El Ministerio de Salud giró 35 mil millones de pesos para hacer un hospital en Pitalito, Huila, que terminaron en las manos de una empresa que está sancionada e inhabilitada por incumplimientos previos y que presentó unas pólizas ilegales. Detrás del negocio sale mencionado el exsecretario jurídico del gobierno de Gustavo Petro, y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. 

Además de Fernández, aparecen su cuñado, y el cuñado de ese cuñado, en un carrusel de presuntas influencias y contratación que deja en riesgo el sueño de una década de Pitalito de tener un hospital de primer nivel. 

En Pitalito vive y tiene carrera de comisionista Marco Molina Gómez, el hermano de la esposa de Fernández, quien ha asegurado en círculos sociales y familiares que Fernández hizo la gestión ante el MinSalud para conseguir los recursos que luego fueron direccionados en el proceso de contratación. El proceso se surtió con una celeridad extraordinaria. Y el principal socio de la empresa que se quedó con el millonario contrato es otro cuñado de Molina Gómez, que se llama Juan Pablo Ricci. 

La esposa de Molina Gómez, Karla Ricci, también es socia de la empresa que se ganó el contrato, y que ya recibió un anticipo de más de 13 mil millones de pesos. Hace unas semanas las autoridades locales pusieron la primera piedra de la obra, que tiene plazo para ser entregada en febrero próximo. Por ahora los avances son mínimos y ya se habla de que va a necesitar más plata para ser funcional. 

El pedido de un hospital que se aterrizó en seis meses

Pitalito es el municipio articulador del sur colombiano. Conecta a Caquetá, Putumayo y Cauca con el centro del país. Tiene más de 130 mil habitantes, es el principal productor de café nacional, y desde hace más de 10 años viene pidiendo plata para construir un hospital de primer nivel. 

Allá la atención básica en salud la presta en la red pública la Empresa Social del Estado, ESE, Manuel Castro Tovar, fundada en 1999. En 2022 atendió 140 mil procedimientos médicos en las dos sedes que tiene y que, dicen sus directivas, se quedaron pequeñas. Por eso, todos los gerentes que han pasado por ahí han tocado las puertas del gobierno central para que les den la plata y construir un nuevo hospital que concentre todos los servicios e incluso les permita asumir procedimientos de mayor complejidad. 

“Puedo decir que yo senté las bases del proyecto desde 2012, que fui gerente y de ahí los siguientes gerentes, cada uno aportó un granito de arena”, dice Edgar Muñoz, quien fue el alcalde de Pitalito entre 2020 y 2023.  

Muñoz, quien ganó la Alcaldía con el apoyo del partido Conservador y sus barones regionales, el exsenador Hernán Andrade y el exrepresentante Jaime Felipe Lozada, contrató los estudios y diseños de la obra y buscó que el gobierno de Iván Duque le asignara los recursos a través de sus aliados conservadores. 

En los dos años del gobierno Duque – que en 2019 barrió en votos en el Huila – el alcalde Muñoz no consiguió esos recursos. 

Pero la suerte le cambió en 2022. Dice que con la llegada al poder del gobierno de Gustavo Petro buscó incluir el proyecto del nuevo hospital dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND. Y lo logró. 

Al Huila le priorizaron 33 proyectos estratégicos, incluyendo el nuevo hospital de Pitalito.   

Que un proyecto quede dentro del PND no significa que automáticamente quede financiado. Es solo el primer paso de un largo recorrido administrativo que tiene en el camino la presentación oficial de la propuesta ante el ministerio del sector y el lobby de alto nivel, en cabeza de los congresistas o funcionarios de rango, para que la viabilicen y prioricen en el presupuesto anual. Lo que en las regiones llaman “bajar los recursos”. 

A modo de ejemplo, en el Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, entre las obras aprobadas para el Huila, quedó la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para Neiva. Pero nunca avanzó. 

Ahora, dentro de los 33 proyectos del Huila en el PND de Petro, el del hospital de Pitalito es el que más lejos ha llegado. Y el proceso de aprobación fue llamativamente rápido, teniendo en la cuenta la baja ejecución de los programas del gobierno Petro.

Las iniciativas del sector salud que buscan plata de ese Ministerio deben tener el visto bueno y ser presentadas por la secretarías de Salud Departamental. La idea del nuevo hospital de Pitalito consiguió ese requisito en marzo de 2023, y a los dos meses, en mayo, fue radicada ante el MinSalud. 

El MinSalud tiene unos criterios para definir cuáles proyectos prioriza. Primero, que tenga un concepto técnico, jurídico y financiero de viabilidad que expide el mismo Ministerio. Y luego que cumpla con otros requisitos: que se pueda cofinanciar (es decir, que la ESE o el municipio también pongan plata), que ayude a cumplir una sentencia judicial o que no supere unos topes. 

El 27 de junio de 2023, un mes después de radicado, el MinSalud dio el aval de viabilidad técnica al hospital de Pitalito. Y el 24 de octubre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó la resolución que autorizó el giro de los 35 mil millones de pesos directamente a la ESE Manuel Castro Tovar, para que contrate la construcción del nuevo hospital. 

Las gestiones para agilizar la viabilidad y el giro de la plata tienen su capítulo en Pitalito y ahí es donde sale mencionado el hoy magistrado Vladimir Fernández.  

El cuñado que empezó a hablar

Marco Jesús Molina Gómez tiene 46 años y en Pitalito lo identifican como ingeniero, abogado y comisionista de negocios particulares. Es conocido como alguien que se mueve en el sector de la construcción y se codea en los círculos sociales, económicos y religiosos más fuertes del municipio. Y es el cuñado de Vladimir Fernández, que está casado con su hermana Dora Gimena Molina Gómez. 

La fama de ingeniero la tiene porque, por ejemplo, hace unos meses así lo presentaron en una feria inmobiliaria en la que promocionó un proyecto urbanístico. La de abogado porque aparece en procesos de insolvencia de comerciantes de la región.  Y la de religioso porque pertenece a la comunidad de Emaus, a la que asisten altos miembros de la sociedad laboyana para hacer retiros espirituales.  

Molina estudió unos semestres de derecho en Bogotá, pero no se graduó. Tampoco es ingeniero, ni dueño de alguna empresa constructora. No tiene registros como contratista público, ni expedientes comerciales. Y sí es hábil como comisionista en la venta de carros y lotes. 

Cuando se conoció la noticia de que el gobierno Petro le autorizó y entregó 35 mil millones de pesos al municipio para construir un hospital público, Molina mismo se encargó de publicitar su gestión para “bajar la plata”. 

Dos fuentes que lo oyeron de manera directa, y cuatro más que lo supieron de manera indirecta, le dijeron a La Silla Vacía que Molina afirmó en varios escenarios que la gestión para conseguir los 35 mil millones de pesos la hizo él con ayuda de un funcionario de entera confianza del presidente Petro: su cuñado Vladimir Fernández. 

Se trata de personas que están en los círculos sociales, empresariales y religiosos en los que se mueve Molina, y que pidieron la reserva de sus nombres para dar detalles de conversaciones privadas.  

La versiones concuerdan todas. Molina dijo que sabía que el entonces alcalde, Edgar Muñoz, estaba buscando que en Bogotá alguien de peso le ayudara a bajar los recursos del hospital antes de que se acabara su mandato.  

“En un momento pensé que era algo de vanidad de Marco. Porque lo contaba con mucho orgullo. Luego, cuando se conoce cómo se hizo la contratación y quién se lo ganó, entendí que estaba hablando muy en serio”, dice una persona del círculo social de Molina Gómez que escuchó el cuento por boca de él. 

Según Molina, él hizo la gestión a través de su cuñado Fernández, en ese momento secretario jurídico de Casa de Nariño, para conseguir el giro. En octubre, dijo Molina, a través de una llamada telefónica que hizo Fernández al ministro Jaramillo, se destrabó el giro de la plata. 

La versión de la intermediación contada por Molina Muñoz, que incluye a su poderoso cuñado, el magistrado Fernández, se la confirmaron a La Silla, tres constructores y tres políticos del Huila que están enterados de ese negocio. 

“En alguna conversación que me lo presentaron, me dijo que si necesitaba gestionar algún proyecto, él (Molina) me dijo que podía ayudar. Que solo le diera el número del radicado del proyecto. Sí me pareció muy particular”, dice un político del Huila.

Molina empezó a ser reconocido como el cuñado del abogado de Petro, alguien capaz de gestionar proyectos en Bogotá. 

En su paso por Casa de Nariño, Fernández mostró una gran influencia más allá de su cargo como asesor jurídico de Petro. Como reveló La Silla, el abogado huilense intercedió en el caso de una firma de abogados que demandó al Invías para que le pague una indemnización de más de 50 mil millones de pesos por un contrato de 2006, que aún no se ha terminado. Esa firma de abogados, que según varios clientes de Fernández en realidad es de él, paga la seguridad social de su esposa, Dora Gimena Molina Gómez. 

Como secretario jurídico de Casa de Nariño, Fernández también consiguió que el gobierno Petro lo nombrara en las juntas directivas de la hidroeléctrica Urrá S.A y de la aseguradora estatal Positiva. Desde ahí, incidió en el nombramiento de Samir Bermeo como gerente encargado de la Electrificadora del Huila.

Y no menos importante, logró que el presidente Petro lo incluyera en la terna para ser magistrado de la Corte Constitucional. Fernández mostró su habilidad política porque hizo campaña en el Senado para ser elegido magistrado desde mucho antes de que lo ternaran y por eso su victoria fue aplastante. 

Fernández fue el jurídico de Casa de Nariño hasta el 17 de diciembre y mantiene lazos con el gobierno. Claudia Liliana Quijano, una de sus abogadas de confianza, fue nombrada recientemente como jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Prosperidad Social. 

Ante el poder de Fernández, las palabras de su cuñado, Marco Molina, agarraron más peso entre los círculos de poder de Pitalito. “A nosotros nos empiezan a llegar más datos de esa conexión entre Marco, el hoy magistrado y el contrato del hospital, y vemos que es un tema que es más allá que anecdótico y decidimos hacerle seguimiento”, dice Sirly Shimonja, periodista de la emisora La Poderosa de Pitalito, quien ha denunciado el tema. 

El exalcalde Edgar Muñoz admite que tiene una cercanía y amistad con Marco Molina Gómez. “Lo conozco como ingeniero, un gran ser humano, hace parte de los grupos de Caminos de Emaus, admirable en su honorabilidad y en su profesionalismo”, dice. 

Pero a renglón seguido niega que él le haya ayudado a conseguir la plata del hospital a través de la mediación de Vladimir Fernández. “Fui un par de veces al ministerio con la gerente de la ESE a hacer la gestión con el ministro Jaramillo. Y el ministro lo que hizo fue reconocer la tarea juiciosa que hicimos. Siempre nos pidió que no le metiéramos política al tema”, añade. 

Cuenta que en alguno de esos viajes a Bogotá se encontró a Fernández, pero que no recuerda si le comentó lo del hospital. 

Los cuñados Molina y Fernández también niegan alguna conexión con el negocio, pero tienen versiones contrarias sobre su cercanía. “Desconozco el asunto del que me pregunta. Y mi relación con el señor Molina es distante”, dice el magistrado Fernández.

“Mi relación con Vladimir es cordial y de absoluto respeto”, dice Molina.

Más allá de cruce de versiones, la manera en la que se contrató la construcción del hospital con los 35 mil millones de pesos sí muestran que hubo un interés particular que terminó favoreciendo al cuñado del magistrado, y a un cuñado del cuñado. 

El proceso de contratación irregular en Pitalito

Con la plata en las cuentas de la ESE Manuel Castro Tovar, en Pitalito se movieron rápido para dejar hecha la contratación antes de finalizar el 2023. El giro se autorizó el 27 de octubre y tres días después, el alcalde Edgar Muñoz Tovar dio luz verde para arrancar el proceso. 

Como se trata de mucha plata, la gerente de la ESE, Oriana Peña Mazabel, necesitó una autorización de la junta directiva. El presidente de esa junta era el alcalde Muñoz. El 30 octubre la junta hizo una reunión exprés y Muñoz firmó el visto bueno. 

La gerente Peña Mazabel dijo que para contratar la construcción del hospital y la interventoría a la obra debía conseguir un asesor jurídico externo. La ESE tiene su propio equipo jurídico y oficina de contratación, pero la funcionaria insistió en que era necesario contar con un abogado externo experto en temas de contratación pública. 

Y ahí emerge la figura del abogado Camilo Guzmán Torres, la persona que adjudicó el conttrato que terminó favoreciendo al cuñado de Fernández, que había ayudado a bajar la plata. Lo contrataron por 12 millones de pesos para que en menos de un mes montara los pliegos de condiciones, la evaluación y adjudicación de los 35 mil millones de pesos para la construcción del hospital y la interventoría. 

Guzmán es un abogado que se mueve como asesor en varios municipios del departamento. Fue jefe de la oficina de contratación de la Gobernación del Huila en 2015 y tiene incidencia en la política local. Actualmente trabaja como jurídico de Instituto del Tránsito de Pitalito.

El abogado Guzmán firmó su contrato de asesoría con la ESE el 15 de noviembre. En apenas dos semanas, el 30, ya tenía listos los estudios previos para abrir el proceso de contratación de la construcción del hospital por 34 mil millones de pesos. El resto, 1.600 millones de pesos, fueron para la interventoría. 

La ESE sacó el pliego de condiciones el 4 de diciembre y dio como plazo hasta el 13 de diciembre para recibir propuestas. En ese tiempo, un interesado pidió que se publicara el formato del presupuesto que se iba a pagar por la obra. 

Guzmán accedió y lo hizo el 11 de diciembre a través del portal de contratación Secop 2. La metadata del archivo publicado, según encontró La Silla, dice que el autor del documento es Licitaciones ConyCon SAS, no la ESE, ni la oficina de Guzmán. 

Cuando se cerró el plazo para presentar ofertas solo aparecieron dos oferentes:

• ConyCon SAS (Consultoría y Construcción SAS)
• Consorcio San Rafael (Integrado por Protelca y Construsar).

Es decir, ConyCon tenía información anticipada del proceso de contratación.

Luego de recibir ofertas, el abogado Guzmán hizo una revisión exprés de las propuestas y dos días después, el 15 de diciembre, dijo que ninguno de los dos cumplía, pero que la de ConyCon era la menos grave porque solo le hacía falta un papel que certificara la propiedad de una máquina. 

En cambio, según el abogado, el Consorcio San Rafael no tenía experiencia en ese tipo de obras, ni personal calificado. Por eso, lo descabezó en el componente técnico. Fue una decisión que muestra la discrecionalidad de los abogados que estructuran estos procesos, pues Protelca y Construsar, los del consorcio descalificado, se ganaron unas semanas después un contrato de 84 mil millones de pesos para construir una torre hospitalaria en Garzón, también en el Huila.

Pero en Pitalito, ConyCon consiguió el papel que le faltaba, y así quedó como el único oferente habilitado a pesar de cargar sanciones previas y entregar papeles irregulares. 

El ganador de los cuñados, sancionado y con pólizas cuestionadas

ConyCon es una empresa registrada en Bogotá de la que es socio principal el arquitecto Juan Pablo Ricci Ruiz. Él, a su vez, es cuñado de Marco Molina Gómez, el cuñado de Vladimir Fernández, quien dijo que fue quien consiguió bajar los 35 mil millones de pesos.

Marco Molina está casado con Karla Ricci Ruiz, quien también figura como socia minoritaria de ConyCon. La plata que Molina aseguró haber gestionado terminó adjudicada a una empresa donde es socia su esposa. 

Además de información privilegiada, ConyCon se ganó el contrato teniendo encima dos sanciones por incumplimientos de obras que no terminó en Bogotá y Antioquia. 

La de Antioquia es con la Gobernación por un contrato que le adjudicaron en 2020 para hacer el mejoramiento de una carretera en el municipio de Concepción. La Gobernación señaló a la empresa de no poner a disposición toda la maquinaria necesaria, ni el personal. Señaló, incluso, millonarias deudas con proveedores. Por eso, el 15 de septiembre de 2021, declaró el incumplimiento del contrato, la sancionó con una multa de 146 millones de pesos y pidió ejecutar las pólizas de la aseguradora.  

En Bogotá la historia fue similar. En 2018, ConyCon se ganó un contrato con el Fondo Local de Chapinero para mejorar unas vías de la localidad por un valor inicial de 14 mil millones de pesos con un plazo de 12 meses. La obra no se hizo en ese tiempo y algunos trabajos quedaron defectuosos, según las actas de la interventoría. 

En 2021 el Fondo empezó a aplicar el incumplimiento. ConyCon apeló y llevó el pleito hasta diciembre de 2022, cuando no pudo demostrar lo contrario. El 6 de diciembre de 2022, el alcalde de la localidad, Óscar Yesid Ramos, declaró el incumplimiento, impuso una multa de 39 millones de pesos y aplicó las pólizas que había respaldado Liberty Seguros. 

Las leyes de contratación en Colombia dicen que cuando a un contratista le declaran el incumplimiento en una obra pública debe hacerse una anotación en el Registro Único de Proponentes, RUP, que es a donde va el historial comercial de la empresa.

Esas mismas leyes dicen que cuando a un proponente le declaran el incumplimiento contractual en por lo menos dos contratos con una o varias entidades estatales durante los últimos tres años, queda inhabilitado por tres años para seguir contratando.  

A ConyCon le aparece esa inhabilidad en el RUP con vigencia hasta febrero de 2025. 

Inhabilidad Rues ConyCon by La Silla Vacía

El abogado Guzmán dice que no vio esas sanciones al contratista cuando revisó el historial comercial. Que debió ser que no estaban vigentes en el momento en el que le adjudicaron el contrato a ConyCon y que la empresa tampoco avisó de eso, aunque firmó una carta señalando que no tenía ninguna inhabilidad. 

“La verdad no sé qué pasó posteriormente con el contratista, yo cumplí con el contrato y no sé qué situación le habría sucedido después. Cuando revisé no tenía ninguna inhabilidad”, dice Guzmán. 

El arquitecto Ricci Ruiz dio una versión similar. Que a diciembre no tenían esa inhabilidad y que, en todo caso “dichos actos son producto de una controversia contractual, la cual está en trámite ante los tribunales”.

ConyCon sí demandó a la Gobernación de Antioquia para tratar de tumbar la sanción, pero en marzo de 2023 desistió de su demanda. Por lo cual está vigente. De la sanción con la Alcaldía de Chapinero, La Silla Vacía no encontró procesos ante tribunales.

El 22 de diciembre, ConyCon firmó el contrato con la ESE, previo visto bueno del abogado Guzmán. El 27 se aprobó el acta de inicio, y de inmediato la empresa radicó una cuenta de cobro para que le pagaran el anticipo del 40 por ciento pactado, más de 13 mil millones de pesos. El 28 la ESE lo autorizó y la plata entró a una cuenta que ConyCon tiene en un fondo de rendimientos financieros. 

Para poder ganar el contrato y conseguir el anticipo, ConyCon debió entregar unas pólizas contractuales, que son una especie de seguro o garantía de que va a hacer la obra y que no va a mal invertir la plata.

Esas pólizas las venden las compañías aseguradoras que son vigiladas por la Superintendencia Financiera y que en su mayoría están afiliadas en Fasecolda, el gremio de las aseguradoras. 

Las pólizas que ConyCon presentó en Pitalito no son pólizas ni las expidió ninguna empresa vigilada y autorizada. 

Los documentos que llevó el arquitecto Ricci Ruiz, como representante legal del contratista, son contratos de fianza que certificó una empresa que se llama Afianzadora del Oriente. Esa afianzadora fue creada en 2022 con un capital de 100 millones de pesos. Su dueño es Luis Carlos Omeara, un exnotario que salió señalado en el escándalo de corrupción de la “Yidispolítica”.

Esos contratos de fianza presentados en Pitalito no están autorizados para ese tipo de obras públicas. “La Superfinanciera ha reiterado que las únicas empresas autorizadas para entregar ese tipo de pólizas contractuales son las que ella vigila. Todas esas empresas están hoy en Fasecolda. La afianzadora que me menciona, no”, dice Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. 

Las afianzadoras no tienen control ni vigilancia, pueden ser creadas por personas naturales— como Omeara— y no brindan las garantías para respaldar un contrato público. Así lo reiteró recientemente Colombia Compra Eficiente, la entidad estatal que regula la contratación en el país. 

“La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 establecieron tres (3) tipos de garantías: i) póliza, ii) garantía bancaria y iii) patrimonio autónomo. Por lo tanto, la fianza no es posible aceptarla como garantía de cumplimiento”, dice la circular.   

El abogado Guzmán tiene otra interpretación. Dice que una entidad como la ESE Manuel Castro Tovar puede aceptar ese tipo de fianzas porque tiene un régimen de contratación privado y su propio manual de contratación. Sin embargo, Colombia Compra Eficiente señala que esa no es una condición para omitir la norma. “No cabe la autonomía de la voluntad como mecanismo habilitador para que en virtud del muto consenso sea incluida una fianza”, dice el concepto.

Además, el manual de contratación de la ESE especifica que los interesados en ganarse obras ahí deben presentar pólizas únicas de garantías y no fianzas. “El contratista deberá constituir una Póliza Única de Garantía a su favor, expedida en forma irrevocable por una Compañía de Seguros o por una Entidad Bancaria autorizada legalmente para operar en Colombia”, dice el manual. 

Recientemente, el Consejo de Estado sacó un fallo que cuestionó los alcances de los contratos de fianza. Fue al revisar una demanda del escándalo de Vitalogic, el mismo por el que terminó condenado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Vitalogic presentó un contrato de fianza para ganar ese contrato, pero allá le dijeron que no era viable. 

Vitalogic reclamó que un asesor jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga alcanzó a sacar un concepto diciendo que esa fianza era legal, pero que luego se echó para atrás. Ese asesor, según Vitalogic, era Jorge Pino Ricci, familiar de Juan Pablo Ricci Ruiz, el contratista de Pitalito. 

Los papeles que presentó ConyCon de la Afianzadora del Oriente en Pitalito fueron avalados por Guzmán, y, posteriormente, por la oficina jurídica de la ESE que autorizó el anticipo de los 13 mil millones de pesos pagados a tres días de acabar el año.  

Así, una empresa recientemente creada, no vigilada y con un capital de 100 millones de pesos, es la garante del cumplimiento de una obra de 35 mil millones de pesos. 

El arquitecto Ricci Ruiz dice que “nuestra empresa trabaja con diferentes aseguradoras y afianzadoras, para este caso se presentó una fianza que cumplió los requisitos; como se solicitó por la entidad”.

Dos razones explicarían por qué ConyCon no presentó en Pitalito pólizas de una aseguradora habilitada, como sí lo hizo, por ejemplo, en los contratos en los que le declararon incumplimientos en Antioquia (Confianza S.A) y Bogotá (Liberty Seguros). 

Una de ellas es que justamente las aseguradoras se cuidan de venderles pólizas a los contratistas que han sido sancionados. La otra razón es que las aseguradoras también miran la capacidad financiera de las empresas que buscan sus pólizas. 

ConyCon tiene sus números en rojo. En 2022 se acogió a un proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. Es un proceso en el que una empresa busca una reorganización debido a sus altas deudas y falta de capacidad de pago.

Los números tampoco respaldan al arquitecto Juan Pablo Ricci Ruiz y al ingeniero César Fonseca Gasca, otro socio de ConyCon. Los dos, como representantes legales de la empresa, enfrentan procesos de embargo de hasta 300 millones de pesos en bancos como Bancolombia o Colpatria o de ferreterías que les han vendido materiales. Y, según registros propios, ConyCon le debe a la Dian más de 1.200 millones de pesos en impuestos. 

Aun con las sanciones encima, las dudas de las pólizas y los problemas de plata, ConyCon dice que arrancó las obras y van en nueve por ciento. Que está haciendo “observaciones y ajustes de diseños”. Seguramente respaldado en el anticipo que les dieron.

Desde la primera piedra se sabe cómo será la última 

El 3 de abril, tres meses después de que el contratista consiguió el anticipo, en Pitalito pusieron el primer ladrillo de la construcción del nuevo hospital. Estuvieron la gerente de la ESE, Oriana Peña, el exalcalde Edgar Muñoz, el nuevo alcalde Yider Luna y el secretario de Salud del Huila, Sergio Zúñiga. 

Fue una foto muy particular porque Luna ganó la Alcaldía con el apoyo de Muñoz enfrentando a Zúñiga, quien además es el exesposo de la gerente Peña. Muñoz y Zúñiga también han sido gerentes de la ESE. 

Para ese momento los ruidos sobre la obra estaban haciendo mella en Pitalito porque se supo que en lo contratado no está contemplado el servicio de urgencias. Lo que se pretende hacer no alcanza para dejar cien por ciento funcional el centro médico. Algo que el secretario Zúñiga admitió en el evento: que los 35 mil millones no son suficientes y que, por ejemplo, para habilitar urgencias se va a necesitar más plata. Y se comprometió ante su exesposa y los alcaldes aliados a hacer esa gestión ante el gobierno departamental. 

Detrás de la foto había varias máquinas excavadoras, que sirvieron de fondo en el acto del primer ladrillo. Marco Molina Gómez, el hilo conductor de todo el entramado, dice que algunas de esas máquinas son de él y las puso a trabajar para la obra. “Sí, son mías, son mis máquinas, a eso es que me dedico. Son las que están haciendo movimientos de tierras”, afirma el cuñado de Vladimir Fernández. 

Su otro cuñado, Ricci Ruiz, dice que no tienen un vínculo laboral. “El señor Marco Jesús Molina Gómez no cuenta con ningún contrato laboral con nuestra empresa”.

El nombre de Marco Molina Gómez no aparece en los papeles que ConyCon presentó para certificar la propiedad de ese tipo de maquinaria. “Es que estoy en ese proceso de ponerlas a mi nombre”, le dijo a La Silla.

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Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron hoy una ponencia que pide formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Alegan que hay pruebas de que hubo financiación irregular y violación de topes electorales. 

El presidente, Gustavo Petro, dijo que se trata de una “arbitrariedad” y “una amenaza a la democracia”. E invitó a los “colombianos progresistas en el exterior a iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”. El CNE rechazó las palabras de Petro y pidió respeto por su autonomía.

Al final, la decisión de si hubo infracciones a la ley electoral (que es lo que estudia el CNE, pues el caso penal está en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones) dependerá de una sala de 9 magistrados, que están divididos en dos bandos donde no hay una mayoría clara. 

Se viene un largo proceso en el que juegan decisiones de otros tribunales, y en el que las mayorías dependen hoy de dos votos indecisos: un liberal y un conservador.  

El proceso que sigue en el CNE

La radicación de la ponencia acusatoria de los magistrados Prada y Ortiz es el comienzo de un proceso que se puede tomar meses. Incluso más de un año. Y que estará en medio de señalamientos. Hoy la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Prada porque está imputado por el escándalo de soborno de testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

A partir de ahora será siempre la sala plena del CNE, con una mayoría de 6 de sus 9 magistrados, la que definirá si con los elementos existentes se aprueba la formulación de cargos y un fallo que determine si efectivamente la campaña presidencial de Petro cumplió las normas de financiación o, por el contrario, si hay elementos suficientes para sancionar la campaña.

Para eso hay que esperar que los demás magistrados conozcan el expediente, que se abra un periodo de tres meses para controvertir las pruebas, y que se puede extender por dos más. De ahí se pasa a unos alegatos de conclusión. En medio de todo se pueden presentar recusaciones que pueden dilatar el avance. La bancada del Pacto Histórico ya presentó una recusación contra el magistrado Prada.

También una decisión de la Corte Constitucional sobre la suspensión de uno de los nueve magistrados puede hacer la diferencia en lo que viene. 

Una foto de dos bloques

El CNE tiene nueve magistrados que son elegidos por el Congreso en pleno (senadores más representantes) de candidatos postulados por los partidos políticos. Se definen por el peso en el Congreso de cada partido. Entre más grande la bancada, más magistrados. Para la elección de este CNE 2022-2026 cada magistrado debió tener mínimo unos 33 votos asegurados.

Por eso, tras un acuerdo entre los partidos, el Pacto Histórico, la bancada más grande, puso dos magistrados, lo mismo que el partido Liberal. Al resto de partidos grandes (Cambio Radical, Conservador, Verde, La U) el peso les dio para postular a un magistrado. 

Como el Centro Democrático llegó a esa elección con 28 votos, para poder asegurar la elección del magistrado Prada pescó los apoyos de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, Erica Sánchez y Miguel Polo Polo.  

El CNE 2022-2026 arrancó con dos bloques. Inicialmente, se armó una coalición de seis magistrados para llevar a la presidencia del CNE a Fabiola Márquez, postulada por el Pacto Histórico. Ahí estuvieron Márquez, Alba Lucía Velásquez (Pacto), Cristian Quiroz (Alianza Verde), Altus Baquero (Liberal), Alfonso Campo (Conservador) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). 

Ese bloque fue clave para que el gobierno accediera a un pedido del CNE: autonomía financiera. Por gestión de Márquez y Baquero se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo que a partir de 2023 el CNE no dependiera financieramente de la Registraduría, sino que tuviera acceso a financiación propia. Una movida a la que se oponía el entonces registrador Alexander Vega, pero que avaló el gobierno Petro como gesto al CNE. 

El otro bloque que surgió fue el de César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (La U) y Benjamín Ortiz (Liberal). 

Esos dos bloques ya no están tan claros. Las cargas se rebarajaron en mayo del año pasado, cuando el Consejo de Estado suspendió la elección del magistrado Altus Baquero.  Varias demandas señalan que no cumple con el requisito de los 15 años de experiencia como abogado. 

En su hoja de vida, Baquero puso que trabaja desde que terminó sus estudios de derecho en agosto de 2007 y que, cuando fue elegido en el cargo en agosto de 2022, cumplía los años. Sin embargo, el Consejo de Estado dijo que la experiencia se debía contabilizar desde la obtención del título de abogado hasta la fecha de postulación del aspirante a magistrado del CNE y no a la fecha de elección. Y lo suspendió porque bajo ese parámetro tenía 14 años, 11 meses y 26 días. 

El rasero del Consejo de Estado fue diferente frente a un caso similar. Como reveló La Silla, el magistrado Prada también tuvo inconsistencias con su hoja de vida. A Prada lo rechazaron, en una evaluación preliminar, por no cumplir los 15 años de experiencia, pero luego le avalaron 15 años y un mes porque puso que trabajó como gerente de un gimnasio familiar y como contratista de una empresa de salud, contrato del que no reportó pagos de seguridad social. Hechos que fueron presentados en una demanda de nulidad, pero que el Consejo de Estado falló a favor de Prada. 

Baquero tomó distancia de la primera coalición interna del CNE porque la entonces presidenta Márquez, del Pacto, acató la orden del Consejo de Estado en mayo de 2023, sin esperar que se surtieran unas aclaraciones que él pidió. Trámite que ocurrió en agosto de 2023, cuatro meses después de la suspensión. 

Así, el CNE quedó con ocho magistrados y la duda de si puede tomar decisiones de fondo en la sala plena porque no es claro si se puede considerar seis votos como mayoría en una sala de ocho.

Dentro del CNE ven que Prada pasó al otro bando opositor al gobierno cuando le correspondió el expediente contra la campaña del presidente Petro y empezó a estar más en línea con el magistrado liberal Benjamín Ortiz. 

Por eso, en las cuentas previas y de cara a una posible votación sobre el expediente de la campaña Petro, a Prada y Ortiz los acompañarían Maritza Martínez (La U) y César Lorduy (Cambio Radical) para tener cuatro votos. Este bloque está empoderado porque Martínez es la actual presidente.

Del otro lado, para defender a la campaña Petro, estarían las dos magistradas de Pacto, Márquez, Velásquez, y el del verde, Quiroz. Ninguno tendría los seis. 

En los indecisos quedan Campo, el conservador, y el suspendido Baquero el liberal. 

Con Campo, el gobierno Petro tiene aliados en común. Él es cercano al representante a la Cámara, Ape Cuello, quien hace parte de los conservadores que a veces ayudan al gobierno en el Congreso y los que les dieron el Ministerio de Deportes. 

Cuello organizó recientemente un homenaje a Campo en Valledupar, al que invitó a toda la bancada conservadora. Fue un acto leído en ese departamento, como el preámbulo a una campaña de Campo a la Gobernación en 2027.  

Y una decisión de la Corte Constitucional le puede abrir pronto las puertas a Baquero para volver en este momento clave. 

La Corte le pone más leña al caso

Desde que el Consejo de Estado lo suspendió y dejó la sala plena del CNE con ocho magistrados, Baquero comenzó una carrera jurídica por volver al cargo. Puso una tutela contra el Consejo de Estado alegando violación al debido proceso. El caso llegó a manos a de la Corte Constitucional. 

La Corte la admitió para su revisión el 30 de noviembre de 2023 y le correspondió al magistrado Juan Carlos Cortés. La defensa de Baquero pidió como medida cautelar que se levante la suspensión y le permitan regresar al cargo mientras se da una decisión de fondo. 

En la sala plena de la Corte hay ambiente para acceder a ese pedido, según fuentes internas. Y así se haría oficial en las sesiones siguientes. 

Que Baquero pueda regresar al CNE importa, primero, porque vuelve a completar la sala plena. Con los nueve magistrados en ejercicio, la mayoría de seis no tendría objeción. Y no menos importante, que su voto podría inclinar la cancha hacia cualquiera de los dos bloques abiertos en el interior del CNE. 

Bien sea para estar del lado de los magistrados de los partidos aliados del gobierno, como lo fue en la primera coalición que se armó, o para reforzar la de Prada y Ortiz. 

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Los incendios, las sequías y los racionamientos de agua de los últimos meses han despertado una nueva conciencia sobre la importancia del agua en Colombia y lo que implicaría perder un recurso que la mayoría de colombianos daban por sentado. 

¿De dónde viene el agua en Colombia? ¿Quién la consume? ¿Cuánto nos queda? Este primer capítulo del especial “Un Acuerdo para el Futuro” responde estas inquietudes.

¿De dónde viene el agua en Colombia?

Por su ubicación geográfica, Colombia es uno de los países con mayor volumen de agua en el mundo. El territorio alberga aguas superficiales, subterráneas, glaciares y marinas-costales (aquellas situadas entre el mar y el continente, alimentadas por las desembocaduras de los ríos). 

Las cuencas de los principales ríos, quebradas y arroyos, situados en medio de ecosistemas tan diversos como el páramo, el bosque húmedo tropical, la selva amazónica, la llanura y el humedal, surten de agua dulce a todo el territorio.

En conjunto, las cinco cuencas del Caribe, el Pacífico, el Magdalena-Cauca, el Orinoco y el Amazonas producen seis veces más agua que el promedio de los demás países del mundo. 

En gran parte, este rendimiento se debe a los páramos, célebres “fábricas de agua”, que producen y limpian el agua para dos de cada tres colombianos. Tan solo en Bogotá, el complejo del páramo de Chingaza aporta el 80% del agua de la ciudad y la región metropolitana. 

Aunque estos ecosistemas distribuídos a lo largo de la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta cubren apenas un poco menos del 3% del territorio, los 37 complejos de páramos de Colombia representan la mitad de los que existen en el mundo. En ellos nacen la mayoría de los grandes ríos colombianos, como el Magdalena, el Cauca, el Caquetá y el Putumayo. 

A propósito de la Sierra, Colombia es de los pocos países tropicales que aún preserva seis glaciares, ubicados en los picos de los nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, Huila, Cocuy y Santa Marta. 

Sin embargo, debido a la actividad humana y al calentamiento global, los glaciares colombianos se han reducido en un 60% en los últimos cincuenta años, y la contracción continúa en aproximadamente un 3% anual. El siguiente que desaparecerá es el Nevado de Santa Isabel, que se derretirá antes de la próxima década. 

Además de los páramos, ríos y nevados, el país se nutre de más de 48 mil humedales y ciénagas que acogen al 87% de la población total y a complejas redes de fauna y flora endémica que también se ven amenazadas por la ocupación humana y la crisis climática. 

Los humedales son clave, pues regulan el ciclo hídrico al retener las aguas en invierno, mejorar la calidad del agua y servir de refugio para animales nativos. 

¿Quién consume el agua?

El último Estudio Nacional de Agua elaborado por el  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) fue publicado en 2022 pero con datos actualizados sólo hasta el 2020. Sin embargo, ha mostrado que salvo por una caída durante la pandemia, el consumo de agua ha aumentado en los últimos años.

Este estudio permite analizar tendencias en el consumo y calidad del agua a lo largo del tiempo, el territorio y el sector económico. En el año de mayor consumo cubierto por este informe, los colombianos consumieron 36 mil millones de metros cúbicos de agua, lo suficiente para llenar 11 millones de piscinas olímpicas o 10 veces la Laguna de Tota en el departamento de Boyacá, la más grande del país. 

Los datos más recientes muestran que para el 2020, el sector primario (agricultura, piscicultura, ganadería y minería) encabezó el consumo de agua, acaparando más del 62,3% de la demanda, seguido por el sector secundario (hidroenergía, hidrocarburos, industria y construcción) con el 28,2% de la demanda. Los hogares y las oficinas consumen el 9,5% restante. Estos resultados son consistentes con el consumo para las mediciones anteriores de 2012 y 2016. 

Viéndolos por separado, los que más demandan agua son la agricultura, la hidroenergía y la piscicultura. Estos tres consumen el 80% del agua en Colombia al año. 

El sector que más ha aumentado su demanda de agua en los últimos doce años del estudio es el piscícola, con un aumento consistente del 8,65% entre 2012 y 2020. 

En donde más se consume agua es en la cuenca hidrográfica del Magdalena-Cauca (64%) —desde Honda hasta Barranquilla—, seguida por el Orinoco (18%), el Caribe (15%), el Pacífico (3%) y el Amazonas (1%).

El desperdicio, la otra cara del consumo, también prende las alarmas. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación en colaboración con la Universidad de La Sabana en 2016 revela que se desperdicia el 43% del agua que se produce en el país, 13% más que el nivel aceptable mundialmente. 

Los casos más extremos son La Guajira y San Andrés y Providencia, en donde se desperdician 4 de cada 5 litros de agua. Estas pérdidas son el resultado de fugas de agua e infraestructura deficiente, falta de medidores y mal uso del servicio por parte de los usuarios.

Por su parte, el desperdicio de agua en Bogotá se ha mantenido en un tercio del consumo total durante los últimos 10 años. Un informe reciente del Acueducto de Bogotá muestra que en 2022 se desperdició el 36% del agua en todo el sistema. En Soacha, particularmente, se llega a desperdiciar hasta 1 de cada 2 litros que se consumen.

¿Cómo se gestiona el agua?

Colombia experimenta un típico caso de mucha regulación y poco cumplimiento. La conversación adelantada por el gobierno Petro sobre la gobernanza del agua abre una puerta para trabajar sobre el manejo del recurso, que hoy carece de una autoridad o política centralizada que supervise el sector hídrico.

Leyes, códigos, resoluciones, decretos presidenciales y sentencias regulan el acceso y la calidad del agua en Colombia. El gobierno Duque sacó varios Conpes sobre el agua y adelantó una Política Hídrica Nacional con los ministerios de Vivienda y Ambiente.

Por su parte, el gobierno Petro ancla todo su Plan Nacional de Desarrollo en el acceso y protección del agua como eje para el ordenamiento territorial y la justicia ambiental. Además de comprometerse a ratificar el Acuerdo de Escazú y consolidar el catastro multipropósito, entre otras medidas, el plan se une al esfuerzo global por alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” para 2030.

El gobierno asegura haber triplicado la inversión en proyectos de agua para la ejecución de 145 proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento.  Sin embargo, aún no ha publicado Conpes que articule esta política.

Pero los esfuerzos por la gobernanza sobre el agua no son nuevos en Colombia. La Corte Constitucional es pionera en declarar al río Atrato como sujeto de derechos de protección en 2016. Ordena proteger al Atrato de la contaminación y la minería ilegal para garantizar la conservación del agua, los animales y las plantas que lo recorren, así como para mejorar la calidad de vida de las personas que viven de él.

Desde entonces, esfuerzos como este se han multiplicado en las regiones. En 2019 el Tribunal Regional del Departamento de Tolima declaró a los ríos Coello, Combeima y Cocora, así como a sus afluentes, como sujetos de derechos de protección. El Tribunal Superior de Medellín hizo lo mismo para la cuenca del río Cauca. 

Pero la aplicación de estas sentencias, leyes y decretos es todo un reto. El engranaje institucional es complejo. A nivel nacional, la gestión del agua recae sobre los ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Salud, el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Aunque no inciden directamente sobre la gestión del agua, otras autoridades como el Ideam y Parques Nacionales también se involucran en su conservación.

A nivel regional y local, cada gobernación y alcaldía define sus propios lineamientos para manejar el agua. Aquí entran las Corporaciones Autónomas Regionales como los mecanismos de acción para implementar la política ambiental en el territorio. 

Alrededor de 86 instituciones a nivel nacional, regional y local gestionan el agua. La mayoría de ellas funcionan a nivel comunitario. 

¿Qué amenaza el acceso y la calidad del agua?

No todo el mundo tiene acceso al agua en Colombia, a pesar de su abundancia. El más reciente Índice de Pobreza Multidimensional realizado por el DANE muestra que para 2023 el 91,2% de la población tenía acceso a agua potable. Esta cifra se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años.  Pero 391 municipios están expuestos a riesgo de sufrir escasez de agua. 

Los cambios más significativos ocurren en torno a la seguridad en el acceso y la calidad del agua potable. La diferencia entre el campo y la ciudad es grande: la última Encuesta de Calidad de Vida del DANE revela que en 2023 el 62,6% de los hogares rurales tenían acceso a acueducto, comparado al 98% urbano. 

El contraste es aún mayor en alcantarillado y aseo: mientras casi el total de los hogares urbanos tenían acceso a estos servicios solo 1 de cada 6 colombianos en la zona rural tenía acceso a alcantarillado, y 1 de cada 3 vive en lugares con recolección de basuras y servicios de aseo público. 

La buena noticia es que el acceso ha aumentado. Comparado con los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos para 2021, el acceso rural al servicio de acueducto aumentó en un 20% durante los últimos cuatro años.  Aún así en Colombia todavía más de 1.4 millones de personas aún defecan al aire libre.

Mientras Boyacá, Antioquia, Atlántico y Bogotá alcanzan casi una cobertura total, Chocó es el departamento más desfavorecido: solo uno de cada tres chocoanos acceden a agua potable de forma segura. 

Por sí solo, el acceso al agua no garantiza un consumo libre de riesgos. Casi el 90% de los hogares rurales presentan algún tipo de riesgo sanitario en el agua que consumen y  289 municipios han sido declarados con alto o muy alto riesgo sanitario.

El agua no tratada puede provocar diarrea, que ocasiona el 7,3% de la mortalidad infantil en Colombia.

Cada día, los ríos y mares colombianos reciben contaminantes que desestabilizan el ciclo del agua y perjudican su calidad, con efectos negativos para la salud humana, la naturaleza y la conservación. Las actividades agropecuarias, la deforestación, la minería ilegal, la sobrepesca y la ineficiencia en el tratamiento de aguas sanitarias son algunas de las principales causas de la contaminación del agua en el país. Estas son agravadas por el aumento de la temperatura global y los fenómenos climáticos como El Niño y La Niña.

Las cifras son alarmantes: el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reporta que los ríos colombianos reciben 756.945 toneladas de desechos biodegradables y 918.670 toneladas de materia orgánica no biodegradable cada año. 

Los químicos derivados de las actividades industriales y agropecuarias como fertilizantes y plaguicidas aportan la mayor carga contaminante. Sin embargo, la mala gestión de las aguas sanitarias en el país apunta al sector doméstico como un gran contaminador. 

En Colombia, según datos del Banco Mundial, sólo se trata el 42.8% de las aguas residuales lo que explica el aporte de los hogares a la contaminación de los ríos. Aunque muchas de las plantas de tratamiento existentes funcionan de forma deficiente, el porcentaje de aguas tratadas está en el promedio de América Latina. En México, por ejemplo, solo el 57% de las aguas de drenaje son tratadas, y más de la mitad de las plantas de tratamiento presentan un funcionamiento deficiente. El país que mejor administra las aguas residuales es Chile, con un 89% de las aguas tratadas de forma segura. 

Incluso a nivel energético se percibe una ineficiencia operativa. Según el mismo informe del Banco Mundial, la infraestructura de represas y canales en Colombia se encuentra en decadencia. Alrededor del 75% de la capacidad instalada no funciona correctamente. 

Además, en Colombia se liberan entre 50 y 100 toneladas de mercurio a los ríos anualmente como producto de la minería ilegal, la mayor cifra per cápita de mercurio en el agua a nivel mundial. Exclusivamente en la cuenca del río Atrato y sus afluentes se registró una concentración de mercurio de 13 partes por millón, un indicador doce veces mayor al límite internacional fijado para evitar riesgos de salúd. Más de 200.000 personas se encuentran afectadas por este potencial de intoxicación en el departamento de Chocó, como lo mostró el documental realizado por La Silla sobre este tema. 

Esto, combinado con la deforestación de 280 mil hectáreas de bosque cada año, augura un futuro incierto para el agua en Colombia. La selva amazónica es el ecosistema más afectado: Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo concentran casi el 80% de las hectáreas derribadas.

Un mejor futuro

En conclusión, queda mucho por hacer. 

La evidencia académica confirma que las aproximaciones basadas en la gestión comunitaria mejoran el manejo y conservación del agua en países de ingresos bajos y medios en Asia, África y América Latina. También se destacan esfuerzos regionales, tal como el Proyecto Federal Interáguas propuesto por Brasil que, al igual que Colombia, se enfrenta a la ineficiencia institucional de un sector hídrico manejado por organismos fragmentados con poca autoridad. 

Este proyecto logró reunir a los organismos federales más importantes del sector hídrico en Brasil para establecer unos marcos comunes de reforma y fortalecimiento institucional. Eso mejoró la coordinación entre instituciones y aumentó el acceso y la calidad del agua.

Invertir en el agua resulta beneficioso para Colombia y el mundo, tanto en términos ambientales como económicos. 

El Banco Mundial estima que por cada dólar invertido en servicios de agua y saneamiento hay un retorno de 4,3 dólares, sobre todo porque se gasta menos en problemas de salud y se potencia la generación eléctrica. Los cálculos indican que este tipo de inversiones impulsan el crecimiento del PIB mundial en 1.5 puntos porcentuales.

Dada la riqueza de agua que hay en Colombia, el potencial de mejora es inmenso. El primer paso ya se dio: sentir que no es recurso infinito.

Una alianza de:

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La violencia sacudió al Valle del Cauca en abril. En Cali, el 4 de abril, un carrobomba estalló en el batallón de la Tercera Brigada. En Toro, al norte del Valle, murieron cinco personas masacradas cuatro días después. El 20 de abril mataron al concejal Carlos Londoño en Tuluá, y el sábado 25 la víctima fue el concejal Jhon Fredy Gil, en Jamundí. Una secuencia de noticias que perturbó a una región acostumbrada a la violencia. 

Los hechos han opacado el arranque de la gobernadora Dilian F. Toro en su segundo mandato. Su campaña prometió “autoridad”, pero ha tenido que enfrentarse a un contexto que parece superarla. “Ahora que estoy acá, me doy cuenta de que era más grave de lo que pensaba cuando estaba afuera”, le dijo a La Silla la gobernadora Toro. “Todavía se pueden hacer muchas cosas, pero si no nos apoyan, vamos a tener problemas futuros”, agregó. 

Toro pide al gobierno de Gustavo Petro mayor contundencia en sus acciones. Sus críticos le exigen a ella resultados, tras ocho años de liderazgo de su grupo político en el departamento.

El olor a pólvora en el Valle

Más allá de las últimas noticias, las cifras reflejan un aumento en la intensidad de la violencia. En 2022 hubo 10 masacres, en 2023 hubo 13 y en lo que va de este año van cuatro, según cifras de Indepaz. Los homicidios bajaron en el primer trimestre, pero la disminución fue principalmente en Cali, donde hubo 54 víctimas menos que en el mismo periodo de 2023. En el departamento la diferencia respecto al año pasado fue de solo nueve casos, lo que refleja el aumento en otros municipios. 

“El panorama no es fácil para el departamento y se va a complicar. Finalizando el año va a ser inmanejable”, le dijo a La Silla un asesor de la gobernadora en la materia de seguridad, quien pidió la reserva por no estar autorizado para hablar. 

El Valle del Cauca, por su ubicación, está en un punto estratégico para las rentas ilegales, que abundan en el Cauca y tienen salida al mar por el puerto de Buenaventura. A eso se le suma la herencia narco, los rezagos del conflicto y las promesas incumplidas del Estado.

“Convergen diferentes expresiones de la violencia, principalmente disidencias y residuos de grupos posfarc. También hay un crecimiento exponencial del crimen organizado en las ciudades intermedias”, explicó Denis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

“En los últimos seis años no hubo una política de seguridad acorde, ni a nivel departamental ni nacional. No se implementó el acuerdo de paz, lo que llevó al crecimiento de grupos disidentes y se siguió persiguiendo el fantasma de la insurgencia, mientras el crimen organizado seguía creciendo”, añadió

“La violencia no es comparable con los años 90 o a inicios del 2000, pero sí hay un regreso de los aspectos criminales”, dijo Paula Tobo, de la Fundación Ideas Para la Paz.  “El crimen organizado ha encontrado salidas más allá del narcotráfico. Formas más sencillas de estar por debajo del radar de las autoridades. No es que no se haga nada, hay capturas todo el tiempo, pero el crimen es bastante resiliente”, agregó.

A ese contexto se le suman los baches de la estrategia de paz del gobierno, que por momentos logra contener la violencia, pero ahora la intensifica, debido al estancamiento de las mesas de diálogo y la presión de los armados. “Estos fenómenos siempre han estado ahí y se manifiestan de forma violenta dependiendo del contexto, pero en ciertos lugares la paz total sí pudo haber facilitado la operación de los grupos”, dijo Tobo.

Las capas de la violencia: guerrillas y crimen organizado

De acuerdo con Tobo, la violencia en el Valle tiene tres capas. La primera, conformada por grandes grupos armados, principalmente disidencias. Otra con estructuras de crimen organizado y una tercera con bandas pequeñas de delincuencia común. 

Buenaventura, Cartago, Tuluá y Jamundí son los puntos rojos del mapa. Jamundí lidia con el frente Jaime Martínez, del ala guerrerista del Estado Mayor Central (EMC), responsables del carrobomba en el Batallón de Cali.

En Buenaventura están dos grandes grupos: Los Shottas y Los Espartanos, que mantienen una tregua que se vence el 5 de mayo, pero no hay avances jurídicos ni logísticos en la mesa de diálogos con el gobierno. El ELN, el EMC, la Segunda Marquetalia e incluso el Clan del Golfo hacen presencia en la zona rural. 

Tuluá lidia con el grupo criminal La Inmaculada que le declaró la guerra al alcalde Gustavo Vélez, amenazado desde la campaña. Vélez ha denunciado que parte de la institucionalidad en ese municipio estaba cooptada por ese grupo, así como el comercio y el espacio público.  

Hacia el norte el epicentro es Cartago y la principal banda es Los Flacos, herederos del cartel del Norte del Valle. Una división interna dio origen a Nueva Generación y ahora ambos grupos están en disputa, afectando a los municipios colindantes.

La Silla Vacía revisó las 18 alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo en los últimos cuatro años y que tocan al Valle. Los mapas muestran el rastro permanente o intermitente de los grupos mencionados y de otros, como el Frente Adán Izquierdo del EMC y el Frente 57, que quedó en un limbo tras cortar cobijas con esa disidencia.

La promesa de Dilian se complica

En la campaña las dos garantías que ofreció Toro fueron “experiencia y autoridad”. Sin embargo, el panorama que se avecina puede poner alta su propia vara. “Hay cosas que no podemos hacer solos. Es el gobierno nacional el que decide y el que tiene que generar las condiciones para que la seguridad mejore”, dijo la gobernadora. 

Toro aplaudió la llegada de 252 soldados y 500 policías en lo que va del año y reconoció la presencia permanente de los altos mandos de la Fuerza Pública, pero pide más “contundencia”. “A mí no me ha faltado nada, yo he dado la cara. He apoyado al Ejército y a la Policía y he estado con las comunidades, pero hay cosas que no podemos hacer y que por Constitución le tocan al presidente”, insistió.

El principal pedido de la gobernadora es la conformación de un puesto de mando unificado para el Pacífico o que integra a Cauca y Valle. También pide mayor control de la comunicación desde las cárceles y atención de la Unidad Nacional de Protección para proteger líderes sociales y políticos amenazados. Incluso, algunos de sus opositores la respaldan su posición. 

“La responsabilidad no la tiene la Gobernación, que ha hecho esfuerzos importantes, es del gobierno nacional, que maneja todo el sector de seguridad y defensa”, dijo el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático. “Veníamos con problemas históricos en el departamento, pero con la política de paz total del gobierno se empoderaron los grupos criminales”, añadió.

Las sirenas que Toro prende en el Valle podrían tener poco eco, debido al enfriamiento de la relación entre el presidente y la gobernadora. Petro dividió a los gobernadores en dos grupos, según su distancia política, y Toro quedó en el segundo. Las relaciones ministeriales fluyen, pero la distancia se mantiene.

“El rol de ella es ser articuladora, hay que convencer a Petro de que se meta porque si no, se nos van a llevar al departamento por encima”, dijo su asesor consultado por La Silla. “A la gobernadora le vendieron la idea de que podía manejar hasta las fuerzas militares, pero eso no es así”, agregó.

Las limitaciones de su cargo le permiten a Toro reenviar las críticas a la Casa de Nariño, pero en el Valle hay quienes cuestionan su legado. Su grupo político, Nueva Generación, lleva ocho años en el poder, con el respaldo de la mayoría de la clase política y los sectores empresariales. 

“Es válido el llamado al gobierno, pero en estos ocho años que han gobernado no hubo estrategias para atacar la criminalidad”, advirtió el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico. “No hay un programa serio que le dé condiciones a los jóvenes para salir del conflicto y no hubo la gestión necesaria con los gobiernos de Santos y Duque. Es fácil decir que la culpa es de Petro cuando en ocho años se hicieron las de la vista gorda”, agregó.

Al interior de la administración hay quienes reconocen un desfase en las políticas de seguridad, que hasta ahora se basan principalmente en consejos de seguridad, recompensas y asistencia a la Fuerza Pública. “La administración anterior gastó plata, pero no hizo mucho. La secretaría de Seguridad se dedicó a subsidios y no había una estrategia o política pública relevante para la seguridad”, dijo el asesor de la gobernadora.

La gobernadora no se refirió a su antecesora Clara Luz Roldán y respondió defendiendo su primer mandato. “Yo hablo por mi gobierno, no puedo empezar a ver lo de los otros. Cuando yo estuve en la gobernación se hizo un puesto de mando unificado integral y fue un éxito”, respondió Toro. De su nuevo inicio resaltó la estrategia de corredores seguros y anunció que su objetivo es establecer batallones de alta montaña en Jamundí, Tuluá y Bugalagrande.

El principal arsenal de la Gobernación es la ‘tasa de seguridad’, un impuesto adicional que pagan los vallecaucanos de estratos altos y el sector comercial e industrial. Por esa vía han entrado al departamento más de $130 mil millones desde 2017 y su vigencia se extendió recientemente hasta 2032, con lo que se espera recaudar $340 mil millones en los próximos ocho años.  

“Desde la Asamblea pedimos que se dé un reporte cada tres meses de cómo se está gastando la plata y cuál ha sido su impacto”, dijo el diputado Esteban Oliveros, del Partido Verde. “El gobierno puso mil hombres más para el departamento, estamos por encima de los 5 mil efectivos. Sí hay disposición y le ha respondido al Valle. La gobernadora debe seguir al frente e invertir la plata de manera eficiente y transparente”, agregó.

La administración de Toro ya radicó en esa corporación su propuesta para rediseñar de la Secretaría de Seguridad. Busca quitarle funciones de otras áreas y enfocarla en seguridad pública, percepción de seguridad y convivencia ciudadana. Algunos de los objetivos son la creación de un centro de análisis estratégico y un plan regional de seguridad para el Pacífico.

Mientras llegan las soluciones, la violencia puede ser uno de los factores que podría estar golpeando la imagen de la gobernadora. Toro fue la única gobernadora con mayor imagen negativa (45%) que positiva (40%) en la pasada Invamer Poll.

“La seguridad es muy importante y no cabe duda que la sensación de inseguridad termina afectando la imagen”, dijo el representante Víctor Salcedo, del partido de La U. “Los primeros 120 días de trabajo muestran un derrotero. La gobernadora es trabajadora y tiene experiencia. Hay que darle tiempo”, agregó.  

Ocho años, cuatro de Toro y cuatro de Roldán, no han sido suficientes para frenar el avance de la criminalidad. En su segundo mandato, y con un contexto menos favorable, la gobernadora buscará cumplir su promesa de dar un golpe de autoridad en el Valle. 

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El final de abril marca el plazo para las metas que se puso la alcaldía de Carlos Fernando Galán al principio del racionamiento de agua. Aunque el consumo ha bajado, Bogotá sigue sin lograr la meta que se planteó el alcalde de consumir solo 15 m³ por segundo, en cambio de los 15,61 actuales. Y los embalses del sistema Chingaza están en el 17%, en lugar del 20 con el que la administración quería acabar el mes. 

El tema de los bajos niveles de los embalses pasó de agache en el empalme y al principio de la administración. Pero la situación actual abre un debate sobre el futuro del abastecimiento en un escenario en donde el cambio climático y la deforestación de la Amazonía están perjudicando a los páramos, la principal fábrica de agua con la que cuenta la ciudad. 

“Agua hay la que hay, no se produce a voluntad, no hay cómo sembrarla, no hay más. Para estas regiones hay unos niveles de agua, y ya desde hace más de 25 años era claro que estábamos llegando a los límites”, dice Carmenza Saldías, directora de planeación de las alcaldías de Antanas Mockus y “Lucho” Garzón.

El agua que llega a Bogotá

Cuenta la leyenda muisca que la sabana de Bogotá se inundó tras varios días y noches de lluvias, que le siguieron a la ira del dios Chibchacum. Las fuertes lluvias terminaron creando los ríos Tivitó y Sopó, que se juntan en el río Funza. El mismo que después pasaría a llamarse río Bogotá. Ante las tormentas, los muiscas recurrieron al dios Bochica, quien con un bastón de oro abrió el Salto del Tequendama, por donde se drenaron las inundaciones. 

Desde el mito fundacional, la ciudad siempre ha contado con una gran riqueza hídrica porque está ubicada entre dos páramos y el cauce de más de nueve ríos. A partir de esos recursos, Bogotá creó tres sistemas de abastecimiento de agua potable. 

El más importante para la ciudad es el sistema Chingaza, que está compuesto por dos embalses, el de San Rafael y el de Chuza. Entre los dos almacenan cerca de 300 millones de metros cúbicos de agua. De ahí salen un volumen de 13 m³ por segundo por la Planta de Tratamiento de Wiesner, ubicada en La Calera, para convertirse en el agua potable que llega a las tuberías de la ciudad. 

El embalse de Chuza, que es el más grande, alimenta el flujo de agua que llega al de San Rafael. La particularidad de este sistema es que Chuza está ubicado en la cuenca del río Guatiquía, que nace en el páramo de Chingaza. Su cauce original se dirige hacia el departamento del Meta, no hacia Bogotá. Además, este sistema tiene una temporada de lluvias monomodal. Es decir, tiene un gran pico de lluvias en el año, que suele ser hacia mitad del año. Con ese pico de lluvias, los embalses reciben el agua que suministrarán a la ciudad durante el resto del año. 

El segundo sistema más grande es el Norte, compuesto por los embalses del Neusa, Sisga, Tominé y Aposentos. En total, estos almacenan 860 millones de metros cúbicos de agua. Aunque tiene mayor capacidad, la planta de tratamiento de este sistema, la de Tibitoc, solo tiene una capacidad de 10 m³ por segundo. 

A diferencia del sistema Chingaza, este hace parte de la cuenca del Río Bogotá, que sí fluye naturalmente hacia la ciudad desde el norte. Estos embalses se alimentan de dos picos de lluvia en el año, lo que se conoce como un sistema bimodal. Por eso, entre los sistemas de Chingaza y Norte, Bogotá tiene un suplemento de agua durante todo el año.

El sistema de abastecimiento está pensado para que cuando uno de los sistemas tenga menos agua, el otro pueda suplir esa necesidad. Pero usar el agua que viene del sistema Norte no es tan fácil. 

Por un lado, los embalses no solo los maneja la Empresa de Acueducto de Bogotá, como sí ocurre con los que hacen parte del sistema Chingaza. Los embalses del Neusa y el Sisga están manejados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el de Tominé por el Grupo de Energía de Bogotá. 

Entonces, usar el agua de estos embalses para hacerla potable implica una constante negociación entre varios actores. Porque el agua que corre en ese sistema no se usa solo para potabilizarse, sirve también para llenar el embalse del Muña, ubicado hacia el suroriente de la capital. Este embalse se nutre de aguas negras y grises, y es el encargado del 8% de la producción de energía del país. 

Por eso, aunque tiene mayor capacidad de almacenamiento, el sistema Norte solo suministra el 25% del agua potable de Bogotá.

El último sistema es el Sur, que reúne el agua en los embalses La Regadera y Chisacá. En este sistema funcionan las plantas de tratamiento Vitelma, El Dorado y La Laguna, que juntas procesan cerca de 0,6 m³/segundo, las más pequeñas de todo el abastecimiento. 

El lío en este momento es que el sistema Chingaza, que suministra el 70 por ciento del agua potable de Bogotá, está por debajo del 20% de su capacidad de almacenamiento por las intensas sequías y la falta de lluvia por el fenómeno de El Niño que llegó en el primer trimestre de este año. 

Bogotá vende agua a otros municipios

Además de suministrar el agua de la capital, estos sistemas también llevan agua a 11 municipios vecinos de Bogotá. En Soacha y Gachancipá opera el Acueducto de Bogotá, que sirve a unos 203 mil usuarios.

En los otros nueve, el Distrito vende agua potable en bloque a las empresas de acueducto y alcantarillado de los municipios, que luego la reparten entre sus usuarios. También funciona así en dos zonas de Bogotá y Soacha el Acueducto: les vende en bloque a las empresas Cojardín y Emar, que a su vez le venden a sus usuarios.

La creciente demanda

Cada año a Bogotá entran más de 552 millones de m3 de agua potable, sumando la cantidad que entra a través de los tres sistemas. 

Según datos del Acueducto, en 2023 se consumieron 353 millones de metros cúbicos entre Bogotá, Soacha, Gachancipá y los municipios que compran agua en bloque. Es decir, 64% de la cantidad que entra anualmente de los embalses.

Por eso, el tema de la oferta y la demanda del agua en la ciudad se ha convertido en la punta de lanza del debate político sobre el ordenamiento territorial de Bogotá. Así fue como la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dijo que desde 2021 la demanda superaba el agua disponible en la ciudad. El tema pasó rápidamente a una pelea política en la que entraron la exalcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro sobre la falta de preparación del Distrito para enfrentar la escasez. 

Más allá de la pelea política, el sistema tiene fallas estructurales. Por ejemplo, las pérdidas que tiene por fugas, fallas técnicas o robos. En 2022, se perdió el 36% del agua de todo el sistema. Esta situación es particularmente grave en Soacha, en donde se desperdicia el 50% del agua. 

Otro problema técnico es la medición del gasto. En este momento, se calcula manualmente: cada dos meses un funcionario del Acueducto va a los contadores de agua y calcula la diferencia entre el gasto pasado y el actual. Por eso, no hay una medición en tiempo real del consumo de agua. En entrevista con La Silla, el concejal Juan Daniel Oviedo, quien hizo su tesis de doctorado en redes de abastecimiento, explicó que “no hemos podido resolver la medición”. “Tecnológicamente, las redes no han avanzado a sistemas de medición electrónica para poder ser más precisas”, dice. 

Las dificultades del sistema Norte también están asociadas a aspectos técnicos, porque además de las negociaciones que tiene que hacer el Acueducto para poder potabilizar el agua, la calidad de líquido que llega a Tibitoc es más baja que la de Chingaza, por lo que es más caro potabilizarla en comparación con la que llega del páramo.  

La administración de Galán planea entregar la ampliación de la planta de Tibitoc —la que potabiliza el agua del sistema Norte— para final de año. El proyecto empezó en 2019, pero ha tenido retrasos y por eso no se ha entregado. 

El rol de los páramos

Aunque la mayor parte del agua potable de Bogotá entra desde Chingaza, el futuro del rol de los páramos en el abastecimiento es incierto. Son ecosistemas muy vulnerables frente al cambio climático, particularmente a los incendios y la deforestación en el Amazonas, que se disparó en el primer trimestre del 2024. 

La selva es clave para la conservación de los páramos por un fenómeno que se conoce como “ríos voladores”. Estas son corrientes en el aire que transportan humedad de la selva hasta las montañas de la cordillera, generando las lluvias que alimentan los pozos de agua y las plantas de los páramos que almacenan agua, como los frailejones.

El riesgo de la deforestación es que la selva húmeda en la Amazonía se convierta en una sabana tropical, un ecosistema más seco, que no produciría la misma humedad y afectaría a los páramos a cientos de kilómetros de distancia. 

Por eso, los páramos podrían no servir en el futuro para abastecer la misma cantidad de agua la ciudad. “Los modelos hidrológicos, que estudian la cantidad de agua disponible, muestran que a futuro se espera mayor precipitación en la cuenca del río Bogotá y menos en Chingaza”, explica Diego Restrepo, consultor en ciencias del agua de la Fundación Riparia, que hace investigaciones sobre la relación entre sociedad y recursos naturales. 

El lío es que el Acueducto cuenta con un Plan Maestro desde 2006, que es el documento base con el que se orientan las labores de la empresa. Ese plan incluye la discusión sobre crear más embalses en el Sistema Chingaza, como el que estaba pensado en los proyectos de 2006 y que no se hizo porque la posterior alcaldía de Gustavo Petro se opuso al plan, aunque ahora reconozca la importancia de construir nuevos embalses. 

La idea era construir una estructura que desviara el río Guatiquía —el mismo que abastece de agua al embalse de Chuza— con una presa de 90 metros de altura, para construir un embalse que tuviera una capacidad de 135 millones de metros cúbicos.

Este proyecto, conocido como Chingaza II, es a largo plazo, pues empezaría a dar agua para la ciudad en 2076.

El debate sobre la urbanización del occidente

Como no es claro qué pasará con los páramos si se sigue calentando el planeta, el abastecimiento de agua potable para Bogotá podría terminar comprometido si no se fortalecen otras fuentes de agua. Por eso, la cuenca del Río Bogotá regresa al centro del debate. 

El río es la cuenca natural de la ciudad, entra por el noroccidente y su cauce continúa hacia el municipio de Soacha. Sin embargo, se ha convertido en el vertedero de los bogotanos. Se calcula que recibe 800 toneladas diarias de residuos y alrededor de 16 mil litros de aguas residuales por segundo. 

El río Bogotá también se enfrenta con el crecimiento urbano, particularmente en el noroccidente de la ciudad. En ese sector está ubicada la Reserva Thomas Van der Hammen. A pesar de que hoy en los terrenos hay canchas de fútbol, parqueaderos y cementerios, la reserva cumple con el rol de hacer una conexión ecológica entre los Cerros Orientales y el Río Bogotá. 

“La reserva tiene una función de regulación hídrica. La conexión de los cerros hasta el río tiene que ver con las aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneas”, explica Sabina Rodríguez, quien hace parte de la veeduría de la Reserva que lleva el nombre de su abuelo. Esa conexión, además, es importante por el corredor de nubes que existe en el boquerón de Torca, que se convierte en uno de los puntos en los que más llueve en la ciudad. 

Pero en la zona también hay grandes proyectos urbanísticos que buscan construir viviendas para suplir el déficit habitacional de la ciudad, que es del 9,8 por ciento. Para Alejandro Callejas, el gerente de Lagos de Torca, uno de esos proyectos, la idea de construir es mantener la conectividad de manera efectiva. “Esa conectividad no existe, con intervenciones en nueve quebradas, el humedal Torca-Guaymaral y el parque metropolitano, buscamos recuperar esa conectividad ecosistémica”, dice el urbanista. 

Más allá de este debate, que lleva más de una década, hoy la reserva está virtualmente ausente del plan de desarrollo que presentará la alcaldía de Galán en el Concejo. “Se necesitan una serie de acciones y unas metas muy ambiciosas, más en tiempo de crisis de agua. Ni la reserva, ni el río, aparecen con nombre específico con una meta que le apunte a acciones y recursos del Distrito”, dice la veedora Rodríguez.  

Las soluciones más creativas

Además del debate sobre urbanización, las alteraciones del ciclo del agua implican soluciones nuevas y creativas para la recolección y uso de nuevas fuentes. 

Una de las opciones alternativas para el suministro de Bogotá son las aguas subterráneas, que es agua dulce que cae de las lluvias y queda almacenada en el subsuelo, en grietas de rocas o poros, que se llaman acuíferos. 

Según los expertos consultados por La Silla, en las aguas subterráneas podría haber una alternativa para obtener agua potable. Sin embargo, en cifras, la extracción de estos acuíferos ha ido en picada desde 2008. El agua subterránea extraída en la ciudad ronda los 2 millones de metros cúbicos, en comparación con los más de 48 millones de metros cúbicos que se consumen en la ciudad. 

“El conocimiento que tenemos sobre el tema es muy reducido, necesitamos más estudios de hidrología isotópica para entender mejor el agua subterránea”, explica Camilo Prieto, profesor de cambio climático de la Javeriana. Sin embargo, ese estudio implica la aprobación de la ley nuclear en el país, que incluye las técnicas necesarias para ver qué tanta agua hay en esos depósitos subterráneos. 

Otra iniciativa novedosa es la de recoger agua lluvia, en una ciudad en donde caen en promedio 797 mm de agua al año. La iniciativa no es nueva. En la Bogotá Humana de Petro se propuso un sistema de drenaje que recogía el agua lluvia, evitando así las inundaciones, al tiempo que permitía que conjuntos residenciales, empresas, entidades públicas, almacenaran agua, que no terminó de hacerse realidad.

Sin embargo, para usar bien la lluvia debe existir una pedagogía para evitar que se llenen de insectos o bacterias que transmitan enfermedades, dice Damaris Rozo, directora de la academia de cambio climático y derechos humanos de la Fundación Grothendieck. 

Invertir en infraestructura natural es otra opción. Esta se refiere a invertir en aquellos ecosistemas o paisajes que producen agua, como páramos o bosques. Según un estudio de Conservación Internacional y World Resources Institute (WRI), la restauración de ecosistemas podría reducir costos de abastecimiento. “Si se invierte en infraestructura natural 5 millones de dólares, a 30 años el Acueducto podría ahorrarse 40 millones de dólares en el tratamiento de agua”, concluye el consultor Restrepo, uno de los autores.  

Las primeras nubes negras sobre Bogotá indican que se acerca una nueva temporada de la ira del dios muisca Chibchacum. Será cuestión de tiempo saber si esas lluvias son suficientes para llenar los embalses de agua potable, o si nos meten en otro lío de inundaciones del que ni siquiera Bochica podrá defendernos. 

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Mientras la camioneta sale del norte de Bogotá, el concejal Samir Abisambra le da al conductor indicaciones sobre cómo llegar al barrio Los Libertadores, en la localidad de San Cristóbal, uno de los límites al suroriente de la ciudad. 

El liberal repitió curul con más de 52 mil votos, el segundo concejal más votado de la ciudad. Luego de tomar la avenida circunvalar hacia el sur, el concejal pone la ruta en Waze hacia el barrio que desde hace tres años espera que el Acueducto le responda por una calle que nunca repavimentaron después de romperla. 

La de Los Libertadores es solo una de las visitas que, todas las semanas, Abisambra o su equipo hacen en aquellos barrios en los que el IDU deja calles sin pavimentar, la Unidad de Servicios Públicos no pone un poste de luz o la Secretaría de Gobierno deja de contestar por un conflicto entre vecinos. 

“Es mi forma de trabajar, mi equipo se mueve mucho para estar permanentemente generando resultados, obviamente genera muchos amigos y muchos enemigos. Pero chévere que vengas acá porque hace parte de hacer política”, dice el liberal. 

Lejos de ser solo capital del voto de opinión, en Bogotá funcionan estructuras políticas de grupos organizados que consiguen votos con trabajos en los barrios más pobres de la capital, donde las necesidades de las personas se expresan de maneras concretas: hambre, delincuencia, falta de servicios básicos, etc.

Ante la pregunta sobre si su forma de hacer política es clientelista, por estar enmarcada en las gestiones, Abisambra contesta que “es una forma de hacer política”. “Al hacer la gestión, uno se va ganando los votos, y no solamente Samir, el 99% de los concejales”, explica el liberal. 

En el caso de Abisambra, le ha funcionado. Tras 20 años en el Partido Liberal, tiene consolidada una estructura que intercambia su influencia en el Concejo, con gestiones para que las entidades del Distrito les respondan a sus votantes, que luego devuelven el apoyo en las urnas. Para hacer eso, Abisambra cuenta con personas de su grupo político que, desde la alcaldía de Claudia López, son funcionarios del Distrito. 

En los últimos cuatro años la estructura creció. Hoy tiene al menos 36 puestos claves en alcaldías locales, curules de ediles, gestores de la Contraloría e, incluso, representantes suyos que llegaron a cargos clave en la Alcaldía. 

Para hacer esta radiografía, La Silla Vacía habló con 15 fuentes que incluyen concejales, ediles de cinco localidades, candidatos a las alcaldías locales, funcionarios de la Alcaldía, y líderes de localidades para entender mejor cómo trabaja el grupo político de Abisambra en la capital. 

El grupo político de Abisambra

En el garaje de una casa se reúnen cerca de 150 vecinos. La funcionaria del Acueducto trata de alzar la voz por encima de las quejas de los asistentes, a quienes les explica por qué la entidad en la que trabaja se ha demorado tres años en repavimentar las calles que abrieron para hacer arreglos. 

“El Acueducto tenía un contratista que dejó el tema botado. Yo llevo dos años jodiendo con ellos porque tenemos un compromiso con la comunidad. Hoy deben estar berracos”, dice el concejal antes de entrar al encuentro. 

La reunión la organiza César Paiba, un exedil de San Cristóbal que se quemó cuando intentaba repetir curul en las elecciones pasadas. Con Óscar Pulido, del equipo de Abisambra, organizan reuniones con la comunidad, el Acueducto y el contratista, para que el Distrito les responda a los más de 300 habitantes del barrio, que aún deben escalar piedras para llegar a sus casas calle arriba.

Como ocurre en el barrio Los Libertadores, Abisambra tiene un grupo político organizado en casi todas las localidades de Bogotá. A punta de reuniones, llamadas y seguimiento de obras, se gana los afectos de posibles votantes. 

“La campaña no es un proceso de tres meses, es de cuatro años”, dice Abisambra. Cuenta que para su última campaña, su equipo hizo más de 1.200 reuniones políticas. “No fui a todas, pero traté de ir lo que más pude, para hacer presencia”, agrega.

El liberal nació en Montería, pero llegó a los 7 años a Bogotá y ha vivido en la ciudad desde entonces. Pese a tener el grupo político más organizado de la capital, el concejal de 47 años, sale a hacer sus visitas en jeans, saquito de lana y tennis, con una colonia que esparce entre sus seguidores con abrazos. 

El concejal cosecha líderes locales, fundaciones o personas que tengan un proyecto político en cada una de las localidades para hacerlos parte de su equipo.

Además de reuniones políticas, los miembros de su organización hacen fiestas, entregas de regalos en Navidad, y celebraciones del día de la madre. En esos eventos resuelve los temas que preocupan a la comunidad, al tiempo que asegura votos para la siguiente elección. 

De los nombres recolectados con fuentes y el mismo Abisambra, La Silla sistematizó 36 miembros de la organización en puestos clave en alcaldías locales y la administración de la capital. 

En esa organización es central el rol de Óscar Pulido, quien empezó como líder social y político en la localidad de San Cristóbal. Después pasó a ser asesor en el Senado del liberal Horacio José Serpa y ahora es parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) de Abisambra, el equipo que asesora a los concejales. Pulido recorre las localidades haciéndole seguimiento a proyectos y comunidades de las que después reciben votos. 

Abisambra cuenta que se van ganando los sectores “a punta de trabajo”. El proceso funciona así, los habitantes de un barrio buscan al concejal “porque han oído lo que hacemos en otras zonas”. En ese caso, el equipo del liberal “trabaja el sector”, hablan con los líderes de las Juntas de Acción Comunal y entienden cuáles son las necesidades particulares de cada sector. Con esas quejas en mente, llaman al IDU, a la Unidad de Mantenimiento Vial, la Uaesp o a la entidad que toque para que les resuelvan a las comunidades. 

“Hay un barrio que se llama Aguas Claras, yo llegué cuando no estaba legalizado, llevo 10 años trabajándole. Lo legalicé, puse acueducto, vías, hasta puesto de votación, y ahí me saco 300 votos. Hay otros sectores que no funcionan. Bella Flor, en Ciudad Bolívar, le hice trabajo, de todo, y saqué 27 votos”, cuenta Abisambra. 

Así llegaron a Los Libertadores, en la misma localidad donde empezó a hacer correrías el asesor Pulido. Después de la reunión con vecinos, quince personas se van hacia un costado de la calle y hacen un círculo, Abisambra queda parado en el andén. Desde su tarima improvisada, el concejal saluda a los miembros de su organización en ese barrio. 

“Sabemos todo el trabajo y el compromiso que cada uno de nosotros tuvimos con la organización de Samir Abisambra, la idea era aprovechar que el jefe venía a la localidad para que les brinde también un saludo”, dice Michael Babativa, uno de los organizadores en Los Libertadores. 

El concejal se dirige a su grupo. “Quisiera que hiciéramos una reunión. Aunque uno gane o pierda tiene que mirar qué pasó, César creció en votación y el partido perdió una credencial, la de César. Pero hace parte de la política, ¿qué vamos a hacer? ¿dejar todo tirado y esperar que otro coja nuestros espacios? Pues no”, dice. 

Los asistentes hacen eco del “no” del concejal. “Hay que seguir trabajando, seguir construyendo, cosas como esta son las que nos hacen fuertes”, agrega el político. 

Aunque César Paiba perdió su curul, el grupo de Abisambra mantuvo 15 puestos en las Juntas Administradoras Locales (JAL) en 14 de las 20 localidades de Bogotá. “Desde hace cuatro años, soy el concejal que más ediles tiene”, dice. Parte de esas personas que ahora tienen curul en las JAL alguna vez fueron líderes locales del grupo de Abisambra. “Ediles hechos en nuestra organización”, los llama el liberal. 

Dentro su equipo hay varias personas que tienen fundaciones en las localidades, que les permiten un mayor acceso a las comunidades. 

Es el caso de Elías Cubillos, que trabaja con Abisambra hace 20 años y tiene una fundación que promueve la seguridad y el deporte en Barrios Unidos. Carolina Montes, que fue candidata a la JAL y ahora es miembro de la UAN de Abisambra, hace parte de la fundación Plan cien mil sonrisas, que tiene más de 268 mil niños como beneficiarios en Ciudad Bolívar. Y Raúl Darío Guzmán, un exedil del grupo, es presidente de la Fundación por Amor a Usme.  

El proceso le ha funcionado. Entre las elecciones del 2019 y las del 2023, el liberal aumentó su caudal electoral por más de 17 mil votos. 

Además de los votos ganados con las gestiones, La Silla tuvo acceso a un mensaje del año pasado en el que se invita a un contratista de la alcaldía de Santa Fe a participar de un encuentro organizado por Lina Franco, esposa del alcalde de esa localidad Diego Herrera, para conocer a “un amigo que vamos a apoyar”.

Aunque La Silla no pudo confirmar si Abisambra es a quien apoyaron el año pasado, según seis fuentes cuentan que en las alcaldías locales que tienen padrino político concejal, estas reuniones con contratistas aumentan en época de elecciones. Las fuentes dicen que en esas reuniones les piden a los contratistas votos para apoyar al padrino de la alcaldía. Incluso, dos fuentes, confirman que les piden un número específico de votos por cada contratista. Sin embargo, estas cifras no pudieron ser confirmadas por el medio.

El impulso en la alcaldía de Claudia

Durante la alcaldía de Claudia López, varios funcionarios que conocían o eran parte del grupo político de Abisambra terminaron trabajando en administraciones locales o como funcionarios de la Alcaldía.

Es el caso de Humberto Duarte, quien estuvo en la campaña de Abisambra a la Cámara de Representantes en 2014, y después llegó a la Secretaría de Gobierno cuando estaba Luis Ernesto Gómez en la cabeza. Su cargo, que mantiene aún, es el de jefe de asuntos disciplinarios en esa cartera.

No es un caso excepcional. Durante la alcaldía de López, los contratos de prestación de servicio, las famosas OPS, crecieron en todas las alcaldías locales. Este tipo de contratos son la moneda corriente de la política para pagar favores. 

Cinco de las fuentes del Concejo y Alcaldía contactadas para esta historia coinciden en que los nombramientos y el aumento de los contratistas durante la administración de López corresponden a un ejercicio de gobernabilidad de la exalcaldesa en el Concejo. Según esas personas, la alcaldesa recibía apoyos en el legislativo del Distrito a cambio de esos nombramientos. 

Hasta la publicación de esta nota, ni el exsecretario ni la alcaldesa respondieron preguntas de La Silla sobre el tema. 

El aumento en los contratos no corresponde a una respuesta al manejo de la pandemia, pues no todos los objetos de los documentos establecen propósito relacionados con ese tema. 

“Cogieron la contratación de las alcaldías locales de caja menor de unos cuantos y por eso les interesa poner alcaldes ahora”, dice la concejal uribista Diana Diago, quien ha hecho varias denuncias sobre los líos de contratación e intereses en las alcaldías locales. 

El poder de los concejales en esas entidades va más allá de solo poner a un alcalde que haga parte del grupo político, también son fuentes de burocracia y poder los entes de control como la Contraloría o la Personería distrital. Ambas entidades tienen oficinas en cada localidad, y le hacen control al alcalde local.

“En algunos sectores toca pedir permiso a x o y concejal antes de poder pavimentar una vía o poner un poste de luz”, le dijo a La Silla un concejal, quien pide la reserva de su nombre para no generar tensiones con sus colegas. 

Otro funcionario de la alcaldía de Carlos Fernando Galán cuenta cómo, a la hora de sacar a ciertos funcionarios de las entidades, han recibido llamadas de concejales. “Le reconocen a uno que esa persona es ficha suya, y se vuelven intocables”, explica. 

Ahora en el Concejo de la ciudad, Abisambra hace parte de un grupo de funcionarios que tienen experiencia en ese órgano. Los concejales cancheros estuvieron detrás de la designación de Rolando González, Cambio Radical, en la primera vicepresidencia, un puesto reservado para los partidos de oposición. En el Concejo entendieron la movida como una primiparada para la administración de Galán, que no ha abierto puentes ni canales para la negociación con los concejales. 

Dentro de este grupo, Abisambra es uno de los líderes visibles. Para él, no obstante, “no hay G9, ni mucho menos”.

El caso fallido en Mártires

Juan Rachif es el alcalde local de Mártires desde el 2020. “A Rachif yo lo conozco desde hace muchos años”, reconoce el concejal. 

El alcalde de la localidad hace parte de un grupo político que surgió en la ciudad desde la organización del Partido Liberal, cuando Horacio Serpa era de sus líderes más visibles.  

Además de Rachif, el gerente local de la Contraloría —quien se encarga de revisar los procesos de plata y contratación en esa localidad— es José Ángel Espeleta. Si bien Espeleta no hace parte del grupo original del liberalismo en Bogotá, se acercó a Abisambra porque su hijo, Miguel Ángel Espeleta, es parte del grupo de ediles del concejal desde la campaña del 2019. Y nuevamente en la de este año: 

Aunque son cercanos al concejal, según supo La Silla por una fuente al interior del grupo político, que pide la reserva de su nombre para no generar tensiones, la relación entre Espeleta y Rachif no es buena desde que el gestor de la Contraloría sacó un informe sobre la contratación de la alcaldía.  

El gobierno de Rachif cierra su periodo con una ejecución presupuestal del 15 por ciento, de lo contemplado para el periodo 2023-2024 y con 17 de 23 proyectos sin ninguna ejecución. “Se recomienda fortalecer los mecanismos de control e implementar verdaderos instrumentos que dejen ver la gestión de la supervisión de los contratos”, se lee en un informe de la Contraloría distrital de 2023.

La alcaldía de Rachif ha tenido varios ruidos por sobrecostos en la contratación. Por ejemplo, como ha denunciado el edil Deevis González, del Centro Democrático, en la ejecución del día Comunal, en el que celebran a las Juntas de Acción de la localidad, hay sobrecostos como almuerzos de 125 mil pesos. O con la contratación de las barras de fútbol para hacer capacitaciones, que incluía el pago de $85 mil por cada clase, pero después llegaron los futbolistas a la JAL a contar que nunca les pagaron. 

Pese a los resultados, Abisambra defiende a su grupo político. “Aquí estamos hablando de un alcalde y dos contralores de los 20 que hay en todas las localidades, cada uno de esos funcionarios tiene un amigo político”, dice.  

La puja de estas elecciones locales

Desde hoy, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y el alcalde Galán harán las entrevistas a los 51 ternados de 17 localidades (todas menos Antonio Nariño, en donde ahora la Junta de Acción Local tendrá que ternar; Sumapaz y Usme, que deben repetir el examen). Después de las entrevistas, Galán es quien escoge al alcalde local de cada terna, con un nivel de discreción en el que siempre cuenta el cálculo político.

Para llegar hasta allá, los candidatos tuvieron que hacer un examen técnico, que el Distrito contrató con la Universidad Nacional. Uno de los candidatos, quien pide no publicar su nombre para no comprometer su proceso, cuenta que para hacer el examen había cursos dictados por los mismos partidos. “Estuve en uno del Partido Verde, después, cuando pasé el examen, me llamaron porque querían conocerme”, cuenta el candidato.

“El proceso de elección de alcaldes locales se ha convertido en un punto de honor para los concejales, algunos reconocen de antemano a sus candidatos, otros llaman después a reconocerlos”, explica una fuente de la Alcaldía, que pide la reserva de su nombre para poder comentar el detrás de escena del proceso. 

Para esta elección, según el secretario Quintero, están mirando tres criterios en los candidatos: idoneidad, experiencia, y que haya una conexión para el trabajo conjunto con la Alcaldía. “Queremos trabajar para que aumente la articulación entre las alcaldías locales y la mayor, para que mejoren los resultados y la ejecución de las dos”, dice el secretario. 

En las ternas hay varios nombres que sobresalen. 

Pese a su mala ejecución, Rachif, el alcalde de Mártires, tiene a dos contratistas de su alcaldía en la terna que envió la JAL a la Secretaría. Se trata de Alberto Mario Orozco y John Jader Suárez. El primero trabajó como abogado en la alcaldía y el segundo, como es veterinario, en contratos de protección animal.

Una de las pujas centrales será en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en donde tenía un fuerte trabajo social el exconcejal liberal Álvaro Acevedo, quien se quemó en las pasadas elecciones. 

En Puente Aranda, según le confirmaron a La Silla dos fuentes que trabajan en la alcaldía local, los fuertes son los concejales liberal Germán García y verde Andrés Darío Onzága. A este último, en la localidad lo conocen como el “concejal bombillo”, por su participación en la contratación en temas de iluminación, según las fuentes consultadas.

En la de Usaquén, la candidata Lina Marcela Buitrago tiene el guiño del actual alcalde de la localidad, Jaime Vargas, según le confirmó a La Silla una fuente de esa alcaldía. Buitrago recibió el aval del Liberal en 2019 para lanzarse a la JAL. El lío ahora es que la oficina de Talento Humano de la Secretaría de Gobierno pidió excluirla de la terna, por no cumplir con la experiencia requerida, según un documento al que tuvo acceso La Silla. El documento era un borrador interno de la entidad, por lo que no quedó en firme esa inhabilidad.

En esa localidad, el grupo político de Abisambra es fuerte en el sector conocido como La Mariposa, en donde trabajan miembros desde hace años. Incluso, el presidente de la JAC del sector hace parte del grupo. Pero ahí la puja es con los candidatos de la terna que tienen el guiño del Nuevo Liberalismo. 

Más allá de las pujas en las localidades, el apoyo que ha conseguido la organización de Abisambra tiene una dirección incierta. “No quiero aspirar más al Concejo, eso no quiere decir que no siga haciendo política, seguiremos haciendo política. A nosotros nos reconocen en Bogotá como un buen equipo político y nos toca seguir haciendo bien la tarea”, concluye el liberal desde la acera como tarima, frente a su equipo en Los Libertadores, San Cristóbal.  

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A principios de este mes, el presidente Gustavo Petro celebró un informe preliminar de las cifras de seguridad del primer trimestre del año. Eran cifras de Policía que mostraban números positivos en la mayoría de los delitos, sobre todo urbanos, que dejaban bien parada a la fuerza pública y al gobierno. Con las cifras totales publicadas la semana pasada por el Sistema Estadístico de la Policía, La Silla analizó el panorama de seguridad en el primer trimestre de 2024, sumando algunos indicadores humanitarios de otras fuentes oficiales. 

El panorama muestra que en los primeros tres meses del año, comparados con el mismo periodo del 2023, hubo una mejoría en las principales ciudades, que coincide con el arranque de nuevos mandatarios. Pero en el campo, a raíz del accionar de los grupos armados, hay un deterioro de la seguridad:

1. Los homicidios siguen altos, pero en Cali la reducción es significativa

En los tres primeros meses del 2024 se registró una reducción de apenas 2,7 por ciento en el total de homicidios en el país, en comparación con el arranque del año pasado. Es decir 84 personas menos que en los primeros tres meses del 2023. 

En las cinco ciudades principales sucedieron el 23 por ciento los asesinatos en este primer trimestre. Sin embargo, en Cali la reducción fue significativa, un 21 por ciento menos que en los primeros tres meses de 2023. En la capital del Valle del Cauca hubo 54 asesinatos menos.

La reducción contrasta con las cifras de homicidios en el primer trimestre de 2024 en el Valle del Cauca, que solo tuvo nueve casos menos. Este sigue siendo el departamento con más casos de homicidios en el país: 522.

2. Bajan los hurtos en general

En el arranque del 2024, los casos registrados de hurto a personas se redujeron en un 16 por ciento, en comparación con el inicio del 2023: fueron aproximadamente 15.400 hurtos menos. Se trata de una cifra con la que el gobierno y la Policía pueden sacar pecho, pues el hurto es un delito predominantemente urbano y uno de los mayores causantes del deterioro de la percepción de seguridad ciudadana. 

Las cinco ciudades principales del país son responsables de casi el 60 por ciento de los casos de hurtos, siendo Bogotá de lejos la ciudad que tiene más registros de robos. En este primer trimestre también fue la ciudad donde más se redujeron los hurtos en cifras totales: alrededor de 6.500 menos que en 2023. Pero la ciudad con mayor reducción porcentual fue Bucaramanga, donde los robos cayeron un 30 por ciento, con respecto al primer trimestre del año pasado. 

“Creo que ese choque de nuevos mandatarios, con nuevos comandantes de Policía, con nuevas políticas y estrategias de seguridad, propenden a que el delito disminuya en términos generales en el país. Principalmente, lo que son los hurtos, que es lo más notorio”, dice el experto en seguridad, Jorge Mantilla, también columnista de La Red de Expertos de La Silla.

3. La disparada de denuncias de extorsión continua

El aumento fue del 17 por ciento comparado con los primeros tres meses del año pasado. El gobierno y la fuerza pública no han podido frenar el crecimiento de este delito, que el año pasado llegó a su cifra más alta de los últimos 10 años en el país, según cifras del Ministerio de Defensa.

A pesar del gran subregistro de los casos de extorsión, pues la mayoría no se denuncian, los expertos coinciden en que hay un aumento general de este crimen, que aunque también es mayor en las ciudades, también ha aumentado mucho en la ruralidad. La disparada de este delito también ha golpeado la credibilidad de la paz total en algunos sectores.

4. Los secuestros bajaron tras los acuerdos en las mesas de diálogo

El bajón en el número de secuestros fue de un 42 por ciento menos que en el primer trimestre de 2023. En estos primeros tres meses del año se registraron 52 secuestros en total, entre los casos relacionados con fines extorsivos, como secuestro simple. 

La reducción en los secuestros es clave a la luz del año pasado, que fue el año con mayor cantidad de secuestros de la última década y que en total tuvo un aumento del 63 por ciento respecto al 2022. Pero, la línea roja que el gobierno trazó al ELN y al EMC frente a este delito ha ayudado a bajar las cifras de secuestrados en el país.

5. Siguen asesinando a más líderes sociales y firmantes de paz

A los líderes sociales y excombatientes de las Farc han sido asesinados más en los primeros meses de 2024, que en el primer trimestre de 2023. El aumento en las cifras de líderes asesinados es de 11 por ciento, según el registro que hace la ONG Indepaz. En total fueron cuatro muertes más. Por el lado de los firmantes de paz, el aumento fue del 50 por ciento y un total de 3 asesinatos más, según esta misma organización.

A pesar de las mesas de diálogos y la importancia que le ha dado el gobierno Petro a este asunto, estos crímenes han repuntado en este arranque de 2024, y los grupos armados siguen siendo los principales responsables de estos asesinatos.

Más desplazados y confinados muestran deterioro en la situación humanitaria

De acuerdo a cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas en Colombia, el número de personas desplazadas y confinadas a causa de la violencia aumentó en el primer trimestre de 2024, en comparación al mismo periodo de 2023. Las personas desplazadas aumentaron un 29 por ciento y las confinadas un 137 por ciento.

Este panorama muestra el deterioro de la seguridad en algunas regiones, especialmente rurales. Además, coincide con el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en Colombia, en el que se muestra que la situación humanitaria del país está en un estado preocupante. La principal causa de este aumento son las crecientes disputas territoriales entre los grupos armados. 

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En 2023 la Organización Ardila Lülle (OAL) a través de cinco de sus empresas, hizo 26 donaciones que suman 7.367 millones de pesos. Los beneficiados son 9 de las colectividades más representativas o visibles; aunque para la del presidente, la Colombia Humana, no hubo.

El Consejo Nacional Electoral publicó los reportes de ingresos de los partidos políticos en 2023 y La Silla Vacía revisó cada uno y extrajo la información de las donaciones de cada empresa privada. Hay desde pequeños aportes por 2 millones de pesos hasta 1.120 millones de pesos el más alto. 

De los 35 partidos inscritos en 2023, solo 11 recibieron plata de empresas privadas, incluyendo la Colombia Humana. Tras hacer un barrido entre las empresas que donaron más de 100 millones de pesos (a una o más colectividades), revisando cuáles hacen parte del mismo grupo empresarial o comparten dueños mayoritarios, La Silla identificó el top de los privados que más aportaron plata para los partidos en 2023.

Son donaciones legales y registradas en las cuentas de cada partido político. A diferencia de las campañas presidenciales, las empresas sí pueden donar a los partidos para las elecciones regionales y de Congreso. Y si en los reportes no queda especificado para qué es la donación, el partido decide si gastarla en campaña o en su funcionamiento.

Entre las empresas que más plata regalaron para la política hay 3  grupos empresariales poderosos, dos constructoras, una minera, una empresa de lácteos, dos grandes de las bebidas y el misterioso mecenas del petrismo. 

Las empresas que más donaron

En total, las donaciones sumadas de los pesos pesados del sector privado en la política sumaron 20.500 millones de pesos en 2023.

Detrás del aporte de la Organización Ardila Lülle, en segundo lugar está Bavaria, de la que la familia Santo Domingo aún conserva el 13 por ciento de las acciones. Su grupo empresarial, Valorem, también aparece en la lista de los mayores donantes, en el puesto 11.

De tercero está Luis Carlos Sarmiento Angulo. Mientras en 2022 aportó a nombre propio y con la empresa Adminegocios, en 2023 la benefactora fue Inversiones Escorial, del Grupo Aval. 

El cuarto mayor donante es Coca Cola Femsa, a través de dos empresas: Compañía de Servicios Comerciales, Atencom, e Industria Nacional de Gaseosas SA. 

Y en el quinto lugar está Santiago Vargas, dueño de Negocios Varvill, quien se consolidó como el principal financiador de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro. 

En 2022 la empresa de Vargas donó 650 millones de pesos al partido y en 2023 repitió con 928 millones de pesos. A pesar de las críticas del presidente Petro a congresistas de partidos que recibieron plata de privados, su propio partido tiene un mecenas con intereses empresariales que no son claros.  

En el sexto lugar está la familia Echeverri Jaramillo, dueña de la Constructora Capital Bogotá. Esa y otras tres empresas de su grupo hicieron pequeñas pero repetidas donaciones a los partidos Liberal, Conservador, Cambio y Verde. 

Detrás está la Comercializadora Milpa, de propiedad de Miguel Antonio Parra, empresario del carbón. En octavo lugar aparece la industria de los lácteos con Freskaleche, empresa filial de Alquería de la familia Cavelier. Luego la constructora de Gustavo Jaramillo Mora y finalmente el grupo Colpatria, históricamente dirigido por Eduardo Pacheco Cortés. 

OAL es el gran benefactor de los partidos

El grupo del fallecido Carlos Ardila Lülle tiene intereses variopintos. Son dueños de Postobón y tres ingenios azucareros nacionales (Incauca, Risaralda y Providencia) y uno internacional. Además tiene una concesionaria y es dueño del Atlético Nacional. 

En 2022, año de elecciones presidenciales, la OAL donó 17 mil millones de pesos. Para 2023 redujo la bolsa a un 41 por ciento. Y esta vez no hubo ni para el Nuevo Liberalismo ni para Dignidad, dos de los grandes derrotados en las elecciones a Congreso de 2022. 

La empresa que puso más plata de la Organización Ardila Lülle es Gaseosas Lux, filial de la gigante Postobón. Y el partido que más recibió fue el Liberal: 1.695 millones de pesos. Le sigue el Partido de La U, con 1.595 millones de pesos. 

La cadena radial RCN figura entre las donantes con una única donación por 285 millones al Partido de La U. 

Los partidos con más plata de empresas 

Los dos partidos políticos que más reciben plata de los privados son el Liberal y el Partido de La U. Para efectos de los resultados de las elecciones regionales son también los que más ganaron gobernaciones: liberales 11 y La U 10, en coaliciones o solos. Además, el  Partido Liberal también es el más votado en Concejos municipales, con 2.4 millones de votos. 

El segundo, tercer y cuarto lugar en donaciones lo ocupan colectividades que representan las clases políticas tradicionales: el Partido de La U, el Centro Democrático y el Partido Conservador. 

Y en quinto lugar está el partido Verde que a su vez es la colectividad a la que más empresas del top de benefactores aportaron: 9 de las 11 con donaciones superiores a 100 millones le dieron plata. 

“Las empresas privadas aportan todo el tiempo, sin reparar en si son elecciones regionales o nacionales. Por dos razones: ayudar a la democracia o para recibir beneficios impositivos, influencia”, le dijo a La Silla un exdirectivo de una de las colectividades que más recibe donaciones. 

Sin embargo, la cantidad si varía según la contienda electoral. Tanto los Santo Domingo, como Luis Carlos Sarmiento Angulo  y la Organización Ardila Lülle, fueron también los principales donantes de los partidos en 2022 pero la plata se redujo sustancialmente. En los tres casos, a menos de la mitad. 

Los aportes de grandes grupos son sustanciales para los partidos

Eso lo ilustra el caso del mayor donante privado. Para 6 de los 9 partidos a los que la Organización Ardila Lülle aportó, esa plata representa más del 30 por ciento de lo que recibieron en total por donaciones. Para la ASI, por ejemplo, es el 75 por ciento. 

El Centro Democrático reportó inversiones de campaña por 4 mil 800 millones de pesos, por lo que los aportes de las empresas de Ardila Lülle constituyen casi una cuarta parte de esos gastos. De hecho, el total de lo que recibió en grandes donaciones es más de la mitad de lo que gastó en campaña. 

Estos datos muestran la dependencia alta que tienen los partidos de un grupo reducido de empresas del sector privado, más allá del dinero que les aporta el Estado.  

La norma de esas donaciones dice que pueden ser usadas tanto para gastos de funcionamiento del partido como destinarse específicamente para campañas de uno o varios candidatos. 

Eso es clave porque las donaciones específicas para financiar candidatos tienen un tope del 10 por ciento de lo que valga la campaña en total, y podría explicar por qué los aportes de un mismo grupo vienen de empresas distintas.

La manera como se gasta esa plata depende del director del partido, y es un proceso con poca transparencia y trazabilidad.

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“Convoco a la ciudad a esta lucha”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el cierre de las sesiones ordinarias del Concejo el 4 de marzo, sobre los coletazos que el turismo le ha traído a la ciudad.

Desde entonces, Medellín ha estado en el centro de las noticias de los medios nacionales y ha sido tendencia en X (antes Twitter) por los episodios de explotación sexual de menores que involucran a extranjeros. El caso más sonado, el del estadounidense Timothy Alan Livingston, quien fue encontrado en un hotel de El Poblado con dos niñas de 12 y 13 años, incluso puso de la misma orilla al alcalde y al presidente Gustavo Petro, quien anunció pedido de extradición del “pedófilo de Medellín” por parte del Estado colombiano. 

La cruzada de Gutiérrez no solo ha sumado el apoyo del presidente, sino que ha sido aplaudida en la ciudad. Pero las medidas de choque que ha tomado —entre ellas la creación de una Secretaría de Turismo— hoy lo ponen en tensión con quienes defienden la prostitución. Sus anuncios sobre emprender acciones contra la gentrificación, que desplaza a los habitantes locales de sus barrios, y regular el crecimiento vertiginoso de los hospedajes tipo Airbnb también generan resistencia entre los gremios. 

En este reportaje, con más de 15 voces consultadas, La Silla Vacía pone sobre la mesa las múltiples caras del turismo en Medellín, una ciudad que recibió 1,5 millones de visitantes el año pasado (la mitad extranjeros) y que hoy soporta en esta industria el 7% de su PIB, nueve mil empresas y casi 100 mil empleos. También explora las fisuras históricas de la ciudad y las experiencias de otros parajes internacionales para entender los retos de un destino que, pese a su reconocimiento, apenas emerge. 

El trago dulce, con sabor amargo, de una Medellín que se abre al mundo

—What places have the cheaper prices —pregunta un hombre con acento caribeño—: Thailand, Belize, here?

—Bullshit! —responde otro. 

Decenas de personas ingresan al Lleras, uno de los parques más reconocidos de El Poblado, la comuna número 14 de la ciudad. 

Un negocio de cambio de divisas presta servicio cerca de los extranjeros que concluyen que es más barato conseguir sexo en Medellín que en otros lados. Una joven, de vestido corto y escote profundo, cambia un manojo de dólares y coquetea con dos hombres mientras que en “Divisas Park Money Exchange” le entregan lo equivalente en pesos. 

Las discotecas aún tienen aforo. Grupos de hombres extranjeros van y vienen como cardúmenes de peces por los 13 mil metros cuadrados del parque. Avanzan en grupo. Los hay jóvenes y viejos. Mexicanos, gringos y europeos. Cerca del 90% de los visitantes que llegaron en los últimos dos años a la ciudad lo hicieron por ocio, rumba o entretenimiento.

Aún es temprano y los trabajadores de los bares y restaurantes aprovechan para convencer clientes. “Sr., qué tipo de rumba le gusta: ¿con niñas o sin niñas? Venga lo llevo”, le propone un joven a un turista que lo supera en estatura. Otras personas aprovechan para imponer el orden, aunque el parque está cercado por rejas y policías. 

—Hola, reina —le dice un hombre fornido a una mujer que intercambia sexo por dinero. 

Está parada en la calle 10, una de las más concurridas de El Poblado, donde se agolpan cientos de mujeres. También quienes buscan comer algo rápido, bailar salsa en una discoteca o caminar hasta Provenza, el bulevar favorito de los extranjeros que visitan la zona por su variada oferta en cafés, restaurantes y discotecas. 

—Me colaboras con el teléfono, preciosa. No podemos tomar fotos acá —insiste el hombre. 

Ella parece obviar la sugerencia pero termina por guardar el teléfono en su cartera “Gucci”. 

Unas calles arriba, en el hotel Gotham, Livingston fue encontrado con un par de menores dos días antes, el 22 de marzo, en medio de elementos que probarían el delito de explotación sexual. “Yo quiero que el mundo sepa quién es este depravado. Llegó en un vuelo desde Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) a Medellín”, dijo el alcalde Gutiérrez el mismo fin de semana. 

***

“Próxima estación: San Javier”, anuncia la voz oficial del metro de Medellín. “Estación cercana a la Comuna 13”. De los vagones desembarcan cientos de pasajeros. Muchos son locales, pero el acento delata a mexicanos y argentinos que tratan de ubicarse. Todos buscan la salida que lleva a las escaleras eléctricas y al graffitour.

Más tarde, en un bus del sistema público, una mujer saluda eufórica desde la parte trasera: “¡Joder, chavales! ¿Españoles por el mundo o qué? Es que me he encontrado aquí más conocidos que en Madrid…”. 

El grupo de cuatro turistas que recién sube saluda con energía. “Aquí veis. ¿Cuándo llegasteis?”, dice un hombre, pero la sacudida por el arranque del conductor y el ingreso de más pasajeros interrumpen la conversación. Es complejo diferenciar si en el bus viajan más locales que visitantes. 

En 2022 llegaron 138 mil turistas a esta comuna que tiene 250 mil habitantes. Y a septiembre del año pasado fueron un millón 71 mil los pasajeros internacionales que aterrizaron en el José María Córdova, el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad. 

“¿Es aquí, bajamos ya?”, pregunta la chica de acento español que saludó antes. “No, todavía no”, responde Johana Puerta, una guía de 33 años de la agencia Civitatis.

Johana recibió a los visitantes en la estación San Javier más temprano. El grupo tiene 20 personas, con un solo colombiano, entre casi 200 turistas que reservaron. “Ustedes, que hablan español, se van conmigo”, dice a través de un parlante inalámbrico.

Es lunes festivo, 25 de marzo. La guía anuncia que apenas comienza la temporada alta por Semana Santa. “Entonces, debemos mantener el ritmo para no separarnos. Vamos a tomar algunos atajos para evitar la congestión, pero los grafitis y las escaleras las veremos”. Minutos después, confirma: “Ahora sí, bienvenidos a La 13”. 

En la zona de llegada se leen letreros de todo tipo: “Renacer de La 13”; “Helicopter rides, book here!”; Aquí baños, RESTROOMS (sic)”. Los turistas caminan lento, en búsqueda de espacio entre las sombrillas que protegen con sombra camisetas a la venta con estampados de Atlético Nacional  —uno de los equipos de fútbol de la ciudad — y del ya fallecido narco Pablo Escobar. 

En los negocios se exhiben carrieles, llaveros y portarretratos. Es la historia de la ciudad hecha souvenires. “No se me queden. De bajada compran. Allí adelante hacemos la primera parada”, dice Johana. El grupo de visitantes se abre paso por los vericuetos de la comuna. Suena Provenza, de Karol G, a alto volumen. 

Es mediodía. 

***

Diana Alzate, una peluquera de 47 años, motila a un hombre pero no puede concentrarse. Apaga la máquina y busca la mirada de sus compañeras, Paula Andrea Arredondo, de 33 años, y Mari León, una venezolana de 54. Les quiere decir algo, pero antes la aborda una mujer que sale desde el fondo de la peluquería con su pelo recién hecho. 

 —Todo les va a salir bien  —dice la cliente. 

 —¡Que Dios la escuche!  —responde Diana. 

Es sábado, 23 de marzo. 

El ruido de la máquina se escucha de nuevo en el primero de los tres salones de la peluquería Santiago. Todas las horas de la agenda están reservadas. Diana atiende a un hombre que pide las patillas desvanecidas; Paula, la administradora del local, le hace el pelo a otra cliente; y Mari barre los restos de pelo que han dejado otros cortes.

La peluquería cumple 12 años en Manila, uno de los barrios más prestigiosos de El Poblado. Es una de las pocas propiedades de tipo familiar que quedan en la zona. “Precio, calidad y servicio”, dice el cartel de la fachada que anticipa las tarifas. 

El negocio se mueve por el voz a voz, con los clientes de toda la vida.

—Peluquería Santiago, buenos días  —dice Paula por teléfono—. No, hoy ya no hay citicas.

Paula abrió la sede de Santiago en Manila. Aún recuerda las jornadas de hace diez años, cuando esperaba clientes de domingo a domingo. Entonces, el barrio todavía era residencial: había pocos restaurantes, no se hablaba de lugares para teletrabajar, eran escasos los extranjeros y las casas vecinas no estaban rentadas en Airbnb. 

“Ahora se ve mucho gringo. En los dos pisos que hay aquí encima montaron unos hoteles. Dizque ‘erbienbi’. La gente tuvo que desocupar”, dice Paula. Los reportes de la Alcaldía hablan de más de 14 mil alojamientos de este tipo en la ciudad, entre habitaciones, casas compartidas y apartamentos.

El Poblado alberga casi seis mil.

***

El caso Livingston puso los reflectores de la prensa nacional en Medellín.

Incluso el presidente Petro, distanciado políticamente del alcalde de la ciudad, emitió un fuerte pronunciamiento el 3 de abril: “El gobierno le pedirá a Estados Unidos la extradición del pedófilo del hotel de Medellín, y pedirá un informe sobre por qué logró huir”. 

Livingston, quien ya tiene orden de captura en un juzgado de la capital paisa, logró salir de Colombia en lo que al parecer fue un acto de negligencia de la autoridades que atendieron el caso, que ya es investigado por la Procuraduría. 

El grupo Casacol, a cargo del hotel Gotham —sellado por diez días— y con 400 apartamentos en alquiler para estancias cortas, dijo en un comunicado que el personal de seguridad del hotel le negó el ingreso a Livingston en un primer intento. “Las cámaras muestran que ingresó ilegalmente en la madrugada del 28 (marzo), cuando ya había culminado el turno del guardia”, afirmaron.

El caso es bien conocido por Tyler Schwab, un ciudadano estadounidense que preside la ONG Libertas International.

Vía telefónica, desde Casper, un pueblo del norte de Estados Unidos, cuenta que las imágenes que hoy registra Medellín en el Parque Lleras lo trasladan a Tijuana (México) y a Bangkok (Tailandia), donde la explotación sexual de niños se ha normalizado.

Y aunque la Alcaldía habla de 240 casos reportados por explotación de este tipo el año pasado y de 39 en lo que va del año, la Personería de la ciudad tiene alertas que de lejos desbordan estas cifras. Desde ese órgano dicen que nada más en 2023 registraron más de 1.200 alertas de este tipo en contextos de turismo.

Tyler está al tanto de lo ocurrido con Livingston porque su ONG recibe denuncias por supuesta explotación desde diferentes lugares de Latinoamérica, y Medellín es la ciudad que encabeza los reportes en Colombia. “Hemos atendido a 86 menores, entre ellos dos chiquiticos de dos años, que fueron explotados sexualmente en la ciudad. En Bogotá y Cali solo tenemos dos casos”. 

Las cifras abarcan 2019 y lo que va de este año, en el que se han registrado tres capturas confirmadas por la Secretaría de Seguridad de la ciudad y en las que Tyler dice haberse vinculado: “Nosotros no podemos poner esposas, pero sí aportar información”. 

Aunque el hombre del estado de Wyoming habla en tono crítico de sus connacionales, y dice que “los peores de mi país van a Medellín a abusar niños y mujeres vulnerables”, los casos rastreados por su fundación evidencian que hay visitantes de otras nacionalidades envueltos en esta problemática. 

“Hemos ayudado en la captura de mexicanos, israelíes e indios”, dice Tyler, quien en su radar tiene 13 capturas por explotación de este tipo en la ciudad, pese a que las autoridades guardan reserva frente a este número. 

Además del caso Livingston, este año los medios han cubierto las capturas de Ahmed Beharry, un policía estadounidense que compraba pornografía de una bebé de meses que era explotada por su familia en Bello (área metropolitana de Medellín); Richard Opalinksi, señalado de abusar menores en la misma localidad; y Dominick Divencenzo, capturado en el occidente de Medellín luego de varias alertas interpuestas por sus vecinos. 

Pero el conteo parece no terminar. 

Ante las cámaras y micrófonos de la prensa paisa, cinco días después de conocerse lo ocurrido con Livingston, el alcalde Gutiérrez anunció la captura de un colombo australiano encontrado con un menor en otro apartamento de El Poblado. 

“Capturamos a otro depravado con un niño”, dijo el mandatario. El hombre, de 29 años, ya fue imputado por la Fiscalía por el posible abuso de un menor de 12 años. 

***

Johana cuenta la ya repetida historia de la Comuna 13. 

Habla de las escaleras eléctricas habilitadas en 2011, en la alcaldía de Alonso Salazar, y de las decenas de urbanistas que todavía llegan a conocer el modelo. Esa infraestructura, que mejoró el acceso en una zona con las tres cuartas partes de su población en estrato bajo, puso a la comuna en el radar de nacionales y extranjeros. 

“Comenzamos a hacer recorridos hace diez años, con apuestas de turismo social”, dice la guía. “Luego, hace seis años, empezamos a sentir el ‘boom’. Pero después de la pandemia el número de visitantes se disparó”.

Justo este fue el camino por el que apostó el exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero (2020-2023), para recuperar la economía ante el 25% de desempleo que dejó la pandemia. “No descansaremos hasta recuperar los empleos perdidos. Cada vez estamos más cerca”, dijo el todavía alcalde en diciembre de 2021. 

Ese mismo mes, la ciudad estrenó marca para mostrarse al mundo. 

“Medellín, aquí todo florece” fue el estribillo por el que votaron cerca de 20 mil habitantes. La administración habló entonces de un paso hacia adelante en la tarea de consolidar a la ciudad en el mapa internacional, comparado con los dados por New York y Ámsterdam que ya tenían marcas. “La campaña se basa en una ciudad que se ha transformado usando la innovación y la creatividad por más de un siglo”, dijo la agencia de publicidad que formuló el estribillo. 

De esa innovación habla Johana en su primera parada con el grupo de turistas. “Ahora somos conocidos por lo bueno: pasamos de ser la ciudad más peligrosa del mundo, a ser una de las más visitadas. Tenemos mucho por mostrar”. 

Medellín ha querido redimirse ante la mirada del mundo. Y aunque esa siembra no es del todo reciente, sí lo parecen los frutos. 

La revista Time dijo el año pasado que la ciudad era uno de los 50 mejores lugares para visitar y Time Out calificó a Laureles como uno de los barrios más cool entre los destinos que rastrea. El World Travel Awards ya había catalogado a la capital paisa un año antes como el destino emergente más destacado de Suramérica y Time Out había ubicado a Provenza entre sus barrios predilectos. 

Pero la canción de Karol G, que recibe a los turistas en La 13 y que suma mil millones de reproducciones en YouTube, también había hecho lo propio: 

No sé si te convenza / Nos damo’ un rocecito por Provenza / Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa / O viceversa, ¿por qué lo piensas?

***

Diana ahora atiende a Luz Marina Muñoz, una mujer de 70 años que vive en Patio Bonito, un barrio de la parte baja de El Poblado. Las mujeres conversan sobre los colores de barniz y sobre la vida: “Acá llevo trabajando varios meses”, dice Diana. “Con razón”, comenta la cliente, “por eso es la primera vez que nos toca juntas”.  

Mientras que Diana hace su trabajo, el acompañante de Luz Marina lee un periódico del barrio. La peluquería Santiago parece detenida en el tiempo: los muebles y estanterías están desgastados, la decoración es escasa y la publicidad evoca los 2000. 

Los precios son similares a los de un negocio estrato 2, aunque el 73% de las casas de la zona son estrato alto. Nada entrega pistas sobre la cocina de autor que hay a pocos pies o de los rooftops que abren a diario en los edificios vecinos. El negocio es un enclave de lo cotidiano en un barrio globalizado.  

“Those are some of the best bars in Medellin”, escribe en una reseña sobre las terrazas de la zona Sanne Wesselman, fundadora del blog Spend Life Traveling. Porque, agrega, “Medellin, ‘City of Eternal Spring’, does have the perfect climate!”. 

Wesselman no miente sobre el clima. Son las 12 del mediodía y en Medellín la temperatura marca 23 grados. 

Luz Marina confirma que en la zona el turismo se ha disparado. Y aunque dice que su barrio no es tan visitado como Manila, “la congestión y el alboroto son impresionantes”. Allí son más frecuentes los hoteles y espacios de coworking que la oferta de comida o rumba. 

Pero en Manila también pululan los espacios para teletrabajar. Ramiro Muñoz, un estadounidense de 43 años, trabaja en remoto desde un café de la zona mientras espera para cambiarse de hospedaje tipo Airbnb. “Esta noche voy para uno más amplio y bonito, con mejor vista”, dice. En la zona hay alquileres cortos que superan los cinco millones al mes.

Mientras espera rodeado por sus maletas, Ramiro dice que no es un nómada digital porque aún tiene residencia en su país, pero Nomad List lo catalogaría como uno. Esa plataforma publica cada año su ranking de destinos más apetecidos para trabajar en remoto, y Medellín se ubicó segunda el año pasado entre 157 ciudades de Latinoamérica.

“Prostitución, explotación sexual, arriendos caros”, enumera luego Ramiro, quien afirma estar al tanto de lo que ocurre en Medellín por cuenta de los efectos del turismo. “Y también muertos”. En la ciudad asesinaron a siete extranjeros el año pasado (algunos fueron intentos de robo mediados por aplicaciones de citas y escopolamina).

Y aunque el gobierno de los Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos en enero de este año no usar aplicaciones de citas en sus visitas a Medellín, 32 de las 39 muertes de extranjeros registradas el año pasado se relacionan con sobredosis, suicidios, accidentes y muertes naturales.

Unos ganan y otros pierden con el llamado al orden del alcalde “sheriff”

—Quietos o disparo —les advierte un policía a tres jóvenes en El Lleras.

—Tranquilo, tranquilo —dice uno de los muchachos.   

El agente baja el arma y esposa con velocidad a los jóvenes señalados por el robo de un celular. Una patrulla lo asiste y en menos de cinco minutos quienes grababan el procedimiento vuelven a lo suyo (el año pasado 270 turistas extranjeros reportaron haber sido víctimas de episodios similares). 

Pero esta escena tuvo menos posibilidades de repetirse esta semana, porque el 1 de abril el alcalde Gutiérrez emitió un decreto que limitó la operación de los negocios nocturnos en el Parque Lleras y parte de la zona rosa de El Poblado. 

“Necesitamos el compromiso de todos, porque esta es una situación que tocó fondo”, dijo el alcalde durante la presentación del decreto, refiriéndose a la explotación sexual de menores. “Aquí no vinimos a ocultar problemas”.

La medida, que adelanta la hora de cierre a la 1 de la mañana, no cayó bien en el gremio de comidas y bebidas, que solo en el turismo tiene casi nueve mil de sus actividades registradas, según cuentas de la Cámara de Comercio de la ciudad. 

Desde Asobares rechazaron la iniciativa, alertaron de un golpe al empleo y la calificaron de desproporcionada. “Nos comprometemos a trabajar contra la explotación sexual de menores en los negocios nocturnos, pero la restricción no tiene causalidad con la venta de bebidas”, dijo Juan Pablo Venezuela, presidente del gremio en Antioquia.

El decreto incluso generó protestas en el sector y escaló en una fake news en redes. “Xenophobic Colombians tell tourists to leave cafe Pergamino” fue la descripción que acompañó un video que viralizó el plantón de decenas de comerciantes frente a un café en Provenza, muy cerca de El Lleras. 

Y aunque no ha tomado medidas concretas, el alcalde Gutiérrez también ha enviado señales de posibles restricciones para el negocio de los hospedajes cortos. En la ciudad más de mil 700 lugares operan sin licencia según el Sistema de Información Turística.

“No vamos a acabar con las plataformas, pero sí habrá regulaciones”, dijo el mandatario ante el Concejo el 4 de marzo. “No puede ser que en tres años hayan aumentado tanto los arriendos o que la vida de nuestras familias se vuelva imposible por las rentas cortas”.

Lo que dice Juan Camilo Vargas, director de Asohost (el gremio de esta actividad en Colombia), es que el 40% de sus operaciones se concentra en Medellín y que el negocio no es ilegal. “Entonces un alcalde no puede pasar por encima de una norma nacional”.

***

—¿Quién es el narcotraficante más famoso de Colombia? —pregunta Johana. 

—¡Pablo Escobar! —responden los turistas a una sola voz. 

En paralelo, un comerciante cuenta que algunos habitantes de la comuna la promocionan como la “cuna” de Escobar para atraer más clientes. “Es más rentable. Aquí compran camisetas de él, ¡eh, ave maría! Todo lo alusivo a Pablo se vende mucho”, dice el hombre que por seguridad pide no ser citado.  

Y es que pese a que la zona luce pacificada por el turismo, el control sigue en manos de los combos. El comerciante afirma que allí operan bandas pequeñas, como Los del Uno, Los del Dos, Los Pirusos y Los Negros. “Ellos cobran cuota por negocio, chuzo al aire libre y hasta parqueadero. Aquí no se abre un local sin su permiso. Y también pasa con los tales ‘erbienbi’ que están empezando a abrir”. 

Los dos relatos que Medellín ha construido sobre su pasado del narcotráfico compiten en las calles y en la web. 

Algunas plataformas precisan que sus recorridos “no exaltan ni promueven el crimen y tampoco se repite el discurso de condena que quiere imponer la institucionalidad tradicional”. Otras hacen un marketing que luciría escandaloso para algunos en Medellín, una ciudad todavía conservadora.  

“No more boring tours. ¿Pablo héroe o villano? (sic)”, publicita un portal. “Te invitamos a conocer cómo Pablo se convirtió en el criminal más rico del mundo; comenzó su carrera delictiva robando tumbas y falsificando diplomas de bachillerato”. 

La oferta es acompañada con fotografías de Escobar montado en una moto acuática, muertos de la época y un niño con la cara ensangrentada. “The Cathedral, Golden Prison, Luxuries, Terrorist”, promocionan. 

Los recorridos varían de precio. Se encuentran desde 150 mil hasta 500 mil o más. Y algunos se ofrecen en combo con la visita a La 13. Hay extranjeros que valoran este plan como lo mejor de su paso por Medellín.

“They told us so much about Pablo, the cartels and even Griselda”, escribió el 12 de marzo Andrew Cronian, de Reino Unido, en uno de los portales. “We visited the location of Pablo’s home, now a memorial park for the victims”. 

La ruta es la misma en todos los recorridos: visitar el barrio que construyó Escobar, luego su tumba, y finalmente la Inflexión, el parque que menciona Andrew en su reseña. Allí la alcaldía de Gutiérrez (2016-2019) ordenó la implosión del edificio Mónaco, construido por Escobar, y luego construyó un memorial para las víctimas. 

***

El semblante compungido de Diana tiene un antecedente: les subieron el arriendo y tendrán que desalojar la peluquería. La cuota mensual estaba en un millón 800 mil pesos y ahora el propietario pide más de 3 millones. 

“Eso fue a quema ropa”, dice Paula. “Ya se fueron dos, porque aquí éramos cinco estilistas”. Y Diana agrega: “Nos subieron el local para construir ‘erbienbi’. Así han hecho en toda la zona: suben el arriendo para que la gente desocupe”. 

Las peluqueras de Santiago dicen que el fenómeno ha venido en seguidilla; que los vecinos de siempre han desocupado. “La droguería del lado tiene la lápida colgada. Les pidieron el local y están haciendo tiempo”, dice Paula. Mari, la venezolana, calla. 

 —Buenas, para motilarme  —saluda un hombre desde la puerta. 

 —Estamos llenas —dice Paula. 

 —Ah, ¿y si espero un ratico? 

 —Bueno, siéntese y miramos.

El hombre no alcanza a tomar asiento cuando Paula ya le ha dicho que las sacaron del local porque les subieron el arriendo. Que a Diana le ofrecieron un espacio por dos millones de pesos en un pasaje comercial cercano. “Apunte el teléfono, para confirmarle si logramos pasarnos”, dice Paula. 

Lo que ocurre en esta comuna de Medellín encuentra eco en lo que ha pasado en ciudades como Nueva York, Venecia, Londres y Barcelona. 

Desde allí, la segunda ciudad de España, habla por teléfono Josep Bohigas, un urbanista que es profesor anual en Urbam (un centro de estudios de Eafit) y quien ha trabajado en varios proyectos que vinculan a Medellín con Barcelona. 

Bohigas anticipó lo que empezaría a ocurrir en Medellín desde 2015, cuando la cifra de pasajeros internacionales estaba por debajo de los 700 mil registrados en 2017, según cuentas de Migración Colombia. 

“Medellín y Barcelona han muerto de éxito. Y nos hemos dado cuenta tarde”, dice el urbanista. “La clave era haber protegido a la gente con políticas sólidas de vivienda cuando comenzaron a llegar las inversiones por Airbnb”.

Bohigas lo dijo entonces. Pero la gente se reía.  

***

El alcalde Gutiérrez también firmó un decreto que suspende “la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines” en El Lleras, Provenza y el Parque de El Poblado. “Tenemos que recuperar estos espacios que la criminalidad fue tomando, poniendo en riesgo a nuestras mujeres y niños”, dijo el mandatario el 1 de abril. 

La decisión fue bien recibida por organizaciones como la Red Feminista Abolicionista de Medellín, que busca la abolición de la prostitución y critica la política de regulación por la que apostó en este frente la administración del exalcalde Quintero en la ciudad. 

Una de sus integrantes, Sara Jaramillo, dice que el decreto es innovador porque fija la carga del problema en quienes “demandan el servicio” y no en las mujeres. “También habla de la prostitución como una violencia contra las mujeres, algo que no había ocurrido”. 

Pero la medida plantea riesgos a futuro, dice Jaramillo. Y en eso coincide Valery Ramírez, la vocera del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia: “Estas medidas punitivas solo nos estigmatizan y en nada solucionan la explotación de niños”. 

La restricción abre un debate en la prostitución al que aún le falta camino en la ciudad, pero podría ser marginal frente a la explotación de menores. Estos suelen ser contactados por redes sociales en las comunas más pobres (Popular, Santa Cruz, Villa Hermosa y otras) y el problema no solo es impulsado por extranjeros.

El periódico El Colombiano reseñó que solo el 5% de los delitos sexuales registrados el año pasado en la ciudad involucraron a extranjeros. Pero Tyler, desde Estados Unidos, insiste en que atacar la demanda es el camino: “Aunque nunca acabaremos con esto, es la única forma de luchar contra los abusadores de nuestros niños”.

—You wanna a “roce”, baby? —le dice un hombre a una joven que a simple vista no supera la mayoría de edad.

—Bueno —responde ella. 

Minutos más tarde entran a un hotel de El Lleras. 

Es de madrugada, pero la noche apenas comienza. 

***

Desde su primer gobierno, el alcalde Gutiérrez apostó por reeditar el relato del narcotráfico. 

La justificación para la implosión del Mónaco la compartió Manuel Villa, su secretario Privado de entonces y su secretario de Seguridad actual: “Pablo Escobar está muerto, pero vive, como se ve en este muro. Vive en imágenes y en la mente”, le dijo el funcionario a El Tiempo días antes de la implosión. 

Gutierrez también hizo públicos sus argumentos. Habló de reivindicar los valores asociados a la cultura del narcotráfico. “La discreción se convirtió en chicanería; el trabajo honesto y duro lo volvieron dinero fácil; y, lo peor, le quitaron el valor a la vida para ponerle precio”, dijo en su momento. 

Daniel Carvalho, urbanista que hoy es representante a la Cámara por Antioquia y quien fue concejal de Medellín, confirma vía telefónica que para el alcalde este tema ha sido una de sus fijaciones: “Por eso esperamos que la creación de la Secretaría de Turismo venga acompañada de acciones concretas en el plan de desarrollo que está por aprobarse y de la actualización de la política pública de turismo”.

También hay que apostar por mensajes que le hablen a los visitantes cuando lleguen, dice el congresista. 

“El foco no solo debe estar en la seguridad, la institucionalidad debe hablarle al turista. Si no lo hace, lo hace un proxeneta o un taxista: ‘¿lo llevo a ver niñas?, ¿lo llevo a comprar cocaína?’. Tenemos que decirle al mundo que no somos la ciudad de Pablo ni del ‘turismo sexual’, y que ni por el putas pueden venir a molestar a nuestros niños”. 

Johana recoge las palabras de Carvalho:

—No somos la cuna de Pablo —les dice a los turistas que guía y continúa con el recorrido. 

En La 13 ven pasar a los visitantes desde los balcones. Un hombre sin camisa bosteza y se rasca la barriga. Por una ventana se ve a una mujer perder la batalla contra el calor. Otra mujer cose en una sala oscura, su mano va y viene sobre un pantalón de jean: levanta la cabeza, mira lo que ocurre afuera y vuelve a coser. 

Cae la tarde. 

***

La comparación entre Medellín y Barcelona aún es desmedida porque esa ciudad recibió en 2019 casi 28 millones de turistas. 

Pero los fenómenos con los que empieza a lidiar la capital paisa son similares a los de su ciudad, dice Bohigas. “No solo hemos afrontado el desplazamiento en los barrios, sino que han empezado a aparecer los narcopisos, la prostitución y las drogas”. 

Lo que allí ocurre incluso ha llegado al hartazgo de los turistas. Y es que los viajeros ahora no quieren dormir en Barcelona sino en pueblos vecinos. El País dice que 10,5 de los 28 millones de visitantes que llegaron en 2019 durmieron por fuera. 

Bohigas dice que esta es la medida más evidente del fracaso de su ciudad. Y confirma que ahora evita visitar la Barceloneta, la Sagrada Familia, los barrios Gótico y de Gracia, y los muchos otros que se han vuelto incaminables por la llegada de turistas. 

“Estamos afrontando la escasez de agua más dura en mucho tiempo. Mientras que un barcelonés gasta 100 litros diarios, un turista gasta 500. ¡Cinco veces más! Y los cruceros no paran de llegar”. 

Ahora, cuando Medellín tiene un déficit de más de 58 mil viviendas según Viva (la empresa de vivienda de la Gobernación de Antioquia), Bohigas afirma que en la segunda ciudad de Colombia aún hay tiempo de evitar las imágenes que hoy se repiten en Barcelona.

Habla de una batalla librada a través de la construcción de casas de interés social para evitar los desplazamientos de los habitantes locales. Y no solo en zonas periféricas, sino en los barrios más “turistificados”, como los de El Poblado.

“Aquí tenemos un plan de regulación para alojamientos. Hemos parado esas inversiones en los barrios frágiles”, dice Bohigas. “Es bueno que lleguen políticos a poner límites, que no acaben con el turismo, pero que lo cualifiquen y controlen”.

Esto impediría que de Manila, o incluso de la Comuna 13 en un futuro, se fueran las farmacias, las ferreterías, los graneros y las peluquerías. Que Paula, quien abrió las puertas de Santiago, ahora luciera menos derrotada.

—¿Qué se lleva?

—Nada, salgo vacía  —dice ella. 

Y Bohigas, desde su piso en Barcelona, agrega: 

“Se los advertí”. 

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A 600 metros debajo de una montaña del municipio de Buriticá, en el Occidente antioqueño, está uno de los frentes de la guerra por el oro en la mina más rica del país.

Faltando quince metros para el final del túnel, Gerson* apaga la linterna. No quiere que lo vean los hombres que están en las trincheras del frente, detrás de un haz de luz que ilumina las paredes de piedra de un túnel de tres metros de ancho, por cuatro de alto. Ni él ni el resto del personal de seguridad de la minera china Zijin Continental Gold puede caminar más allá de este punto sin el riesgo de recibir un disparo de hombres asociados al Clan del Golfo.

La luz está al inicio del túnel 12-20, que demarca la delgada línea roja de una guerra que se libra bajo tierra. En esta mina de oro, la más grande del país, grupos de mineros ilegales con vínculos con el Clan del Golfo han construido kilómetros de túneles para llegar desde la superficie a la infraestructura que Zijin ha construido para extraer las toneladas de oro que hay entre las rocas. 

Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 13 de febrero. Ese día un grupo de hombres armados con fusiles de asalto y subametralladoras entraron disparando en el túnel 12-20, logrando hacer retroceder a los guardias de seguridad de la empresa que vigilaban este nivel. Y una vez asegurado su control, los mineros ilegales instalaron seis cilindros bomba a la entrada y colocaron a dos guardias armados con fusiles.

Es 20 de febrero, una semana después del ataque, cuando La Silla acompaña a Gerson a este punto y a recorrer parte de los 82 kilómetros de túneles que componen la mina. De estos, Zijin reporta haber perdido el control de entre el 60 y el 70 por ciento. Su preocupación ha aumentado más porque en este momento la batalla ha llegado por el control de la sección más rica en oro de la mina: Higabra.

“¿Alguna novedad?”, pregunta en voz baja Gerson a dos guardias de seguridad que están parados detrás de una trinchera hecha con sacos de arena. Cerca se escucha el taladro de los ilegales perforando la montaña y se alcanza a oler la marihuana que fuman en sus jornadas. “Ninguna, solo alumbran de vez en cuando hacia abajo”, responde uno de los guardias, vestido con chaleco antibalas y casco militar de kevlar.

Gerson trata de asomarse del otro lado del muro, pero un rayo de luz de una linterna sale de arriba hacia abajo y lo alcanza a alumbrar. Inmediatamente, retrocede de nuevo hacia la trinchera. Sabe perfectamente que los mineros ilegales y el Clan del Golfo no dudan en disparar. Según el registro de Zijin, el año pasado hubo 2.260 explosiones de artefactos improvisados y 2.450 disparos dentro de la mina.

En mayo del 2023, Gerson y otras 13 personas resultaron heridas en un ataque a tan solo 30 metros del nivel 12-20. “Ese día teníamos una irrupción de mineros ilegales en el nivel 11-90. Por eso, la compañía decidió hacer un taponamiento para no seguir perdiendo terreno. Cuando estábamos realizando el cierre técnico, nos detonaron un cilindro bomba. Al instante murieron dos personas, dos compañeros, que terminaron muy desfigurados”, relata Gerson. 

La explosión lo ensordeció. El ruido de una bomba en medio de un túnel de apenas tres metros de ancho por cuatro de alto hirió sus oídos. Además, las esquirlas del cilindro se le incrustaron en el rostro, el torso y las extremidades. También recuerda que se le desprendió la ropa por la onda explosiva, como a casi a todos los que quedaron heridos.

Entre los lesionados hubo tres policías, de un total de 10 que ese día estaban apoyando las labores de seguridad dentro de la mina. Pertenecen a una unidad especial de 50 policías de carabineros, entrenados en el exterior para operar bajo tierra y que pertenecen a la Unidad Nacional contra la Minería llegal y Antiterrorismo (Unimil). Esta unidad de elite de la Policía está 24 horas operando dentro de la mina, pero no ha sido capaz de detener el avance de los ilegales en el título minero que compró oficialmente la empresa china desde el 2020. 

Esa unidad de la Policía permanente es una de las acciones que el gobierno de Gustavo Petro argumenta que ha tomado para contrarrestar la problemática, como dice la viceministra de Defensa encargada, Daniela Gómez. Se suma a un batallón de dos mil hombres del Ejército que operan en la superficie de la montaña, por donde se hacen los túneles ilegales.

No son suficientes. La empresa Zijin le pide al gobierno un megaoperativo de fuerza pública y otras instituciones para acabar con el problema. Una solución de un calibre que el gobierno Petro no está dispuesto a hacer, pues no quiere correr el riesgo de una masacre contra mineros, que si bien se pueden considerar ilegales, no son combatientes del Clan. Las diferencias han deteriorado la relación al punto en que Zijin demandó por 500 millones de dólares al Estado colombiano.

La guerra de las hormigas

El taladro se escucha arriba del túnel. Dos linternas apuntan hacia el techo, al lugar de donde proviene el sonido. También revelan el humo que llena la caverna, que huele a pólvora y hace difícil respirar. Dentro de los huecos que hacen los taladros se instalan luego cargas explosivas para avanzar la excavación. “Detonaron hace 15 minutos”, le dice un guardia de seguridad a Gerson, cuando se aproxima a la última trinchera de observación que tiene Zijin en el túnel 11-50.

Las luces alcanzan a mostrar un hueco, por el que no cabe todavía ningún ser humano. “Esa es la última conexión ilegal que tienen en este túnel. En una hora más o menos terminan de taladrar y vuelven a detonar los explosivos”, dice Gerson. Antes de irse, les recomienda a los guardias ponerse los audífonos para cuidarse los oídos.

El nivel 11-50 es uno de los últimos y más profundos donde han llegado los mineros ilegales. Su nombre significa que está a 1.150 metros sobre el nivel del mar. Sobre este hay cientos de metros de roca y túneles, pues la montaña mide en su punto más alto 1.826 metros sobre el nivel del mar.

Para llegar hasta ahí, los mineros ilegales hacen huecos estrechos y delgados que salen de predios encima de la montaña. Túneles que se adentran desde un baño o la habitación de las casas que están en la superficie, a las que les llaman “tapas”, que en su mayoría están identificadas por la fuerza pública en la vereda de Los Asientos y sus alrededores.

Estas bocaminas ilegales bajan y bajan hasta que se conectan con los túneles más grandes de la mina de Zijin, como si fuera un hormiguero gigante. Aprovechan el trabajo geológico, los ductos de ventilación y la infraestructura de los mineros formales para encontrar las vetas más provechosas. 

Para abrirse paso a través de la montaña los ilegales utilizan un método similar al de la empresa minera china: abren agujeros en la roca para colocar de manera precisa cilindros de explosivos que detonan para abrir espacio entre las cavernas. Zijin solo detona a dos horas, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Pero, dentro de la mina todo el día resuenan los ¡boom!

De acuerdo a los registros de Zijin, que hacen a diario en los puntos de vigilancia, en el 2023 los mineros ilegales hicieron un total de 91.360 detonaciones. Eso equivale algo así como 120 toneladas de explosivos al año, que costarían alrededor de 27 mil millones de pesos al año, según la información que tiene Zijin sobre los precios del mercado ilegal en Buriticá. 

La lógica tiene varios pasos. Primero los mineros ilegales buscan ensanchar más el hueco de conexión a punta de bombas. Cuando ya cabe un ser humano, bajan hombres de “seguridad” con fusiles y explosivos improvisados para alejar a los guardias de la minera china. 

Una vez el personal de seguridad de Zijin retrocede, los mineros empiezan a apoderarse del túnel construyendo un muro con escombros y sacos de arena para taponar las arterias de la mina. Con el túnel en su poder ya pueden acceder a las vetas y empezar a extraer el oro, el cual sacan en pequeñas bolas de amalgama de mercurio y oro.

Es una operación de hormiga con la que se han apoderado, según estimaciones de Zijin, de cerca del 70 por ciento de toda la infraestructura de la mina. La clave es que, así como la operación minera de los chinos nunca para, la actividad minera asociada al Clan del Golfo tampoco.

De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa, la operación total de mineros ilegales dentro de la mina de Zijin llega hasta las dos mil personas, que se reparten en tres turnos, en los que permanecen cerca de 21 días internados en las profundidades de la montaña, sin ver la luz del sol.

La compañía tiene tres secciones: Rampa Sur, que empieza en los 1.710 metros sobre el nivel del mar y tiene las vetas de oro más superficiales; Yaraguá, que está en un nivel intermedio que empieza a los 1.495 metros; e Higabra que es la sección con las vetas de oro más ricas y profundas, y a la que los empleados de Zijin acceden por una entrada en la base de la montaña, a los 1.150 metros. 

De estas secciones, Zijin dice que ya ha perdido casi por completo el control de Rampa Sur y Yaraguá. Incluso, según información de la minera china, en Yaraguá decidieron no seguir operando desde septiembre de 2021, por falta de condiciones de seguridad. Fue la primera sección en ser tomada por la minería ilegal.

En una mañana de febrero, cuando La Silla Vacía visitó la mina, era visible el abandono y deterioro de la sección Rampa Sur, cuya entrada está sellada al interior por dos compuertas de metal gigante. Por allí empieza el recorrido Gerson con varios funcionarios de la compañía. 

En el primer túnel, a cinco minutos de haber entrado por la cima de la montaña, la escena del nivel 11-50 se repetía: Dos guardias de seguridad con cascos militares y chaleco antibalas, apostados en una trinchera, observan a 10 metros un huequito del que proviene el sonido de un taladro. “Detonaron hace dos horas”, le reportan a Gerson. 

Durante 20 minutos, el carro todoterreno que la empresa usa para sus labores baja en espiral por Rampa Sur, por donde un aire húmedo empaña los lentes y el vidrio del carro, y sopla con fuerza hacia arriba.  A la izquierda, Gerson señala entradas de túneles sellados con roca. A la derecha muestra lo mismo. “Todo está perdido por lo menos hasta el nivel 13-30”, dice. 

La viceministra de Defensa encargada, Daniela Gómez, dice que a finales de 2022 la fuerza pública había recuperado sección por sección, metro por metro, los túneles de Rampa Sur y Yaraguá. 

“Ellos (Zijin) no mantuvieron el control. Es que ese es el problema. Yo voy metro a metro y le voy entregando a la empresa. Pero yo no puedo tener dos mil personas allá abajo todo el tiempo. No puedo prestarle seguridad privada a una mina”, dijo Gómez.

“Claro, con la fuerza pública hemos recuperado niveles. Pero no olvidemos que las conexiones ilegales que tiene la minería vienen desde la superficie, entonces cuando  vamos a ingresar a retomar el trabajo, pues estos mineros nos cuelgan dos o tres cilindros bomba para impedir que ingresemos a ese nivel. Quedan niveles minados”, dice Gerson, que es uno de los 70 funcionarios de planta de Zijin que recorre todos los días los túneles de la mina más afectados.

La viceministra Gómez agrega que las operaciones en este gobierno han aumentado y que para eso tienen la unidad de elite de carabineros de la Unimil. Además, que en la superficie el batallón del Ejército está asegurando el área de manera permanente.

Entre las cifras oficiales de la fuerza pública en Buriticá está el incremento de capturas de miembros del Clan del Golfo, con 19 en 2023, respecto a las cero del 2022. Gómez explica que están focalizando la investigación a las cabezas financieras de la organización y que están detrás de alias “La Negra” o “La Bruja”, la financiera del Clan encargada de Buriticá. 

“¿Qué pasa si entró echando bala a la mina? Ahí hay dos mil personas, dicen que hay hasta niños. En efecto nos toca entrar echando bala en ciertos lugares. Pero no es un escenario sencillo, mucho menos cuando el escudo es la población”, dice Gómez.

Ancestrales, gaitanistas y extranjeros

En la carretera que conduce de Medellín a Urabá hay un desvío al lado de una pequeña iglesia, en la vereda de Pinguro. Esta es la única entrada que conduce al municipio de Buriticá, un pueblo de un poco menos de 10 mil habitantes, ubicado en el filo de una montaña. Y la única vía que conecta la mina de Zijin con una carretera nacional.

Por esta vía estrecha han aparecido a lado y lado cada vez más casas y predios rodeados de polisombras verdes. Al pasar en carro es fácil observar algunos predios donde hay veinte motos parqueadas y grandes transformadores de energía eléctrica para casas de familia.

La empresa china Zijin dicen que de muchas de esas casas salen los túneles de hormiga que se conectan ilegalmente a su mina. Es algo que también sabe el gobierno. La viceministra Gómez dice que hace poco lograron entrar a una casa donde había una “tapa” que salía desde la sala de una de las casas sobre la montaña. “El año pasado cogimos otros cuatro túneles de esos pequeños. Vamos a lo que la justicia da”, dice.

Arriba, entre las casas y los predios privados es difícil distinguir entre Clan del Golfo, mineros y población civil. Es difícil asegurar con certeza que en una casa hay un hueco que baja por cientos de metros en la tierra o que solo vive una familia. Por eso, la fuerza pública necesita de órdenes de allanamiento para poder entrar a los puntos que sostienen todo el negocio.

Muchas de estas casas, alrededor de la mina de Zijin, no tienen más de 15 años y fueron construidas después de la migración que explotó en Buriticá, desde el 2009. Familias de mineros empezaron a llegar en oleadas de los municipios mineros de Antioquia, como Segovia, Remedios y Zaragoza. La migración fue tanta que un sector del casco urbano es conocido hoy en día como el barrio de “los segovianos”.

La razón detrás de la migración fue que se esparció el rumor de que bajo las montañas de Buriticá había un potencial de 10 millones onzas de oro (aproximadamente 300 toneladas), que había sido descubierto por la minera canadiense Continental Gold. Una riqueza que no solo atrajo a la población nómada de la minería en Antioquia, sino que detrás llegó el Clan del Golfo, también autodenominado recientemente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Así se empezó a tejer una complicada relación entre parte de la población y el grupo armado. Los pequeños mineros no tenían permiso para sacar el oro y cualquier operación minera era ilegal, pues era sobre el titulo privado de una multinacional extranjera. Entonces, organizaciones de crímen organizado y especialmente los “gaitanistas” empezaron a actuar como un Estado paralelo para regular, poner orden y dinamizar la economía ilícita.

La primera muestra del nivel de la minería ilegal en Buriticá, quedó en evidencia cuando se lanzó la megaoperación Creta, que desplegó a 1.200 uniformados, en abril de 2016. Los resultados fueron 68 capturas, 175 minas intervenidas, 231 motores incautados, 63 plantas inhabilitadas, entre otros, según información del MinDefensa.

Para la viceministra Gómez esta fue una operación que atacó un problema infinitamente menor a lo que se enfrenta hoy el gobierno Petro. “Fue apenas una operación de superficie y el problema en esos momentos era incipiente”, dice Gómez. En ese momento los mineros no tenían la capacidad para acceder a los yacimientos profundos.

Las cosas cambiaron cuando la empresa canadiense vendió el titulo a la empresa china Zijin, una de las cinco mineras más grandes del mundo. La compra por más de 1000 millones de dólares fue a finales del 2019 y la empresa empezó a explotar la montaña a gran escala casi un año después, terminando los túneles para acceder a las grandes vetas en el corazón de la montaña.

La viceministra Gómez dice que después de esto el teatro de operaciones en Buriticá cambió radicalmente: “Hay un momento en que la empresa es infiltrada por las AGC, el Clan del Golfo, y uno de los directivos de la empresa le vende los planos de su mina, de sus túneles, al Clan”. Ella argumenta que a partir de ese punto el problema pasó de ser de minería ilegal en la superficie a una verdadera guerra bajo tierra. 

No hay registros en medios de comunicación de que un directivo de Zijin haya sido denunciado o investigado por este tema. Lo que sí hay rastros es de una investigación contra Eduardo Otoya Rojas, exvicepresidente de Continental Gold, por filtrar justamente los planos de las vetas y la mina de oro de Buriticá al Clan. Por estos hechos, Otoya fue capturado en 2016, antes de que Zijin comprará a los canadienses en 2019. 

Con o sin planos, el Clan se volvió el gran dinamizador de toda la red de minería que logró llegar con precisión a los túneles de Zijin desde 2021. Por eso, cobran un 10 por ciento de la producción de oro ilegal. Según cálculos de Zijin, con base en la información que obtienen del territorio, la producción ilegal en 2023 fue de hasta 1.5 toneladas de oro. 

Con el precio del kilo del oro de esta semana en el país, esa producción equivaldría a un poco más de 100 millones de dólares al año, de los cuales 10 millones irían para el Clan. Una ganancia que no suma el resto de negocios asociados que también tiene este grupo armado, como la venta de explosivos de contrabando de Indumil y el microtráfico de droga. 

La magnitud de este negocio ha hecho crecer a nivel organizacional a Wilmar Mejía Úsuga, alias “Richard”. Él estaba al mando del frente Edwin Román Velásquez que tiene control territorial sobre esta región del Occidente. Según una fuente de inteligencia militar, que no puede ser citada por tratarse de información reservada, “Richard” ahora ha ascendido a jefe del Bloque Central Urabá, la estructura principal de este grupo armado.

Pero el trabajo sucio de las minas no lo hace esta organización armada, sino los cerca de dos mil mineros que rechazan ser llamados ilegales y se han organizado en asociaciones para defender que ellos son pequeños mineros. 

“No los podemos llamar mineros ilegales, porque son colombianos que están trabajando. Son mineros tradicionales en vías de legalización. El Estado colombiano debe reconocer que la minería es un eslabón fuerte de la economía del territorio y entonces dicen que son ilegales para asociarlos con otros movimientos que no tienen que ver realmente con el minero de subsistencia”, dice Teresa Mazo, la directora de una de las asociaciones de mineros de Buriticá, Asominacol. 

Frente a la injerencia directa del Clan del Golfo, esta líder política y social del municipio dice no tener ninguna información al respecto. “Lo que sí tengo que decir es que los mineros, hasta que el gobierno no los reconozca, no los podrán seguir llamando ilegales. Porque sin una caracterización real que se haga con fines de legalizar a las comunidades, darles el reconocimiento y darles un espacio en los territorios para que trabajen, no podrá haber paz”, dice. 

En oposición a la palabra ilegales, muchos de los mineros de la región se autorreconocen como “ancestrales” y en abierta lucha contra la empresa Zijin, a la que acusan de quererlos matar en los túneles con lodo.

“Estamos por el sector de Gualanday, donde la Zijin viene echando lodo, pero aquí estamos los mineros, los mineros ancestrales”, se escucha hablar a un minero que graba con su celular a sus compañeros que se tapan los rostros por orden de otros. Es un vídeo de agosto del año pasado, en el que se puede ver por lo menos 20 hombres con algunas heridas en medio de un lodo gris.

El lodo del video se conoce como retrollenado: una mezcla de roca de la montaña y cemento que usa la empresa minera para llenar los túneles en los que ya no está trabajando. Ese retrollenado lo hacen porque es un requisito de la licencia ambiental de la mina, para conservar la estabilidad de la montaña. Pero los mineros dicen que es una estrategia de guerra sucia para sepultarlos bajo tierra.  

El uso de este lodo está en el centro del primer choque de la empresa Zijin con el gobierno de Gustavo Petro. El 11 de agosto de 2022, cinco días después de la posesión de Petro, un paro minero estalló en Buriticá cerrando el acceso por la vereda Pinguro. La causa fue la desaparición de dos mineros en los túneles y la acusación a Zijin de que los había matado con lodo dentro de la mina.

Choque político

El 15 de agosto de 2022, la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, aterrizó en el helipuerto que tiene la empresa Zijin en la base de la montaña en Buriticá. La ministra recién nombrada llegó a atender directamente el paro minero para escuchar las peticiones de los manifestantes. Desde el pueblo lanzó una serie de mensajes que fortalecieron la posición de los mineros. 

Además, a pesar de haber entrado y salido por sus instalaciones, la ministra no escuchó la posición de los directivos de Zijin sobre la situación. Fue un gesto que dejó una sensación generalizada de sentirse despreciados por el gobierno y que confirmó un cambio significativo en la política para enfrentar la minería ilegal, que va para dos años. 

Desde la campaña, Petro se había puesto del lado de los “pequeños mineros” en Buriticá. “Proponemos comprar concesiones mineras de Buriticá y Jericó, para que se desarrolle la pequeña y mediana minería en manos de la gente de Antioquia”, dijo el candidato Petro. Esa hasta ahora ha sido su única mención en su cuenta de Twitter sobre la mina de oro más grande del país. 

“El problema principal es político. Eso deriva en temas de seguridad, temas jurídicos y temas sociales. Pero el gran problema que tenemos acá es político con el actual gobierno nacional”, fue la respuesta de Zijin Continental Gold a La Silla sobre por qué siguen perdiendo terreno en la mina. 

Desde que se posesionó Petro, Zijin dice que ha enviado por lo menos cinco cartas al presidente, firmadas por su CEO, Leizhong Li. En ellas le recuerdan al gobierno que la mina de Buriticá es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) y piden una intervención urgente para frenar el avance de la minería ilegal. 

“Señor Presidente, queremos manifestar que como compañía hemos denunciado todas las actividades de minería ilegal, mantenido contacto con diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales y hemos dado a conocer a la opinión pública la crítica situación que vive la compañía”, se lee en una de las cartas.

La carta es meses antes de que los mineros ilegales activaran el cilindro explosivo que dejó a dos contratistas de la empresa asesinados y a Gerson y otras 13 personas heridas. Un hecho que los funcionarios de Zijin interpretaron como la razón definitiva para lanzar una mega intervención. Pero el gobierno Petro no está dispuesto a repetir una operación como Hades, que fue lanzada en 2021 durante el gobierno de Iván Duque, y que fue similar a Creta, pero sin resultados definitivos.

“Ellos piden un megaoperativo, que llevemos 12 mil personas de las Fuerzas Militares para tomarnos de manera permanente los 82 kilómetros de túneles y dejar tropa instalada”, dice la viceministra de Defensa Daniela Gómez. “Esa es una operación que no podemos hacer. No puedo brindarle seguridad privada a una multinacional que tiene en sus ganancias el producto interno bruto del Estado”. 

Para Gómez es claro que en Buriticá hay unos dos mil mineros dentro de una mina de propiedad de Zijin, que detrás de los mineros está la mano del Clan del Golfo, y que este es un proyecto que el Estado tiene que proteger. Pero también que la solución para este gobierno no está en una intervención militar. 

La viceministra dice que ella se ha reunido constantemente con la compañía y que hay una diferencia muy grande entre lo que hay qué hacer. Recuerda que el año pasado, fue a comer con el gerente Li, que vino hasta Colombia para atender la situación. “No sé ustedes por qué se complican tanto. Eso es llevar el Ejército y listo”, dice Gómez, que fue lo que le dijo el gerente Li. 

“La lógica de los chinos es muy diferente a la de nosotros. Colombia ratificó la carta de Naciones Unidas. Somos signatarios de los DD.HH. y del DIH, tenemos que cumplirlos. Para nosotros, esos dos mil mineros no son parte de un grupo armado organizado”, dice Gómez. 

Por eso, aparte de la acción permanente que hace la fuerza pública para intentar contener el avance de la minería ilegal, Gómez dice que el gobierno busca una estrategia integral para sacar esas dos mil personas de la mina y formalizarlos en una economía legal. Para eso tienen que buscar títulos circundantes. 

Pero las diferencias entre la minera y el gobierno han escalado más allá del entendimiento. En el segundo semestre del año pasado, Zijin demandó al Estado colombiano por 500 millones de dólares, según confirmó La Silla. Un litigio que está en un proceso de arbitraje internacional, es decir, que las partes aún están conciliando para no tener que irse a un pleito multimillonario. 

“Hemos aumentado mucho nuestra operatividad en respuesta al problema que tenemos y al acoso judicial de Zijin. Hemos tenido una gran debida diligencia, el problema es que eso no llena las expectativas de la empresa: que es hacer un operativo a sangre y fuego”, dice la viceministra Gómez. 

Zijin le dijo a La Silla que no esperan un mero operativo militar, sino una operación coordinada y sostenida que sí implica fuerza pública, pero que llegue acompañada de las instituciones del Estado a Buriticá. Una intervención que ha pedido la Procuraduría al gobierno, desde el año pasado. 

Mientras el pleito se resuelve, en Buriticá, la empresa sigue peleando metro a metro su producción, que el año pasado fue de 6.5 toneladas de oro y que supone más de 300 mil millones de pesos anuales para el Estado, entre regalías e impuestos, según cálculos del mismo gobierno.

Y mientras siguen las confrontaciones políticas, los dos mil mineros que trabajan ilegalmente en la mina siguen avanzando y sacando también millonarias cantidades de oro, que terminan en manos de la organización armada más grande del país. 

“Detonación en el 11-50, cambio. Detonación en el 11-50, cambio”, se escucha en el radio de Gerson, después de salir de los túneles de la mina. “Día tras día nos van cerrando el paso”, comenta aún embarrado del lodo de la mina.

*El nombre es cambiado para proteger la identidad del guardia por razones de seguridad.

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