El Ministerio de Salud giró 35 mil millones de pesos para hacer un hospital en Pitalito, Huila, que terminaron en las manos de una empresa que está sancionada e inhabilitada por incumplimientos previos y que presentó unas pólizas ilegales. Detrás del negocio sale mencionado el exsecretario jurídico del gobierno de Gustavo Petro, y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.
Además de Fernández, aparecen su cuñado, y el cuñado de ese cuñado, en un carrusel de presuntas influencias y contratación que deja en riesgo el sueño de una década de Pitalito de tener un hospital de primer nivel.
En Pitalito vive y tiene carrera de comisionista Marco Molina Gómez, el hermano de la esposa de Fernández, quien ha asegurado en círculos sociales y familiares que Fernández hizo la gestión ante el MinSalud para conseguir los recursos que luego fueron direccionados en el proceso de contratación. El proceso se surtió con una celeridad extraordinaria. Y el principal socio de la empresa que se quedó con el millonario contrato es otro cuñado de Molina Gómez, que se llama Juan Pablo Ricci.
La esposa de Molina Gómez, Karla Ricci, también es socia de la empresa que se ganó el contrato, y que ya recibió un anticipo de más de 13 mil millones de pesos. Hace unas semanas las autoridades locales pusieron la primera piedra de la obra, que tiene plazo para ser entregada en febrero próximo. Por ahora los avances son mínimos y ya se habla de que va a necesitar más plata para ser funcional.
El pedido de un hospital que se aterrizó en seis meses
Pitalito es el municipio articulador del sur colombiano. Conecta a Caquetá, Putumayo y Cauca con el centro del país. Tiene más de 130 mil habitantes, es el principal productor de café nacional, y desde hace más de 10 años viene pidiendo plata para construir un hospital de primer nivel.
Allá la atención básica en salud la presta en la red pública la Empresa Social del Estado, ESE, Manuel Castro Tovar, fundada en 1999. En 2022 atendió 140 mil procedimientos médicos en las dos sedes que tiene y que, dicen sus directivas, se quedaron pequeñas. Por eso, todos los gerentes que han pasado por ahí han tocado las puertas del gobierno central para que les den la plata y construir un nuevo hospital que concentre todos los servicios e incluso les permita asumir procedimientos de mayor complejidad.
“Puedo decir que yo senté las bases del proyecto desde 2012, que fui gerente y de ahí los siguientes gerentes, cada uno aportó un granito de arena”, dice Edgar Muñoz, quien fue el alcalde de Pitalito entre 2020 y 2023.
Muñoz, quien ganó la Alcaldía con el apoyo del partido Conservador y sus barones regionales, el exsenador Hernán Andrade y el exrepresentante Jaime Felipe Lozada, contrató los estudios y diseños de la obra y buscó que el gobierno de Iván Duque le asignara los recursos a través de sus aliados conservadores.
En los dos años del gobierno Duque – que en 2019 barrió en votos en el Huila – el alcalde Muñoz no consiguió esos recursos.
Pero la suerte le cambió en 2022. Dice que con la llegada al poder del gobierno de Gustavo Petro buscó incluir el proyecto del nuevo hospital dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND. Y lo logró.
Al Huila le priorizaron 33 proyectos estratégicos, incluyendo el nuevo hospital de Pitalito.
Que un proyecto quede dentro del PND no significa que automáticamente quede financiado. Es solo el primer paso de un largo recorrido administrativo que tiene en el camino la presentación oficial de la propuesta ante el ministerio del sector y el lobby de alto nivel, en cabeza de los congresistas o funcionarios de rango, para que la viabilicen y prioricen en el presupuesto anual. Lo que en las regiones llaman “bajar los recursos”.
A modo de ejemplo, en el Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, entre las obras aprobadas para el Huila, quedó la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para Neiva. Pero nunca avanzó.
Ahora, dentro de los 33 proyectos del Huila en el PND de Petro, el del hospital de Pitalito es el que más lejos ha llegado. Y el proceso de aprobación fue llamativamente rápido, teniendo en la cuenta la baja ejecución de los programas del gobierno Petro.
Las iniciativas del sector salud que buscan plata de ese Ministerio deben tener el visto bueno y ser presentadas por la secretarías de Salud Departamental. La idea del nuevo hospital de Pitalito consiguió ese requisito en marzo de 2023, y a los dos meses, en mayo, fue radicada ante el MinSalud.
El MinSalud tiene unos criterios para definir cuáles proyectos prioriza. Primero, que tenga un concepto técnico, jurídico y financiero de viabilidad que expide el mismo Ministerio. Y luego que cumpla con otros requisitos: que se pueda cofinanciar (es decir, que la ESE o el municipio también pongan plata), que ayude a cumplir una sentencia judicial o que no supere unos topes.
El 27 de junio de 2023, un mes después de radicado, el MinSalud dio el aval de viabilidad técnica al hospital de Pitalito. Y el 24 de octubre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó la resolución que autorizó el giro de los 35 mil millones de pesos directamente a la ESE Manuel Castro Tovar, para que contrate la construcción del nuevo hospital.
Las gestiones para agilizar la viabilidad y el giro de la plata tienen su capítulo en Pitalito y ahí es donde sale mencionado el hoy magistrado Vladimir Fernández.
El cuñado que empezó a hablar
Marco Jesús Molina Gómez tiene 46 años y en Pitalito lo identifican como ingeniero, abogado y comisionista de negocios particulares. Es conocido como alguien que se mueve en el sector de la construcción y se codea en los círculos sociales, económicos y religiosos más fuertes del municipio. Y es el cuñado de Vladimir Fernández, que está casado con su hermana Dora Gimena Molina Gómez.
La fama de ingeniero la tiene porque, por ejemplo, hace unos meses así lo presentaron en una feria inmobiliaria en la que promocionó un proyecto urbanístico. La de abogado porque aparece en procesos de insolvencia de comerciantes de la región. Y la de religioso porque pertenece a la comunidad de Emaus, a la que asisten altos miembros de la sociedad laboyana para hacer retiros espirituales.
Molina estudió unos semestres de derecho en Bogotá, pero no se graduó. Tampoco es ingeniero, ni dueño de alguna empresa constructora. No tiene registros como contratista público, ni expedientes comerciales. Y sí es hábil como comisionista en la venta de carros y lotes.
Cuando se conoció la noticia de que el gobierno Petro le autorizó y entregó 35 mil millones de pesos al municipio para construir un hospital público, Molina mismo se encargó de publicitar su gestión para “bajar la plata”.
Dos fuentes que lo oyeron de manera directa, y cuatro más que lo supieron de manera indirecta, le dijeron a La Silla Vacía que Molina afirmó en varios escenarios que la gestión para conseguir los 35 mil millones de pesos la hizo él con ayuda de un funcionario de entera confianza del presidente Petro: su cuñado Vladimir Fernández.
Se trata de personas que están en los círculos sociales, empresariales y religiosos en los que se mueve Molina, y que pidieron la reserva de sus nombres para dar detalles de conversaciones privadas.
La versiones concuerdan todas. Molina dijo que sabía que el entonces alcalde, Edgar Muñoz, estaba buscando que en Bogotá alguien de peso le ayudara a bajar los recursos del hospital antes de que se acabara su mandato.
“En un momento pensé que era algo de vanidad de Marco. Porque lo contaba con mucho orgullo. Luego, cuando se conoce cómo se hizo la contratación y quién se lo ganó, entendí que estaba hablando muy en serio”, dice una persona del círculo social de Molina Gómez que escuchó el cuento por boca de él.
Según Molina, él hizo la gestión a través de su cuñado Fernández, en ese momento secretario jurídico de Casa de Nariño, para conseguir el giro. En octubre, dijo Molina, a través de una llamada telefónica que hizo Fernández al ministro Jaramillo, se destrabó el giro de la plata.
La versión de la intermediación contada por Molina Muñoz, que incluye a su poderoso cuñado, el magistrado Fernández, se la confirmaron a La Silla, tres constructores y tres políticos del Huila que están enterados de ese negocio.
“En alguna conversación que me lo presentaron, me dijo que si necesitaba gestionar algún proyecto, él (Molina) me dijo que podía ayudar. Que solo le diera el número del radicado del proyecto. Sí me pareció muy particular”, dice un político del Huila.
Molina empezó a ser reconocido como el cuñado del abogado de Petro, alguien capaz de gestionar proyectos en Bogotá.
En su paso por Casa de Nariño, Fernández mostró una gran influencia más allá de su cargo como asesor jurídico de Petro. Como reveló La Silla, el abogado huilense intercedió en el caso de una firma de abogados que demandó al Invías para que le pague una indemnización de más de 50 mil millones de pesos por un contrato de 2006, que aún no se ha terminado. Esa firma de abogados, que según varios clientes de Fernández en realidad es de él, paga la seguridad social de su esposa, Dora Gimena Molina Gómez.
Como secretario jurídico de Casa de Nariño, Fernández también consiguió que el gobierno Petro lo nombrara en las juntas directivas de la hidroeléctrica Urrá S.A y de la aseguradora estatal Positiva. Desde ahí, incidió en el nombramiento de Samir Bermeo como gerente encargado de la Electrificadora del Huila.
Y no menos importante, logró que el presidente Petro lo incluyera en la terna para ser magistrado de la Corte Constitucional. Fernández mostró su habilidad política porque hizo campaña en el Senado para ser elegido magistrado desde mucho antes de que lo ternaran y por eso su victoria fue aplastante.
Fernández fue el jurídico de Casa de Nariño hasta el 17 de diciembre y mantiene lazos con el gobierno. Claudia Liliana Quijano, una de sus abogadas de confianza, fue nombrada recientemente como jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Prosperidad Social.
Ante el poder de Fernández, las palabras de su cuñado, Marco Molina, agarraron más peso entre los círculos de poder de Pitalito. “A nosotros nos empiezan a llegar más datos de esa conexión entre Marco, el hoy magistrado y el contrato del hospital, y vemos que es un tema que es más allá que anecdótico y decidimos hacerle seguimiento”, dice Sirly Shimonja, periodista de la emisora La Poderosa de Pitalito, quien ha denunciado el tema.
El exalcalde Edgar Muñoz admite que tiene una cercanía y amistad con Marco Molina Gómez. “Lo conozco como ingeniero, un gran ser humano, hace parte de los grupos de Caminos de Emaus, admirable en su honorabilidad y en su profesionalismo”, dice.
Pero a renglón seguido niega que él le haya ayudado a conseguir la plata del hospital a través de la mediación de Vladimir Fernández. “Fui un par de veces al ministerio con la gerente de la ESE a hacer la gestión con el ministro Jaramillo. Y el ministro lo que hizo fue reconocer la tarea juiciosa que hicimos. Siempre nos pidió que no le metiéramos política al tema”, añade.
Cuenta que en alguno de esos viajes a Bogotá se encontró a Fernández, pero que no recuerda si le comentó lo del hospital.
Los cuñados Molina y Fernández también niegan alguna conexión con el negocio, pero tienen versiones contrarias sobre su cercanía. “Desconozco el asunto del que me pregunta. Y mi relación con el señor Molina es distante”, dice el magistrado Fernández.
“Mi relación con Vladimir es cordial y de absoluto respeto”, dice Molina.
Más allá de cruce de versiones, la manera en la que se contrató la construcción del hospital con los 35 mil millones de pesos sí muestran que hubo un interés particular que terminó favoreciendo al cuñado del magistrado, y a un cuñado del cuñado.
El proceso de contratación irregular en Pitalito
Con la plata en las cuentas de la ESE Manuel Castro Tovar, en Pitalito se movieron rápido para dejar hecha la contratación antes de finalizar el 2023. El giro se autorizó el 27 de octubre y tres días después, el alcalde Edgar Muñoz Tovar dio luz verde para arrancar el proceso.
Como se trata de mucha plata, la gerente de la ESE, Oriana Peña Mazabel, necesitó una autorización de la junta directiva. El presidente de esa junta era el alcalde Muñoz. El 30 octubre la junta hizo una reunión exprés y Muñoz firmó el visto bueno.
La gerente Peña Mazabel dijo que para contratar la construcción del hospital y la interventoría a la obra debía conseguir un asesor jurídico externo. La ESE tiene su propio equipo jurídico y oficina de contratación, pero la funcionaria insistió en que era necesario contar con un abogado externo experto en temas de contratación pública.
Y ahí emerge la figura del abogado Camilo Guzmán Torres, la persona que adjudicó el conttrato que terminó favoreciendo al cuñado de Fernández, que había ayudado a bajar la plata. Lo contrataron por 12 millones de pesos para que en menos de un mes montara los pliegos de condiciones, la evaluación y adjudicación de los 35 mil millones de pesos para la construcción del hospital y la interventoría.
Guzmán es un abogado que se mueve como asesor en varios municipios del departamento. Fue jefe de la oficina de contratación de la Gobernación del Huila en 2015 y tiene incidencia en la política local. Actualmente trabaja como jurídico de Instituto del Tránsito de Pitalito.
El abogado Guzmán firmó su contrato de asesoría con la ESE el 15 de noviembre. En apenas dos semanas, el 30, ya tenía listos los estudios previos para abrir el proceso de contratación de la construcción del hospital por 34 mil millones de pesos. El resto, 1.600 millones de pesos, fueron para la interventoría.
La ESE sacó el pliego de condiciones el 4 de diciembre y dio como plazo hasta el 13 de diciembre para recibir propuestas. En ese tiempo, un interesado pidió que se publicara el formato del presupuesto que se iba a pagar por la obra.
Guzmán accedió y lo hizo el 11 de diciembre a través del portal de contratación Secop 2. La metadata del archivo publicado, según encontró La Silla, dice que el autor del documento es Licitaciones ConyCon SAS, no la ESE, ni la oficina de Guzmán.
Cuando se cerró el plazo para presentar ofertas solo aparecieron dos oferentes:
- ConyCon SAS (Consultoría y Construcción SAS)
- Consorcio San Rafael (Integrado por Protelca y Construsar).
Es decir, ConyCon tenía información anticipada del proceso de contratación.
Luego de recibir ofertas, el abogado Guzmán hizo una revisión exprés de las propuestas y dos días después, el 15 de diciembre, dijo que ninguno de los dos cumplía, pero que la de ConyCon era la menos grave porque solo le hacía falta un papel que certificara la propiedad de una máquina.
En cambio, según el abogado, el Consorcio San Rafael no tenía experiencia en ese tipo de obras, ni personal calificado. Por eso, lo descabezó en el componente técnico. Fue una decisión que muestra la discrecionalidad de los abogados que estructuran estos procesos, pues Protelca y Construsar, los del consorcio descalificado, se ganaron unas semanas después un contrato de 84 mil millones de pesos para construir una torre hospitalaria en Garzón, también en el Huila.
Pero en Pitalito, ConyCon consiguió el papel que le faltaba, y así quedó como el único oferente habilitado a pesar de cargar sanciones previas y entregar papeles irregulares.
El ganador de los cuñados, sancionado y con pólizas cuestionadas
ConyCon es una empresa registrada en Bogotá de la que es socio principal el arquitecto Juan Pablo Ricci Ruiz. Él, a su vez, es cuñado de Marco Molina Gómez, el cuñado de Vladimir Fernández, quien dijo que fue quien consiguió bajar los 35 mil millones de pesos.
Marco Molina está casado con Karla Ricci Ruiz, quien también figura como socia minoritaria de ConyCon. La plata que Molina aseguró haber gestionado terminó adjudicada a una empresa donde es socia su esposa.
Además de información privilegiada, ConyCon se ganó el contrato teniendo encima dos sanciones por incumplimientos de obras que no terminó en Bogotá y Antioquia.
La de Antioquia es con la Gobernación por un contrato que le adjudicaron en 2020 para hacer el mejoramiento de una carretera en el municipio de Concepción. La Gobernación señaló a la empresa de no poner a disposición toda la maquinaria necesaria, ni el personal. Señaló, incluso, millonarias deudas con proveedores. Por eso, el 15 de septiembre de 2021, declaró el incumplimiento del contrato, la sancionó con una multa de 146 millones de pesos y pidió ejecutar las pólizas de la aseguradora.
En Bogotá la historia fue similar. En 2018, ConyCon se ganó un contrato con el Fondo Local de Chapinero para mejorar unas vías de la localidad por un valor inicial de 14 mil millones de pesos con un plazo de 12 meses. La obra no se hizo en ese tiempo y algunos trabajos quedaron defectuosos, según las actas de la interventoría.
En 2021 el Fondo empezó a aplicar el incumplimiento. ConyCon apeló y llevó el pleito hasta diciembre de 2022, cuando no pudo demostrar lo contrario. El 6 de diciembre de 2022, el alcalde de la localidad, Óscar Yesid Ramos, declaró el incumplimiento, impuso una multa de 39 millones de pesos y aplicó las pólizas que había respaldado Liberty Seguros.
Las leyes de contratación en Colombia dicen que cuando a un contratista le declaran el incumplimiento en una obra pública debe hacerse una anotación en el Registro Único de Proponentes, RUP, que es a donde va el historial comercial de la empresa.
Esas mismas leyes dicen que cuando a un proponente le declaran el incumplimiento contractual en por lo menos dos contratos con una o varias entidades estatales durante los últimos tres años, queda inhabilitado por tres años para seguir contratando.
A ConyCon le aparece esa inhabilidad en el RUP con vigencia hasta febrero de 2025.
Inhabilidad Rues ConyCon by La Silla Vacía
El abogado Guzmán dice que no vio esas sanciones al contratista cuando revisó el historial comercial. Que debió ser que no estaban vigentes en el momento en el que le adjudicaron el contrato a ConyCon y que la empresa tampoco avisó de eso, aunque firmó una carta señalando que no tenía ninguna inhabilidad.
“La verdad no sé qué pasó posteriormente con el contratista, yo cumplí con el contrato y no sé qué situación le habría sucedido después. Cuando revisé no tenía ninguna inhabilidad”, dice Guzmán.
El arquitecto Ricci Ruiz dio una versión similar. Que a diciembre no tenían esa inhabilidad y que, en todo caso “dichos actos son producto de una controversia contractual, la cual está en trámite ante los tribunales”.
ConyCon sí demandó a la Gobernación de Antioquia para tratar de tumbar la sanción, pero en marzo de 2023 desistió de su demanda. Por lo cual está vigente. De la sanción con la Alcaldía de Chapinero, La Silla Vacía no encontró procesos ante tribunales.
El 22 de diciembre, ConyCon firmó el contrato con la ESE, previo visto bueno del abogado Guzmán. El 27 se aprobó el acta de inicio, y de inmediato la empresa radicó una cuenta de cobro para que le pagaran el anticipo del 40 por ciento pactado, más de 13 mil millones de pesos. El 28 la ESE lo autorizó y la plata entró a una cuenta que ConyCon tiene en un fondo de rendimientos financieros.
Para poder ganar el contrato y conseguir el anticipo, ConyCon debió entregar unas pólizas contractuales, que son una especie de seguro o garantía de que va a hacer la obra y que no va a mal invertir la plata.
Esas pólizas las venden las compañías aseguradoras que son vigiladas por la Superintendencia Financiera y que en su mayoría están afiliadas en Fasecolda, el gremio de las aseguradoras.
Las pólizas que ConyCon presentó en Pitalito no son pólizas ni las expidió ninguna empresa vigilada y autorizada.
Los documentos que llevó el arquitecto Ricci Ruiz, como representante legal del contratista, son contratos de fianza que certificó una empresa que se llama Afianzadora del Oriente. Esa afianzadora fue creada en 2022 con un capital de 100 millones de pesos. Su dueño es Luis Carlos Omeara, un exnotario que salió señalado en el escándalo de corrupción de la “Yidispolítica”.
Esos contratos de fianza presentados en Pitalito no están autorizados para ese tipo de obras públicas. “La Superfinanciera ha reiterado que las únicas empresas autorizadas para entregar ese tipo de pólizas contractuales son las que ella vigila. Todas esas empresas están hoy en Fasecolda. La afianzadora que me menciona, no”, dice Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Las afianzadoras no tienen control ni vigilancia, pueden ser creadas por personas naturales— como Omeara— y no brindan las garantías para respaldar un contrato público. Así lo reiteró recientemente Colombia Compra Eficiente, la entidad estatal que regula la contratación en el país.
“La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 establecieron tres (3) tipos de garantías: i) póliza, ii) garantía bancaria y iii) patrimonio autónomo. Por lo tanto, la fianza no es posible aceptarla como garantía de cumplimiento”, dice la circular.
El abogado Guzmán tiene otra interpretación. Dice que una entidad como la ESE Manuel Castro Tovar puede aceptar ese tipo de fianzas porque tiene un régimen de contratación privado y su propio manual de contratación. Sin embargo, Colombia Compra Eficiente señala que esa no es una condición para omitir la norma. “No cabe la autonomía de la voluntad como mecanismo habilitador para que en virtud del muto consenso sea incluida una fianza”, dice el concepto.
Además, el manual de contratación de la ESE especifica que los interesados en ganarse obras ahí deben presentar pólizas únicas de garantías y no fianzas. “El contratista deberá constituir una Póliza Única de Garantía a su favor, expedida en forma irrevocable por una Compañía de Seguros o por una Entidad Bancaria autorizada legalmente para operar en Colombia”, dice el manual.
Recientemente, el Consejo de Estado sacó un fallo que cuestionó los alcances de los contratos de fianza. Fue al revisar una demanda del escándalo de Vitalogic, el mismo por el que terminó condenado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Vitalogic presentó un contrato de fianza para ganar ese contrato, pero allá le dijeron que no era viable.
Vitalogic reclamó que un asesor jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga alcanzó a sacar un concepto diciendo que esa fianza era legal, pero que luego se echó para atrás. Ese asesor, según Vitalogic, era Jorge Pino Ricci, familiar de Juan Pablo Ricci Ruiz, el contratista de Pitalito.
Los papeles que presentó ConyCon de la Afianzadora del Oriente en Pitalito fueron avalados por Guzmán, y, posteriormente, por la oficina jurídica de la ESE que autorizó el anticipo de los 13 mil millones de pesos pagados a tres días de acabar el año.
Así, una empresa recientemente creada, no vigilada y con un capital de 100 millones de pesos, es la garante del cumplimiento de una obra de 35 mil millones de pesos.
El arquitecto Ricci Ruiz dice que “nuestra empresa trabaja con diferentes aseguradoras y afianzadoras, para este caso se presentó una fianza que cumplió los requisitos; como se solicitó por la entidad”.
Dos razones explicarían por qué ConyCon no presentó en Pitalito pólizas de una aseguradora habilitada, como sí lo hizo, por ejemplo, en los contratos en los que le declararon incumplimientos en Antioquia (Confianza S.A) y Bogotá (Liberty Seguros).
Una de ellas es que justamente las aseguradoras se cuidan de venderles pólizas a los contratistas que han sido sancionados. La otra razón es que las aseguradoras también miran la capacidad financiera de las empresas que buscan sus pólizas.
ConyCon tiene sus números en rojo. En 2022 se acogió a un proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. Es un proceso en el que una empresa busca una reorganización debido a sus altas deudas y falta de capacidad de pago.
Los números tampoco respaldan al arquitecto Juan Pablo Ricci Ruiz y al ingeniero César Fonseca Gasca, otro socio de ConyCon. Los dos, como representantes legales de la empresa, enfrentan procesos de embargo de hasta 300 millones de pesos en bancos como Bancolombia o Colpatria o de ferreterías que les han vendido materiales. Y, según registros propios, ConyCon le debe a la Dian más de 1.200 millones de pesos en impuestos.
Aun con las sanciones encima, las dudas de las pólizas y los problemas de plata, ConyCon dice que arrancó las obras y van en nueve por ciento. Que está haciendo “observaciones y ajustes de diseños”. Seguramente respaldado en el anticipo que les dieron.
Desde la primera piedra se sabe cómo será la última
El 3 de abril, tres meses después de que el contratista consiguió el anticipo, en Pitalito pusieron el primer ladrillo de la construcción del nuevo hospital. Estuvieron la gerente de la ESE, Oriana Peña, el exalcalde Edgar Muñoz, el nuevo alcalde Yider Luna y el secretario de Salud del Huila, Sergio Zúñiga.
Fue una foto muy particular porque Luna ganó la Alcaldía con el apoyo de Muñoz enfrentando a Zúñiga, quien además es el exesposo de la gerente Peña. Muñoz y Zúñiga también han sido gerentes de la ESE.
Para ese momento los ruidos sobre la obra estaban haciendo mella en Pitalito porque se supo que en lo contratado no está contemplado el servicio de urgencias. Lo que se pretende hacer no alcanza para dejar cien por ciento funcional el centro médico. Algo que el secretario Zúñiga admitió en el evento: que los 35 mil millones no son suficientes y que, por ejemplo, para habilitar urgencias se va a necesitar más plata. Y se comprometió ante su exesposa y los alcaldes aliados a hacer esa gestión ante el gobierno departamental.
Detrás de la foto había varias máquinas excavadoras, que sirvieron de fondo en el acto del primer ladrillo. Marco Molina Gómez, el hilo conductor de todo el entramado, dice que algunas de esas máquinas son de él y las puso a trabajar para la obra. “Sí, son mías, son mis máquinas, a eso es que me dedico. Son las que están haciendo movimientos de tierras”, afirma el cuñado de Vladimir Fernández.
Su otro cuñado, Ricci Ruiz, dice que no tienen un vínculo laboral. “El señor Marco Jesús Molina Gómez no cuenta con ningún contrato laboral con nuestra empresa”.
El nombre de Marco Molina Gómez no aparece en los papeles que ConyCon presentó para certificar la propiedad de ese tipo de maquinaria. “Es que estoy en ese proceso de ponerlas a mi nombre”, le dijo a La Silla.
