“El secretario de Gobierno es quien está deteniendo este POT. Propongo que le hagamos una moción de censura”, dijo la concejal petrista Susana Muhamad, en una sesión informal del concejo de Bogotá este martes. “Es una Alcaldía que estigmatiza a la oposición para encubrir su falta de capacidad de diálogo democrático”.
En la promoción de la renuncia del secretario Luis Ernesto Gómez, de 40 años, terminó el día 75 del debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. Faltan 14 días para que se venza el plazo y hasta ahora no se ha podido debatir ninguno de los 608 artículos que tiene el plan maestro para el futuro de la ciudad. En cambio, La Silla supo que Muhamad ya tiene 21 de 23 firmas que necesita para que se haga el debate de censura contra Gómez, el operador político principal de la Alcaldía en el Concejo.
El POT es el proyecto más importante para la alcaldesa Claudia López. Esta norma marca el rumbo de la ciudad para los próximos 12 años. Determina las reglas de construcción que afectan negocios de miles de millones de pesos. Establece los requisitos de protección de los cerros, los humedales y el río Bogotá. Y sienta el plan futuro de obras de infraestructura, como troncales y la segunda línea del metro.
Ni Petro ni Peñalosa lograron aprobar este proyecto por consenso. Parecía que López lo iba a lograr porque hay tres ponencias positivas sobre el proyecto, pero una cadena de sucesos ha hecho que la discusión del POT se dilate al punto de que no quede tiempo suficiente para votarlo y debatirlo en el Concejo. Además, en la comisión del Concejo que discute el POT están presionando a la Alcaldía para que modifique algunos artículos a cambio de no hundir el proyecto.
La administración ya considera sacar el POT por decreto, lo que implicaría una enorme derrota para Claudia López.
El secretario contra los disidentes del partido de Claudia
Hace unos días, cuatro concejales del partido Verde —Martín Rivera, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino— desfilaron por el Concejo con girasoles marchitos y cintas en forma de equis en sus tapabocas. Decían que su partido, el mismo de la alcaldesa, les había aplicado la Ley de Bancadas para obligarlos a votar a favor del POT y que los estaban censurando.
Esa noche, mientras López estaba en la COP26, el alcalde encargado era Luis Ernesto Gómez. El secretario, un exviceministro de Santos que definió su marca política usando zapatos Converse, grabó un video explicando que la Ley de Bancadas era un mecanismo legítimo para definir una postura cuando había diferencias dentro de un partido.
Luego, en un pasillo del Concejo, Gómez sostuvo una discusión acalorada con los disidentes. Noticias Caracol grabó el momento en que Rivera le gritaba a Gómez “Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la Alcaldía. Entonces no es ningún show”.
Al otro día esa era la noticia en todos los medios nacionales. Además de la idea de censura, también quedó en entredicho la bandera anticorrupción de esta Alcaldía porque muchos pensaban que Gómez ofrecía puestos a cambio de votos. Rivera aclaró que Gómez le ofreció puestos, pero no a cambio de votos y que su reproche era más ético. Gómez dijo que era falso y anunció que lo iba a denunciar.
El secretario cumplió su promesa. Ayer, cuando se esperaba que iniciara la votación de los artículos después de múltiples dilaciones, Gómez anunció desde el Concejo que había denunciado penalmente a Rivera ante la Fiscalía por injuria y calumnia.
Este martes, ante la denuncia, Rivera se declaró impedido para votar el debate. El presidente de la comisión, Celio Nieves, levantó la sesión y citaron a plenaria mañana para que decidan si aceptan ese impedimento.
Se armó una trifulca que terminó en la idea de tumbar al secretario Gómez en una sesión informal del Concejo.
Al tiempo que Gómez lamentaba por redes que se trataba de “un impedimento infundado para seguir dilatando el debate”, otros concejales, como el verde Luis Carlos Leal, se quejaban de la “persecución judicial” del secretario.
La Alcaldía considera sacar el POT por decreto
En el despacho de Planeación, la secretaria de esa cartera, María Mercedes Jaramillo encabeza una mesa de ocho puestos. Tiene al frente un mapa gigante de Bogotá a color, con miles de convenciones. Jaramillo, una arquitecta que ha liderado los detalles técnicos del POT, dice que por ser lunes “tiene la energía en 10 de 10”.
Sin embargo, la funcionaria ya se prepara para una derrota en el Concejo: “si no se logra un consenso ¿para qué volver a presentar el proyecto el próximo año? ¿Para que pase lo mismo y dilaten el debate?”.
Aunque hay plazo para aprobarlo hasta el 9 de diciembre, la alcaldesa podría volver a presentarlo en 2022. Sin embargo, sería un nuevo debate en medio de la campaña presidencial en la que compiten dos grandes contradictores de López: Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.
Además, la presidencia de la Comisión del POT en el Concejo estaría en manos de la Colombia Humana, el partido de la oposición a la Administración. Este año la preside el concejal Celio Nieves, del Polo y un aliado. López tampoco contaría con que el Concejo sea presidido por alguien cercano. En este momento dirige la concejal Verde, María Fernanda Rojas, quien ha hecho esfuerzos por sacar adelante el debate.
Por teléfono, un alto funcionario del Gobierno Distrital dice que están estudiando jurídicamente qué se haría para decretarlo. Existe la posibilidad de decretar el documento original que se presentó al Concejo y que no incluiría modificaciones importantes hechas en el proceso de discusión. Por ejemplo, la aclaración de que este POT no prohíbe la construcción de apartaestudios o que no se toque el humedal Capellanía.
Este funcionario, que pidió no ser identificado para discutir planes aún hipotéticos, también dice que le preocupa que no se pueda decretar el POT si deciden hundirlo en la Comisión del Plan del Concejo, aunque considera que cuentan con los votos para evitar que esto pase.
Tras bambalinas en la Comisión del POT
Un concejal de Cambio Radical, partido con el que la Alcaldía ha contado para aprobar proyectos importantes pese a ser de la oposición, dice que López todavía no tiene aseguradas las mayorías en esta comisión. Allí le podría hundir el POT. Eso implica que no lo puede aprobar por decreto si su votación se dilata.
El concejal, que no quiere dar su nombre porque todavía no han decidido qué hacer en su bancada, asegura que concejales de su partido, y de otros, como el liberal y el Centro Democrático, están usando su posición de negociación fuerte para presionar modificaciones del POT difíciles para la Alcaldía. Por ejemplo, que decida bajarle las cargas a los constructores y que decida hacer la ALO Norte, una polémica vía por sus impactos ambientales.
Pero para la Alcaldía, según confirmó la secretaria Jaramillo, esa decisión es inamovible. Una de las promesas de campaña de López fue no hacer esa vía porque atravesaría la reserva Thomas Van Der Hammen, y hace parte de uno de los puntos del pacto que ella firmó con los ambientalistas.
En este momento, la administración cuenta solo con seis votos a favor fijos, de 15 que conforman la comisión. Eso le da márgen de maniobra a los demás concejales para presionar a la Alcaldía.
Un camino de recusaciones
Las recusaciones son un instrumento para impedir que personas con conflictos de interés participen en algunas decisiones. En la discusión del POT el mecanismo ha sido utilizado como una forma de dilatar el debate. El reglamento del Concejo no permite que la plenaria decida de inmediato, sino que es necesario levantar la sesión y citar al día siguiente a los concejales para que voten si aceptan o no la recusación.
El 12 de noviembre, cuando iba a empezar la votación del articulado, llegó al Concejo de Bogotá una recusación contra los 45 concejales. Estaba firmada por Germán David Cañón Niño y el documento contenía los logos de Colombia Humana, el partido de Petro.
Según Cañón, “todos tienen una representación política activa en cada una de las localidades existentes actualmente”. Es decir, que todos tienen ediles amigos en las localidades y que como este POT determina el cambio de 20 localidades a 32 unidades de planeación local, no deberían votarlo.
A los 30 minutos, la concejal petrista Susana Muhamad aclaró que Niño no pertenecía al partido. La presidenta del Concejo dijo que entonces no se le debería dar trámite porque se trataba de “una artimaña para dilatarlo”. Pero cuando la decisión se sometió a votación de la plenaria, acordaron darle trámite.
Solo hasta el lunes pasado se pudo terminar esa votación. Cada vez que se vota una recusación contra un concejal toda la bancada de su partido debe salir del Concejo para no tener conflicto de interés. A su vez, esto ha hecho que se rompa el quórum.
El domingo pasado, por ejemplo, 10 concejales presentaron excusas para no asistir a la plenaria que definía la recusación contra los miembros de la bancada Verde que tiene 12 concejales. Cuando se logró el quórum porque Armando Gutiérrez, uno de los concejales que no iba asistir, apareció, las concejales de Colombia Humana salieron y rompieron el quórum.
También se presentaron otras recusaciones. Por ejemplo, el 19 de septiembre, hubo una contra 10 concejales en medio del cabildo abierto, donde la ciudadanía hace cuestionamientos a la Administración. Luego se supo que la persona que había hecho la recusación, Evaristo J. Solano Murcia, fue suplantado y que él nunca había presentado ese requerimiento. También llegaron otras recusaciones menos polémicas, pero que quitaban tiempo, y es probable que se puedan presentar unas nuevas.
Además, se viene un debate porque el concejal del Polo y opositor de la alcaldesa López, Carlos Carrillo, presentó 608 solicitudes para eliminar cada uno de los artículos del POT. “Este proceso ha atropellado la democracia. Es una forma de obligar al Concejo a discutir artículo por artículo y darle la seriedad que amerita”, dijo Carrillo a La Silla.
Desde la mesa directiva están considerando rechazar esta movida, pero Carrillo ya anunció que apelará la decisión. También habrá una discusión porque la Alcaldía dice que para aprobar esas eliminaciones se necesitaría de su aval, pero Carrillo y otros concejales insistirán en que no.
A esto se suma que este martes el juzgado 47 municipal admitió una demanda que busca suspender el proceso de votación del POT. Pablo Elías Rueda, un ciudadano, entuteló el debate porque considera que el proceso de participación ciudadana no fue legítimo. La Alcaldía y los 15 concejales de la comisión del POT tienen dos días para responder.
El secretario Gómez no se ha dado por vencido. Propuso, para enfrentar la tarea titánica de aprobar 608 artículos en tan poco tiempo, avanzar “por bloques de artículos”. Un solo bloque para 300 artículos que no tienen modificaciones. Otros 300, que tienen cambios, se pueden agrupar en bloques más pequeños. Y que la mayoría del debate se destine a ocho artículos muy conflictivos, incluyendo la ALO y reglas de construcción polémicas.
Para salvar el POT, la presidenta Rojas, del partido Verde, dice que tocaría trabajar “de 9 de la mañana a 12 de la noche, con voluntad política”. Precisamente de lo que carece hoy el Concejo de Bogotá.
