En esta campaña presidencial, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández han prometido desde condonar todas las deudas del Icetex hasta garantizar el derecho a conocer el mar, respectivamente. En campaña para sus alcaldías, sus ofertas fueron igualmente generosas. Pero en la práctica, las grandes promesas que hicieron ambos se quedaron en el tintero.
Estas son las cinco promesas que Petro y Rodolfo más repitieron en campaña a la Alcaldía de Bogotá y Bucaramanga, respectivamente, y lo que hicieron:
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La promesa insignia de Gustavo Petro fue construir el metro subterráneo, desde la localidad de Kennedy hasta Suba. Prometió construir el 12% de la primera línea de metro pesado, más o menos 5 km.
Petro recibió los estudios iniciales de la primera línea del metro que hizo la alcaldía de Samuel Moreno, conocidos como estudios conceptuales o de Fase I. En el primer año de su alcaldía, contrató los siguientes estudios (Fase II) que debían establecer si su proyecto de metro subterráneo era factible. La plata para hacerlos la puso el Banco Mundial. El IDU, desde el principio, anunció que estos estudios sólo llegarían al nivel de “ingeniería básica”.
Según la ley, estos estudios son un paso anterior a la construcción, que se hace cuando los estudios llegan a Fase III (estudios de “ingeniería en detalle”). Esta última fase sirve para “definir todos los componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción”.
En su último año de alcaldía, Petro intentó avanzar los estudios aumentando el presupuesto destinado al metro. Su último proyecto de presupuesto fue el más alto de la historia de Bogotá y buscaba invertir 2,4 billones de pesos sólo en la primera línea de metro, como lo contamos acá.
Aunque esto avanzó los estudios de suelos del metro a Fase III, otros importantes como el diseño del puesto central de operaciones o del sistema de alimentación eléctrica nunca llegaron a esta última etapa antes de la construcción del metro. Como contamos aquí, los estudios que quedaron faltando costarían cerca de 211 mil millones de pesos.
Además, la financiación del metro subterráneo quedó en veremos cuando no pasó por las etapas necesarias para salir a licitación, pues no logró conseguir la financiación de la Nación, que ponía el 70% del valor de la obra.
Petro no logró que el metro subterráneo se declarara de importancia estratégica por el Gobierno nacional a través de un Conpes o el Confis. Cosa que sí logró el exalcalde Enrique Peñalosa en el Conpes 3923 de 2018 para financiar la primera línea del metro elevado.
Otra de las propuestas de movilidad de Petro era el tranvía —o metro ligero— de la carrera Séptima, que iría desde Zipaquirá hasta la Avenida Jiménez. En su cuatrienio, el exalcalde prometió construir el 56 por ciento de la red férrea necesaria, unos 44 kilómetros.
Inicialmente, la Secretaría de Movilidad estimó que la construcción duraría entre uno y tres años y que costaría unos 900 mil millones de pesos. El metro ligero iba a ser construido en una alianza público-privada (APP) con el Distrito, lo que significa que los privados le pasan sus propuestas al Gobierno de turno para que las estudie y escoja cuál adelantará el proyecto.
En 2014, Petro decidió frenar el proyecto porque la multinacional francesa Alstom desistió de participar y el grupo empresarial que seguía firme tenía lazos comerciales con Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde. No se hizo.
En mayo de 2011, cuando todavía era candidato, Petro dijo que proponía un centro de Bogotá ampliado y revitalizado, que implicaba un plan de densificación del centro de Bogotá y “un Estado capaz de regular los precios del suelo”.
También prometió la construcción de 70 mil viviendas de interés prioritario (30 mil para personas vulnerables y 40 mil para víctimas de la violencia).
Para el final de 2015, según la Veeduría Distrital, había habilitado 3.716 de las 40 mil viviendas destinadas a víctimas del conflicto y más de 11.600 habilitadas de las 30 mil para personas vulnerables.
Petro tenía pésimas relaciones con el Concejo y no pudo sacar adelante su modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en buena medida esto no permitió que alcanzara su objetivo de ampliar el centro.
Petro decidió sacar el POT por decreto pero fue demandado, y el Consejo de Estado ratificó la decisión del Concejo.
Durante su campaña, Petro propuso una articulación entre la educación media y superior como el “ elemento que permite realmente saltar en calidad educativa en la ciudad”. Para eso, dijo que construiría mil jardines infantiles, 100 colegios nuevos y al menos dos sedes nuevas para la Universidad Distrital.
Luego de ser elegido, redujo estas metas en su Plan de Desarrollo: de los mil jardines de la campaña, sólo se comprometió a crear 595 y los 100 colegios nuevos pasaron a ser 30 en lote nuevo y 56 intervenciones a la estructura de colegios ya existentes. Sobre los jardines, Petro dijo a Semana que había tenido que hacer este cambio porque el plan original era demasiado costoso.
Al final de 2015, la administración entregó cuatro jardines infantiles convencionales (de los mil prometidos) y 20 jardines móviles modulares en containers. De los 25 colegios que entregó, 10 fueron adecuaciones a colegios que ya existían, ocho que habían empezado a ser construidos en la administración de Samuel Moreno y siete privados que compró para volverlos públicos. Es decir, no construyó ninguno en lote nuevo.
Petro asegura que la Bogotá Humana construyó tres universidades, pero en realidad sólo dejó una en construcción: la sede de la Universidad Distrital de Bosa, que fue inaugurada en 2017, cuando ya llevaba dos años fuera del cargo.
Estuvo en la inauguración de la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, que venía de la administración anterior pero la Alcaldía de Petro supervisó la construcción de dos edificios nuevos; la administración de Petro también participó en la nueva sede de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Kennedy, donde dejó en proceso su licitación de diseños y obras.
Petro propuso que el agua sería “el eje rector de la nueva visión de la ciudad”, hablaba de “descontaminar el río, recuperar los humedales, construir otra visión de la ciudad, parar la urbanización de la Sabana”. Otra de sus banderas sobre el agua era la “universalidad y gratuidad del consumo vital” que planteó como un derecho ciudadano.
Para ejecutarlo, el candidato a la alcaldía habló de fases y de empezar por los más pobres con el excedente de 250 millones de dólares “mal usados en la Empresa de Acueducto”.
Petro cumplió parte de esta promesa del agua como derecho ciudadano, cuando le aseguró el mínimo vital de agua a los estratos 1 y 2. Les dio gratis seis metros cúbicos de agua a alrededor de tres millones de personas, lo que les significó un ahorro a las familias.
Pero la recuperación del río Bogotá, que Petro llamó en campaña “una obligación moral”, fue una de las promesas que quedaron en el papel. Aunque Petro empezó a hablar de esto en 2011, no fue hasta 2015 que hizo un llamado al Gobierno nacional para que aportara para la descontaminación del río. No lo consiguió.
Una de las grandes promesas que Hernández realizó en su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga, fue la de construir 20 mil viviendas para familias de sectores vulnerables, en un terreno del norte de la ciudad que pertenecía a la multinacional mexicana Cemex.
En sus últimas semanas de la campaña, Hernández repartió 40 mil cartas a familias de estratos bajos, con las que garantizaba su participación en ese proyecto de vivienda. La carta decía que para ser potencial beneficiario debía pertenecer al Sisben 1, 2 y 3, ser padre o madre cabeza de hogar, manifestar su interés de participar en el programa e inscribirse en la página www.20milhogaresfelices.com con el número serial que acompañaba cada carta y el nombre del potencial beneficiario.
Una vez posesionado, Hernández dijo que el programa no era un proyecto de construcción sino “una iniciativa de gestión para habilitar terrenos” en el norte de Bucaramanga para una futura urbanización. En su plan de desarrollo el programa se llamó 20 mil Hogares Felices y se enfocaba “en convertir 200 hectáreas de lotes rurales adquiridos por los ciudadanos, en 200 hectáreas de lotes urbanizables”. Es decir, la promesa de dar casa se convirtió en dar un lote para que el beneficiario construyera su casa.
Sin embargo, el proceso se enredó porque resultó que en esos predios había otro dueño, la constructora Inverlemer, y tuvieron que negociar con ella. Al final, dejó habilitada un área aproximada de 168 hectáreas (incluyendo espacio público) y no las 200 hectáreas que prometió en su plan de Gobierno, ni mucho menos las 20 mil casas.
Otra de las promesas taquilleras de Hernández fue construir el “Central Park de Bucaramanga” sobre las celdas clausuradas del relleno sanitario El Carrasco.
Invirtió 4 mil millones de pesos en ese ambicioso parque, que se inauguró en 2019.Cuenta con seis canchas de microfútbol, baloncesto, fútbol y voleibol playa.
Sin embargo, desde que se entregó, el parque ha permanecido cerrado porque no contaba con los estudios que pidió en su momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), sobre los niveles de contaminación en la zona y los riesgos de hundimiento del terreno. Hasta la fecha, el parque aún no ha sido abierto al público.
Dentro de la transformación del Carrasco, Hernández también prometió encontrar una solución al problema de las basuras de Bucaramanga y dijo que buscaría a un socio estratégico para instalar una planta de tratamiento de residuos sólidos que fuera amigable con el medio ambiente. Esa promesa también se embolató.
Para llevar a cabo ese proyecto, la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) contrató a Jorge Hernán Alarcón por 336 millones de pesos, para que diseñara los pliegos de un proceso para adjudicar el contrato de la nueva tecnología. Con ese insumo, en mayo de 2017 la Emab hizo una invitación pública y eligió a la unión temporal Vitalogic. El negocio, de 250 millones de dólares, resultó con inconsistencias jurídicas y técnicas, la Procuraduría le puso el ojo y finalmente Hernández lo echó para atrás.
En diciembre de 2017 salió a la luz que uno de sus hijos, Luis Carlos Hernández, había firmado un contrato de corretaje con terceros, en el que se comprometía a intermediar a favor de la empresa Vitalogic a cambio de una coima. Dos funcionarios de la Emab también denunciaron ante la Fiscalía que Hernández había intentado direccionar la contratación de Jorge Alarcón. En 2020 la Fiscalía le imputó cargos al exalcalde por interés indebido. Aunque Hernández no aceptó los cargos, hay pruebas de que él sí participó en ese entramado de corrupción.
Hernández prometió que iba a convertir el sistema de transporte masivo de Bucaramanga en un servicio “estrato 20” y para eso propuso sacar a la empresa de la crisis económica en la que estaba, a partir de la reestructuración de los contratos adjudicados de operación y recaudo. También dijo que construiría los portales que faltaban para aumentar la cobertura.
Como contó La Silla Santandereana en su momento, los operadores de los buses de Metrolínea (Metrocinco Plus y Movilizamos) estaban dispuestos a renegociar el contrato pero bajo una condición: que permitiera que en la ciudad también circularán buses convencionales, de los que ellos también eran dueños.
Para eso se hizo un plan piloto de dos años en el que se integraron las rutas convencionales con las de Metrolínea, pero al final la Alcaldía de Rodolfo no logró un acuerdo con los operadores de los buses sobre el funcionamiento de ese modelo y en 2019 dieron por terminado el piloto, sin que se lograra un cambio.
Durante su administración sí logró terminar el portal de Girón y rediseñó y comenzó a construir los de Piedecuesta y el del Norte de Bucaramanga. Sin embargo, el de Girón no entró en funcionamiento y Metrolínea tampoco llegó a algunas zonas del Norte de la ciudad. De hecho, la cobertura se mantuvo en 60% sin ningún aumento.
Hernández prometió la construcción de un centro para atender a perros y gatos callejeros, incluso hizo un acto público en notaría donde se comprometió con los sectores animalistas.
Sin embargo, durante la administración de Hernández no se levantó el primer ladrillo. Aunque sí intentó gestionar la construcción en un lote en la vereda el Vijagual, ubicada al norte de Bucaramanga, no pudo arrancar porque no cumplía con la reglamentación ambiental y hubo rechazo por parte de la comunidad de la zona.
En el informe de gestión, la alcaldía de Hernández recomendó que el proyecto fuera ejecutado durante la administración entrante y estimó una inversión de mil millones de pesos para la construcción del centro. La actual alcaldía está terminando la construcción de un centro animal, pero este proyecto fue diseñado desde cero y se está haciendo en el barrio Campo Hermoso, al occidente de Bucaramanga.
En su campaña, Rodolfo prometió que el Gran Parque tendría un área aproximada de 200 hectáreas de bosques urbanos de protección ambiental e incluiría un centro cultural al aire libre para que los bumangueses pudieran disfrutar de actividades culturales e integración social. También propuso la construcción del Bosque de los Caminantes, un proyecto de senderos en zonas protegidas de los Cerros Orientales.
El proyecto se hizo pero fue mucho menos ambicioso. La alcaldía solo compró 43 hectáreas de bosque de las 200 que prometió Hernández. El proyecto del centro cultural se diseñó hasta la Fase III pero no se construyó porque la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) no permitió que se hiciera en las hectáreas de bosque protegido.
El Bosque de los Caminantes se construyó hasta la primera fase: sólo se hicieron las vías de ingreso al área protegida y costaron casi 5 mil millones de pesos. La Alcaldía y la Secretaría de Medio Ambiente de Bucaramanga desistieron de la segunda fase el año pasado para no intervenir la reserva natural de los Cerros Orientales.
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