No más peaje ilegal de Puente Amarillo

En el llano se encuentra un peaje considerado ilegal, ubicado en el millonario proyecto vial Villavicencio – Yopal. Entregado al conglomerado económico más fuerte del país, el grupo Aval, por medio del contrato de concesión APP 010 de 2015 de Covioriente que supera los tres billones de pesos, se trata del peaje de Puente Amarillo, que divide a Villavicencio y Restrepo ubicados a tan solo 15 kilómetros de distancia entre sus cascos urbanos. 

Dicho peaje, se encuentra a menos de 24 kilómetros del peaje de Veracruz, del mismo proyecto vial, en la vía Cumaral-Santa Cecilia, incumpliendo así la resolución 12611 de 2001 del Ministerio del Transporte que establece,  “el espaciamiento entre estaciones de peaje debe ser mínimo de cuarenta kilómetros entre ellas”, tal cual respondió el propio ministerio a la abogada Diana Marcela Vélez el 27 de diciembre de 2017.

Un poco de historia

Pero eso no es lo más grave. El peaje nunca ha sido un peaje, nació como pontazgo por medio de las resoluciones 018219 de 1993 y luego la 003962 de 1995 que deroga la anterior. Esto en el marco de las obras del contrato de concesión 446 de 1994 otorgado a Autopistas de los Llanos, con el único fin de pagar la obra de construcción del Puente Guatiquía y luego, el pontazgo sería retirado.

La ubicación inicial del pontazgo facilitaba la evasión del mismo, lo que llevó a que en concertación con la comunidad se firmara acta de acuerdo el 25 de junio de 1999, la cual reducía las tarifas para la categoría I y permitía un puesto de control y recaudo en el sector de Puente Amarillo complementario al pontazgo inicial. El nuevo punto funcionaría mientras durara el contrato de concesión según el numeral décimo de esta.

Culminada la concesión y gracias a la presión de la ciudadanía, el 23 de noviembre de 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) retira el pontazgo Vanguardia pero se les “olvida” retirar el puesto complementario de control de Puente Amarillo, el cual siguió recaudando dinero sin soporte técnico ni legal, debido a que se prorrogó el contrato para pagarle a la concesión un laudo arbitral en contra de la nación. “Pagan justos, por pecadores”.

A pesar de la irregularidad, pasados siete meses, mediante la resolución 001860 de 2014 el Ministerio de Transporte resucitó un muerto. Reubicó el pontazgo Vanguardia y el complementario de Puente Amarillo en un único y nuevo peaje en “las abscisas del proyecto K 2+600 al K 2+750 de la Vía ViIlavicencio – Cumaral”, donde se encuentra actualmente.

Ya en 2015, mediante la resolución 1070 del 23 de abril, se fija el esquema tarifario para la nueva concesión Covioriente donde se incluye el pontazgo de Puente Amarillo, ahora llamado “peaje”. A pesar de que el 23 de octubre de 2013 la ANI le había respondido al líder cívico Nestor Restrepo sobre el “peaje” que, “No obstante lo anterior y tal como fue informado por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura el pasado 12 de agosto de 2013 en audiencia pública en la ciudad de Villavicencio este peaje no hará parte del nuevo proyecto de concesión que adelanta la entidad”.

Acciones ciudadanas

Ante tantas irregularidades y atropellos contra la comunidad, además de la posible ilegalidad, en 2017 se crea el grupo Acción cívica no más casetas de recaudo ilegal. El cual, aparte de actividades de protesta pacífica, radicó en 2019 una acción popular con el fin de retirar el peaje. Acción popular que “duerme en el sueño de los justos” en el Tribunal Administrativo del Meta.

Con el avance del proyecto vial, la concesión ha ampliado la construcción de la infraestructura del peaje y se conoció la intención de aumentar la tarifa del mismo, de forma especial para los vehículos particulares (categoría I), la cual pasaría de $4.800 a alrededor de $12.000 pesos. Lo que será un duro golpe para los bolsillos de los habitantes y para la economía de la zona (asunto que explicaré en una próxima columna).

Estos hechos llevaron a la comunidad de los municipios afectados (Villavicencio, Restrepo y Cumaral), a unirse en una sola voz en el Comité no más peaje ilegal de Puente Amarillo, el cual realizó su primer plantón masivo el pasado 13 de julio durante diez horas, contando con el respaldo absoluto de los vehículos represados que pasaban de forma intermitente y agradecían a las más de 500 personas que levantaron la talanquera del “peaje” ilegal.

Este plantón obligó al gobierno nacional por medio de la ANI, a solicitar reunión para el día 19 de julio entre voceros del Comité, la Gobernadora, los alcaldes de los municipios afectados, el Ministerio de Transporte y la Concesión en la Gobernación del Meta. Reunión que terminó en “coctel de amigos” sin la presencia del Comité que se levantó de la mesa, porque mientras los demás asistentes dicen “sí al peaje pero con tarifa diferencial”, la comunidad dice de manera enfática: “No más peaje ilegal de Puente Amarillo”.

Luego de la fallida reunión, la gobernadora Rafaela Cortés salió de forma equivocada a aplaudir “la metodología para establecer las tarifas diferenciales”, lo que desató la molestia generalizada de los habitantes de la zona afectada que ven a sus gobernantes locales, incluidos los alcaldes, comportándose como funcionarios de Covioriente y no como representantes del pueblo que los eligió.

Así mismo indigna la falta de voluntad política del gobierno de Gustavo Petro que tiene en sus manos, por medio de la ANI y el Ministerio de Transporte la solución del problema, pero se “hace el de la vista gorda” como los gobiernos anteriores. Eso no es cambio.

No cabe duda que la pugna por el retiro del peaje ilegal se mantendrá. La comunidad por medio del Comité anunció próximas jornadas de protesta; saben que no cuentan con los nuevos “funcionarios de Covioriente” ni con el gobierno nacional.