Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron hoy una ponencia que pide formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Alegan que hay pruebas de que hubo financiación irregular y violación de topes electorales.
El presidente, Gustavo Petro, dijo que se trata de una “arbitrariedad” y “una amenaza a la democracia”. E invitó a los “colombianos progresistas en el exterior a iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”. El CNE rechazó las palabras de Petro y pidió respeto por su autonomía.
Al final, la decisión de si hubo infracciones a la ley electoral (que es lo que estudia el CNE, pues el caso penal está en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones) dependerá de una sala de 9 magistrados, que están divididos en dos bandos donde no hay una mayoría clara.
Se viene un largo proceso en el que juegan decisiones de otros tribunales, y en el que las mayorías dependen hoy de dos votos indecisos: un liberal y un conservador.
El proceso que sigue en el CNE
La radicación de la ponencia acusatoria de los magistrados Prada y Ortiz es el comienzo de un proceso que se puede tomar meses. Incluso más de un año. Y que estará en medio de señalamientos. Hoy la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Prada porque está imputado por el escándalo de soborno de testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A partir de ahora será siempre la sala plena del CNE, con una mayoría de 6 de sus 9 magistrados, la que definirá si con los elementos existentes se aprueba la formulación de cargos y un fallo que determine si efectivamente la campaña presidencial de Petro cumplió las normas de financiación o, por el contrario, si hay elementos suficientes para sancionar la campaña.
Para eso hay que esperar que los demás magistrados conozcan el expediente, que se abra un periodo de tres meses para controvertir las pruebas, y que se puede extender por dos más. De ahí se pasa a unos alegatos de conclusión. En medio de todo se pueden presentar recusaciones que pueden dilatar el avance. La bancada del Pacto Histórico ya presentó una recusación contra el magistrado Prada.
También una decisión de la Corte Constitucional sobre la suspensión de uno de los nueve magistrados puede hacer la diferencia en lo que viene.
Una foto de dos bloques
El CNE tiene nueve magistrados que son elegidos por el Congreso en pleno (senadores más representantes) de candidatos postulados por los partidos políticos. Se definen por el peso en el Congreso de cada partido. Entre más grande la bancada, más magistrados. Para la elección de este CNE 2022-2026 cada magistrado debió tener mínimo unos 33 votos asegurados.
Por eso, tras un acuerdo entre los partidos, el Pacto Histórico, la bancada más grande, puso dos magistrados, lo mismo que el partido Liberal. Al resto de partidos grandes (Cambio Radical, Conservador, Verde, La U) el peso les dio para postular a un magistrado.
Como el Centro Democrático llegó a esa elección con 28 votos, para poder asegurar la elección del magistrado Prada pescó los apoyos de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, Erica Sánchez y Miguel Polo Polo.
El CNE 2022-2026 arrancó con dos bloques. Inicialmente, se armó una coalición de seis magistrados para llevar a la presidencia del CNE a Fabiola Márquez, postulada por el Pacto Histórico. Ahí estuvieron Márquez, Alba Lucía Velásquez (Pacto), Cristian Quiroz (Alianza Verde), Altus Baquero (Liberal), Alfonso Campo (Conservador) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
Ese bloque fue clave para que el gobierno accediera a un pedido del CNE: autonomía financiera. Por gestión de Márquez y Baquero se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo que a partir de 2023 el CNE no dependiera financieramente de la Registraduría, sino que tuviera acceso a financiación propia. Una movida a la que se oponía el entonces registrador Alexander Vega, pero que avaló el gobierno Petro como gesto al CNE.
El otro bloque que surgió fue el de César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (La U) y Benjamín Ortiz (Liberal).
Esos dos bloques ya no están tan claros. Las cargas se rebarajaron en mayo del año pasado, cuando el Consejo de Estado suspendió la elección del magistrado Altus Baquero. Varias demandas señalan que no cumple con el requisito de los 15 años de experiencia como abogado.
En su hoja de vida, Baquero puso que trabaja desde que terminó sus estudios de derecho en agosto de 2007 y que, cuando fue elegido en el cargo en agosto de 2022, cumplía los años. Sin embargo, el Consejo de Estado dijo que la experiencia se debía contabilizar desde la obtención del título de abogado hasta la fecha de postulación del aspirante a magistrado del CNE y no a la fecha de elección. Y lo suspendió porque bajo ese parámetro tenía 14 años, 11 meses y 26 días.
El rasero del Consejo de Estado fue diferente frente a un caso similar. Como reveló La Silla, el magistrado Prada también tuvo inconsistencias con su hoja de vida. A Prada lo rechazaron, en una evaluación preliminar, por no cumplir los 15 años de experiencia, pero luego le avalaron 15 años y un mes porque puso que trabajó como gerente de un gimnasio familiar y como contratista de una empresa de salud, contrato del que no reportó pagos de seguridad social. Hechos que fueron presentados en una demanda de nulidad, pero que el Consejo de Estado falló a favor de Prada.
Baquero tomó distancia de la primera coalición interna del CNE porque la entonces presidenta Márquez, del Pacto, acató la orden del Consejo de Estado en mayo de 2023, sin esperar que se surtieran unas aclaraciones que él pidió. Trámite que ocurrió en agosto de 2023, cuatro meses después de la suspensión.
Así, el CNE quedó con ocho magistrados y la duda de si puede tomar decisiones de fondo en la sala plena porque no es claro si se puede considerar seis votos como mayoría en una sala de ocho.
Dentro del CNE ven que Prada pasó al otro bando opositor al gobierno cuando le correspondió el expediente contra la campaña del presidente Petro y empezó a estar más en línea con el magistrado liberal Benjamín Ortiz.
Por eso, en las cuentas previas y de cara a una posible votación sobre el expediente de la campaña Petro, a Prada y Ortiz los acompañarían Maritza Martínez (La U) y César Lorduy (Cambio Radical) para tener cuatro votos. Este bloque está empoderado porque Martínez es la actual presidente.
Del otro lado, para defender a la campaña Petro, estarían las dos magistradas de Pacto, Márquez, Velásquez, y el del verde, Quiroz. Ninguno tendría los seis.
En los indecisos quedan Campo, el conservador, y el suspendido Baquero el liberal.
Con Campo, el gobierno Petro tiene aliados en común. Él es cercano al representante a la Cámara, Ape Cuello, quien hace parte de los conservadores que a veces ayudan al gobierno en el Congreso y los que les dieron el Ministerio de Deportes.
Cuello organizó recientemente un homenaje a Campo en Valledupar, al que invitó a toda la bancada conservadora. Fue un acto leído en ese departamento, como el preámbulo a una campaña de Campo a la Gobernación en 2027.
Y una decisión de la Corte Constitucional le puede abrir pronto las puertas a Baquero para volver en este momento clave.
La Corte le pone más leña al caso
Desde que el Consejo de Estado lo suspendió y dejó la sala plena del CNE con ocho magistrados, Baquero comenzó una carrera jurídica por volver al cargo. Puso una tutela contra el Consejo de Estado alegando violación al debido proceso. El caso llegó a manos a de la Corte Constitucional.
La Corte la admitió para su revisión el 30 de noviembre de 2023 y le correspondió al magistrado Juan Carlos Cortés. La defensa de Baquero pidió como medida cautelar que se levante la suspensión y le permitan regresar al cargo mientras se da una decisión de fondo.
En la sala plena de la Corte hay ambiente para acceder a ese pedido, según fuentes internas. Y así se haría oficial en las sesiones siguientes.
Que Baquero pueda regresar al CNE importa, primero, porque vuelve a completar la sala plena. Con los nueve magistrados en ejercicio, la mayoría de seis no tendría objeción. Y no menos importante, que su voto podría inclinar la cancha hacia cualquiera de los dos bloques abiertos en el interior del CNE.
Bien sea para estar del lado de los magistrados de los partidos aliados del gobierno, como lo fue en la primera coalición que se armó, o para reforzar la de Prada y Ortiz.
