Antes de abordar el avión hacia Sincelejo, donde iba a una asamblea de campesinos, el presidente Gustavo Petro vio la noticia: su hijo mayor, Nicolás Petro, le dijo a la Fiscalía que a la campaña de su padre entró plata no reportada del exnarco Santander Lopesierra y el empresario cuestionado Alfonso “El Turco” Hilsaca. Esa tarde Petro había intentado hablar con Nicolás, detenido en la Fiscalía, pero su hijo no lo recibió. Nicolás fue capturado el fin de semana junto con su exesposa, Day Vásquez, que fue la primera que lo acusó de recibir plata debajo de la mesa para la campaña y quedarse con ella.
Entonces Petro decidió responder a la mayor crisis de su gobierno con un acto de plaza pública.
“Nadie puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo dio una orden en las urnas electorales: nos vamos hasta 2026”, dijo el presidente frente a una multitud de campesinos de Sucre y Bolívar que lo vitoreaba. “Barbosa, bandido”, gritó alguien en el público, en referencia al fiscal general, cabeza de la entidad que investiga a Nicolás Petro.
Petro negó saber de la plata no reportada en la campaña: “Para quienes nos apoyan débilmente o se confunden, para los más fuertes, para los que nos atacan, pierdan cuidado, el presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos el delito. Ni para ganar, ni para financiar campañas”.
Hubo más aplausos. La voz de una mujer se alzó sobre las demás: “No les creemos”, gritó.
Y no solo en el coliseo cerraron filas en torno a Petro. En redes sociales sus funcionarios y seguidores más fieles pusieron mensajes de apoyo y hablaron de un entrampamiento contra el gobierno.
Pero más allá del petrismo de base, la acusación de Nicolás abrió grietas incluso entre algunos seguidores del presidente. Y desenterró la vara con la que el propio Petro midió a su antecesor, Iván Duque, por el caso de la Ñeñepolítica, y promovió la narrativa de que se trataba de un gobierno ilegítimo.
Petro presidente, medido con la vara del Petro opositor
En marzo de 2020, cuando se destapó el escándalo de la Ñeñepolítica, el senador Petro escribió: “El consejo de Estado afirmó en sentencia que un solo voto a través de fraude anula la elección. En 2018 hubo centenares de miles de votos comprados en la elección presidencial y la fuente del dinero para comprar votos fue el narcotráfico”.
En ese momento se había revelado un audio en el que el narco José Guillermo, el ‘Ñeñe’ Hernández, hablaba de plata para la campaña de Duque, destinada para la compra de votos en las elecciones de 2018, que Petro perdió en segunda vuelta.
Petro no dudó. “Mandaron al narcotraficante el Ñeñe Hernández a comprar con sus dineros sucios los votos en La Guajira para Duque. La orden la dio Uribe. ¿Aún dudas que tenemos un presidente que ganó con trampas?”, escribió el 4 de marzo de 2020.
Aunque la Ñeñepolítica no tocó judicialmente ni a Duque ni a la gerencia de su campaña, Petro llegó a la presidencia en gran medida con la promesa de cambiar esas formas cuestionadas de la política.
Y eso se lo cobraron ayer algunos de los que han sido sus aliados. El influencer Levy Rincón, con 640.000 seguidores y que llegó al petrismo de la mano del hoy candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, dijo que si se probaba la entrada de plata ilegal a la campaña Petro debía renunciar.
Daniel Mendoza, candidato al Concejo de Bogotá del Pacto Histórico, publicó en cuanto se supo la noticia: “Me duele mucho lo que está pasando. Me arde el alma. Como si se me hubiera quemado con un fogón”. Luego aclaró en un segundo mensaje que no dudaba del presidente Petro, pero causó molestia entre los seguidores más fieles de Petro.
Y el activista Beto Coral, otro de los más visibles petristas en redes, dijo: “Destruyeron la esperanza de muchos. Que desasosiego, que tristeza”, aunque también aclaró después que seguía confiando en Petro, pero no en la “tracalada de imbéciles corruptos que aprovecharon este proyecto para llenar sus bolsillos y delinquir, empezando por su hijo”.
Una fuente que conoce por dentro el movimiento del presidente, y que pidió no ser citada, criticó a los activistas que salieron a cuestionar al gobierno.
“Es gente sin formación política que se acerca al movimiento para ganar seguidores. La gente realmente del proyecto no está poniendo trinos contra el presidente. La base sigue sólida. Le duele más no tener representación en el gobierno que un escándalo como este”.
La crisis por el proceso de Nicolás anuncia divisiones entre dos sectores del petrismo: uno de partido, que se ha formado en Colombia Humana y el Pacto Histórico y sigue alineado con Petro, y otro activista de redes, que fue clave en el paro y en la campaña, y donde hay figuras que por primera vez toman distancia del presidente ante la coyuntura.
Otro gobierno con una defensa a cuestas
La decisión de Nicolás Petro de colaborar con la Fiscalía en el proceso, y esta primera declaración, ponen a Gustavo Petro en un escenario inédito para un presidente en tiempos modernos. Aunque sus antecesores también estuvieron cuestionados por la financiación de sus campañas, no tenían a su hijo declarando en contra. Además de presunta corrupción electoral, el relato de la Fiscalía muestra una vida de lujos con plata cuestionada por parte del hijo del presidente, quien además era su principal aliado político en el Caribe.
Además, al menos por los próximos seis meses, el proceso avanzará con un fiscal que se ha mostrado adverso al presidente, Francisco Barbosa, quien llegó al cargo ternado por Iván Duque, su amigo de la universidad.
Nicolás no es el único familiar de Petro con cuestionamientos. El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, ha sido llamado a declarar por la Fiscalía, que investiga presuntos pagos de narcos para recibir beneficios en la política de Paz Total del gobierno Petro.
En la audiencia de ayer, además, la Fiscalía incluyó a la primera dama, Verónica Alcocer, en un cuadro de involucrados en el caso de Nicolás Petro, aunque no aclaró qué papel le atribuye.
Por otro lado, el caso involucra a personas y empresarios que son la antítesis de lo que simboliza Petro. “El Hombre Malboro”, un exnarcotraficante con un alias que recuerda las épocas tempranas del negocio de la cocaína, que ahora hace política en Maicao. Un contratista experto en ganar rentas estatales como Hilsaca, que ha sido investigado por homicidios y vínculos con paras. O Euclides Torres, otro contratista que se metió tanto a la campaña que fue uno de los primeros en darle un abrazo de felicitación a Petro cuando ganó, en la celebración privada en un apartamento de Bogotá, como reveló La Silla.
Pero la defensa es un rol que Gustavo Petro conoce bien por su paso por la Alcaldía de Bogotá, de la fue destituido por la Procuraduría. En Sincelejo lo recordó. “Cuando fui alcalde de Bogotá un señor poderoso vino y dijo Petro se va. Y salió el pueblo a defender la democracia. Y Petro no se fue. El pueblo se hizo respetar. No era raro que iba a ocurrir lo mismo ahora”, dijo.
El argumento de Petro pasa más por señalar que él no tiene que ver con las movidas de plata de Nicolás que por defender a su hijo. “Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo: no porque otros hijos no hayan delinquido, sino porque todos los presidentes protegían a sus hijos antes que la justicia”. Se trata de una movida audaz, que siembra un manto de duda sobre su propio hijo. Además, lo separa de sus antecesores por su respeto a la justicia. Pero traza una línea frágil para intentar separarse de Nicolás, quien, además de ser familiar, era un cercano aliado político.
Ahora, con las nuevas declaraciones de Nicolás Petro sobre que la plata entró a la campaña, puede que la defensa de Petro deba ir más allá de lo mediático. Este viernes el presidente publicó un comunicado en el que le da poder al conjuez de la sala de casación penal de la Corte Suprema, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente.
El presidente ya tiene, desde junio, un proceso que investiga la presunta financiación ilegal de su campaña en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que se encarga de evaluar las denuncias contra el presidente, quien no puede ser investigado normalmente por tener un fuero especial.
El caso se abrió luego de que se publicaron los audios de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y quien manejó la agenda de Petro en la campaña. En estos, Benedetti le decía a Laura Sarabia, exjefa de despacho de Petro, que iba a decir “quién dio la plata aquí en la costa. Lee cómo empezó el proceso 8.000”, en alusión a la investigación contra el expresidente Ernesto Samper, investigado por la entrada de plata del narcotráfico a su campaña.
La Comisión de Acusaciones ya escogió a tres ponentes para evaluar la financiación de la campaña de Petro. Son Wilmer Carrillo, de La U; Olga Lucía Vásquez, del Verde, y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Las declaraciones de Nicolás a la Fiscalía nutrirían ese proceso, que en caso de encontrar evidencias de que Petro supo de la entrada de plata ilegal a la campaña, puede acusarlo ante el Senado, que luego debería votar para autorizar un juicio de la Corte Suprema.
Es un escenario que nunca se ha dado. Popularmente, de hecho, la Comisión de Acusaciones es conocida como la “Comisión de Absoluciones”. Pero incluso si no llega hasta la Corte Suprema, el proceso puede debilitar políticamente a Petro.
Las revelaciones de la Fiscalía no solo tocan la campaña. En los chats de Nicolás Petro hay mención a unos cupos que el exministro del Interior, Alfonso Prada, le habría dado, en referencia a puestos burocráticos para sus intereses.
La suma de todas las aristas puede empujar a Petro a una crisis de gobernabilidad que, antes del escándalo, ya se anunciaba con apenas un año en el poder.
