judiciales, 22, hasta que los jueces decidieron justicia y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos.

Hoy ni siquiera estamos entregando esa tierra. ¿Qué perdía Argos por entregar tierras apenas se dio cuenta apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer, no fueron capaces de devolver la tierra?

Ya pasaron los años de los 22 procesos judiciales y ya los perdieron todos. Ahora entregan un predio en donación, pues que sea el comienzo de un mensaje no solo del grupo Argos sino del gran capital en Colombia”.

Argos, la cementera más grande del país, respondió por su parte: “Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, posterior a la compra por parte de Argos, se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación. Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución. La compañía, que no tuvo ninguna injerencia ni participó en esas ventas iniciales, tomó la decisión de transformar el proyecto ambiental en un proyecto social, con lo cual, en el año 2015, y de la mano de la comunidad se donaron las 6600 hectáreas, es decir, la totalidad de los predios en El Carmen de Bolívar y Ovejas a la Fundación Crecer en Paz, entidad sin ánimo de lucro, independiente de Argos”.

La situación de violencia generalizada de los Montes de María era un “hecho notorio”, dicen las sentencias en contra de Argos y este mismo no lo ha negado

A partir de 2008, como lo señala la cementera, y hasta aproximadamente 2011, Argos compró 6600 hectáreas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), San Onofre, Ovejas (Sucre) y San José de Becerril (Cesar). El objetivo era destinarla a la siembra de Teca, una madera nativa de Indonesia de las más finas del mercado. Lo hizo, según la cementera, atendiendo la invitación del gobierno nacional de la época (Álvaro Uribe) a invertir en esa zona.

Pero desde el año anterior, el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar, mediante acta No 001 del 3 de octubre de 2007, había declarado “la inminencia y riesgo de nuevos desplazamientos por la compraventa masiva e indiscriminada de tierras”, por lo cual limitó la enajenación o transferencia de inmuebles rurales.

En la misma línea, la gobernación de Bolívar mediante Resolución 01 del 3 de octubre de 2008 también alertó sobre: “la inminencia de riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la venta masiva e indiscriminada de tierras que pueden alterar el orden socioeconómico de la Zona Baja del Municipio de El Carmen de Bolívar”.

Sin embargo, según la sentencia número 004 en contra de Argos, del Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del 12 de octubre de 2016, la restricción de venta que establecía el Comité de Atención de la Población Desplazada no fue inscrita en varios predios, se inscribió después de hechas las ventas o fue levantada de manera irregular”, lo que permitió que se continuara con la enajenación de inmuebles en medio de la violencia y pese a las alertas, como fue el caso de la cementera.

Así lo documentó el informe del Centro de Memoria Histórica de 2010 “La tierra en disputa”: “En varias regiones azotadas por la violencia se ha dado el fenómeno de compras masivas de tierras, cuyo ejemplo más claro se encuentra sin duda en la región de Montes de María… No hay que olvidar que El Carmen de Bolívar es el municipio de mayor número de muertes violentas en toda la región y de mayor cantidad de población desplazada expulsada de su territorio durante los últimos quince años”.

“También se ha visto que en El Carmen de Bolívar se presentaron varios momentos de aumento en el movimiento de predios, en años muy posteriores a los episodios más fuertes de violencia, como es el de las masacres del 2000. En efecto, los picos en ese movimiento se vieron en los años 2005 y 2006 y recientemente, en los años 2008 y 2009”.

El mismo Grupo Argos ha reconocido en los procesos judiciales la situación anómala en medio de la cual compró las 6600 hectáreas, sólo que no considera que eso desvirtúe su debida diligencia:

“El conocimiento por parte de Cementos Argos de la violencia que ha vivido el país y de las regiones más afectadas por el conflicto, no puede bastar para que se afirme que cuando tomó la decisión de invertir en esas regiones lo hizo alejada de la buena fe exenta de culpa”, dijo Argos en su defensa en uno de los procesos judiciales. Ese argumento ha sido desvirtuado por varias sentencias judiciales.

Al menos 17 sentencias de jueces de restitución de tierras han ordenado restituir la tierra a Argos

En su discurso Petro habló de 22 sentencias que le ordenaron a Cementos Argos restituir la tierra a campesinos. En sus Twitter, él y Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras, publicaron imágenes de las bases de datos que tienen la relación de esos fallos.

Al consultar varios de los radicados en la página de la rama judicial apareció que no era posible acceder a la información. Pero una investigación del medio Rutas del Conflicto publicada en septiembre de 2022 sí estableció que 17 sentencias de jueces de restitución de tierras, proferidas entre 2016 y 2021, anularon las compras que hizo Cementos Argos de predios ubicados en los Montes de María y en el César, principalmente.

La cementera ha tenido que restituir “más de 1.300 hectáreas que años antes habían sido vendidas por campesinos desplazados por la violencia”, dice la investigación. Esto es un 20 por ciento de las 6600 hectáreas que compró en esa zona.

La Fundación Crecer en Paz, que creó Argos para donarle en 2015 esos terrenos a campesinos, le dijo a Rutas del Conflicto que aún están pendientes las sentencias sobre 18 predios en reclamación.

Lo anterior es contrario a la afirmación que hizo el presidente de Cementos Argos, minimizando la cantidad de demandas de que han sido objeto. En un comunicado en reacción al discurso de Petro afirmó que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas (1448/11), “se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación”. Han sido al menos 17 los fallos.

Por su parte, presidente Petro en su discurso en el Salado dijo que la en la práctica Argos expropió la tierra de campesinos desplazados pues en la medida que se quedó con varias de ellas se benefició con el producto de “la sangre” y “de la masacre”. Dijo textualmente, en todo caso, que no estaba acusando a la empresa de las masacres como tal. Pero es engañoso decir que por eso Argos “expropió”. Pues una cosa es que se haya beneficiado del despojo como lo demuestran las sentencias que ordenan restituir las tierras producto del mismo, y otra que Argos les haya quitado las tierras directamente a los campesinos contra su voluntad y adicionalmente no les haya pagado, como se entiende el término expropiar en la opinión pública.

Así para el presidente sean equivalentes. Esto último no ha sido probado en los procesos judiciales que le han ordenado devolver la tierra. La compra la hizo Argos de intermediarios, muchos de ellos reconocidos en las sentencias como compradores masivos que pudieron cometer delitos. Y los actos de despojo han sido atribuidos a diferentes actores del conflicto armado según la época.

Argos no ha sido reconocido como poseedor de buena fe exenta de culpa en las sentencias que le han ordenado restituir, contrario a lo que dice

En ninguna de las 17 sentencias que revisó Rutas del Conflicto se le reconoció a Cementos Argos alguna indemnización por las compras que hizo, pues no pudo probar en esos casos que era un poseedor de buena fe exenta de culpa. Es decir, que no fue lo suficientemente diligente para determinar que los bienes que estaba adquiriendo no eran provenientes de una situación de desplazamiento forzado, por ejemplo, que viciara los negocios.

En contradicción con esto, en su respuesta reciente al presidente Petro señaló: “fue así como adquirieron 6600 hectáreas en dichos municipios, para lo cual se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”.

Pero no era suficiente según los jueces de restitución de tierras, que la cementera hiciera un estudio simple de títulos de propiedad de los inmuebles sin remitirse al contexto de violencia del lugar y desconociendo las advertencias de las autoridades de que se trataba de predios protegidos que no se podían vender. El nivel de diligencia en zonas afectadas por el conflicto armado es mayor que el que se exige en condiciones normales para la celebración de contratos.

En relación con esto, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en la sentencia número 004, habló de un “aprovechamiento masivo de la situación de violencia” de Argos y por eso negó el reconocimiento de cualquier indemnización.

“Está demostrado que Cementos Argos adquirió en un mismo momento varios predios afectados por contextos de violencia asociados al conflicto armado en sentido amplio, motivo por el cual no puede ser beneficiario de una compensación económica a cargo del Estado por dos razones: (1) demuestra actividades o comportamientos repetidos a pesar del contexto con lo cual puede sospecharse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia; (2) El carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad”.

Continúa el tribunal: “A pesar del cuadro de violencia vivido en la región y la afectación directa de la familia del señor Fernández Yepes, a la cementera solo le importó concentrar la mayor cantidad de predios para implementar su proyecto forestal (se refiere a la siembra de Teca una de las maderas más finas del mercado), incurriendo aún en irregularidades en su adquisición, pasando por alto las especiales calidades del inmueble, la forma en que Echeverría Ramírez y Saldarriaga Jaramillo (los intermediarios de quienes adquirió algunas de las propiedades) ejecutaron para su beneficio una desmesurada contrarreforma agraria, que en tan solo dos años por hectárea de tierra a este último le representó una ganancia de más de mil por ciento”.

Menciona el tribunal que mientras al beneficiario de la restitución se le pagó poco más de 4 millones por toda la tierra, Saldarriaga Jaramillo le cobró a Cementos Argos, 3 millones por cada hectárea, según lo informó en el proceso, su representante Fiduciaria Fiducor.

Sentencia 4 Argos Tribunal de Antioquia by La Silla Vacía on Scribd

En concordancia con lo anterior, el Caso 079 del informe de la Comisión de la Verdad, que fue liderada por el padre Francisco de Roux, a quien Argos invitó a acompañar el proceso de la Fundación Crecer en Paz, señala que la cementera usó un esquema de compra de las tierras en los Montes de María y Cesar que denota un nivel de sofisticación que buscaba desligarlos de los dueños iniciales y por ende dificultar cualquier eventual reclamación de restitución.

Esta información proviene además de testimonios recabados en sus tres años de funcionamiento, del informe que elaboró la Fundación Forjando Futuros, que dirigía anteriormente Gerardo Vega, actual director de la Agencia Nacional de Tierras, que estudió 16 sentencias en contra de Argos proferidas por cinco tribunales diferentes (tribunales de Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Antioquia).

Dice el informe de la Comisión de la Verdad que “El objetivo de ARGOS era ambicioso: adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala. Para lograrlo, estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros”.

Esos predios eran transferidos a un patrimonio autónomo que administraba la Fiduciaria Fiducor (hoy Alianza Fiduciaria) y del que era beneficiario Cementos Argos.

“ARGOS desarrollaba el proyecto agroforestal con el apoyo del gobierno nacional y la cooperación internacional, en el marco de las políticas públicas ambientales de incentivos forestales (CIF)”, concluye el informe de la Comisión.

Otra de las sentencias proferidas en contra de Argos es la de la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, del 27 de marzo de 2019. Según el tribunal con el esquema complejo de compra que montó Cementos Argos, bajo el argumento de atraer inversionistas, “terminó incluyendo el bien de las víctimas solicitantes en una cadena traditicia que distrajo la problemática de los desplazados por el conflicto armado, iniciales propietarios del fundo, y generó que la sociedad Argos S.A., en el contrato de fiducia reflejara una ambigua relación respecto a los bienes fideicomitidos y que terminó diluyendo de la vista pública su participación en la compraventa del bien pedido en restitución”.

Ese tribunal también dijo que era inexcusable que una empresa de esa envergadura, así como, de la de la Fiduciaria Fiducor S.A. no hubiera advertido todos los riesgos que tenían esas compras: “sobre todo el riesgo que asumió como negociante al momento de adquirir predios que otrora fueron de propiedad de personas víctimas de desplazamiento forzado lo que hacía suponer aún al más desprevenido de los contratantes una muy alta probabilidad de que los acuerdos realizados podrían estar afectados por vicios del consentimiento…”, afirman los magistrados.

Ovejas 27 de marzo 2019 by La Silla Vacía on Scribd

Argos y Tekia, una de sus filiales a través de la cual también compró predios en los Montes de María, le negaron a Rutas del Conflicto que hayan tenido alguna relación con los intermediarios y dicen que en ninguna sentencia se les ha culpado de esto. De hecho señalan que han demandado a algunos de ellos para que les restituyan el precio que pagaron por los bienes que han tenido que restituir a sus dueños originales.

Respuesta Argos Rutas Del Conflicto by La Silla Vacía on Scribd

Sobre el patrimonio autónomo que constituyeron explicaron que es un esquema usual que da confianza y transparencia a potenciales inversionistas a quien buscaban vincular a su proyecto agroforestal.

Cementos Argos sí se ha opuesto a las restituciones contrario a lo que afirma

El artículo 79 de la Ley de Víctimas, 1480 de 2011, es claro en señalar que los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras son los competentes para conocer de esos procesos en única instancia siempre que no haya opositores. En caso contrario, hacen todo el desarrollo del proceso y antes de fallar lo trasladan al tribunal superior sala civil especializada en restitución de tierras del respectivo lugar, para que esta emita la sentencia.

Aunque en varias de las sentencias contra Cementos Argos se lee que este reitera que no se opone a las pretensiones del solicitante de la restitución —siempre que demuestre su derecho—, en realidad cuando alega, como lo hizo en varios procesos, ser poseedor de buena fe exenta de culpa, con miras a una indemnización, esto equivale a una oposición. En ese caso el trámite y los tiempos son diferentes.

“A primera vista pareciera que no se persigue ejercer resistencia…Pero en contraste a ello, realmente sí entraña una verdadera resistencia, por cuanto los argumentos esgrimidos en pro de su defensa amplían el litigio al introducir en la discusión hechos diversos de aquellos afirmados por el actor, alterando por ende el ámbito de la decisión y sus posibles límites”, dice la sentencia número 004 del 12 de octubre de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.

“De ahí que se puede colegir que la actitud del opositor al plantear hechos nuevos, diversos a los postulados en la demanda y que amplían el debate probatorio en torno a los elementos sobre los que está instituida la solicitud, y principalmente al enderezar su alegato a probar que es un titular de derechos adquiridos de buena fe exenta de culpa, tiene la intención de enervar las pretensiones del solicitante y constituye una oposición que activa la competencia de este Tribunal según lo contemplado en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011”, agrega el Tribunal.

En este proceso Fiduciaria Fiducor S.A., como representante del fideicomiso denominado patrimonio autónomo 732-1435 cuyo beneficiario es Cementos Argos S.A., se opuso a la restitución.

Por otro lado, Grupo Argos ha negado cualquier relación con los propietarios iniciales de las tierras. Pero al menos la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar, del 18 de diciembre de 2019, muestra lo contrario: “Ahora bien, durante el interrogatorio del solicitante este manifestó que su predio lo vendió al señor Edgardo Percy Diazgranados —representante de Carbones del Caribe, una empresa señalada de tener vínculos con paramilitares (aclaración por fuera de la cita)—, sin embargo, el certificado de tradición y libertad No. 190-52614 registra en su anotación No. 10 que la propiedad de la Parcela No. 14 fue transferida a la sociedad Concretos Argos S.A…” por Hernán Manel Medrano, el reclamante, que fue reconocido en la misma sentencia como víctima.

Restitución de tierras Valledupar 2019 by La Silla Vacía on Scribd

Respuesta Argos Rutas Del Conflicto by La Silla Vacía on Scribd

Por lo menos en ese caso, según el texto de la sentencia, Cementos Argos habría comprado directamente de la víctima.

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Argos hace afirmaciones engañosas sobre compra masiva de tierras

Natalia Arbelaez Jaramillo — Tue, 05 Sep 2023 23:49:22 +0000

El presidente Gustavo Petro estuvo el 30 de agosto en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, entregando 780 hectáreas para que víctimas del conflicto desarrollen proyectos productivos en ese lugar. En su discurso dijo que el gobierno era señalado de querer expropiar tierras, pero que en cambio nadie —ni los medios, ni los políticos—, habían señalado de lo mismo a Argos por la compra que hizo de tierras que originalmente pertenecieron a campesinos desplazados de los Montes de María y el Cesar.

El discurso se esparció en la opinión pública cuando Rctv lo retransmitió, como es ahora habitual con las intervenciones que hace Petro en las regiones. Esto generó una respuesta de Argos defendiéndose del señalamiento, y posturas a favor de uno y otro. Mientras el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas destacó el “profesionalismo” de la cementera, el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo que las acusaciones de Petro no eran nada “descabelladas”.

Pero es engañoso decir que por eso Argos “expropió” a los campesinos, es decir que les quitó la tierra contra su voluntad y no les pagó, como se ha usado el término en la opinión pública. En otras palabras, una cosa es que se haya beneficiado adquiriendo las tierras despojadas y otra que haya cometido el despojo, aunque para él puedan equivaler a lo mismo.

Mientras tanto Argos hizo varias afirmaciones engañosas en su respuesta como que fue objeto de “algunas reclamaciones” (minimizando los hechos), que actuó de manera diligente cuando los jueces han dicho lo contrario, y que no se opuso a los procesos de restitución cuando lo ha hecho alegando ser poseedor de buena fe.

Lo que dijo el presidente Petro y lo que le respondió la cementera Argos

El presidente en su discurso dijo textualmente: “La gran empresa amiga del gobierno del presidente de ese entonces, Argos, de quién es, del mismo dueño de El Colombiano, del Grupo Empresarial Antioqueño, se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre (de El Salado) no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre, se quedó con la tierra de los campesinos. Y alguien en algún lugar acaso dijo: ¿que lo que había hecho Argos era una expropiación a miles de campesinos?

Pasaron los años y los procesos judiciales, 22, hasta que los jueces decidieron justicia y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos.

La situación de violencia generalizada de los Montes de María era un “hecho notorio”, dicen las sentencias en contra de Argos y este mismo no lo ha negado

A partir de 2008, como lo señala la cementera, y hasta aproximadamente 2011, Argos compró 6600 hectáreas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), San Onofre, Ovejas (Sucre) y San José de Becerril (Cesar). El objetivo era destinarlas a la siembra de Teca, una madera nativa de Indonesia de las más finas del mercado. Lo hizo, según la cementera, atendiendo la invitación del gobierno nacional de la época (Álvaro Uribe) a invertir en esa zona.

Pero desde el año anterior, el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar, mediante acta No 001 del 3 de octubre de 2007, había declarado “la inminencia y riesgo de nuevos desplazamientos por la compraventa masiva e indiscriminada de tierras’, por lo cual limitó la enajenación o transferencia de inmuebles rurales.

Sin embargo, la restricción de venta que establecía el Comité de Atención de la Población Desplazada no fue inscrita en varios predios, se inscribió después de hechas las ventas o fue levantada de manera irregular”, lo que permitió que se continuara con la enajenación de inmuebles en medio de la violencia y pese a las alertas, como fue el caso de la cementera.

Según un diagnóstico del departamento de Bolívar del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de 2007, en ese lugar la historia de violencia es de larga data y diferentes actores armados ejercieron dominio durante el tiempo: “esta región ha tenido altos niveles de violencia debido a una fuerte presencia de actores armados. Así, a inicios de los noventa incursionaron los frentes guerrilleros 35 y 37 de las FARC, así como el frente Jaime Batemán Cayón del ELN. Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia (AU) operaron en la zona desde finales de los noventa a través del frente Rito Antonio Ochoa. Posteriormente, este frente fue subsumido por el frente “Héroes de Montes de María”, el cual perpetró varias masacres, entre ellas las de El Salado, Chengue y Macayepo. Además de los grupos guerrilleros y paramilitares, desde la década de los ochenta, grupos de narcotraficantes empezaron a comprar tierras en la zona del Litoral Caribe situada alrededor del Golfo de Morrosquillo, al norte de Sucre (Toluviejo, Palmitos, Coveñas y San Onofre), y en Sampués, ubicado en el centro de Sucre. Debido a ello, Montes de María se ha consolidado como uno de los principales focos de desplazamiento forzado en Colombia”. Este informe se cita en la sentencia T-699A/11 de la Corte Constitucional.

El mismo Grupo Argos ha reconocido en los procesos judiciales la situación anómala en medio de la cual compró las 6600 hectáreas, sólo que no considera que eso desvirtúe su debida diligencia:

“El conocimiento por parte de Cementos Argos de la violencia que ha vivido el país y de las regiones más afectadas por el conflicto, no puede bastar para que se afirme que cuando tomó la decisión de invertir en esas regiones lo hizo alejada de la buena fe exenta de culpa”, dijo Argos en su defensa en uno de los procesos judiciales. Eso mismo no han considerado los jueces como se explica más adelante.

Al menos 17 sentencias de jueces de restitución de tierras han ordenado restituir la tierra a Argos

El presidente Gustavo Petro en su discurso habló de 22 sentencias que le ordenaron a Cementos Argos restituir la tierra a campesinos. En sus Twitter, él y Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras, publicaron imágenes de las bases de datos que tienen la relación de esos fallos.

Al consultar varios de los radicados en la página de la rama judicial apareció que no era posible acceder a la información. Pero una investigación del medio Rutas del Conflicto publicada en septiembre de 2022 sí estableció que 17 sentencias de jueces de restitución de tierras proferidas entre 2016 y 2021 anularon las compras que hizo Cementos Argos de predios ubicados en los Montes de María y en el César, principalmente.

La Fundación Crecer en Paz que creó Argos para transferirle en 2015 esos terrenos para donarlos a campesinos, le dijo a Rutas del Conflicto que aún están pendientes las sentencias sobre 18 predios en reclamación.

Lo anterior es contrario a la afirmación que hizo el presidente de Cementos Argos minimizando la cantidad de demandas de que han sido objeto. En un comunicado en reacción al discurso de Petro, afirmó que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas (1448/11) “se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación”. Han sido al menos 17 los fallos.

Por su parte, el presidente Petro en su discurso en el Salado dijo que la en la práctica Argos expropió la tierra de campesinos desplazados pues en la medida que se quedó con varias de ellas se benefició con el producto de “la sangre” y “de la masacre”. Dijo textualmente, en todo caso, que no estaba acusando a la empresa de las masacres como tal. Pero es engañoso decir que por eso Argos “expropió”. Pues una cosa es que se haya beneficiado del despojo como lo demuestran las sentencias que ordenan restituir las tierras producto del mismo, y otra que Argos les haya quitado las tierras directamente a los campesinos contra su voluntad y adicionalmente no les haya pagado, como se entiende el término expropiar en la opinión pública.

Esto último no ha sido probado en los procesos judiciales que le han ordenado devolver la tierra. La compra la hizo Argos de intermediarios, muchos de ellos reconocidos en las sentencias como compradores masivos que pudieron cometer delitos. Y los actos de despojo han sido atribuidos a diferentes actores del conflicto armado según la época. La responsabilidad jurídica por cada hecho es diferente y esa es una razón por la que es importante la distinción.

Argos no ha sido reconocido como poseedor de buena fe exenta de culpa en las sentencias que le han ordenado restituir, contrario a lo que dice

En ninguna de las 17 sentencias que revisó Rutas del Conflicto se le reconoció a Cementos Argos alguna indemnización por las compras que hizo pues no pudo probar en esos casos que era un poseedor de buena fe exenta de culpa, es decir, que fue lo suficientemente diligente para determinar que los bienes que estaba adquiriendo no eran provenientes de una situación de desplazamiento forzado, por ejemplo, que viciara los negocios.

En relación con esto, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en la sentencia número 004 habló de un “aprovechamiento masivo de la situación de violencia” de Argos y por eso negó el reconocimiento de cualquier indemnización.

Sentencia 4 Argos Tribunal de Antioquia by La Silla Vacía on Scribd

Eso le da pie a la Comisión para decir que Argos hizo parte del patrón de despojo de las tierras: “La compra masiva de tierras al campesinado no sólo supuso una modalidad de despojo, sino el extravagante enriquecimiento ilícito de Goliat en desmedro de David, con el auspicio del gobierno de la época, como se ha dicho de manera reiterada. Además de reflejar los entramados que le son funcionales, muestra las diferentes transformaciones del mundo rural montemariano por cuenta del conflicto armado: de la paz a la guerra; del poblamiento al vaciamiento; del territorio minifundista, de agricultura familiar y economía campesina al latifundio capitalista de la teca, la palma africana y la ganadería extensiva; del arraigo rural al desarraigo urbano”, dice el informe.

Esos predios eran transferidos a un patrimonio autónomo que administraba la Fiduciaria Fiducor (hoy Alianza Fiduciaria) y del que era beneficiario Cementos Argos.

Otra de las sentencias proferidas en contra de Argos es la de la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, del 27 de marzo de 2019. En ella la sociedad Agropecuaria Montes de María S.A. (el intermediario) le compró al reclamante de la tierra en septiembre de 2008 y al poco más de un año, en noviembre de 2009, firmó, a su vez, una promesa de compraventa con Reforestadora del Caribe (Hoy Tekia). Esta se la cedió a Cementos Argos, y por orden de la cementera, la Agropecuaria (el intermediario) debería aportar la tierra al fideicomiso mencionado.

Según el tribunal con ese esquema y bajo el argumento de atraer inversionistas, Argos “terminó incluyendo el bien de las víctimas solicitantes en una cadena traditicia que distrajo la problemática de los desplazados por el conflicto armado, iniciales propietarios del fundo, y generó que la sociedad Argos S.A., en el contrato de fiducia reflejara una ambigua relación respecto a los bienes fideicomitidos y que terminó diluyendo de la vista pública su participación en la compraventa del bien pedido en restitución”.

Ovejas 27 de marzo 2019 by La Silla Vacía on Scribd

“Es así como en la actualidad existen otros procesos judiciales en curso contra quienes le vendieron los predios a Argos, incluyendo una demanda contra Álvaro Echeverría”, dice el comunicado de Tekia.

Respuesta Argos Rutas Del Conflicto by La Silla Vacía on Scribd

Sobre el patrimonio autónomo que constituyeron explicaron que es un esquema usual que da confianza y transparencia a potenciales inversionistas a quien buscaban vincular a su proyecto agroforestal.

Cementos Argos sí se ha opuesto a las restituciones contrario a lo que afirma

En este proceso Fiduciaria Fiducor S.A., como representante del fideicomiso denominado patrimonio autónomo 732-1435 cuyo beneficiario es Cementos Argos S.A., se opuso a la restitución.

Por otro lado, Grupo Argos ha negado cualquier relación con los propietarios iniciales de las tierras. Sin embargo, una sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar, del 18 de diciembre de 2019, muestra lo contrario: “Ahora bien, durante el interrogatorio del solicitante este manifestó que su predio lo vendió al señor Edgardo Percy Diazgranados —representante de Carbones del Caribe, una empresa señalada de tener vínculos con paramilitares (aclaración por fuera de la cita)—, sin embargo, el certificado de tradición y libertad No. 190-52614 registra en su anotación No. 10 que la propiedad de la Parcela No. 14 fue transferida a la sociedad Concretos Argos S.A…” por Hernán Manel Medrano, el reclamante, que fue reconocido en la misma sentencia como víctima.

Restitución de tierras Valledupar 2019 by La Silla Vacía on Scribd

Con base en estos documentos, La Silla concluye que si bien no es cierto que Argos haya expropiado a los campesinos como lo insinuó el presidente Petro, es engañoso decir que su actuación fue de buena fe exenta de culpa porque las sentencias en su contra demuestran que no tuvo la debida diligencia al comprar las tierras que habían sido previamente despojadas en los Montes de María. Por lo menos en ese caso, según el texto de la sentencia, Cementos Argos habría comprado directamente de la víctima.

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Así se mueve la desinformación de género de EEUU a América Latina

Natalia Arbelaez Jaramillo-María José Chitiva Londoño — Thu, 29 Jun 2023 22:14:50 +0000

Alianzas estratégicas entre organizaciones, becas de formación y eventos internacionales son algunos de los métodos que usan los actores que difunden falsedades sobre temas de género en toda América. Las desinformaciones pueden ir desde falsos efectos adversos de un aborto, hasta teorías conspirativas sobre el control poblacional, y siguen estrategias similares de país en país. Cómo funcionan las redes que han transferido más de US$40 millones de dólares a la región y tienen a la desinformación como una de sus estrategias de campaña.

Un reportaje realizado por: Olivia Sohr, Paula Martinetti y Pablo Fernández (Chequeado – Argentina), María José Chitiva y Natalia Arbélaez (La Silla Vacía – Colombia), Iara Diniz (Lupa – Brasil), María José Longo y Carmen Quintela (Ocote – Guatemala) y Carla Díaz (OjoPúblico – Perú).

Videos dramáticos en los que se muestra un feto desmembrado como si eso fuese la práctica habitual de los abortos, contenidos que señalan que la educación sexual afecta la orientación sexual de los niños y los vuelve homosexuales o que los sexualiza desde pequeños con el fin de normalizar la pedofilia. Estas son sólo algunas de las desinformaciones que circulan en la región vinculadas con temas de género y que confunden la conversación en el debate sobre estos temas.

Como suele ocurrir con la desinformación, aprovechan los temas sensibles, los prejuicios sociales y los temores de distintos grupos para generar emociones fuertes en quienes las ven circular y lograr que sean ampliamente compartidas. En muchos casos puede ser que haya personas desprevenidas, que compartan el contenido creyendo que se trata de información veraz. Pero en muchos otros casos, se trata de desinformantes sistemáticos, actores que de manera permanente se dedican a difundir falsedades sobre este tema, y a veces también sobre otros.

Algunos de los grupos que difunden desinformación son transnacionales y utilizan estrategias muy similares en distintos países. Es el caso, por ejemplo, de Con Mis Hijos No Te Metas, un colectivo que nació en Perú en 2016 para oponerse a una posible reforma de del curriculum escolar que buscaba incluir materiales de educación sexual integral, y luego se extendió por distintos países de la región, a través de capítulos nacionales. Estos grupos difunden, entre otras temáticas, desinformación sobre la educación sexual, señalando falsamente que les enseñan a los niños a masturbarse.

Pero estas desinformaciones no circulan sólo en la región. De hecho, en muchos casos las organizaciones tienen también vínculos con redes internacionales que se dedican a estos temas, como la española CitizenGo, una plataforma web que se dedica a la recolección de firmas digitales para diversas iniciativas, como impedir la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas u oponerse a la celebración por parte de Disney del mes del orgullo. Entre sus estrategias, usa la desinformación. Por ejemplo, en una de sus campañas en Italia, afirmaba que el aborto es la principal causa de feminicidios, una afirmación para la cual no hay ninguna evidencia.

En los Estados Unidos hay también muchas organizaciones que se oponen al avance de medidas como la educación sexual integral, la legalización del aborto o el matrimonio igualitario, y trabajan con sus pares de América Latina para limitar su avance. Una investigación de OpenDemocracy de 2020 encontró que organizaciones estadounidenses de este tipo habían invertido en la región más de US$40 millones desde 2007. Pero las transferencias de dinero no son su única forma de influir: capacitaciones y formaciones, alianzas y asesoramiento legal también son parte de las estrategias que utilizan, que muchas veces incluyen desinformación.

Este es el caso de dos organizaciones en particular, Alliance Defending Freedom (ADF) y Human Life International (HLI), ambas con presencia en la región a través de aliados y actores clave que difunden mensajes, muchas veces desinformantes. No se trata de las únicas que llevan adelante este tipo de acciones, pero sí de dos de las principales en cuanto a su intervención en la región.

Cómo se articulan los discursos: el caso de Alliance Defending Freedom

ADF tiene un nombre neutro, que dice poco sobre sus objetivos. Según señala en su sitio, “defiende los valores cristianos en los centros de poder político y jurídico de todo el mundo. A través de ocho oficinas regionales, y con más de 87 integrantes, se coordinan los esfuerzos de más de 3.400 abogados aliados”. Para hacerlo, tiene distintas estrategias: van a las cortes para defender especialmente a quienes dicen que son perseguidos por su fe, están presentes ante organismos internacionales y forman a abogados jóvenes.

Muchos de sus miembros y participantes difunden desinformación de manera sistemática. Uno de ellos es Agustín Laje, un politólogo argentino, autor de varios libros, que participó en una de las actividades de formación de ADF, la Areté Academy. Se trata de un programa para estudiantes y jóvenes graduados, que incluye una parte virtual y luego un encuentro de 5 días. Estos se realizan en América Latina, Asia y Europa. Los jóvenes deben postularse al programa y pagar el viaje hasta el lugar del evento. El resto de los costos son cubiertos por la organización que según su último estado financiero tiene ingresos de más de US$100 millones. En su última edición en Bogotá, Colombia, uno de los exponentes justamente fue Laje, quien entre otras desinformaciones, sostiene que la ONU insta a los países a implementar políticas de género para reducir la población.

Otro de los participantes fue Rodrigo Fernandez Madero, uno de los voceros de Unidad Provida de Argentina, alianza entre distintas organizaciones en contra de la legalización del aborto en 2018. Fue citado en una nota del medio Infobae en 2020 sosteniendo que los reclamos de legalización del aborto “son el capricho de una elite que en vez de ocuparse de solucionar la pobreza solamente quiere que no nazcan los pobres y presionan a las mujeres a abortar”.

La información sobre qué ocurre en estos encuentros o la agenda de oradores no está publicada, por lo que no se conoce el detalle. Estos espacios también pueden servir como una puesta en común de los discursos y líneas argumentativas que luego cada participante lleva de retorno a su país.

Otra línea de formación son las becas “Blackstone Legal Fellowship”, formaciones de tres meses para jóvenes abogados cristianos que consta de tres etapas, entre las cuales está hacer una pasantía en alguna entidad vinculada al programa y participar de charlas y presentaciones. De acuerdo a los datos publicados en el sitio, cada participante recibe una beca de US$6.300, además de los costos de viajes, comida y alojamiento, que son cubiertos aparte.

De acuerdo a su informe financiero de 2021, último balance publicado, la organización gastó US$1.473.500 en becas para 249 personas. En este programa han participado varios abogados latinoamericanos, según han publicado ellos o sus universidades, en los últimos años (ver ejemplos acá y acá).

En Perú, ADF tiene como aliadas a las universidades peruanas católicas. Tanto Blackstone Legal Fellowship como la Academia Areté fueron promocionadas por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) en sus folletos institucionales como parte de los programas académicos internacionales a los que tenían acceso sus alumnos en 2016. De acuerdo a uno de los documentos de la universidad, los “abogados norteamericanos de Alliance Defending Freedom (ADF), visitaban la UCSP para seleccionar alumnos y antiguos alumnos”.

A pesar de ello, al ser consultada, el área de Comunicación Externa de la Universidad Católica San Pablo negó tener algún convenio suscrito con ADF y añadió que “sus convocatorias a becas son difundidas en el Departamento de Derecho y Ciencia Política como se hace con otras entidades extranjeras”, así como que la elección de los becarios depende de ADF.

De hecho, alumnos de la UCSP que participaron en estas becas fueron luego reclutados por ADF, como la abogada peruana Irene Zegarra, quien participó en 2013 como consejera legal externa de la institución en un amicus curiae -un escrito jurídico para apoyar a una de las partes en una presentación judicial- presentado por ADF en Colombia para evitar que se practicaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en un hospital. Al respecto, Zegarra indicó que si bien había sido becaria de ADF, no tuvo algún vínculo laboral con la institución y negó mantenerlo actualmente.

Otra becaria peruana de ADF, Rossana Muga Gonzalez, presentó por escrito sus aportes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta revisaba la Opinión Consultiva OC-24/17 que realizó Costa Rica sobre los derechos de las personas LGTBI al matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Por entonces, la abogada peruana, quien también era investigadora del Centro de Investigación Social Avanzada en México citó argumentos que consideran la transexualidad como una patología.

Además de estos becarios, se identificaron otros abogados peruanos en puestos claves como Dévora Franco García, una abogada constitucionalista que se presenta como miembro honorario de ADF e integrante de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Así también al abogado Jorge Rafhael Vasquez Huamán, que participó en la Areté Academy y se desempeña como asistente jurisdiccional de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Más allá de las formaciones, ADF también tiene alianzas estratégicas con ciertas organizaciones en la región. En Brasil, esto ocurre a través de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) y el Instituto Brasileño de Derecho y Religión (IBDR).

En el caso de Anajure, miembros de ADF imparten cursos para formar abogados cristianos en contra del aborto en el programa de la Academia Anajure. Entre las clases impartidas durante el curso se encuentra “El aborto y culturas de la muerte”.

Lanzado en 2017, el programa ofrece becas de estudio para estudiantes universitarios y recién graduados en Derecho. Quien según su LinkedIn es vicepresidente y asesor principal del programa de capacitación estudiantil Blackstone Legal Fellowship de Alliance Defending Freedom, Jeffery Ventrella, es uno de los profesores en varias ediciones del programa.

El IBDR, otro socio de ADF, cuenta con varios miembros que actúan como abogados asociados de la organización estadounidense. Esto incluye al presidente, Thiago Rafael Vieira, y al vicepresidente, Jean Marques Regina.

Otro nombre asociado al IBDR y a ADF es Angela Gandra, quien fue secretaria del Ministerio de la Mujer y la Familia durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (PL). Durante su tiempo en el gobierno, Angela Gandra participó en reuniones con miembros de ADF, como consta en su agenda, y en eventos internacionales, donde difundió desinformación. Por ejemplo, durante la Conferencia sobre los Derechos de las Mujeres en Polonia, en 2020, Gandra afirmó que el aborto está relacionado con una “hipersexualización de la sociedad”.

Actualmente, Angela Gandra forma parte de la Political Network for Values, una organización que reúne a “defensores de la vida” a nivel global y organiza seminarios en todo el mundo. Entre los miembros de esta organización se encuentran varios ex miembros de ADF.

En 2021, la Political Network for Values organizó un seminario en el que participaron miembros de ADF y Angela Gandra. En esa ocasión, la ex secretaria del gobierno de Bolsonaro afirmó que Brasil estaba trabajando en políticas contra la “ideología de género”.

“Estamos trabajando arduamente en políticas públicas en contra de la “ideología de género”. Desde el principio, hemos eliminado todos los folletos en los que se preparaba a los padres para ayudar a sus hijos, desde los dos años de edad, a elegir su sexo”, dijo Granda durante el evento.

En Colombia, por otro lado, ADF ha tenido vínculos con Nueva Democracia, una organización que según su sitio web es una plataforma cívica orientada a jóvenes universitarios y tiene como principios el derecho a la vida, a la familia y a la libertad de conciencia.

En el desarrollo de sus objetivos han desinformado sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, han difundido información falsa sobre un proyecto de ley que actualmente está en trámite en el Congreso y que busca fortalecer la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Nueva Democracia, junto con otras organizaciones, compartió en redes sociales la falsa narrativa de que este proyecto implicaría que a los menores de edad se les enseñe sobre pornografía y aborto.

Durante la discusión en la Corte Constitucional de Colombia en 2020 y 2021 para la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, esa organización se opuso mediante la presentación de varios informes (1, 2 y 3). En una de las intervenciones enviadas a la Corte en 2020, esta organización aseguró que la forma como se estaba llevando a cabo la discusión sobre la despenalización era “una lucha ideológica sin fundamentos y sin un análisis real de las implicaciones”, desconociendo la evidencia presentada sobre el tema y que llevó a esa Corte a quitar la prohibición.

Integrantes de Nueva Democracia también han hecho parte de la estrategia de formación de abogados jóvenes utilizada por ADF para promover sus valores. Santiago Guevara, abogado egresado de la Universidad de la Sabana, una institución de educación superior perteneciente al Opus Dei —una rama de la Iglesia Católica muy conservadora—, y representante legal suplente de Nueva Democracia, ha participado tanto de la Areté Academy como de la beca “Blackstone Legal Fellowship”: ingresó al primer programa en 2016, y recibió formación jurídica en Estados Unidos gracias a la beca Blackstone en 2018.

En la última edición de la Areté Academy Latinoamérica que se realizó del 30 de enero al 3 de febrero en Bogotá, Colombia, participó el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel López, miembro de la Bancada por la Vida del Congreso.

López se ha opuesto a la implementación de la sentencia C-055 que despenalizó el aborto y una de sus estrategias ha sido desinformar. Estuvo en desacuerdo con la instalación en Medellín de la mesa distrital para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un espacio para hacer seguimiento a la prestación de ese servicio por parte de las instituciones médicas.

Para ello usó información falsa, como verificó Redcheq: dijo que esa mesa no estaba autorizada en ninguna ley desconociendo que había una resolución del Ministerio de Salud que la autorizaba. Y también usó el argumento de que en la ciudad había más IVE que homicidios y se valió de cifras que incluían incluso los abortos espontáneos.

El congresista López también estuvo detrás del hundimiento de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que buscaba crear una nueva política nacional de derechos sexuales y reproductivos. Para eso difundió la narrativa de que ese proyecto “buscaba imponer la educación sexual ideologizada”. Cuando en realidad el énfasis era garantizar los derechos de los niños a través de prevenir la violencia sexual o de garantizar el acceso a salud materna, por ejemplo.

En respuesta a la consulta para este reportaje, ADF señaló que ADF International es una organización con sede en Viena, Austria que trabaja para defender los derechos humanos en más de 100 países “para defender los derechos humanos en más de 100 países, brindando apoyo en casos legales de acuerdo con nuestra experiencia internacional en derechos humanos, formando a futuros líderes a través de programas de capacitación y colaborando con abogados locales”. Y agregaron que su esfuerzos están centrados en garantizar la libertad de expresión, señalando los casos del congresista mexicano Gabriel Quadri y el líder de la sociedad civil Rodrigo Ivan Cortés que “han sido acusados y condenados por violencia según la ley por hacer preguntas en las redes sociales sobre la identidad de género. ¿Es justo que los hombres que se identifican como mujeres aprovechen oportunidades reservadas para las mujeres? Esta es una pregunta que millones de personas en todo el mundo se están haciendo, y nadie debería ser castigado por plantear asuntos de tanta importancia social. Agradecemos un diálogo abierto y sólido sobre el tema de la identidad de género; todos tienen el derecho de buscar y recibir ideas e información para llegar libremente a sus propias conclusiones”.

La exportación de una estrategia: el caso de Human Life International

Human Life International se define como una organización que quiere “empoderar para construir un mundo provida” y tiene como objetivo entrenar líderes de todo el mundo para defender la vida en sus países. La organización existe desde 1981 en los Estados Unidos y empezaron a trabajar en la región poco después. Hoy tienen 20 filiales en América latina y Centroamérica.

Una de las estrategias que desarrolló para impedir los abortos -junto con la organización Heartbeat International-, es la de crear espacios que parecen ser una clínica de aborto para que las mujeres que están considerándolo acudan, pero en lugar de realizar el procedimiento, les dan desinformación sobre el tema.

Una investigación de OpenDemocracy encontró que les decían a las mujeres que su útero podría ser destruido por un aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, “el aborto es un procedimiento médico habitual. Es seguro cuando se utiliza un método recomendado”. El problema, señala, es cuando se trata de abortos peligrosos que no se dan en condiciones seguras.

Human Life International tiene organizaciones aliadas en muchos países de la región. En Perú, HLI declaró tener una filial en el distrito limeño de Miraflores bajo el nombre de Ceprofarena. La entidad se encuentra registrada legalmente como Asociación Centro de Promoción Familiar y de Regulación Natural de la Natalidad y, como lo indica su nombre, se dedica a promover la abstención sexual como una forma de planificación familiar –un método considerado poco eficaz-, a través de cursos virtuales y presenciales. La organización rechaza el uso de cualquier método anticonceptivo por considerarlos abortivos.

Los rostros visibles de Ceprofarena son el médico Martín Tantaleán, presidente por años de la organización, y su esposa, la obstetra Yanina Díaz, quien ahora se desempeña como presidenta. Esta última se encarga también de coordinar ‘El Viñedo de Raquel’, un espacio que realiza encuentros para “sanar las heridas del aborto”.

Consultado para este informe, Tantaleán confirmó que habían sido afiliados de HLI, pero manifestó que actualmente la organización no los apoya económicamente. Al ser consultado sobre eventos recientes que ha realizado Ceprofarena y que aún cuentan con el logo HLI, Tantaléan dijo que se debía a que los materiales que comparten en esos cursos fueron facilitados anteriormente por HLI.

“Estábamos afiliados con ellos hace varios años, hay un buen vínculo de amistad, pero en los últimos años no tenemos un contacto directo. No hay una relación permanente. Compartimos muchas cosas, los mismos objetivos, lo que pasa es que nosotros hacemos enseñanza del método [de ovulación] Billings, y allí nos hemos encontrado [con ellos] en temas como defensa de la vida”.

Otro proyecto de HLI en Perú es la Red de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida (REDESSVIDA), donde se articulan seminaristas, clérigos, religiosas y laicos. El último congreso latinoamericano de REDESSVIDA se realizó en Ecuador, en febrero de 2023, y uno de los temas principales a tratar fue “la realidad de la ONU”.

Otra de las personas que han declarado tener vínculos con HLI en Perú es Lola Sheen, una psicóloga que se presentó como conferencista de Human Life International y afirma tener una certificación para el tratamiento de la homosexualidad a través de las mal denominadas ‘terapias de conversión de la homosexualidad’. Estas han sido consideradas como formas de tortura por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mientras que la Organización Panamericana de Salud señaló que no tienen justificación médica y amenazan el bienestar de las personas.

HLI también tiene vínculos en el ámbito académico peruano, ya que realiza talleres con el apoyo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), por ejemplo, un seminario formativo sobre la 52 Asamblea General de la OEA donde también participó Ceprofarena. Esta última realiza además con la UCSS talleres de enseñanza sobre el método Billings y cursos “para defender y promover la familia en el mundo de hoy” donde sacerdotes exponen sobre el aborto terapéutico y se afirma que el aborto causa secuelas.

En Argentina, Oscar Botta, quien representa a HLI, en su intervención en el Congreso Nacional durante la discusión en 2018 por la legalización del aborto mencionó varias desinformaciones como que “el aborto aumenta la tasa de violencia familiar y abuso infantil”.

En Brasil, la Asociación Pro-Vida y Pro-Familia es el principal afiliado y colaborador de HLI. Fundada por Humberto Leal Vieira, quien en un texto contó que recibió ayuda financiera de la organización norteamericana para establecer su oficina en Brasilia, además de ser dotada con materiales “educativos” y capacitaciones. Él relata también que había dificultades para mantener las actividades ya que HLI había dejado de ayudarlos financieramente hacía aproximadamente 2 años, pero seguía enviando materiales. Aunque el texto no tiene fecha de publicación, tiene que ser previo a 2015, año en el que Vieira falleció.

Desafortunadamente no es posible saber en detalle si hoy HLI -con ingresos de más de US$ 5 millones según los últimos datos publicados en 2021 en su sitio- transfiere fondos, dado que en su declaración impositiva no detalla a los beneficiarios de sus transferencias al exterior.

Los indicios de esta relación financiera entre HLI y Pro-Vida también se pueden encontrar en el acta de la Asamblea General de Pro-Vida en 2018. En esa ocasión, Hermes Nery, quien era presidente de la organización, mencionó sus esfuerzos para obtener recursos. Nery “informó que Human Life International lo alentó a solicitar recursos financieros para la Asociación Pro-Vida y Pro-Familia al actual gobierno estadounidense” y que él “actualizó a los miembros en relación a los pasos que ya había dado en ese sentido”.

En una nota enviada a la reportera de Brasil que investigó estos vínculos, Nery declaró que tuvo un único contacto con HLI, “que facilitó mi viaje a los Estados Unidos en el primer semestre de 2018, brindando apoyo logístico solamente (boleto de avión y alojamiento en una casa religiosa en Washington)”. Según Nery, en esa ocasión asistió a la Asamblea General de la OEA y envió una carta al entonces presidente Donald Trump solicitando recursos para Pró-Vida. “Sin embargo, no recibí respuesta durante mi gestión”, afirmó.

Pero la presencia de HLI en Brasil no se dio solo a través de apoyo financiero, sino también mediante conferencias, capacitaciones y financiamiento de eventos. En 2008, HLI apoyó en Brasil la realización del Congreso Internacional en Defensa de la Vida en Aparecida, San Pablo. En esa ocasión, líderes de la organización estadounidense participaron en el evento, junto con religiosos de entidades que se oponen al aborto, como Pro-Vida. El evento se repitió en 2011.

Por otro lado, la organización colombiana Red Familia Colombia fue fundada en 2009 con el objetivo de crear y promover estrategias para promover la idea tradicional de familia. Según su sitio web, esta Red colombiana tiene un círculo de aliados de 18 organizaciones, entre las que se encuentran World Congress of Families, Family Watch, Focus on the Family, HazteOír, Human Life International y Alliance Defending Freedom, todas ellas señaladas de promover campañas en contra de los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ+.

En su cuenta de Facebook, la organización ha compartido desinformación, como que en Canadá el Nuevo Partido Democrático, de inclinación progresista, presentó una ley que busca “prohibir protestas y multar con 25.000 dólares a los padres que se opongan a drag shows”, que son espectáculos realizados por un artista, generalmente masculino, que personifica un personaje femenino por medio de elementos y rasgos exagerados.

No obstante, esta información ha sido calificada como engañosa por medios de comunicación expertos en verificación de datos porque lo que busca el proyecto es dar facultades al fiscal de Ontario para crear una zona de seguridad temporal alrededor de establecimientos o eventos organizados por la población LGBTIQ+ en caso de que la policía detecte amenazas en contra de los asistentes. Pero la ley, en ningún caso, prohíbe las protestas.

La opacidad de las finanzas

Es posible saber que ambas organizaciones transfieren fondos a América Latina, pero no es posible saber a quién y con qué función. Esto ocurre porque el sistema impositivo norteamericano exige a las organizaciones sin fines de lucro, como ADF y HLI, informar los fondos transferidos al exterior, pero sólo están obligados a señalar el monto y la región, sin mayores detalles.

La transferencia de fondos de estas organizaciones ha generado preocupación en otras regiones como Europa. En una audiencia realizada por una comisión del Parlamento Europeo, Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo sobre grupos que se oponen a la igualdad de género, que “sabemos quiénes son, cómo están financiados y cómo están organizados. Sabemos que son más impactantes cuando pueden atacar de sorpresa, cuando las personas no están conscientes de ellos, ahí es cuando tienen más éxito. También sabemos que temen la luz del día. No les gusta que se examine públicamente a sus líderes, sus asociaciones con actores no democráticos, sus fuentes de financiamiento y su agenda general”. Y añadió: “Sabemos que están organizados a nivel transnacional”.

“Aunque hay información sobre las transferencias que hacen estas organizaciones a la región, es muy limitada y no es fácil seguir el dinero”, explicó Giannina Segnini, profesora de la facultad de periodismo de la Universidad de Columbia, que ha investigado el tema en profundidad. Parte del problema, es que en muchos países de la región las organizaciones que reciben los fondos no son tan transparentes, pero también, que “hay una arquitectura financiera, con grandes fondos que financian a estas ONGs en los Estados Unidos, que luego financian a organizaciones de América Latina”. “Es posible que esos grandes fondos también están financiando directamente a las organizaciones latinoamericanas, con mucho menos escrutinio”, sostuvo la especialista.

Y agregó que “en muchos casos, más allá de las transferencias, hay una inversión hecha por estas organizaciones a través de formaciones y el tiempo de sus abogados y profesionales, que es otra forma de transferir recursos”.

La secularización pública de las organizaciones religiosas

El hecho de que las organizaciones tengan nombres neutros y haya que entrar en mayor profundidad en sus estructuras y objetivos para identificar su carácter religioso no es una casualidad.

Así lo explica la abogada feminista Mirta Moragas al hablar de “secularización estratégica” de estas organizaciones. “Para oponerse a la despenalización del aborto, las voces religiosas ya no recurren al argumento de la sacralidad de la vida desde la concepción, sino al argumento de un ‘derecho absoluto’ del embrión que estaría garantizado en la Convención de Derechos del Niño (CDN) y en la Convención Americana de Derechos (CADH). Y, la oposición a la educación integral en sexualidad se basa en la tesis de que ella viola los ‘derechos parentales’”, detalla.

Y agrega: “Además, los grupos religiosos anti aborto y antigénero se presentan como organizaciones de la sociedad civil, ocultando sus orígenes y fuentes de financiación religiosa”.

En cuanto a la expansión geográfica, el sociólogo especializado en sexualidad, religión y política, José Manuel Morán Faúndes, explicó que “las organizaciones que se oponen al avance de la agenda feminista y de la comunidad LGBT+ en América Latina no son nuevas y siempre han tenido un carácter transnacional. Lo que sí se ve, es una activación más fuerte de organizaciones de los Estados Unidos y de Europa en la región en los últimos 10 años”.

Estas organizaciones “han forjado estrategias activistas y construyen redes respondiendo a una oleada de derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Y como parte de su estrategia utilizan la desinformación. Esto se ve muy claramente en el uso del concepto de ‘ideología de género’ que suele estar basado en teorías conspirativas”, agregó Morán Faúndes.

“La educación sexual le enseña a los niños a masturbarse”, “el aborto puede dañar la salud de las mujeres”, “la agenda de la diversidad quiere incorporar a la pedofilia”. Muchas de estas desinformaciones están en distintos países de la región y hay grupos que las difunden, y organizan conferencias y formaciones donde estas también son replicadas.

Todas las personas y organizaciones nombradas fueron contactadas antes de la publicación de esta historia, pero no todas han respondido.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

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La guerra entre clanes wayuu por la transición energética

Natalia Arbelaez Jaramillo, Camilo Andrés Garzón-José Fernando Villota Macías — Sun, 28 May 2023 11:00:06 +0000

En La Guajira los vientos alisios que vienen del Atlántico no encuentran ninguna barrera y soplan de manera constante y fuerte. Por eso es un lugar ideal en Colombia para convertir el viento en energía eléctrica. Eso ha convertido esa región en el epicentro de la transición energética que quiere hacer el gobierno para reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias. Hoy hay cerca de 59 proyectos de parques eólicos en curso.

Ese es también el territorio sagrado de los wayuu, la etnia indígena más grande de Colombia.

La llegada de empresas allá ha desencadenado múltiples conflictos sociales entre las familias por los impactos y beneficios de esos proyectos. También, las empresas denuncian graves retrasos en las obras que ponen en riesgo sus inversiones. Esta semana, Enel Green Power, la única empresa que ya estaba construyendo anunció la suspensión de la obra y la búsqueda de un nuevo socio.

Para entender lo que está pasando en la punta más norte de Colombia, viajamos allá y hablamos con representantes de las comunidades y también de las empresas involucradas. Lo que encontramos fue el choque de dos mundos.

Este reportaje es financiado por la plataforma Plars que investiga y hace propuestas en materia de transición energética, líderes ambientales y consulta previa. De Plars hacen parte 10 organizaciones sociales, entre ellas Nrgi y DAR, así como, dos medios de comunicación: La Silla Vacía y Ojo Público.

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Entre Envigado y Maicao: la desigualdad de la contratación municipal

Natalia Arbelaez Jaramillo — Sun, 19 Mar 2023 11:00:03 +0000

La desigualdad entre los municipios más ricos y los más pobres se expresa de diversas formas, y una de las más marcadas es a través de la contratación pública.

Como parte de una investigación en siete países de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta), La Silla Vacía comparó la contratación entre 2019 y 2022 de los cinco municipios urbanos con mayor pobreza multidimensional —57% de pobreza en promedio— con la de los cinco más ricos —6% de pobreza en promedio—. Estas son las cinco conclusiones:

Nota metodológica

Cabello litiga a nombre propio en su crítica de los impuestos a pensiones altas

Natalia Arbelaez Jaramillo — Thu, 20 Oct 2022 02:15:29 +0000

La procuradora, Margarita Cabello, lleva más de un mes en campaña en contra de que se graven las pensiones, como lo hace la reforma tributaria con las superiores a 13 millones de pesos. En una columna reciente en El Tiempo dijo que la propuesta es inconstitucional.

El debate se enmarca en una discusión jurídica vieja sobre la protección de las llamadas “megapensiones”, un término al que Cabello misma aludió en su escrito. Así se les conoce a las pensiones de congresistas, magistrados, procuradores delegados ante las altas Cortes, y, en general, altos funcionarios del Estado que, previo a 2013, podían ser de entre 30 y 40 millones de pesos. Y tras una pelea titánica hoy tienen un tope de 25 salarios mínimos (25 millones de pesos).

Antes, como ahora, la discusión es si las pensiones se pueden reducir o gravar siendo derechos adquiridos y recursos destinados para proteger la vejez, independientemente de que tengan un monto alto que solo recibe alrededor del 1 por ciento de los pensionados.

Y, antes como ahora, hay un abanderado de las pensiones privilegiadas —aunque argumenten en favor de los pobres también— que debate en beneficio propio y el de sus colegas privilegiados dentro del Estado.

Primero fue el exprocurador, Alejandro Ordóñez, y ahora es una apadrinada suya, la procuradora Margarita Cabello, quien antes fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia y según cálculos de La Silla tiene una pensión cercana a los 20 millones de pesos.

La historia de las “megapensiones”

El régimen pensional de los congresistas por mucho tiempo implicó un descalabro financiero para el Estado. Todos los colombianos pagaron una serie de privilegios que los legisladores se aprobaron para sí mismos.

La Ley 4 de 1992, en su artículo 17, establecía que los congresistas se pensionaban con base en el ingreso base de cotización del último año (y no con el promedio de los últimos 10 años como el resto de colombianos). Para calcular la pensión podía tenerse en cuenta el monto de lo que se ganaban en promedio los congresistas, o el mayor salario que se había ganado otro congresista en otro período legislativo, y no lo que efectivamente había cotizado el que se estaba pensionando.

Además, podrían incluir cualquier concepto en el ingreso base de liquidación, como los viáticos, así no fuera considerado salario. Y se incrementaba en el mismo porcentaje que el salario mínimo, en vez de tomar el IPC.

Todos esos beneficios resultaron del desarrollo que hicieron los gobiernos, arrancando por el de César Gaviria, de esa ley marco del 92 para congraciarse con los congresistas a cambio de su apoyo a iniciativas legislativas.

Mediante el Decreto 104 de 1994 se incluyeron a los magistrados de las Altas Cortes. Luego, con el Decreto 65 de 1998 entró el procurador. Y con el Decreto 682 de 2002 entraron el contralor, el defensor del pueblo, el fiscal, el registrador y los procuradores delegados ante las Altas Cortes.

Los desarrollos jurisprudenciales, especialmente los del Consejo de Estado, en cabeza del exprocurador anulado Alejandro Ordóñez, también fueron claves para ensanchar el régimen especial de estos funcionarios.

Dada la resistencia al cambio que ese sistema inequitativo producía, solo hasta 2013, la Corte Constitucional pudo reformarlo mediante la sentencia de C-258. Para tomar la decisión y ante la avalancha de recusaciones fue necesario nombrar cinco conjueces: Luis Fernando Álvarez Londoño, Manuel José Cepeda Espinosa, Juan Carlos Henao Pérez, Rodrigo Uprimny Yepes y Alejandro Venegas Franco. Los otros magistrados que tomaron la decisión fueron Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (que salvó el voto) y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (magistrado ponente).

¿Qué dijo la sentencia? El cambio más significativo fue que le puso a las pensiones un tope de 25 salarios mínimos y eliminó las condiciones especiales que había para liquidarlas. Estableció también que las pensiones que se hubieran ganado con abuso del derecho o con fraude deberían ser reliquidadas.

Se refería a los carruseles de encargos, suplencias, provisionalidades por medio de los cuales altos funcionarios intercambiaban favores designando a personas en altas posiciones durante el último año antes de pensionarse para que les aplicara el último salario para la liquidación.

La batalla no ha parado. Tras la sentencia, todos los magistrados que tomaron la decisión fueron acusados de prevaricato por el congresista Pablo Victoria, ante la Comisión de Acusaciones. Proceso del que fueron absueltos. Victoria logró además en 2015 que el Consejo de Estado le restituyera vía tutela su megapensión de 21 millones de pesos.

Posteriormente, la sentencia C-258 fue impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos que en abril de 2021 (ocho años después) desestimó los argumentos. Entre los peticionarios estaban exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y excongresistas.

Ahora, nuevamente 53 excongresistas (y algunos parientes sobrevivientes) entre quienes figuran Alberto Santofimio Gamboa y el mismo Victoria, demandaron nuevamente ante la Cidh para que les quiten el tope de los 25 salarios mínimos.

Cabello vuelve a la defensa de las pensiones altas en beneficio propio

Con 65 años la procuradora Cabello ya cumplió la edad de pensión hace casi 8 años. Revisadas sus declaraciones de renta de los años 2018, 2019 y 2020, sólo en esta última reporta ingresos en la cédula de pensiones. En los años 2017 y 2018 había sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia por lo que no podía recibir pensión.

En la declaración de renta de 2020 sobre los ingresos reportados en 2019, registra por concepto de pensiones $93.375.000. Esto podría inferirse que corresponde a los primeros 5 meses de 2019, que fue el tiempo que transcurrió entre la postulación que le hizo el expresidente Iván Duque como fiscal general ad hoc —de la que ella se bajó en diciembre de 2018— y su posesión como ministra de justicia, el 11 de junio de 2019. Si así fuera su pensión sería de 18.675.000, algo que se corresponde con la remuneración de los cargos que ha tenido.

Por eso Cabello pertenece al muy reducido grupo de 1 porciento de los pensionados que serían afectados por un impuesto como el que propone la tributaria de Petro. Sin embargo, ella dice lo contrario:

“No solo afecta a las mal llamadas ‘megapensiones’ de más de trece millones de pesos. El gravamen afectaría a todas aquellas pensiones superiores a una cifra cercana a los cinco millones de pesos”, dijo en su columna en El Tiempo.

Eso es falso para los pensionados que viven de su pensión o no tienen otros ingresos, a quienes ella como cabeza del Ministerio Público parece estar defendiendo.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, propuso reducir la renta exenta por pensiones de 456 millones de pesos al año, a 68 millones. Si después de restar la renta exenta y los aportes a salud, el pensionado todavía tiene ingresos por 41 millones o más, tendrá que pagar renta sobre los mismos. Lo hará a una tarifa marginal progresiva de entre 19 y 39 por ciento.

Eso afectaría a pensiones de 10 millones en adelante como lo chequeó La Silla. Y según el ministro Ocampo, en la ponencia de primer debate se aumentó incluso más el umbral y sólo se gravarán pensiones de 13 millones en adelante. Estas corresponden a personas que ganaban cerca de 20 millones de pesos mensuales o más, como sería el caso de la procuradora cuando vuelva a recibir su pensión.

Se trata de una tradición que Cabello retoma y que había sido liderada por uno de sus grandes mentores, el exprocurador, Alejandro Ordóñez, quien impulsó su carrera desde 2009. Ese año la nombró Procuradora Delegada para Vigilancia Disciplinaria, el inicio de un viraje en su carrera que siguió luego en la Corte Suprema, y el Ministerio de Justicia.

Cuando Ordóñez fue magistrado del Consejo de Estado, en un falló en el que fue ponente en 2003, abrió la puerta a que los magistrados (incluyéndolo a él) se pensionaran con pensiones grandes, aún si solo habían estado unos meses en el cargo, que es lo que permitió los famosos ‘carruseles’ pensionales.

En un fallo de 2006 del que también fue ponente estableció que la liquidación de la pensión debía hacerse con base en el salario de un congresista en ejercicio y no del que tuvo el pensionado cuando estaba trabajando.

Luego, durante una una audiencia pública dentro del proceso de la C-258 de 2013, abogó a favor de mantener los privilegios de las “megapensiones”.

Otras aristas del debate de inconstitucionalidad

Por otro lado, Cabello dice que las pensiones son fruto del ahorro de los pensionados, pero tanto ahora como en 2013 uno de los argumentos más fuertes para limitarlas ha sido el alto subsidio que tienen las pensiones en Colombia, especialmente las de mayor monto.

El Ministro del Trabajo en esa época, dijo que 1.032 excongresistas recibían pensiones de mesadas superiores a 25 smmlv, mientras que el 68 por ciento de los pensionados, millones de personas, reciben mesadas de un salario mínimo.

Sin embargo, el subsidio del Estado para las pensiones altas, al que la procuradora se opone que paguen impuestos, es enorme. La Comisión del Gasto y la Inversión Pública en un informe de 2017 mostró que el 86 por ciento de los subsidios pensionales van para el 20 por ciento más rico.

La procuradora cita como precedente para argumentar la inconstitucionalidad la C-177 de 1998, pero la sentencia posterior que limitó las megapensiones en 2013 se basa de hecho en que los derechos adquiridos no son absolutos, como no lo es ningún derecho. La Corte decidió que la confianza legítima que generan no puede paralizar completamente la labor del legislador ni las reformas constitucionales. Y las pensiones futuras que van a recibir las personas pueden ser ajustadas en aras de principios como la igualdad y la solidaridad del sistema.

El constitucionalista, Rodrigo Uprimny, dijo en su columna de El Espectador que no hay ninguna norma nacional ni internacional que prohíba gravar las pensiones. Según él, las pensiones como el trabajo son derechos fundamentales, pero de ahí no se sigue que de acuerdo a la capacidad de pago de las personas estas no puedan contribuir a la financiación del Estado.

Victoria Hoyos, profesora del departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado, rebate el argumento de la procuradora de que gravar las pensiones sea doble tributación: “Tanto los aportes obligatorios como voluntarios (renta exenta) a pensiones se pueden restar del ingreso gravable bruto anual por lo que ni los aportes a pensión, ni después las mesadas pensionales están pagando impuestos. Además el principio de generalidad constitucional adscrito al sistema de pensiones establece que todos debemos contribuir de acuerdo a nuestra capacidad económica al sostenimiento del Estado. Un recurso así sea prestacional debe pagar impuestos”.

El debate en todo caso está abierto. Expertos como Stéfano Farné, director del Observatorio de Mercado Laboral de la misma universidad considera que la vía para aumentar el aporte sobre las pensiones debió ser a través de las contribuciones de solidaridad. Actualmente las pensiones mayores a 10 millones pagan un 1 por ciento, y las de 20 millones un 2 por ciento, que se destina a financiar las pensiones de los menos favorecidos.

Uno de los argumentos de la C-258 fue que se justificaba la reducción de las megapensiones siempre que el ahorro para el Estado, que se generara con esa medida, no se destinara a tapar cualquier hueco fiscal sino a ampliar la cobertura del sistema pensional. Así que según Farné gravar las pensiones sin una destinación específica como lo hace la tributaria, podría poner en riesgo su legalidad.

“El principio de sostenibilidad fiscal sólo es relevante en cuanto justifica que el ahorro generado por esta providencia sea destinado a ampliar la cobertura del sistema pensional en beneficio de las personas de escasos recursos, como lo ordena el principio de Estado Social de Derecho”, dice la sentencia.

El debate entonces sobre la intocabilidad de las pensiones privilegiadas que otrora lideró el exprocurador Ordóñez, hoy lo reedita su pupila, la procuradora, Margarita Cabello.

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Debatible: La cifra de la Andi sobre tasa del 67% en reforma tributaria de Petro

Natalia Arbelaez Jaramillo — Fri, 09 Sep 2022 21:57:30 +0000

La cifra de una tarifa combinada de renta (sociedades) y dividendos (socios) del 67,1% de la Andi toma la máxima tarifa a los dividendos y maneja cifras nominales no reales.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master lanzó en el congreso empresarial de esa organización gremial, la segunda semana de agosto, una cifra que se ha vuelto un caballito de batalla en contra de la reforma tributaria que radicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Se trata de la tasa promedio del 67.1 por ciento que resulta de sumarle al impuesto de renta general para las empresas el alza en la tarifa de los dividendos que pagarían los socios personas naturales.

Con esto muestra que Colombia estaría incluso por encima de Canadá, que con un 53.5 por ciento, tiene la tasa combinada más alta de entre los países de la Ocde.

Dado que ha sido uno de los factores más criticados de la tributaria por los efectos que puede tener en el costo de invertir en Colombia (costo del uso del capital) decidimos pasarle el Detector de Mentiras para revisar de dónde sale esa cifra y si el cálculo está bien, y encontramos que es debatible.

De dónde sale el cálculo

La Andi calcula que la tasa combinada de renta de personas jurídicas más el impuesto a los dividendos a los socios con la normatividad vigente (año gravable 2021) es del 42.4%. Mientras que con la reforma tributaria quedaría en un 67.1% (24.7 puntos porcentuales más).

Este es el ejercicio que hizo la Andi tomando unos ingresos hipotéticos de $1 millón:

*Presentación de la Andi.

La tarifa de renta del 35% es la misma que estableció el expresidente Duque

La Andi hace una comparación de la tarifa del impuesto de renta vigente para 2021 (que se declara y paga este año) que es del 31 por ciento con la tarifa del 35 por ciento que opera para el año gravable 2022 (esta se presentará y pagará en 2023). Es importante aclarar que esto no cambiaría con la reforma de Petro, pues la Ley de Inversión Social que impulsó el ex ministro de Hacienda del expresidente Duque, José Manuel Restrepo, ya era del 35.

Los empresarios habían aceptado el año pasado ese aumento para 2022 bajo el entendido que iban a hacer un esfuerzo para superar el paro de 2021, pero que el Gobierno después buscaría ir bajando progresivamente la tarifa.

El minHacienda, José Antonio Ocampo, dijo que lo habían revisado, pero dejaron la tarifa porque el recaudo de 25.9 billones que se fijaron en el primer año no se alcanza sólo con los impuestos a personas naturales.

Es debatible tomar la tarifa del 39% a los dividendos

La reforma tributaria de Petro hace dos cambios con respecto al impuesto de renta para personas naturales. Establece un rango de tarifas progresivas según el nivel de ingresos que va desde el 0 al 39% (esto empezaría a regir en 2023). Y ordena que se deben sumar todos los ingresos brutos que recibe una persona en un año: los derivados de su actividad económica, la pensión que recibe, las rentas de inmuebles que tiene arrendados, los dividendos de las acciones que tiene en una sociedad.

Los ingresos de las personas naturales arrancan a estar gravados con la tarifa del 19% a partir de los $41.4 millones anuales ($3.450.000 mensuales). Y los ingresos mayores a $1.178.124.000 anuales ($98.177.000 mensuales) estarían gravados con la tarifa máxima del 39%.

Cuando la Andi toma en sus cálculos la tasa más alta asume que todos los socios de empresas van a estar dentro del rango máximo de ingresos brutos anuales. Eso no es así. Fedesarrollo muestra que aunque para todas las empresas, excepto las micro, la tasa combinada aumentaría considerablemente (entre 8.9 y 18.8 puntos porcentuales), una tarifa efectiva del 39% sobre los dividendos aplicará sólo para las mil empresas más grandes. Esto con base en las utilidades pagadas por las empresas según datos de la Supersociedades y la Dian.

Para las demás empresas grandes aplica una tarifa efectiva del 37%, para las medianas del 33% y para las pequeñas del 23%. A las microempresas, en cambio, les aplicaría la tarifa del 0% de los dividendos dado que no tienen muchas utilidades. De hecho tendrían una reducción en su tarifa combinada de 2.9 puntos porcentuales con respecto a 2022.

*Presentación de Fedesarrollo.

La clasificación de las empresas desde 2019 se hace de acuerdo a los ingresos o ventas brutas anuales por sectores (manufactura, servicios y comercio). Una empresa grande (que no estaría gravada todavía con el 39%) en el sector comercio es aquella que tenga ventas brutas anuales por encima de $82.114.938.768. En el sector servicios de $18.357.224.136 y en el de manufactura de $65.996.416.260.

El contra argumento de la Andi para aplicar en su cálculo la tarifa del 39% es que en las mil empresas más grandes está cerca del 95 por ciento de la inversión del país, según le dijo a La Silla el presidente de esa organización gremial, Bruce Mac Master.

El trasfondo del tema es en efecto si el aumento del impuesto a los dividendos golpeará la inversión y el crecimiento económico. El investigador económico que ha trabajado en el Banco de La República Hernán Rincón cuestiona esta premisa. “Un artículo reciente publicado en la revista “American Economic Review”, una de las más prestigiosas en economía del mundo, muestra que los impuestos a los dividendos incentivan a las empresas a crecer más rápido pues acumulan y reinvierten sus utilidades”, dice.

Aclara también que hay un óptimo. Porque los socios también necesitan ganar. Las sociedades en todo caso no están obligadas a repartir utilidades.

El óptimo para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, está en que se hubiera dejado la misma tasa combinada (la misma suma) actual, pero bajando la renta de las personas jurídicas y aumentando proporcionalmente la de las personas naturales.

La tasa real en Colombia está por debajo de la nominal y por eso no es la más alta del resto de países

Los cálculos de la Andi tienen en cuenta la tarifa del impuesto de renta nominal, es decir, la que está consignada en la norma. Y con base en ella, comparan el régimen colombiano con el de otros países para decir que con la reforma la tarifa combinada de renta y dividendos quedaría por encima de la de Canadá, que es la más alta del mundo con un 53.5%.

Pero en Colombia hay más de 200 beneficios tributarios. Por tanto, la tasa que pagan efectivamente las empresas después de exenciones, exclusiones, descuentos y deducciones es menor. Sin sumar los mecanismos de evasión y exclusión.

Hernán Rincón muestra que para el 2019: “La tasa estatutaria sobre las utilidades de las empresas fue 33%, mientras que su tasa efectiva registró 21,1% y la de las personas naturales socias de las empresas fue de 3.8% (la tarifa nominal es del 10%). La suma ponderada de las tasas efectivas promedio sobre las utilidades de las empresas y las de sus dueños, es decir, la tasa sobre las utilidades de su capital fue 15%”.

Jairo Orlando Villabona, profesor asociado de contaduría de la Universidad Nacional, también llegó a una tasa efectiva similar del 20.8% tomando los agregados de las declaraciones de renta presentadas en 2019 ante la DIAN y el promedio de las tasas que pagaron las empresas en todos los sectores económicos.

Los cálculos de la Andi para 2021 son con tasas nominales del 31% de renta de sociedades y del 10% a los dividendos de personas naturales, que en una suma más o menos lineal llegan al 42.4%. En la práctica como muestra el ejercicio para 2019 son la mitad o menos.

Para 2022 la tasa nominal es del 35% (versus el 33% de 2019) y dado el complejo sistema de beneficios tributarios que tiene el país es difícil calcular a priori en cuánto quedaría la tasa efectiva con las exenciones que propone eliminar la reforma, por ejemplo. Los cálculos normalmente se hacen a posteriori sacando la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que debieron haber pagado de acuerdo a los ingresos reportados.

Así que los cálculos varían. Fedesarrollo en sus comparaciones con la reforma de Petro toma una renta exenta del 0% con lo que las tasas nominales tenderían a ser las mismas reales. Con la normatividad actual asume que las exentas son en promedio de un 15% de la renta (es una estimación teórica).

Villabona en cambio considera que las exenciones que se van a eliminar no afectan sustancialmente la tasa real. Dice que para 2023 podría ser del 22.8% (2 puntos porcentuales más que la de 2021).

Entonces con una tasa real del 22.8% de renta aproximada más un ponderado de tasa de dividendos del 30% (y no del 39% que es la máxima y la que toma la Andi) a Villabona le da una tasa combinada de renta y de dividendos del 45.9%.

*Ilustración de cálculos de Jairo Orlando Villabona.

La reforma también cambia el tratamiento del ICA que es un impuesto que las empresas pagan a los municipios por las ventas que hacen. Actualmente, el 50 por ciento de lo que pagan se descuenta de lo que tienen que pagar por el impuesto de renta (que es nacional).

Con la tributaria de Petro, lo pagado por ICA pasaría a deducirse en un 35% de la base gravable de la que sale el impuesto de renta (se aplica antes). La Andi tiene en cuenta este cambio que efectivamente aumenta el impuesto a pagar entre cerca de 3 puntos porcentuales, según cálculos de Hernán Rincón, y un punto porcentual según Villabona.

La tarifa combinada que él calcula con el cambio del ICA aumentaría a un 46.9% aproximadamente, versus el 67.1% de la Andi. Esta cifra sale de tomar el 35% de renta promedio nominal para empresas, la máxima tasa del 39% a los dividendos para los socios y la deducción (no descuento) del 35% del ICA. Con esto sostiene que Colombia quedaría por encima de Canadá. Fedesarrollo, por su parte, habla de una tarifa combinada de 60.3% (si bien por tipo de empresa varía en la forma anotada más arriba).

*Presentación de la Andi.

Pero esta conclusión de la Andi aún está por probarse. Una comparación más fidedigna con los otros países de la Ocde hasta ahora ha implicado tomar las tarifas reales en el caso colombiano pues en otras partes las tarifas nominales y efectivas sí se parecen mucho.

La doble tributación

Esto hace referencia a pagar impuestos por dos vías sobre unas mismas utilidades: las de la sociedad y las del socio, algo que, según Villabona, es común en la legislación mundial. Otros países manejan, según Rincón, descuentos, deducciones o algún tipo de crédito tributario en el cálculo o pago del impuesto de las personas naturales por estos efectos.

En todo caso, en los cálculos de la Andi se descuenta de la utilidad sobre la que se gravan los dividendos de las personas naturales, el impuesto pagado por las empresas.

Así opera en efecto: “el impuesto a los dividendos solo se paga sobre las utilidades no gravadas por el impuesto de renta”, dice el Ministerio de Hacienda.

Para concluir, hay un cierto consenso en que con la reforma tributaria de Petro a las empresas les van a quitar beneficios tributarios, les van a depurar su contabilidad y van a tener que pagar en general más impuestos —si bien en su mayoría de acuerdo a su nivel de ingresos—. Pero calificamos la tarifa combinada (sociedad+socio) del 67.1% de la Andi como debatible porque toma como si fuera la única aplicable a todas las empresas la máxima tarifa a los dividendos del 39% que solo le va a aplicar a los dueños de las mil empresas más grandes de Colombia.

En cualquier caso, se trata de tasas nominales y como no se están eliminando el 100% de los beneficios tributarios con la reforma (que además son particulares para ciertos sectores económicos), todavía está por verse que tanto se acercan a las reales que tradicionalmente han sido sustancialmente mucho más bajas.

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