Daniel Quintero salió por la puerta chica en Medellín. Renunció antes de terminar su mandato para hacer política y se llevó bajo el brazo una desaprobación del 74%. Redujo los homicidios y apostó por más tecnología, pero incumplió en ambiente y no bajó la tarifa de servicios públicos, como prometió. Se vio salpicado por líos de corrupción, le dio rienda suelta a su pelea con el empresariado paisa e hizo de Hidroituango el caballo de batalla de su administración.
Aquí lo bueno, lo malo y lo feo de su gestión:
Lo bueno
- Homicidios cayeron en casi la mitad
Aunque su política de seguridad fue criticada, en particular por las restricciones de acceso por las que apostó en lugares turísticos como la Plaza Botero y el Parque Lleras, Quintero ganó el año en la reducción de homicidios. La tasa pasó de 509 (2019) a 302 (2023), según cifras de la Policía a octubre de cada año. La reducción fue del 40,7%, la más alta entre las principales ciudades del país.
Y si bien el secretario de Seguridad, José Acevedo, es más moderado y habla de una baja del 37% (según cifras de su despacho), aún así Medellín se mantiene como la ciudad con mejor comportamiento en este frente, solo seguida por Bucaramanga. “Terminaremos con una tasa de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de las principales ciudades”, dijo Acevedo hace una semana.
La clave para mejorar, según Quintero, fue el refuerzo de los operativos policiales con tecnología. Una de sus obsesiones fue invertir en cámaras de reconocimiento facial (hay 3.262 activas) e incluso habilitó un sistema de robots, también soportados en cámaras, para disuadir a los ladrones. Pero esta estrategia no cuajó: contrario al homicidio, este año el hurto creció en 18,2% en comparación con 2019. La cifra es la segunda más alta del país, solo superada por Bucaramanga.
“La ciudad celebra su cuarto año de reducción en homicidios, superando el 40% e incluso situándose por debajo de las cifras de la pandemia”, dijo Quintero en abril de este año, justo cuando los cabecillas que negocian la paz total desde la cárcel de Itagüí hablaron de lo que es un secreto a voces: de por medio hay una pax mafiosa pactada entre los líderes de cada banda, tal cual lo reveló La Silla.
- Reactivación económica tras la pandemia
Quintero cerró su gestión con una reducción del 29,5% en desempleo respecto a 2019, la baja más evidente entre las ciudades principales. “Medellín logra la tasa de desempleo más baja de su historia”, sostuvo el exalcalde en el cuadernillo de propaganda que repartió previo a su renuncia. Y es que la tasa pasó de 12,2% en 2019 a 8,6% en octubre de este año, muy por debajo de lo registrado en la pandemia.
A vuelo de pájaro, cerca de 300 mil personas más lograron emplearse en Medellín y la reducción impactó positivamente a mujeres y jóvenes, usualmente relegados en los indicadores del mercado laboral. La pobreza monetaria, aunque subió 2% en comparación con 2019, también fue la más estable entre las ciudades principales. El balance encuentra eco en la reactivación económica por el turismo, que para el exalcalde “es el nuevo petróleo”, haciendo eco a las palabras del presidente Gustavo Petro, su aliado.
La ciudad recibió 1,3 millones de extranjeros en 2022, un 49% más que en 2019, cuando llegaron 929 mil. Lo otro, según cifras oficiales, es que la ocupación hotelera creció: se ubicó en el 77% al cierre de 2022, muy por encima del 2% que marcó durante la pandemia. “Medellín se convirtió en un destino más turístico y hemos visto ocupaciones de hasta el 85%”, dice Sandra Restrepo, directora en Antioquia de Cotelco, el gremio hotelero.
- Más tecnología e innovación
Una de las promesas del exalcalde fue convertir a Medellín en un valle del software. Para eso apostó por la construcción de centros que llevan el mismo nombre, en los que se habilitó formación en procesos de tecnología e innovación. De 21 centros prometidos, Quintero entregó 10, pero su funcionamiento terminó este año a media máquina por una crisis de contratación en Ruta N, la entidad que opera los espacios.
Quintero también apostó por la entrega de 130 mil computadores a estudiantes de colegios públicos. La iniciativa fue bien valorada por las poblaciones beneficiadas, pero también se vio empañada por imprecisiones y desórdenes: los computadores no se regalaron, como insistió el exalcalde, sino que se entregaron en calidad de préstamo; y las entregas se retrasaron por percances con el contratista.
Lo malo
- Buen Comienzo y otros escándalos por supuesta corrupción
Alexandra Agudelo, su exsecretaria de Educación, está imputada por supuesta corrupción y fue inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos en los próximos ocho años. Ese órgano tomó la decisión en medio de las investigaciones por el caso Buen Comienzo, que por poco lleva a casa por cárcel a esta exfuncionaria.
La exsecretaria contrató la atención de Buen Comienzo y el Plan de Alimentación Escolar con Colombia Avanza, un contratista que no era idóneo para atender a los niños y madres gestantes de la ciudad, según la Fiscalía. Dos contratos la pusieron en el ojo del huracán: uno de $20 mil millones y otro de $7 mil millones. En el caso también fueron imputadas otras dos personas y a Agudelo la Fiscalía la señaló recientemente de un nuevo delito: peculado por apropiación por $1.400 millones.
Los supuestos contratos corbata para el círculo del hoy senador Álex Flórez en el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, además de varias sombras en la contratación del canal local Telemedellín, también levantaron callos. Repetidas fueron las avanzadas de la Fiscalía en esta y otras entidades para obtener información en medio de investigaciones por supuesta corrupción.
La veeduría Todos por Medellín incluso habló de un “cartel de la contratación”, en el que se habrían dirigido de forma amañada $268 mil millones a 22 empresas. Por ahora, mientras las pesquisas arrojan resultados, estos señalamientos retratan a un Quintero poco independiente y más tradicional, que le dio juego en su gobierno a aliados de todas las cuerdas políticas.
- La ecociudad que nunca fue
Quintero se preocupó poco por las políticas ambientales. Prometió 65 buses eléctricos, pero solo entregó cuatro (con corte a agosto de este año). Otro tema que quedó en veremos fue la construcción de 40 kilómetros de ciclorrutas: solo se habilitaron 11,2 kilómetros (corte a 2022). Y el sistema público de bicicletas, que había funcionado como un reloj, registró el cierre de estaciones por deterioro, fallas en su software y cuestionamientos por suspicacias en la contratación.
El déficit en espacio público para comunas como Santa Cruz tampoco se resolvió. Aunque el exalcalde prometió la construcción de Parques del Río Norte, una obra para solventar la escasez de zonas verdes en el nororiente de la ciudad —justo donde anunció su renuncia—, el proyecto de $63 mil millones aún no cierra su primera fase de ejecución y tampoco tiene diseños aprobados.
Pero hay más reparos. Quintero protagonizó un pulso en medio de la declaración de la emergencia climática. En Medellín hay 42 mil casas en riesgo y 170 quebradas están bajo alerta roja. Pese a eso, Quintero dilató la declaratoria de la emergencia y, cuando lo hizo, se saltó las recomendaciones de las organizaciones que le han metido el hombro a esta problemática. Ese disenso lo distanció del sector.
- El enredo con las facturas de servicios públicos
La administración saliente volcó su chequera a la promoción de un alivio tarifario que no fue algo distinto a un cobro diferido. Incluso la exministra de Minas, Irene Vélez, aclaró que el mecanismo presentado por Quintero para reducir las tarifas de EPM no fue más que una postergación del cobro a los usuarios. Pese a eso, el exalcalde emitió afirmaciones de este tipo: “La energía no se podía congelar, pero se ha logrado gracias a un marco regulatorio que nos permite bajar mes a mes”.
En realidad, la tarifa no bajó. Lo que se hizo fue diferir los pagos. La iniciativa fue posible gracias a una resolución emitida por la Creg debido al coletazo de la pandemia. Y justo es esta comisión la llamada a reglamentar las tarifas, porque un alcalde no tiene la potestad de aumentarlas o reducirlas. Lo que se dejó de cobrar —discurso que capitalizó Quintero en las regionales pasadas— será un saldo pendiente para los usuarios.
Lo feo
- Un alcalde en campaña
Quintero apostó por dos enviones para participar en política que no salieron bien.
El primero fue la suspensión en mayo de 2022 por parte de la Procuraduría, que dijo que el entonces alcalde apoyó indebidamente la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero la suspensión fue solo la cereza de un pastel que ya había salido del horno: el círculo primario del exalcalde renunció para hacerle campaña a Petro e incluso exsecretarios como Juan Carlos Upegui —su candidato a la Alcaldía— y Esteban Restrepo —su carta a la Gobernación— hicieron parte de la desbandada.
El otro fue su renuncia antes de terminar el mandato para hacer campaña por sus candidatos. La decisión zanjó las ya desgastadas mediciones de aprobación, que antes de su renuncia lo ubicaban como el alcalde más impopular de la ciudad en los últimos 20 años, según Invamer. La decisión le dio argumentos a quienes lo señalaron de usar la Alcaldía como un trampolín presidencial. Upegui lo confirmó en entrevista con La Silla: “Nosotros nunca vimos este proyecto como algo puramente local, siempre hemos buscado consolidar una agenda más amplia”.
- Una relación atropellada con el Concejo, el gobernador y los gremios
Pero la agenda del exalcalde no marchó como esperaba en el Concejo. Aunque al inicio del gobierno tuvo mayorías, su estilo fracturó rápidamente la relación con algunos corporados que se habían declarado independientes. Proyectos como la transformación del objeto social del aeropuerto Olaya Herrera, la enajenación de las acciones que EPM tiene en UNE-Millicom (el negocio de las telecomunicaciones) y las transferencias extras para resolver huecos presupuestales de último momento encontraron talanqueras en la corporación.
La relación con el gobernador Aníbal Gaviria tampoco fue fluida. Iniciado el cuatrienio, bastaron meses para que se tensara la relación. Varios temas los distanciaron, en particular Hidroituango, proceso en el que Quintero graduó a Gaviria de “enemigo”. La puja más reciente tuvo que ver con el Metro de Medellín, donde tienen intereses la Alcaldía, la Gobernación y la Nación. Quintero y Gaviria midieron fuerzas para cambiar —el primero— y mantener —el segundo— al gerente del sistema de transporte público. Pero el relevo finalmente no se concretó. Y la relación con los privados tampoco fue mejor: Quintero tildó a las cabezas del GEA de “narcotraficantes” y les montó organizaciones paralelas a los gremios.
- La puerta giratoria en EPM
Quintero socavó el gobierno corporativo de varias entidades del conglomerado público de la ciudad. Una de estas fue EPM, la empresa pública más importante del departamento y que en 2022 le transfirió al Distrito $1,6 billones. Por la gerencia de la empresa pasaron cuatro funcionarios, entre titulares y encargados: Álvaro Guillermo Rendón (declarado insubsistente por no caminarle a Quintero), Mónica Ruiz (bajo encargo), Alejandro Calderón (quien salió del cargo por un lío con sus cartones académicos) y Jorge Carrillo, aún en funciones. Los frecuentes cambios en la empresa fueron tan solo una extensión de lo ocurrido en el gabinete, que registró más de 100 cambios en sus carteras principales.
- El poder de la primera dama y de su familia
Diana Osorio, la esposa del exalcalde, insistió en que se le llamara gestora social y no primera dama. Y, en ese sentido, asumió el liderazgo en las políticas de género y de la prevención del embarazo adolescente, que cayó este año 41% respecto a 2019. Pero también tuvo poder. Varios funcionarios, incluido un exsecretario de despacho, le confirmaron a La Silla que Osorio daba línea en distintos frentes. “Ella era muy querida, pero si llamaba, tocaba hacerle caso”, dice una fuente que pidió la reserva.
Osorio no solo daba línea. Se le cuestionó por estar vinculada a una firma privada que tiene intereses en el sector 5G y que se prepara para pujar en la millonaria subasta que esta tecnología traerá al país. Lo otro es que su prima, Laura Upegui, integró la junta directiva de Telemedellín y como representante legal de varias firmas certificó experiencia a miembros del gabinete. Y el círculo lo cierra Upegui, hermano de Laura y primo de Osorio, quien reconoció, en entrevista con Caracol Televisión, el ingreso de donaciones de contratistas a su campaña.
Ñapa: La pelea por Hidroituango
Este fue el capítulo que más caló en la prensa regional y nacional. Quintero apostó desde su llegada por cobrarles al Consorcio CCCI (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.) el siniestro de 2018 que por poco colapsa la obra, pero esa decisión desembocó en varios pleitos que no beneficiaron a EPM. Lo ocurrido hasta ahora con Hidroituango es un cuadro repleto de matices: aunque la decisión la tomó la Contraloría, Quintero capitalizó el fallo fiscal que condenó a 26 personas (entre naturales y jurídicas) por el detrimento de $4,3 billones.
Esta decisión del ente de control sirvió para empapelar la ciudad con propaganda que ubicaba al alcalde como el salvador del megaproyecto. Pero justo aquí aparece el primer matiz: aunque la Contraloría le dio dientes al discurso de la administración saliente, fueron las aseguradoras Mapfre y Sura las que pagaron el detrimento. E incluso el gobernador Gaviria ha tildado este como un mal negocio del exalcalde, “porque los seguros se negociaron entre $14 y $15 billones”.
Quintero demandó al Consorcio CCCI, pero ese proceso aún no emite humo blanco. Y a falta de uno son varios los líos judiciales que envuelven el proyecto y justo hace unas semanas un tribunal decidió que EPM deberá pagarle $781 mil millones a la Sociedad Ituango (propietaria de la hidroeléctrica) por los retrasos en tres de los diez hitos de la obra, además de asumir los sobrecostos generados desde 2018.
La razón: la empresa asumió la responsabilidad de construir, operar, poseer y mantener la hidroeléctrica a través de un contrato firmado en 2011. Y aunque el pulso lo activó la Sociedad Ituango, cuya junta la preside el gobernador Gaviria, pudo evitarse si Quintero hubiera conciliado una pretensión inicial de $117 mil millones.
