Riesgos y falencias del acuerdo de compra de tierras a Fedegán

Ha sido celebrado y criticado el acuerdo entre Petro y la Federación de Ganaderos. Por ver los árboles no perdamos de vista el bosque: según distintas fuentes, como la Comisión de la Verdad, se estima que entre 6,6 y 8 millones de hectáreas de tierra fueron arrebatadas de las manos de sus legítimos poseedores durante los años más cruentos del conflicto armado en Colombia (véase también Torres, 2020).

Esos acaparamientos sucedieron en todo el territorio nacional entre sangre, fuego y desplazamientos masivos. En múltiples casos, que están siendo aún juzgados, se acusa a ganaderos de estos hechos que han constituido una verdadera contrarreforma agraria: varias sentencias de restitución dan cuenta de que el 77% de los predios despojados habían sido previamente adjudicados por el Estado a agricultores en el marco de las leyes de reforma agraria existentes.

Fedegán agremia a los dueños de 623.000 predios con ganado que abarcan cerca de 34 millones de hectáreas, 7 millones más que las que deberían ocupar, pues, según la Upra, 27 millones tienen esa vocación productiva. Decir que todos o la mayoría de los miembros de esa asociación han incurrido en prácticas ilegales de apropiación sería una generalización imprecisa y desproporcionada, en especial por que no solo los ganaderos han sido señalados de esos despojos.

Algunos palmeros e ingenios azucareros también han sido mencionados cuando se describe el fenómeno de acaparamiento de tierras en Colombia: “Monica Semillas, Cargil, Poligrow con empresas chinas, argentinas, norte americanas, entre otras, ingenios como Mayaguez, Manuelita, Riopaila” y algunas familias con connotados apellidos hacen parte de los grupos acusados de apropiarse de cerca de 2 millones de hectáreas en el marco de operaciones fraudulentas de acaparamiento, según lo denunció en su momento la ONG de Países Bajos landportal.org.

En el contexto de los debates sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Especial, Zidres, los senadores Wilsón Arias y Jorge Robledo también hicieron eco de estas investigaciones que daban cuenta de por lo menos 60.000 hectáreas que habrían sido acaparadas por algunas de estas empresas en la altillanura.

El gerente de Fedegan ha dicho en múltiples entrevistas que la mayoría de ganaderos no son latifundistas pues del total de predios ganaderos, el 81,8 % tiene menos de 50 animales, el 9,2 % tiene entre 51 y 100 bovinos, el 8,1%, entre 101 y 500 cabezas, y finalmente, tan solo el 1% de los predios alberga más de 500 animales, lo que puede considerarse como gran escala de producción. Sin embargo, al contrastar esta información con la muy conocida y “obscena” estructura de la propiedad rural, da la coincidencia de que alrededor del 1% de los propietarios posee el 50% del total de la tierra cultivable del país. Una correlación no se puede traducir en causalidad, pero existe una alta probabilidad de que al cruzar ambas bases de datos existan múltiples coincidencias.

Volvamos al acuerdo: el documento firmado por Petro y Fedegán dice claramente que el pago se efectuará con “bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el Gobierno”. Parece que la segunda opción, que ahora sabemos será la creación de un patrimonio autónomo, se volvió la principal, pues, en su cada vez más habituales salidas a los medios para corregir al presidente, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo aseguró que “esos pagos no están autorizados”.

Surge entonces la pregunta: ¿quién o qué no los autoriza? ¿La Regla fiscal que el presidente le gustaría derogar o los grandes aliados en los que Petro ha convertido a la Ocde, al FMI al Banco Mundial, y al Gobierno Biden, incluyéndolos y consultándolos en todas las decisiones gruesas de sus apuestas de Gobierno? Lo cierto es que la concreción del pago consignado en el documento firmado está, de momento, en el aire.

No será extraño ver, a medida que se vaya implementando el acuerdo y se resuelva de dónde saldrán los recursos para estas polémicas compras, un desfile de títulos espurios que terminarán siendo legalizados al son del baile de los 60 billones que se estima costará este trato. Aunque la ministra afirmó que al ser ella personalmente quien aprobará las compras se asegurará de que el miedo de tantos no se materialice, este es uno de los principales obstáculos que tendrán que sortear el Gobierno y quienes aspiran a venderle sus tierras.

Hace un par de meses, recién comenzada su gestión frente a la cartera de agro, la ministra en una entrevista a El País de España afirmó: “La semana pasada volvimos a hablar (con Petro) y me dijo que me quería en agricultura para hacer la reforma agraria. Que esas tierras que no están funcionando, pero que son productivas, las vamos a distribuir, que les vamos a comprar la tierra. A mí me pareció una revolución”.

La revolución que la ministra propone excluye de tajo las expropiaciones que es una figura legal vigente, contenida en el art. 58 de la CP y en múltiples artículos de la ley 160 de 1994 y reglamentada de forma extensa.

Es natural que exista un prurito por mencionar este término, para evitar comparaciones con regímenes autoritarios, pero lo cierto es que las figuras existen y debería evaluarse su aplicación en especial para aquellos latifundistas, como la familia Carranza, por ejemplo, con cientos de miles de hectáreas que ni conocen, ni explotan de forma productiva. Cualquier propietario con más de 10, 100 o 200 mil hectáreas podría “perder” la mitad de las mismas sin que esto cambié en esencia su condición de millonario.

En cambio, estas tierras sí pueden traer gran valor al país y su economía al volverse productivas y cumplir con su función social, contemplada en la constitución, sin cargo a un erario ultra endeudado como pretende hacer el actual Gobierno. No sobra recordar que la figura de la expropiación incluye un pago compensatorio.

A este respecto en entrevista reciente, Alejandro Reyes, uno de los gurús del tema en Colombia aseveró: “(…) Después, les quitaría tierra a los rentistas de la tierra y la repartiría a los campesinos, en zonas cercanas a las grandes ciudades, con acceso a los mercados, con buenas vías, con buena calidad de suelos (…) , no importa si tiene un propietario privado, la tierra debe cumplir un rol público. Si no lo hace, el Estado está en su derecho de extinguir el dominio. Esa ley de los años 30 nunca se ha cumplido en Colombia porque los terratenientes tienen mucha fuerza política, económica, mediática. Pero eso hay que tocarlo. Hay que extinguir el dominio de las tierras que sirven solo como almacenaje de capital”.

Según Ana Jimena Bautista, experta en derecho agrario, en Colombia existen más de 4 millones de hectáreas que están siendo disputadas en los tribunales.

Existen múltiples rutas de acceso a tierras, la actual reforma se enfoca en 4: 1) La compra de tierras, 2) La redistribucíon de 215.000 hectáreas en manos de la SAE, 3) La ubicación y asignación de baldios y 4) Las titulaciones. Al parecer, el Gobierno, tratando de acercar a unos de sus potenciales contradictores, está enfocándose en la primera y muy peculiar forma de reforma agraria. Lo que sí es histórico es que la actual estructura de la propiedad rural tiene origen en siglo XIX cuando, a cambio de sus servicios a la patria, a cientos de próceres se les entregaron títulos de deuda pública –tal y como propusieron Petro y López Montaño antes de que los desautorizaran-, y estos no pudieron ser pagados, por lo cual terminaron siendo convertidos en títulos de propiedad de baldíos de la nación, que están en el origen mismo de la inequidad sobre la posesión de la tierra.

Por último, causa cuando menos curiosidad que el famoso documento de acuerdo entre Fedegán y el Gobierno Petro cierre de la siguiente forma: “El cumplimiento y verificación de este Acuerdo contará con el acompañamiento del Banco Mundial y La ONU”. Ok, la ONU. ¿Pero qué hace el BM ahí metido? Según Lafaurie, su presencia se debe a los potenciales negocios que implicarán los bonos de carbono y los sistemas silvopastoriles Intensivos que implementarán. Es cada vez más innegable la falta de independencia y el desdeño por la soberanía del Gobierno “del cambio”.